De la política a lo político: vecinos y ciudadanos en la esfera pública bahiense durante los años treinta
Mabel N. cernadas
Centro de Estudios Regionales “Prof. Félix Weinberg” (CER)
Depto. De Humanidades, Universidad Nacional de Sur (UNS)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET)
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 13, N° 25, pp. 123-152
Julio- Dciembre de 2020
ISSN 1853-7723
Fecha de recepción: 30/06/2020- Fecha de aceptación: 21/08/2020
Resumen
La etapa que se abrió con el golpe de Estado en los años treinta, seguida de un largo ciclo constitucional fundado en el fraude y la proscripción del yrigoyenismo constituye un período conflictivo y sugerente en el que los actores del sistema político se enfrentaron con un universo social complejizado por las transformaciones económicas, la movilidad social y la creciente polarización ideológica del mundo. En Bahía Blanca estos acontecimientos tuvieron su propia especificidad. Para adentrarnos en los múltiples y heterogéneos contextos de la vida política local, el presente trabajo se propone analizar algunas de las diversas formas de participación política de la sociedad, estudiando desde la perspectiva de lo político a las Sociedades de Fomento. Protagonistas insoslayables de la sociedad civil, se expresaban en la esfera pública a través de acciones colectivas, estableciendo una sólida presencia en tiempos de debilidad institucional de los partidos actuantes y de fragilidad de las identidades políticas. Estos nexos relacionales, experiencias de politización, liderazgos, prácticas de participación y movilización serían capitalizados por el naciente movimiento político que hizo su irrupción en 1945.
Palabras Clave
Sociedad civil – Asociacionismo – Fomentismo – Estado -Esfera pública.
From politcs to politcal: neighbors and citizens in the public sphere of Bahía Blanca during the 1930s
Abstract
The period that started with the military coup in the Thirties, followed by a long constitutional phase established on the fraud and the proscription of the “yrigoyenismo” (ideological movement supporting Hipólito Yrigoyen), constitute a conflictive, as well as an evocative period, in which the actors of the political system confronted a social universe increasingly complex due to the global economic transformations, social mobility and growing ideological polarization. In Bahía Blanca these historical events developed a particular turn. In order to deepen in the several and heterogeneous context of the local politics, this contribution aims to explore the social political participation diversity of the “Sociedades de Fomento” (Neighbourhood Associations) from a political insight. These imminent advocates of the civilian society manifested themselves through collective actions, establishing a solid presence in times of institutional weakness of the leading political parties and the fragility of the political identities. These relational nexuses, political practice experiences, leaderships, participation and mobilization practices would be exploited by the incipient political movement, which finally arisen in 1945.
Keywords
Civil society - Social association - “Fomentismo” – State - Public sphere.
De la política a lo político: vecinos y ciudadanos en la esfera pública bahiense durante los años treinta
El período histórico comprendido entre el golpe de Estado de setiembre de 1930 y las elecciones de febrero de 1946 que dieron el triunfo a Juan Domingo Perón constituye un punto de inflexión en la vida política argentina que, entre otras cuestiones, evidenció las vicisitudes del proyecto y de la ideología del liberalismo clásico, enfrentado a corrientes políticas e ideológicas con visiones contrapuestas del mundo[1] que promovieron cambios en el orden institucional, socavando la legitimidad del sistema político vigente. La emergencia de propuestas corporativistas o nacionalistas junto a las nuevas condiciones económicas y sociales consecuencia de la Gran Depresión iniciada en 1929 modificaron las relaciones de poder, redefinieron el rol del Estado y signaron las diversas transformaciones de la Argentina.
Los años treinta ofrecen, entonces, una imagen contradictoria. Por un lado, el sistema de partidos se manifestó como una configuración política fragmentada en la que un conjunto heterogéneo de fuerzas, entre las que se distinguían los grupos conservadores, mantenían en el orden nacional y provincial un inestable predominio basado en la abstención de la principal fuerza opositora -el radicalismo-, el fraude electoral y la exclusión. Esto implicó el creciente desgaste del entramado de relaciones que había articulado el sistema político con la sociedad, desnudando la inadecuación de los sectores ligados a la estructura de poder tradicional para afrontar los desafíos de un mundo social complejizado por las transformaciones económicas y la movilidad social (Cattaruzza, 2016). Por otro lado, la década aparece“como un periodo de modernización del país y de su territorio encabezado por el Estado y como un momento de homogeneización en clave urbana de hábitos sociales a nivel nacional” (Fernández, 2013, 2018; Fernández, Osuna y Silva, 2018). Así, con la paulatina autonomización del aparato del Estado, emergieron “nuevas modalidades administrativas que, a su vez, generaron nuevas formas de articulación entre la sociedad y el estado, redefiniendo las fronteras entre lo público y lo privado y le otorgaron un sentido también nuevo a las nociones de representación y legitimidad”.[2]
Tratando de comprender el impacto de la primera ruptura institucional exitosa desde la unificación de 1861, la bibliografía reciente ha ido exponiendo la diversidad de situaciones que presenta el funcionamiento del sistema político en los espacios subnacionales a partir de las consideraciones que hiciera Darío Macor sobre la etapa en la provincia de Santa Fe (Macor, 1993, 1995, 2005). Los estudios de los años treinta en los escenarios provinciales se han extendido a las provincias de Córdoba, Tucumán y las que integraban los territorios nacionales, como puede constatarse en los numerosos artículos que constituyen la biblioteca y los dossier del sitio del Programa Interuniversitario de Historia Política.[3]
En la provincia de Buenos Aires, la exclusión del partido electoralmente mayoritario allanó el triunfo de las fuerzas políticas que habían intervenido activamente en el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Recuperado el control provincial por la élite conservadora, la dinámica política del período quedó signada por la manipulación de los sufragios y pocos distritos bonaerenses pudieron evitar el despliegue de un conjunto de prácticas coercitivas destinadas a intimidar y excluir al adversario a través de una organización en la que el aparato político, el mundo del delito y la corrupción se compenetraban estrechamente. Aunque también, una variada gama de conflictos de diferente naturaleza e intensidad entre las diversas fracciones y facciones atravesó al partido gobernante como resultado de las disputas de las camarillas por el control de espacios de poder y la dirección de los resortes del gobierno (Walter,1987; Melón Pirro, 1996; Béjar, 2005; Antúnez, 2011; Bisso, 2013; Cernadas, 2007, 2009, 2013, 2015, 2018). En este contexto, en el que se sucedieron las crisis institucionales del gobierno provincial y se generalizó el quebrantamiento de las reglas de juego que garantizaban la competencia electoral, se acentuaron las tendencias intervencionistas y fiscalizadoras de los conservadores, preocupados por introducir cambios en los modos de concebir el rol y las funciones del Estado e influir en una sociedad que presentaba rasgos cada vez más pluralistas y modernos. Ejemplo de las ambigüedades y contradicciones de la administración bonaerense del período fueron las políticas implementadas por el gobernador Manuel Fresco (1936-1940), quien impulsó acciones destinadas a promover obras públicasen el territorio como una instancia de legitimación política y mecanismo de construcción de poder, transformándola en un instrumento más en su puja con la dirigencia local para obtener cierta preponderancia. (Halperín Donghi, 1997; Bisso, 2009; Reitano, 2010; Hora, 2013; López, 2011, 2018; Fernández, 2013, 2018; Fernández, et.al., 2018). Por otro lado, al mismo tiempo que legalizaba los sindicatos, utilizaba el poder del Estado para proteger a los trabajadores y hacer cumplir la legislación social, buscó mantener el accionar sindical bajo el más estricto control reprimiendo duramente a los comunistas (Iñigo Carrera, 2011; Fernández, 2013, 2018).
En Bahía Blanca estos acontecimientos tuvieron su propia especificidad. El presente trabajo se propone examinar alguna de las diversas formas de participación política de la sociedad durante la etapa transcurrida entre los primeros años de la década de1930 y el golpe militar de 1943, cuando una parte de la comunidad local se mantuvo excluida de la vida pública activa. Desde una perspectiva de la historia cultural de lo político (Sirinelli, 1998), se prestará especial atención a las relaciones sociales de los actores en una sociedad concreta, en la que se puede observar cómo ante la crisis de la política se fueron dando procesos que confluyeron en otros modos de involucramiento con lo político, donde el poder también se organizaba, se ejercía y se impugnaba (Escalera Reyes, 2000). Lo político constituye una perspectiva que le da sentido histórico a los hechos sociales y orienta los modos en que la acción política se expresa en la vida cotidiana,[4] por ello, se considera a la ciudad con su diversidad de espacios, actores y realidades como un escenario privilegiado para volver inteligible el entramado de las relaciones sociales localmente situadas. En este sentido, pensamos que estudiar las sociedades de fomento como uno de los actores de la sociedad civil, que a través de acciones colectivas se expresaban en la esfera pública, permitirá comprender los múltiples y heterogéneos contextos de la vida política local. Nos interesa analizar la pretensión de prescindencia proclamada en los orígenes de estas entidades, cuando indudablemente durante los años treinta, en su gran mayoría se constituyeron en un escenario donde ciudadanos y vecinos buscaron diversos modos de involucramiento con lo político, ante la oclusión de la participación política activa. Con este fin, se indaga en las prácticas sociales y culturales particulares, los tipos de nexos que se promovían, la evolución de ellos en función de los protagonistas y las articulaciones que se establecieron entre los líderes, afiliados partidarios y algunos dirigentes de las asociaciones barriales.
Como se ha señalado con anterioridad, el golpe de Estado producido en 1930 desencadenó la interrupción del régimen democrático y la instauración de gobiernos fraudulentos, que terminaron por desprestigiar el sistema político convirtiendo a las Fuerzas Armadas en un actor político de peso, con una presencia e incidencia cada vez mayor en la vida política argentina. En tanto que a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires la proscripción del radicalismo y la manipulación electoral allanaban el triunfo de los conservadores y la Concordancia, en las elecciones municipales de la ciudad, la victoria correspondió al dirigente socialista Agustín de Arrieta, quien recibió el aporte de un importante segmento del electorado radical, imposibilitado de votar a sus propios candidatos. Arrieta obtuvo la reelección por el período 1932-1935 gracias a la abstención del radicalismo, el alto porcentaje de votos en blanco de la ciudadanía y las disidencias internas del Partido Demócrata Nacional (PDN) bahiense (Cernadas, 2013; Cernadas y Marcilese, 2017, 2018).
A mediados de 1935 la legislatura bonaerense aprobó una ley electoral que otorgaba al partido gobernante el control de los comicios e incluía una variedad de procedimientos que abarcaban desde el fraude a gran escala hasta la violencia política. La nueva ley alineó a los dirigentes conservadores, quienes gracias a la manipulación sistemática de los comicios dieron el triunfo al PDN resultando electos Manuel Fresco, en la provincia de Buenos Aires y Martín Dithurbide,en el Ejecutivo comunal (1936-1940).
Dos años después era elegido el presidente Roberto Ortiz (1938-1942), quien se comprometió a restablecer la vigencia de la Ley Sáenz Peña y garantizar la libertad electoral. Pero la erradicación de las prácticas fraudulentas lo enfrentaba a Manuel Fresco, uno de los principales cuestionados por la manipulación y falseamiento de los comicios, por lo que decretó la intervención federal de la provincia y anuló las elecciones. Los problemas de salud del gobernante, su posterior muerte y la designación del vicepresidente Ramón Castillo para ocupar la primera magistratura frustraron la posibilidad de recuperar la democracia electoral. Tras la asunción de Castillo, los conservadores bonaerenses volvieron a las prácticas fraudulentas, que dieron el triunfo a Rodolfo Moreno, quien llegó a la gobernación bonaerense en las elecciones de diciembre de 1941. A partir de esa fecha la fragilidad electoral del conservadorismo y las tensiones en la coalición oficialista se manifestaron en Bahía Blanca donde se sucedieron cinco comisionados designados por la administración central. El golpe de Estado del 4 de junio de 1943, que derrocó al presidente Castillo, constituyó el desenlace de un proceso histórico que conduciría al coronel Juan Domingo Perón a la conquista del poder político de la mano de los trabajadores y las Fuerzas Armadas en elecciones democráticas en 1946 (Marcilese, 2015; Cernadas y Marcilese, 2017).
La conformación y transformación de la sociedad urbana
Desde fines del siglo XIX Bahía Blanca estuvo inmersa en un proceso de crecimiento económico y modernización social como resultado de su exitosa inserción en el circuito comercial agropecuario pampeano, estrechamente vinculado al mercado internacional. A partir de su configuración como nodo ferroportuario, de las inversiones del capital inglés y en menor medida el francés, la expansión agrícola regional y la instalación de establecimientos industriales medianos, la localidad se convirtió en un centro comercial, financiero y de servicios de significativa gravitación en el sudoeste bonaerense, en La Pampa y en otros territorios patagónicos, al constituirse en la puerta de salida de los productos agropecuarios hacia el Atlántico. Ese proceso se vio dinamizado por el aumento de la población, producto de la llegada de contingentes de inmigrantes europeos, de provincias vecinas y de su mismo crecimiento vegetativo, que contribuyó a la expansión del mercado interno y del mercado laboral.[5] Debido a que la explotación agropecuaria regional requería cantidades reducidas de trabajadores, la mayor parte de los nuevos residentes engrosó la mano de obra ocupada en los sectores del comercio, la industria, los servicios públicos esenciales, el trazado de líneas férreas y las labores portuarias, entre otros.
El ámbito urbano presentaba atractivas ofertas laborales y posibilidades efectivas de ascenso económico y social para los nuevos residentes, aunque también creció la conflictividad social por la distribución del ingreso, las mejores condiciones de trabajo y los derechos políticos o gremiales para los sectores populares. El arribo de población europea a gran escala, además de incrementar el volumen de habitantes de Bahía Blanca, contribuyó a la extensión del radio poblado. La ciudad vio desbordada su infraestructura y se fueron deteriorando las condiciones de habitabilidad por lo que comenzaron a proliferar los conventillos y las casas de inquilinato, que albergaban a individuos y familias en condiciones de hacinamiento y de riesgo sanitario.
Ante la posibilidad de que se produjera una protesta de los inquilinos como la que había estallado en Buenos Aires en octubre de 1907, la prensa local emprendió, entonces, una campaña periodística a favor de la construcción de viviendas populares en zonas periféricas de la ciudad. Haciéndose eco de estos reclamos, el Intendente Valentín Vergara envió al Concejo Deliberante una propuesta de licitación de tierras para la construcción de viviendas para obreros en Villa Harding Green, donde había llegado el tranvía a comienzos de 1911.[6]
Otro fenómeno que se constató en períodos de recuperación económica al iniciarse el siglo XX, fue la radicación de los recién llegados en zonas despobladas donde los loteos a precios módicos y financiados estaban a su alcance para acceder a la propiedad. Sociedades creadas al efecto, favorecidas por sus vínculos con el gobierno municipal, pusieron en marcha negocios inmobiliarios en áreas suburbanas. Tal fue el caso de la empresa “Sociedad Villas y Terrenos” integrada por Jorge Moore, Bartolomé Tellarini, Federico Mux y Juan Canat, quienes habían comprado a bajo precio las tierras ubicadas junto al arroyo Napostá y las vías del Ferrocarril Sud, próximos a un territorio donde se perfilaba una importante actividad industrial y de servicios. En mayo de 1906, el Consejo Deliberante aprobó los planos y el proyecto del nuevo sector a urbanizar. Realizada la mensura del terreno y el remate de las parcelas, sus primeros habitantes fueron inmigrantes humildes, en su mayoría italianos y españoles, aunque también hubo grupos minoritarios de judíos y sirio-libaneses, quienes desplazándose de los inquilinatos o casas de alquiler en el centro, compraron los lotes y realizaron construcciones precarias en el sector que conformó un conjunto de barrios aledaños al área central de la ciudad que crecerían ininterrumpidamente en el futuro, como los de Villa Mitre, Noroeste, Bella Vista, San Martín y Tiro Federal, entre otros. No obstante, ante la falta de una política social continuada e integral por parte de las instituciones gubernamentales o el estado municipal, los problemas derivados de la cuestión social quedaron en manos del asistencialismo, la filantropía o la beneficencia femenina con una fuerte impronta religiosa.[7]
El proyecto civilizador y modernizante adoptado por las élites liberales que asumieron el poder estatal en esas décadas transformó la vida de la ciudad y posibilitó la constitución y permanencia de ciertas formas de participación en la esfera pública. A ello se sumó la creciente autonomización de la sociedad civil, basada en la difusión y expansión de la vida asociativa gracias a su estatus constitucional. Al respecto indica Pilar González Bernaldo de Quirós, que la asociación era concebida por dichas élites como una forma de pedagogía cívica mediante la cual el ciudadano haría el aprendizaje de la cosa pública, constitutiva de la comunidad. Más aún, la práctica asociativa, instituyó un nuevo ámbito de relación a partir del cual la sociedad se pensó como agregado de individuos racionales y el lazo social como producto de un contrato voluntario (González Bernaldo de Quirós, 2008).
Como en otros lugares del país e impulsadas por el acelerado crecimiento económico y el constante flujo de nuevos residentes, las prácticas asociativas se dieron entre sectores muy diversos tanto social como culturalmente. El asociacionismo de base étnica que había predominado en las últimas décadas del siglo XIX, combinando las funciones asistenciales con la conservación de la identidad cultural y de las relaciones con la sociedad de origen dio paso a formas de agrupamientos diversos, en defensa de intereses sectoriales o corporativos (Bracamonte y Cernadas, 2018).
En el cambio de un siglo a otro y con el aumento de la conflictividad laboral, junto a las agrupaciones patronales, empresariales o profesionales surgieron una multitud de organizaciones obreras, que en sus comienzos revistieron un carácter mutualista para luego transformarse en las asociaciones gremiales y otras instituciones que canalizaban los reclamos de las clases trabajadoras.
Recuperando el concepto de lo político, expuesto en la diversidad de relaciones sociales que reflejaban las asociaciones, María Celia Bravo y Sandra Fernández indican que “sus pronunciamientos y acciones no solo incidían en las relaciones de poder; podían gestar identidades asociativas cuyas valoraciones expresaban un sentido politizado de lo público”, sin que fuera incompatible este accionar con la exclusión de la política de partidos, con el fin de evitar las divergencias y la escisión del grupo (Bravo y Fernández, 2014).
Amparadas en una conducta permeable al diálogo y que se declaraba “apolítica”, fueron perfilándose lazos asociativos de una vigorosa trama social sustentada en el florecimiento de un variado repertorio de asociaciones que, al participar en el espacio público por carriles distintos de la política partidaria, estimularon las relaciones interpersonales, constituyeron liderazgos, definieron prácticas de sociabilidad, formas culturales, valores y reflejaron los múltiples sentidos de lo político. De este modo, sociedades de socorros mutuos, bibliotecas populares, asociaciones de beneficencia, cooperadoras escolares, círculos parroquiales, logias masónicas, centros recreativos, sociales y culturales y sociedades de fomento, entre otras, en mayor o menor medida articularon a la sociedad civil e incidieron en la configuración de las políticas públicas. El carácter voluntario de las asociaciones, por el cual los individuos se agrupaban libremente en la prosecución de objetivos determinados apuntaba a una reapropiación del espacio público y común. Así, la participación colectiva en la esfera pública buscaba expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información, dar a conocer proyectos, alcanzar objetivos comunes o realizar demandas al gobierno y a los partidos.
El conjunto de esas asociaciones ocupó un lugar destacado en la vida pública lugareña de las tres primeras décadas del siglo XX porque se constituyeron en entornos que favorecían la relación entre los distintos sectores y expresaban las nuevas formas de conflictividad por el poder. Sus dirigentes y miembros más prominentes compartían el espacio común en donde se generaban diferentes tipos de actividades e interacciones que incluían desde la asistencia a las fiestas patrias, banquetes, bailes y homenajes hasta la participación en movilizaciones, mitines, manifestaciones o acontecimientos ligados a la sociabilidad cotidiana (Agesta y Cernadas, 2016). En consecuencia, durante las primeras décadas del siglo veinte la sociedad civil local se mostró dinámica, vigorosa y capaz de configurar una esfera pública participativa, protagonizada por individuos y grupos que constituían un escenario plural donde se daban tanto los entendimientos y acuerdos como las controversias, los conflictos y los procesos de exclusión.
El crecimiento de Bahía Blanca y su zona de influencia se mantuvo de manera más o menos constante hasta la crisis desatada en 1929, cuando cambiaron las características y la orientación de la economía mundial. El descenso de la demanda internacional de productos del agro,la retracción de las inversiones de capitales europeos y el aumento del intervencionismo estatal repercutieron negativamente en la ciudad y su región circundante, al producirse el lento redireccionamiento de la economía argentina hacia el mercado interno y la industrialización por sustitución de importaciones.
La desocupación, tanto en el ámbito urbano como rural por el derrumbe del precio de las exportaciones de los productos agropecuarios fue una de las implicancias más evidentes de la crisis. A ella se sumó la implementación de una serie de medidas y acciones para ejercer el control social, entre las cuales pueden mencionarse las disposiciones que buscaban regular el ingreso de inmigrantes, lo cual produjo la reducción del flujo de europeos. Esto no significó una mengua en el incremento poblacional de Bahía Blanca porque a lo largo de la década continuaron arribando a la ciudad argentinos provenientes de otras provincias y de la misma provincia de Buenos Aires, expulsados de zonas afectadas por la falta de trabajo y los desalojos rurales.
Según ya se ha señalado, la reinstauración de gobiernos de extracción conservadora fue acompañada por la creciente intervención del Estado en nuevos ámbitos. Se sucedieron así proyectos y planes de regulación gubernamental sobre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, con la creación de nuevas agencias estatales cuya función era limitar la producción a través de juntas reguladoras[8] y de un plan económico más general que implicaba, entre otras cuestiones, la reforma del sistema impositivo, el control de cambios y la reorganización bancaria. Asimismo, cristalizaron otras disposiciones e instituciones como la formalización de un Fondo de Asistencia Social establecido en 1932 con recursos asignados por el Congreso Nacional para el otorgamiento de subsidios a instituciones de asistencia[9], la Junta Nacional para la Desocupación (1935) que desarrollaba una labor de supervisión y ayuda social (Girbal-Blacha, 2003; Iñigo Carrera y Fernández, 2007) y el Registro Nacional de Asistencia Social (1937), con el fin de llevar un padrón de todas las obras de asistencia social existentes, intervenir en el otorgamiento de subsidios del gobierno nacional y quitar la personería jurídica a aquellas que no se inscribieran. Estas resoluciones se vincularon con los cambios y transformaciones del tejido societal, a lo que se sumó la creciente presión e influencia de los actores corporativos sobre las decisiones gubernamentales, sectores que se presentaron como protagonistas indiscutidos de la vida pública, en particular las Fuerzas Armadas y la Iglesia, desde la celebración del Congreso Eucarístico Internacional en Buenos Aires en 1934.
A partir de la segunda mitad de la década del treinta la coalición gobernante intensificó el control social formalizado a través del estado de sitio, el cercenamiento de las libertades individuales, la censura periodística y la persecución a los dirigentes opositores. Así la política se convirtió fundamentalmente en una demostración de poder desde el Estado para imponer exigencias o bloquear demandas, desvalorizando el voto como expresión del ciudadano individual. Ello no impidió las múltiples formas de organización e interacción social propias de una vigorosa sociedad civil heterogénea y movilizada, que excedía el accionar de los dirigentes de los partidos y se manifestaba en el espacio público a través de un amplio abanico de expresiones de sociabilidad. Entre muchos otros ejemplos de este universo asociativo, las sociedades de fomento y sociedades vecinales constituyeron en términos generales, el refugio de los ciudadanos y vecinos ante la oclusión de la participación activa en los debates de la esfera pública.
Estudiar estas asociaciones es una manera de volver inteligible el entramado de relaciones de una sociedad y las lógicas complejas de los tiempos históricos, ya que permite comprender la forma en que los habitantes de los barrios se organizaban, cómo se vinculaban entre ellos y con otros grupos, como también, examinar sus estrategias de distribución del poder y de la autoridad, las tensiones, antagonismos y conflictos que se derivan de estas acciones, y que constituyen lo político.(Rosanvallon, 2003).
Sociedades de fomento y sociedades vecinales
Se ha visto que en el período de entreguerras se dio el auge del asociacionismo en los barrios, que fue surgiendo impulsado por el vertiginoso crecimiento de las grandes ciudades del país.[10] Bahía Blanca no fue ajena a esta expansión económica y demográfica, y en ese marco se multiplicaron las urbanizaciones en los suburbios dando forma a los barrios más antiguos de la ciudad. La construcción de viviendas precarias de los primeros tiempos dio paso a un mejoramiento edilicio, en la medida que se producían condiciones favorables en la situación económica de los sectores populares. Por otro lado, el incremento de la población trajo aparejado el establecimiento de comercios para satisfacer las necesidades de sus pobladores y fue así como emergieron pequeños almacenes, carnicerías, bares, tiendas, confiterías y algunos grandes almacenes de ramos generales que, al mismo tiempo, aumentaron la cantidad y la complejidad de los problemas de infraestructura y de servicios de dichos núcleos urbanos.
Con ligeras diferencias relativas a la composición de los grupos migratorios que poblaron estas áreas, el proceso formativo de las distintas barriadas fue similar, al igual que las dificultades que encontraron sus moradores, en gran parte vinculadas a la ausencia de servicios básicos, la intransitabilidad de las calles o la falta de medios de transporte. Interesados por el progreso material del barrio, y dispuestos a trabajar de manera solidaria para responder a estas necesidades y vehiculizar las demandas de los pobladores ante las autoridades municipales y las empresas privadas proveedoras de los servicios públicos, surgieron las sociedades de fomento. La “marea fomentista” (De Privitellio y Romero, 2005) determinó que entre 1922 y 1945 se crearan en la ciudad una docena de entidades, entre las cuales pueden citarse el Centro de Fomento y Cultura de Villa Mitre (1922), las Sociedades de Fomento Ingeniero White (1927),La Falda (1928), Barrio Noroeste (1934), General Cerri (1935), Villa Rosas (1936), Tiro Federal (1934), Barrio Bella Vista (1938),Barrio San Martín (1939), Harding Green (1939), Barrio Rivadavia (1945) y Barrio Napostá (1945).
Las asociaciones fomentistas eran integradoras en sus propósitos y actividades, ya que no solo se organizaron para gestionar ante el Estado la provisión de los servicios elementales y de un equipamiento urbano adecuado en su área de influencia -adoquinado de calles, alumbrado público, servicios sanitarios, de higiene y seguridad-, sino que también se constituyeron en el escenario de una amplia gama de acontecimientos culturales, recreativos y educativos. Así, al mismo tiempo que sus comisiones directivas cumplían sus funciones específicas, organizaban bailes y ferias para recaudar fondos con propósitos benéficos o para erigir la sede propia, en la que se promovía la constitución de una biblioteca pública con el fin de impulsar la formación intelectual del vecindario o se organizaba una unidad sanitaria para brindar atención médica. Aunque estatutariamente los roles dirigentes -al igual que en la mayoría de las asociaciones- estaban reservados a varones y era casi nula la participación de las mujeres en la arena política, se admitían asociadas y se incluían mujeres y niños en los eventos recreativos y culturales.
Una recorrida por los libros de actas de la mayoría de las sociedades de fomento deja entrever las relaciones y entramados de sociabilidad que se construían y la centralidad de esas entidades en la vida cotidiana de los barrios. A cargo de comisiones creadas para tales efectos quedaba la realización de eventos y actividades tales como la coordinación de las festividades de Carnaval o la celebración de fiestas y bailes populares durante los aniversarios de las fechas patrias. En la mayoría de las asociacionesse registraba una intensa actividad cultural con la organización de conferencias, cursos o talleres que se impartíana los vecinos con el fin de recrear lazos de pertenencia, sentimientos de solidaridad e identidad social.[11]
La prensa de la época se refería con frecuencia a estas actividades patrocinadas por las bibliotecas de las asociaciones fomentistas, como también daba a publicidad sus días de reunión, convocatoria a sus socios, resoluciones de las asambleas, designación de los integrantes de la comisión directiva y todas las notas enviadas desde los barrios a las direcciones editoriales. En el mismo sentido funcionó la revista Fomento, órgano del Centro Recreativo y Cultural de las Villas, que surgió en Villa Mitre entre 1923 y 1930 y se convirtió en un espacio de información sobre la situación material del barrio y sus aledaños como también de la vida social y cultural del período.[12]
En el marco de las sociedades de fomento, vecinos, dirigentes barriales y periodistas configuraban modalidades participativas en los diferentes ámbitos que ofrecía la sociedad civil y, a partir de la comunicación pública, se constituían en instrumentos y canales de mediación con el sistema político y el gobierno municipal para peticionar a las autoridades, seguir el trámite ante el empleado municipal correspondiente o buscar el apoyo del dirigente político de turno. Si bien las comisiones directivas mostraban una gran capacidad para interpelar al estado a partir de la interacción con los aparatos públicos, adoptaban un discurso de prescindencia política con el fin de admitir a vecinos provenientes de dimensiones ideológicas diversas y evitar los conflictos internos. De esta forma, estas asociaciones, fortaleciendo los lazos de lealtad entre sus miembros, se arraigaron como instituciones esenciales de la vida barrial y comunitaria donde se configuraron liderazgos, prácticas y proyectos colectivos orientados a la concreción del bien común. Al mismo tiempo, como ámbitos de sociabilidad, creando y recreando diferentes entramados relacionales de los vecinos de todas las edades, se constituyeron en espacios de encuentro y socialización esenciales para la construcción y consolidación de los procesos de pertenencia identitaria del heterogéneo núcleo de residentes que configuraba el barrio, fuesen estos nativos o extranjeros.
A comienzos de 1930, un grupo de dirigentes de las entidades fomentistas existentes adoptaron el modelo federativo como una fórmula flexible para configurar redes que vinculaban asociaciones con propósitos comunes pero disímiles en la cantidad de afiliados y posibilidades económicas. La Confederación de Sociedades de Fomento de Bahía Blanca era un organismo que se reunía con una periodicidad mensual para resolver los problemas comunes y gestionar la realización de obras que excedían por su relevancia el área de influencia de la institución o bien afectaban al conjunto de los barrios.[13] Producida la ruptura institucional, las asociaciones barriales se constituyeron en ámbitos reconocidos por los vecinos para realizar sus prácticas colectivas y gestar formas de acción política y de solidaridad, en un contexto marcado por las restricciones de la competencia política y el paulatino avance del Estado sobre las diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Ausente la Unión Cívica Radical del escenario político, ya que hasta 1935 se abstuvo de participar en las elecciones, el Partido Socialista buscó ocupar su espacio electoral. Con apoyo de la administración municipal en manos del socialista Agustín de Arrieta desde 1932, se fortaleció la representación partidaria en los espacios barriales a través de la apertura de locales y de centros culturales. Por ello, durante más de diez años se constata la presencia activa de dirigentes y militantes de esa procedencia en el conjunto de las entidades fomentistas, tales como Antonio Marcellino, Teodoro Cinque, Roque Beistegui, Francisco Botta y Antonio Malla, entre otros.[14] Esta circunstancia puede explicarse por la influencia del partido sobre los sectores populares de origen inmigrante que, mayoritariamente, integraban el sector de Las Villas y el interés por captar en estos ámbitos apoyos para el frente antifascista.[15]
La promoción de la cultura incluía la creación de bibliotecas barriales. Estos establecimientos constituían una de las acciones directas fundamentales en la vida institucional de las sociedades de fomento y era casi una constante la presencia socialista en las comisiones directivas, siempre interesada en impulsar la cultura letrada como una herramienta para enfrentar la explotación y el sometimiento de los sectores populares. En la mayoría de los casos la administración estaba a cargo de una subcomisión que realizaba la gestión de recursos externos, por lo general, subsidios provenientes del gobierno municipal o de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que auxiliaban tanto con dinero en efectivo como con libros y publicaciones especializadas. Por otra parte, el ofrecimiento del servicio de préstamo de libros constituyó una labor que concentraba buena parte de los esfuerzos y recursos de los fomentistas. Tanto Tiro Federal como Villa Mitre contaban con un importante repositorio, en ambos casos creado poco tiempo después que las propias sociedades, mientras que en otros barrios, la existencia de una biblioteca en el club del sector disuadía a los fomentistas de organizar una en su propia sede[16].
Dada la relación y capacidad de gestión ante el Estado de las entidades fomentistas, éstas continuaron operando con autonomía de las administraciones municipales, en especial cuando el conservadorismo retomó el control de la comuna bahiense luego de 1936 y se acentuó en el plano local la faceta fraudulenta y restrictiva del oficialismo[17]. El ejecutivo comunal reconocía a las sociedades barriales su legitimidad, autoridad y conciencia de pertenencia, así comos us propias reglas, formas de sociabilidad, valores y comportamientos,[18] pero al mismo tiempo intensificó la fiscalización, aumentando la dependencia de las mismas en términos de regulación, reconocimiento legal y subsidios económicos, lo que tensionó el vínculo con el ámbito político, generándose más de una disputa o conflicto.[19] Otro ejemplo en este sentido se produjo cuando el comisionado a cargo del ejecutivo local Jorge Aguilar impulsó, en mayo de 1943, la sanción por parte del Concejo Deliberante de una nueva reglamentación para el funcionamiento de las entidades vecinales. De acuerdo a lo planteado por la nueva normativa, los presidentes de las entidades fomentistas debían presentarse en el municipio cada vez que el intendente así lo requiriese, las autoridades municipales podían intervenir las organizaciones barriales cuando lo considerase necesario y se prohibía cualquier tipo de federación que aglutinase a las organizaciones vecinales, entre otros aspectos. La Confederación se opuso en forma enérgica a esta iniciativa pero el intendente impidió cualquier tipo de acto por parte de las sociedades de fomento tendiente a informar a la población sobre su posición. La disidencia quedó prescripta por el golpe militar de junio de 1943, luego del cual la normativa no siguió la vía reglamentaria para su promulgación.[20]
Consideraciones finales
La etapa que se abrió con el golpe de Estado en los años treinta, seguida de un largo ciclo constitucional fundado en el fraude y la proscripción del yrigoyenismo constituye un período conflictivo, donde los actores del sistema político se enfrentaron con un universo social complejizado por las transformaciones económicas, la movilidad social y la emergencia de corrientes políticas e ideológicas opuestas al proyecto y la ideología del liberalismo clásico. En un contexto en el que se generalizó el quebrantamiento de las reglas de juego que garantizaban la competencia electoral y se intensificó la fragilidad institucional de la coalición gobernante, también se acentuaron las tendencias intervencionistas y fiscalizadoras de los conservadores, preocupados por introducir cambios en los modos de concebir el rol y las funciones del Estado para establecer el control sobre una sociedad que presentaba rasgos cada vez más pluralistas y modernos. Proscripta la competencia partidaria por el ejercicio del poder y alterada la vida ordinaria de las instituciones, es decir el normal funcionamiento de la política, emergieron otras modalidades de participación colectiva que, como las sociedades de fomento se constituyeron en entramados sociales que sustentaban los vínculos políticos e incidían en la compleja y contradictoria construcción de la esfera pública.
Al igual que en otras grandes ciudades del país, en Bahía Blanca se dio el auge del asociacionismo en los barrios, que fue surgiendo desde la década del veinte como resultado de la vertiginosa expansión económica y demográfica, y en unos pocos años su número se multiplicó en zonas más alejadas del centro. Formando parte de actores de la sociedad civil que ya tenían una larga experiencia en la vida asociativa y habían desarrollado una densa y compleja trama de sociabilidad e inscripta en el discurso dominante del progreso, los integrantes de estos ámbitos de socialización política redefinieron las fronteras entre lo público y lo privado influenciando con sus pronunciamientos y acciones en las relaciones de poder. Hubo así, por parte de los dirigentes fomentistas, una intensa politización que se manifestó ampliamente en diversos modos de intervención en los espacios y en los debates públicos.
Si se entiende lo político, siguiendo a Rosanvallon, “como una modalidad de existencia de la vida comunitaria y a una forma de acción colectiva que se diferencia implícitamente del ejercicio de la política”,[21] se comprenderá que las instituciones vecinales con sus diversas formas de participación, acción socio-política y relaciones cotidianas con el poder, favorecieron la interacción social, la producción y reproducción de lazos sociales y los sentimientos de pertenencia, constituyendo una sólida presencia en la realidad local, en tiempos de debilidad institucional de los partidos actuantes y de fragilidad de las identidades políticas. Los estatutos de las sociedades de fomento vedaban de manera explícita las declaraciones o manifestaciones de índole partidaria para garantizar el normal desenvolvimiento de la sociabilidad barrial.[22] Y si bien las asociaciones buscaron mostrar cierta prescindencia ante los conflictos políticos, son numerosos los ejemplos que registran la interacción que se estableció con las organizaciones partidarias y las instancias administrativas e institucionales de la Municipalidad con el fin de abordar las problemáticas cotidianas de la propia comunidad e incidir en el proceso de formulación de las políticas públicas.
Sin embargo, este vínculo frecuente con la comuna en mano de administradores socialistas en el primer quinquenio de la década del treinta fue haciéndose cada vez más complejo y dificultoso con los gobiernos conservadores por la creciente presencia del estado o sus agentes, que intensificaron sus procedimientos intervencionistas destinados al control y fiscalización de las diferentes asociaciones civiles. Así a lo largo de la etapa se verifica que, al mismo tiempo que se originaban conflictos, alianzas, búsqueda de consenso, de acuerdos y desacuerdos entre ambas dirigencias también los funcionarios gubernamentales reconocían a los representantes del fomentismo como portavoces de las actividades orientadas al progreso material, la promoción de la cultura del barrio y al fortalecimiento de los vínculos comunitarios. La persistencia en el escenario político de estas formas de participación política y sociabilidad no tradicionales, indica la complejidad de este tipo de asociaciones que plasmaron nexos relacionales, experiencias de politización, liderazgos, prácticas de participación y movilización que serían capitalizadas por el naciente movimiento peronista.[23]
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[1] Señala Alejandro Cattaruzza “que los combates político-culturales en los años treinta fueron múltiples, los cambios en varias de las culturas políticas reconocibles tampoco están ausentes y, por otra parte, ellas no se ajustan con demasiada precisión a los perfiles de los actores del sistema político. Los límites de los varios contendientes son imprecisos, tanto en los elencos políticos como en los intelectuales” (Cattaruzza, 2016, p. 20).
[2] “La incorporación de los técnicos y las corporaciones en la toma de decisiones públicas respondió más bien a los que se evaluaban como déficit representativo inherentes al propio régimen político y a la desconfianza en la capacidad del Estado frente a la necesidad de gestionar la complejidad de la crisis”. (Persello, s.f. a., s. p.).
[3] Véase entre otras investigaciones: Favaro y Arias Bucciarelli (1995); Tcach (2007); López (2012); Lichtmajer y Parra, (2014); De Privitellio y López (2015); Camaño Semprini (2016).
[4] Afirma Yves Déloye, que lo político cobra relevancia como objeto de estudio en tanto no queda restringido a las instituciones políticas ni, incluso, al campo político, sino que las desborda y se entrelaza con dimensiones de otro orden ( económicas, sociales). Déloye, Y. (2004).
[5] El Censo de 1914 indica que Bahía Blanca contaba con 70.269 habitantes, de los cuales 34.503 eran extranjeros. Al momento de efectuarse el Censo de 1947 la población había ascendido a 122.059 personas, siendo solo 22.645 los foráneos.
[6] “El Departamento Ejecutivo hará confeccionar planos para 200 o más casas para obreros y después se llamará a licitación para la construcción… Se emitirán títulos que se denominarán Bonos de Edificación Obrera”. Archivo del Honorable Concejo Deliberante, Acta n° 12, Bahía Blanca, 21 de abril de 1911.
[7] Puede consultarse al respecto el artículo de Lucía Bracamonte incluido en este mismo dossier.
[8] Indica Ana Virginia Persello que la creación de entidades reguladores de la producción, de la carne, los granos, el vino, la yerba mate, la leche, el azúcar o el algodón incluyó también una cantidad importante de comisiones, subcomisiones y direcciones. Advierte la autora que en 1938 había 17 comisiones que se hacían cargo de diferentes actividades. Cfr. Persello (s.f. b.).
[9] En 1933 se realizó un encuentro organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, que convocó a “todas las instituciones que realizaran obras de acción social”. En sus actas se destaca la argumentación sobre la necesidad de una mayor intervención en el campo social y la enunciación del deber del Estado de asegurar la reproducción de la población (Krmpotic, 2002, pp. 37-57). Véase también Roitter y González Bombal (2002); Campetella y González Bombal (2000).
[10] Diversos estudios se han ocupado en los últimos años del asociacionismo barrial surgido en las décadas del veinte y del treinta, impulsado por el acelerado crecimiento demográfico de las distintas ciudades del país. Las investigaciones pioneras realizadas por Romero (1987); González (1990) y Gutiérrez y Romero (1995) han sido continuadas por Di Stefano, Sábato, Romero y Moreno (2002) De Privitellio (2003); Roldán (2004); Vagliente (2004), De Privitellio y Romero (2005); Basconzuelo,(2007); Alvira (2012), entre otros.
[11] Las fuentes relevadas fueron: Municipalidad de Bahía Blanca. Boletín Municipal. 1922-1938; 1939 (205, 207-216); 1940-1952; 1953 (373-378); Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Mitre. Libro de Actas de Comisión Directiva N°2, 1927-1934 y N°3, 1934-1953 y Libro de Actas de Asambleas (Tomo sin número); Sociedad de Fomento y Cultura del Barrio Tiro Federal. Libro de Actas de Comisión Directiva, 1930-1943; Sociedad de Fomento de Bella Vista, Libro de Actas de Comisión Directiva 1940-1959; Confederación de Sociedades de Fomentos y Afines. Libro de Actas de asamblea 1940-1950; Revista Fomento. Centro Recreativo y Cultural de las Villas. Bahía Blanca, 1932-1930. Por su parte, los periódicos de la época tenían una sección dedicada especialmente a las actividades de las asociaciones fomentistas (días de reunión, convocatoria a sus socios, resoluciones de las asambleas, designación de los miembros de la comisión directiva, gestiones para obtener la personería jurídica, entre otras de las tantas cuestiones que interesaban a los habitantes de los barrios). Véase, por ejemplo, El Atlántico, Bahía Blanca, 1934-1942; y Nuevos Tiempos, Bahía Blanca, 1930-1946.
[12] Fomento. Centro Recreativo y Cultural de las Villas. Bahía Blanca, 1932-1930. Luciano Lorenzetti indica que Fomento no solo perduró siete años, sino que, en su mejor momento, llegó a tener corresponsales en gran parte de la región (Hilario Ascasubi, Patagones, Azul) y a ser vendido en todo Bahía Blanca, Punta Alta, Arroyo Parejas, Ingeniero White, Cabildo, Cuatreros, Bajo Hondo y Tres Arroyos (Lorenzetti, 2012).
[13] Confederación de Sociedades de Fomentos y Afines. Libro de Actas de asamblea 1940-1950, cit.
[14] Antonio Marcellino, por ejemplo, se desempeñó como concejal entre 1922 y 1930 y con posterioridad tuvo una labor destacada como fomentista. En 1932 propuso la creación de una subcomisión de cultura, cuya administración ejercería por más de una década, a pesar de la prevención inicial de algunos miembros de la comisión directiva contra Marcellino, que motivó que se le recomendara especialmente que no se hiciera política en las actividades del Centro Recreativo y Cultural de las Villas –luego Centro Fomento, Cultura y Biblioteca Popular Bartolomé Mitre-.Esta advertencia no siempre fue atendida, como lo revela el hecho de que hacia 1933 el Centro de la Juventud Socialista del barrio colaboraba en la organización de actos culturales de la biblioteca. La incansable gestión de Marcellino posibilitó que la biblioteca Bartolomé Mitre fuera reconocida por la Comisión de Bibliotecas Populares, lo que le permitió a la entidad la obtención de subsidios y la donación de numerosos libros por parte del organismo nacional. Bahía Blanca, agosto de 1932. Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Mitre. Libro de Actas de Comisión Directiva N°2, 1927-1934.
[15] En 1936 los partidos opositores al gobierno, las organizaciones de trabajadores y estudiantes más representativas se pronunciaron por la conformación de un Frente Popular, a semejanza de la experiencia europea, para enfrentar al oficialismo en las elecciones presidenciales de 1937. El radicalismo no se integró a la coalición y decidió presentarse con candidatos propios.
[16] Resulta frecuente por estos años advertir en los registros fomentistas diferentes notas de y para la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares solicitando o agradeciendo el envío de subsidios o libros para los asociados de estas instituciones o pedidos al ejecutivo comunal para que se hiciera cargo de la designación del bibliotecario para sostener el funcionamiento de la biblioteca barrial. Cfr. sobre esta cuestión también Agesta (2017).
[17]La metodología fraudulenta alcanzó en Bahía Blanca niveles nunca observados previamente en los comicios del 7 de diciembre de 1941 y del 26 abril de 1942 (Cernadas, 2007, 2015).
[18]Al respecto, puede leerse la nota del Ministro de Gobierno de la Provincia del 27 de agosto de 1935 que indicaba que por resolución del Poder Ejecutivo provincial aprobaba los estatutos de la Sociedad y reconocía el carácter de persona jurídica. Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Mitre. Libro de Actas de Comisión Directiva N°4, 1934-1953.
[19] En una sesión de comisión de la Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Mitre del 22 de septiembre de 1939, se da a conocer un Decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires del 30 de mayo de ese año en donde se especificaban los requisitos, condiciones y reglamentos que debían observar. El incumplimiento de los mismos determinaba la disolución inmediata de la asociación infractora, sin perjuicio de las penalidades que a sus miembros pudiera corresponder de acuerdo a las leyes en vigor. Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Mitre. Libro de Actas de Comisión Directiva N°4, 1934-1953.
[20] Los considerandos del proyecto fueron analizados y criticados por el diario socialista Nuevos Tiempos en su edición del 28 de mayo de 1943. En tanto que el matutino El Atlántico del 23 de mayo del mismo año se limitó a plantear su disconformidad sobre el artículo por el cual el ejecutivo municipal advertía que no se le reconocería ni otorgaría personería jurídica a federaciones o confederaciones de sociedades de fomento. Hemeroteca de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca, Nuevos Tiempos, Bahía Blanca, 28 de mayo de 1943; El Atlántico, Bahía Blanca, 23 de mayo de 1943.
[21] Lo político remite “al proceso siempre conflictivo de la elaboración de las reglas explícitas o implícitas de lo participable y lo compartible y que dan vida a la forma de la polis” (Rosanvallon, 2003).
[22] Desde fines del siglo XIX, y en evidente contradicción con las prácticas, aparece la reivindicación de la autonomía societaria frente a la política. En las actas correspondientes a las sesiones ordinarias de algunas asociaciones pueden leerse reiterados reclamos en este sentido. Véase, por ejemplo, Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Mitre. Libro de Actas de Comisión Directiva N°4, 1934-1953.
[23] La historiografía reciente ha establecido la estrecha relación entre las Juntas Vecinales o Sociedades de fomento con la formación de las unidades básicas. Véase, por ejemplo, Acha (2004); Marcilese (2009, 2014); Quiroga (2013).