«Una polvadera de periódicos». Lucha política, sátira e intentos de censura en los inicios del Uruguay independiente: La Matraca y La Diablada (1832)
WILSON GONZÁLEZ DEMURO
Departamento de Historia Americana
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
https://orcid.org/0000-0002-6258-8853
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 18, N° 36, pp. 71-104
Julio – Diciembre de 2025
ISSN 1853-7723
ARK CAICYT
https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s18537723/h5vpovhhk
Fecha de recepción: 17/10/2025 - Fecha de aceptación: 23/12/2025
Resumen
A partir de 1830, jurada la primera Constitución e instalado el gobierno republicano en Uruguay, diversos impresores y escritores públicos dotaron de intensidad y diversidad a la oferta periodística oriental. En los siguientes diez años se pusieron en circulación no menos de 65 diarios, semanarios y revistas, varios de ellos con un marcado perfil satírico que, según opiniones de la época, rozaba la obscenidad. Este artículo estudia dos de ellos, La Matraca y La Diablada, O el robo de la Bolsa, editados en 1832. El primero respondió al círculo cercano al presidente Fructuoso Rivera, mientras que el segundo expresó posturas opositoras. Ambos tuvieron como redactores a importantes figuras del ámbito político. El objetivo es aproximarnos a las formas del humor sarcástico y agraviante como instrumento de combate entre facciones en la naciente república uruguaya, prestando atención a los mecanismos de censura formal e informal con los que por entonces se pretendió desactivar, al menos parcialmente, la temprana “guerra de papeles”.
Palabras Clave
Uruguay – Independencia – Prensa – Sátira – Censura.
«A polvadera of newspapers». Political strife, satire, and censorship attempts in the early years of independent Uruguay: La Matraca and La Diablada (1832)
Abstract
Since 1830, following the adoption of the first Constitution and the establishment of the republican government in Uruguay, various printers and public writers contributed to the vibrancy and diversity of the press. In the next ten years, no fewer than 65 newspapers, weekly publications and magazines were published, several of them with a decidedly satirical tone that, according to contemporary opinions, bordered on obscenity. This article examines two of these publications, La Matraca and La Diablada, O el robo de la Bolsa, both published in 1832. The former represented the interests of President Fructuoso Rivera’s inner circle, while the latter expressed political opposition viewpoints. These publications featured prominent political figures among their editors. The aim of this article is to explore the early forms of sarcastic and derogatory humor as a tool of political warfare between factions in the nascent Uruguayan republic, paying particular attention to the formal and informal censorship mechanisms used at the time to attempt to, at least partially, quell this early "paper war."
Keywords
Uruguay – Independence – Press – Satire – Censorship.
«Una polvadera de periódicos». Lucha política, sátira e intentos de censura en los inicios del Uruguay independiente: La Matraca y La Diablada (1832)
Propuesta temática y apunte historiográfico
En la segunda mitad de la década de 1820, y más aún a partir de 1830, con la Constitución ya jurada e instalado el gobierno republicano de Fructuoso Rivera (1830-1834), se registró un importante incremento de la actividad periodística en el territorio oriental. Durante los primeros diez años de vida independiente surgieron en el país no menos de 65 publicaciones entre diarios, semanarios y revistas, varias de ellas con marcado perfil satírico y altamente crítico (Praderio, 1962, pp. 29-75). Este artículo estudia algunos contenidos de La Matraca y La Diablada, dos papeles político-humorísticos que tuvieron una corta existencia en el año 1832. El primero surgió como vocero informal del grupo aliado al presidente Rivera y el segundo respondió al círculo opositor relativamente cercano a Juan Antonio Lavalleja. El objetivo es avanzar, a través de un objeto de análisis claramente acotado, en el conocimiento del periodismo faccioso del Estado naciente y en la interacción entre el principio de libertad de imprenta y los mecanismos de censura accionados con el fin de desactivar la guerra de papeles apoyada en la diatriba y el humor.[1]
A manera de hipótesis, digamos que el caso escogido da cuenta de cómo la actividad periodística fue un escenario privilegiado por la élite para crear opinión en torno al problema de la construcción de estatalidad e identidades partidarias, con la historia (aún muy cercana) de la revolución como ingrediente relevante de las polémicas. En forma adicional, aporta elementos para el análisis de las posibles diferencias doctrinarias entre grupos. La acritud de los intercambios constituye, además, una puerta de entrada al análisis de las nociones de libertad que por entonces circulaban en el territorio oriental.
Enrique Rubio (2003, pp. 93-94) ha examinado las características de la prensa española de primera mitad del siglo XIX en términos que resultan pertinentes para el caso rioplatense. Define aquellos papeles como “cajones de sastre” poblados de elementos múltiples, con expresiones de “periodismo mordaz, agresivo, polémico e incisivo”. Algunos estaban pensados para públicos específicos; otros solo apuntaban a “entretener y analizar el contexto social de la época desde una óptica satírica, burlona, festiva y cómica”. Las publicaciones rioplatenses, en general, y en particular las uruguayas que aquí abordaremos, responden en buena medida a esa descripción.[2] Además, fueron redactadas por individuos reconocibles, casi todos de buena posición social, estrechamente vinculados al gobierno y la administración. Los contenidos de La Matraca y La Diablada no fueron obra de outsiders anónimos sino de figuras públicas, pese a que todos sus artículos aparecieron sin firma.
Una mirada a la historiografía uruguaya sobre esta clase de prensa revela dos características marcadas: la primera y más obvia, su escasez; la segunda, su tendencia a asociar medios humorísticos —políticos o de otra índole— con un discurso fundamental o exclusivamente icónico. La mayor parte de los trabajos se centran en los impresos aparecidos, grosso modo, en el último tercio del XIX, cuando proliferaban diarios, semanarios y revistas profusamente ilustrados. A esa etapa remiten trabajos como el de Alfonso Cerda Catalán (1965) y el de Alicia Fernández y Julio Osaba (2013). Publicados en momentos muy diferentes, desarrollan objetivos y enfoques similares, con énfasis —sobre todo el segundo— en los aspectos formales de aquellas publicaciones y esbozan algunas líneas de interpretación. No muy diferente es el abordaje de Daniel Álvarez Ferretjans (2008), en especial los capítulos 5 y 14. Una perspectiva renovadora, pero siempre dentro de ese horizonte cronológico, se encuentra en los trabajos de Silvina Sosa (2022 y 2024).[3]
La difusión del arte litográfico en la segunda mitad del siglo XIX y su incidencia en la multiplicación de publicaciones ilustradas parece haber consolidado dicho recorte temático y temporal (Beretta, 2012 y 2015). Aunque el uso de la sátira política servida en formato textual contaba con casi medio siglo de desarrollo en tierra oriental, su estudio ha quedado subsumido en abordajes más amplios sobre la prensa política de la revolución y la independencia. Estos trabajos tampoco son numerosos hasta el momento. La excepción más atendible y reciente es el voluminoso libro de Andrés Olveira (2023), un muy documentado trabajo sobre la historia del humor escrito uruguayo desde sus orígenes a nuestros días.
La independencia, el primer gobierno constitucional y la prensa
La revolución oriental abrió el camino a numerosas disputas sobre la soberanía, la república, la igualdad jurídica y la libertad civil. Tras una etapa inicial que se cerró en 1820 con la derrota de José Artigas, en abril de 1825 dio comienzo una nueva fase. La “Cruzada Libertadora”, expedición organizada en territorio argentino y comandada por Juan Antonio Lavalleja, tenía el propósito primario de terminar con la dominación brasileña y reincorporar este territorio al conjunto de las provincias rioplatenses. Sin embargo, el agotamiento general provocado por la continuidad de la guerra, los cambios políticos producidos en todo el espacio rioplatense, la reconfiguración de las alianzas y el juego de múltiples intereses comerciales condujeron a la firma de la Convención Preliminar de Paz entre los gobiernos de Brasil y las Provincias Unidas en 1828.[4] El acuerdo estableció el fin del conflicto y la independencia de la “Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina”, separada de ambos beligerantes. También dispuso la elección de los diputados que deberían designar un gobierno provisorio y “formar la Constitución política” del futuro Estado uruguayo (reproducido en Díaz, 1877, pp. 123-134).
Los constituyentes debatieron la permanencia de antiguas prácticas e instituciones heredadas del período hispánico (Frega, 2015, pp. 62-67). En ese marco, la certeza de que se consagraría la forma republicana de gobierno no recibió cuestionamientos, aunque sí entró en disputa la cuestión de las identidades políticas en formación. En la clásica pero discutida interpretación de Juan Pivel Devoto (1942, pp.7-9), la coyuntura preconstitucional fue el escenario ideal para la consolidación de dos “bandos” o “tendencias” identificables desde el inicio de la revolución, una de matriz rural y caudillista (“el lavallejismo, representativo del espíritu localista y oriental”) y otra más cercana al elenco doctoral urbano, sobre todo montevideano (“los unitarios aporteñados que juraron … la Constitución unitaria de 1826”). Alfredo Castellanos (1982, pp. 81-84) avanzó un poco más y denominó “riverista” al segundo grupo, en alusión a Fructuoso Rivera, el caudillo al que se aliaron sus integrantes, no sin reservas. Un tercer sector, sin representación en la Asamblea Constituyente pero integrado por figuras destacadas, fue el de “los ‘abrasilerados’ … que hasta firmarse la paz [de 1828] permanecieron ligados a la política del Imperio”. Entre ellos figuraban Nicolás Herrera, Lucas Obes, el cura Dámaso Antonio Larrañaga (principal autoridad religiosa oriental del período) y José Ellauri (Pivel Devoto, 1942, pp. 10-13).
Desde una perspectiva distinta, Carlos Real de Azúa (1981, p. 68) describió el momento constituyente como el de la “unanimidad patricia”. El patriciado oriental,[5] “dividido de 1810 a 1825”, terminó por abroquelarse en torno a la opción de independencia absoluta. Sus miembros dieron por “irremisiblemente clausurados” otros proyectos políticos en pugna desde el inicio de la revolución y decidieron “levantar un orden estable”, republicano, garantizado por quienes firmaron el acuerdo de 1828 con la vigilante aprobación de Inglaterra. Esto no supuso la eliminación de las disputas sobre aspectos concretos de la estructura estatal (organización del poder legislativo, potestades del presidente, existencia de una religión oficial y otros) ni el fin de la inestabilidad militar interior. Prueba de ello es que poco antes del juramento constitucional, acontecido el 18 de julio de 1830, se evitó la guerra entre Lavalleja y Rivera.[6]
La Constitución no reconocía de manera explícita el derecho de asociación, lo que ha sido interpretado como una manifiesta intención de prevenir la formación de grupos o “partidos” que pusieran en riesgo la estabilidad y el orden (Castellanos, 1982, pp. 80-81; Caetano, 2013, pp. 203-206). Dentro de la élite ilustrada los caudillos no gozaban de mejor valoración. Acusados de violentar la legalidad y el orden en busca de prebendas para sí y sus seguidores, se los veía como meros continuadores de una tradición iniciada por José Artigas, el más denostado de todos. Esto, en principio, incluyó a Rivera; sin embargo, Don Frutos asomaba en el paisaje de 1830 como alguien necesario, pues era poco amigo del federalismo y se mostraba capaz de atraer a sectores potencialmente díscolos, como los pobladores de la campaña y los soldados, sobre los que la dirigencia urbana parecía tener escasa influencia.
Precisamente, entre los ocasionales aliados del primer presidente uruguayo había miembros del patriciado o de la notabilidad que habían colaborado con la dominación luso-brasileña encabezada por el general portugués Carlos Federico Lecor. El abogado Lucas Obes, antiguo asesor del Cabildo español, partidario del gobierno revolucionario de Buenos Aires y desde 1822 pieza clave de la administración imperial brasileña, fue confirmado en el desempeño de la fiscalía. Nicolás Herrera, también abogado, ex asesor del Cabildo montevideano y del propio Lecor, ocupó en 1830 una banca en el Senado. Julián Álvarez, de larga trayectoria política en Buenos Aires, exiliado en Montevideo en 1820 y ex funcionario del gobierno lecorista se convirtió, al mismo tiempo, en diputado y miembro del Tribunal de Apelaciones. Junto a ellos figuraba el ya mencionado José Ellauri, titular de los ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores. A sus variadas modalidades de inserción en el naciente aparato estatal, este pequeño grupo sumó un factor de peso: sus lazos familiares. Herrera, Álvarez, Ellauri y Juan Andrés Gelly —antiguo asistente de Bernardino Rivadavia y Carlos de Alvear— estaban casados con las cuatro hermanas de Lucas Obes, lo que dio origen al sobrenombre “Los cinco hermanos”. Según sus adversarios, el quinteto era una camarilla demasiado influyente en la vida política y económica del país, lo que contribuyó al corrimiento de varios escritores opositores hacia el lavallejismo. Una de las primeras denuncias se dio a conocer en Buenos Aires, en junio de 1831. El folleto A los ciudadanos del Estado Oriental del Uruguay, del emigrado Lorenzo Villegas —un ex miembro del Tribunal de Apelaciones— pretendía desenmascarar a quienes ocupaban puestos de alta responsabilidad en el nuevo gobierno después de haber colaborado abiertamente con los antiguos opresores, aunque exoneró de culpas al presidente Rivera.[7] Sus críticas fueron recibidas con cierta indiferencia; una de las pocas reacciones conocidas fue la del propio mandatario, que llamó “papelucho” al manifiesto citado (Sala y Alonso, 1991, p. 139).
Pero estos cuestionamientos pronto encontraron terreno fértil en la prensa oriental. En agosto de 1831 apareció El Campo de Asilo, tal vez la primera hoja política de claro sesgo opositor. Sus redactores eran Juan Francisco Giró, Francisco Joaquín Muñoz, Eugenio Garzón –enemistados con Rivera desde 1829– y Miguel Barreiro. Todos ellos tuvieron destacada actuación entre 1811 y 1830.[8] Las críticas emitidas por este medio contribuyeron a forzar cambios en el gabinete de Rivera, que incluyeron la salida de José Ellauri. Poco después ingresó como ministro universal Santiago Vázquez, otro antiguo animador del acontecer político rioplatense. Ocupó el cargo hasta octubre de 1833, con un protagonismo que le valió el mote de “sexto hermano” pese a que no tenía parentesco con los otros cinco. Antiartiguista furibundo, consideraba que los caudillos eran factores de atraso y desorden.[9]
El gobierno enfrentó una reprobación creciente. Continuaban irresueltos varios problemas heredados de la década anterior, al tiempo que otros nuevos agravaban el cuadro general: conflictos por la propiedad de la tierra, escasa producción agropecuaria, bandidismo rural, abultada deuda pública, problemas de recaudación aduanera y atrasos en los pagos de créditos y sueldos (Sala y Alonso, 1991, pp. 135-145; Real de Azúa, 1981, pp. 77-79). En principio, la Asamblea General cosechó pocas críticas y tanto Rivera como una parte de los funcionarios escaparon de los comentarios más corrosivos. En cambio, “Los cinco [o seis] hermanos” fueron blanco preferente de las invectivas de El Campo… y de su continuador, El Recopilador (Praderio, 1962, pp. 42-43). Este periódico, con los mismos redactores que su predecesor, pero más longevo (setiembre de 1831 a julio de 1832), intensificó la campaña contra antiguos aliados del Imperio.[10] Con todo, sus críticas no alcanzaron la virulencia que exhibirían el oficialista La Matraca y su contrincante, La Diablada.
Un momento de lucha y diatriba política: La Matraca y La Diablada
Más de 20 publicaciones periódicas surgieron en Montevideo entre julio de 1830 (jura de la Constitución) y marzo de 1832 (aparición de La Matraca y La Diablada). Es, sin duda, una cantidad elevada, considerando que por esos años la capital uruguaya y su entorno inmediato tenían poco más de 20 mil habitantes y un alto nivel de analfabetismo (Pollero, 2014, p. 57). Como fuentes para el estudio de la escritura satírica, además de los dos títulos que estudiaremos, cabría considerar El Campo…, El Recopilador y otros como El Trueno (marzo - abril de 1831), El Indicador (mayo de 1831 a junio de 1832), La Periódico-Manía (setiembre a noviembre de 1831) y El Domador (marzo 1832).
La Matraca (en adelante LM) vio la luz pública el 1 de marzo. Sus editores fueron el periodista porteño Bernabé Guerrero Torres, un temprano exiliado del rosismo de quien muy poco se sabe; el abogado Julián Álvarez, de destacada actuación política, como enseguida veremos, y el militar Melchor Pacheco y Obes, sobrino de Lucas Obes (Zinny, 1883, p. 221; Praderio, 1962, p. 45). Autores como Pivel Devoto (1942, p. 80), Álvarez Ferretjans (2008, p. 120) y Olveira (2023, p. 58) señalan la posible participación de Lucas Obes, Santiago Vázquez e Isidoro De María, uno de los cronistas más importantes del siglo XIX uruguayo. Este autodenominado “papel crítico que no es periódico” incluyó en ocho de sus números un epígrafe cuyo propósito —si lo tuvo— desconocemos: “Ah! ¡Mirá qué bonito!”, tal vez una irreverencia hacia la tradición de citar autores célebres.
Imagen 1. Portada del primer número de La Matraca.
Cinco días más tarde se presentó ante el público La Diablada, O el robo de la Bolsa (en adelante LD). Surgió con el único fin de responder a LM, en su mismo tono. Bernardo Berro, Juan Francisco Giró, Francisco Muñoz y Miguel Barreiro fueron los redactores conocidos, con la posible colaboración de otros cuyos nombres ignoramos (Zinny, 1883, p. 95; Praderio, 1962, pp. 45-46; Olveira, 2023, p. 60). Los tres primeros números incluyeron el epígrafe “Ya nos veis - Para el robo - Somos seis”. Esta evidente alusión al grupo de “Los cinco hermanos” y Santiago Vázquez fue luego reemplazada por otra, seguramente menos entendible para muchos montevideanos, que parafraseaba un texto del poeta francés Nicolas Boileau: “J'appelle un sot un sot, et Rollet un fripon” (“Llamo tonto a un tonto, y a Rollet un sinvergüenza”).[11] Incorporó, además, un elemento apenas conocido en aquella prensa oriental: la ilustración de portada, que junto a título y epígrafe conformaban una articulación coherente de elementos discursivos textuales e iconográficos. Se trata de una alegoría que ocupa casi media página, con un inequívoco carácter emblemático.[12] Consta de seis figuras: cinco de ellas tienen aspecto demoníaco y están de pie; la sexta, posible representación de Vázquez, se arrodilla e introduce una mano en la bolsa mientras con la otra sostiene una antorcha.[13]
Imagen 2. Portada del número 2 de La Diablada.
LD explicó que “el grupo de figuras [era] un remedo de la descripción que se hizo de una lámina en un número del Recopilador”,[14] en referencia a una nota sin título que dicho periódico incluyera en su edición del 25 de febrero. Ésta presentaba una “canción diablesca” inspirada en un “cuadro alegórico … que se halla en poder de un sujeto aficionado a las bellas artes”. El texto, sin proporcionar datos que permitieran reconocer la obra, la describió en estos términos:
representa … una pequeña legión de diablillos marchando ordenadamente a cuya vanguardia van otros cinco diablos notables por su tamaño …. Todos se dirigen como a apoderarse de una gran bolsa llena de oro que se ve en medio del cuadro, la cual tiene la boca abierta.[15]
Algunas líneas más adelante, el estribillo de la canción relacionada con aquella pintura decía así: “A la bolsa volemos hermanos / A la bolsa en diabólica unión / Que la bolsa nos dio mil venturas / Nuestro bien de la bolsa nació”.[16] Una semana después, LD iniciaba su breve camino de ataques concentrados sobre esos “diablos”.
LM no permaneció impasible ante estas alusiones. Destacó lo novedoso del recurso tipográfico y sus posibilidades expresivas (“la caricatura [sic] … ha dado una expansión inconmensurable a la libertad de la prensa, antemuro de todas las libertades”). Ironizó con las posibles lecturas de la imagen: “los 5 diablos llevan cuernos, es decir que son casados y tienen mujer para todos ... Al pie de los 5 diablos hay una bolsa rota: de la bolsa sale un torrente de patacones que los recoge con avidez un hombre de casaca”. Asimismo, deslizó un llamado de atención: “esto es para advertir al pueblo que las Diabladas son buenas para pescar a río revuelto, y que si en este momento se enciende la tea de la discordia al mismo diablo se le puede robar la bolsa”.[17]
Ambos títulos tuvieron un reducido número de ediciones, algo habitual en la época. Mayor singularidad tuvo la frecuencia de publicación: el interés por responder rápidamente al oponente hizo que ambos órganos completaran su aparición en solo 21 días, según el siguiente detalle:
Marzo de 1832: publicación de LM (9 números) y LD (5 números).
|
LM, 1 |
|
Lun 12 |
|
|
|
Vie 2 |
|
|
Mar 13 |
LM, 5 / LD, 3 |
|
Sáb 3 |
LM, 2 |
|
Mié 14 |
|
|
Dom 4 |
|
|
Jue 15 |
LM, 6 |
|
Lun 5 |
|
|
Vie 16 |
|
|
Mar 6 |
LD, 1 |
|
Sáb 17 |
LM, 7 / LD, 4 |
|
Mié 7 |
|
|
Dom 18 |
|
|
Jue 8 |
LM, 3 |
|
Lun 19 |
|
|
Vie 9 |
|
|
Mar 20 |
LM, 8 |
|
Sáb 10 |
LM, 4 / LD, 2 |
|
Mié 21 |
LD, 5 |
|
Dom 11 |
|
|
¿Jue 22? |
LM, 9 |
La libertad de imprenta y sus usos
Los debates políticos en torno a la libertad de imprenta y sus alcances en el Río de la Plata se remontan al inicio de la revolución, pero en el territorio oriental se intensificaron en la década de 1820. Cuestiones como las diferencias entre opiniones y críticas, los límites a la libertad de expresarse sobre las personas (fueran o no funcionarias públicas), el gobierno, la religión o las instituciones eclesiásticas, así como el problema de quiénes —escritores o tipógrafos— deberían ser sancionados y qué penas cumplirían, se canalizaron de diferentes maneras en sucesivas legislaciones que fueron aplicadas con criterios dispares. Valen como antecedentes inmediatos a nuestro período las medidas tomadas por los gobiernos de Manuel Dorrego (1828) y Juan Manuel de Rosas (1832) (Dibárbora, 2022, pp. 153-158). En el territorio oriental, la actividad tipográfica se regulaba en 1832 por dos leyes, una aprobada en 1829 y otra, correctiva de ésta, en 1830. Por la primera, sin perjuicio de la prescripción constitucional,[18] se incurría en abuso contra los particulares cuando se les “difama[ba] publicando sus vicios, o defectos privados que no [era]n del resorte directo de la autoridad pública; cuando se les injuria[ba] con notas o atribuciones que ofend[ía]n el honor, o la reputación, o cuando se les calumnia[ba] imputándoles falsos crímenes”.[19] La lectura de LM y LD pone de manifiesto que ambos transgredieron largamente esta disposición, pese a lo cual circularon sin mayor dificultad durante casi un mes. Es dable pensar que al ser redactados por individuos que tenían directa vinculación con el poder (como sucedía claramente en LM), el riesgo de recibir sanciones se redujo o se suprimió por un tiempo.
LM no inauguró la práctica de cubrir al adversario de agravios y términos lesivos de su honor, cultivando lo que Romano (2023, p. 241) llama “estilística de la injuria”, pero llevó esa práctica a niveles casi desconocidos hasta entonces. En efecto, el primer número presentó a Juan Francisco Giró como Don Bobo, un “badulaque envanecido” y “bribón que mete a todos en el pantano y él se queda en la orilla”. Al periodista y legislador Francisco Joaquín Muñoz le correspondió el mote de Chupaguindas, alguien con “tanto almíbar en las palabras como ponzoña en el corazón”. El coronel Eugenio Garzón era Cagarruta (trozo de estiércol) o Lagrimita, “coronelito de cera, que ha gastado más en peinados y almizcle que en balas y plomo”. Entre los opositores que fueron objeto de burlas pero no tuvieron actividad periodística conocida hallamos al coronel Pablo Zufriategui —llamado Peceta o simplemente PZ—, al diputado Juan Benito Blanco, o Juan Bolas[20] y a quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente, Silvestre Blanco, apodado Peluquín Bochicho (término portugués derivado del español “bochinche”). Era éste un “vejete metido a polizón” que en su cabeza calva tenía “tantos pelos como sesos”.[21]
LM adoptó una postura deliberadamente contraventora de la ley de 1829, ocupándose “de todo, pero sobre todo de las personas: ¡gracias a nuestra libertad de imprenta, y al uso que de ella se hace!”. La misma ironía se usó para recordar que eran los antiguos redactores de El Recopilador (varios de ellos responsables de LD) quienes habían iniciado las hostilidades periodísticas: “¡Bendita seas sobre todas las cosas criadas tú, Recopilador, que nos has enseñado la lisa y llana senda por donde vamos a correr!”[22] El segundo número prometió avanzar en esa línea, “emiti[endo] de palabra o por escrito lo que nos diere la gana”. Dirigiéndose a los miembros del Poder Legislativo, anunció: “¡¡Oh, sagrada libertad de Imprenta!! !Oh, vosotros legisladores que le habéis dado más libertad que a la palabra misma! Nosotros te aprovecharemos pese a quien pese y maldiga todo el mundo”.[23]
Tres días después hizo su aparición LD, que también comenzó por señalar a los enemigos. Algunos apodos ya eran conocidos desde la década anterior, como los de Nicolás Herrera (Maquiavelo o Chuchumeco) y Lucas Obes (Dr. Perendengues, Dr. Ceremonial o Don Perejil). Santiago Vázquez fue Vasco Agarras y José Ellauri Licenciado Farfulla, Mostachos, Mostachino o Sucio; Julián Alvarez era Don Hueco y Juan Gelly, Palo Seco. A Fructuoso Rivera, o Don Sancho, se le reprochó que apañara a “los seis” desde la presidencia. En una de varias alusiones a las “hazañas” del elenco gubernamental, LD presentó a Lucas Obes como firmante de una imaginaria y extensa “Deprecación” en la que se dirigía a “Caco, dios ladrón” para pedirle amparo:
Tú bien sabes / que aun las aves / no robando, / van dejando / de existir. / Y está visto / que el vivir / sin el robo / ni aun al lobo / le fue dado; / y un taimado / cual soy yo, / ¿cómo Sr. tendría influjo / musa, placeres y lujo / en el país donde nació? / Por Apolo, / no soy solo; / somos cinco / con ahínco / ya nos veis: / para el robo / somos seis … Cinco diablos, con razón / Llamados la destrucción.[24]
Planteada la confrontación en estos términos, algunas reacciones de los lectores (hasta donde sea posible medirlas)[25] dieron cuenta de la diversión y la complacencia que generaba en algunos,[26] pero también de la inquietud de otros ante el nivel de los debates y sus consecuencias. “El enemigo de los diablos” expresó que “cuando aparecieron en el Recopilador … algunas invectivas contra personas distinguidas bajo de ciertos nombres o apodos” podía pensarse que obedecían a “desafección o … motivos innobles”. Según el denunciante, la inoperancia de las autoridades había favorecido esta reprobable conducta, y cuando al fin querían intervenir eran desoídas por los jueces. En marzo de 1832 la situación tendía a empeorar: “sale ahora la Matraca, papel obsceno e inmundo; luego otro, satírico, lleno de pullas, buenas o malas, que es el que V. redacta” y los gobernantes tampoco reaccionaban, manteniendo “la misma fatal indolencia que al principio”. “Quién sabe”, finalizaba el preocupado corresponsal, “lo que nos habrá de resultar de esta apatía”.[27]
Parece evidente que los todavía frágiles poderes públicos eran reticentes al aplicar la normativa. Las quejas por la creciente mordacidad de los comentarios, el hecho de que éstos continuaran imprimiéndose y las respuestas dadas por los legisladores y el Poder Ejecutivo dan cuenta de la debilidad institucional. Sobre esta cuestión, según va dicho, se había legislado en 1829 y 1830. Un día antes de jurarse la Constitución, la Asamblea General aprobó modificaciones al procedimiento de denuncia y castigo de los delitos de imprenta.[28] En marzo de 1832, la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados lamentó el “abuso escandaloso que … se estaba haciendo de la libertad de escribir, sin que nadie se propusiera reprimirlo”. Los excesos habían crecido “progresivamente hasta un extremo, de donde en su línea difícilmente pueden pasar”, poniendo al descubierto “los vacíos y defectos de que adolece nuestra ley de imprenta”. Exhortaba a tomar medidas correctivas, pero sin renunciar al principio de “libertad de imprenta sin previa censura”. Acto seguido, el Senado solicitó al Ejecutivo un informe sobre la aplicación de las leyes. La respuesta del ministro Santiago Vázquez fue un claro reconocimiento de la incapacidad gubernamental en este plano: “la ley de imprenta vigente presenta efugios inagotables a los que abusan de ella para eludir el juicio, y … si los abusos que se cometen son un grave mal, lo sería mucho mayor el que la acusación Fiscal no surtiese efecto”.[29] Se decidió que diputados y senadores buscaran soluciones satisfactorias y duraderas para esta cuestión. Pese a ello, la normativa sobre el uso de las imprentas no sufriría modificaciones trascendentes hasta 1854.[30]
En cualquier caso, la propia prensa daba a conocer opiniones negativas respecto de la ley y quienes debían aplicarla. En su número 6, LM deploró que los juicios de imprenta fuesen instancias en las que “un canalla, un ladronzuelo público, un zafio, un baladrón, un tunante puede presentarse y ser reconocido con el carácter de acusador”. Se preguntaba si habría “[un] hombre tan estoico, o tan raro, que quiera someter la censura de su conducta a un tribunal donde el acusador calumniando triunfa; y el ofendido solo con defenderse ha perdido su causa”. Las analogías a que echó mano el redactor no dejaban dudas: “A los luchadores de los juegos olímpicos les era permitido untarse el cuerpo con aceite, pero con otra cosa! Con cosas que apestan! Esto estaba reservado a nuestro circo, llamado juicio de imprenta” (sic). Sin renunciar al denuesto como arma política, el periódico oficialista aceptaba que sus adversarios aplaudieran el uso de improperios, pero les recordó que no podrían quejarse si alguien les llamaba “mulatos, ladrones, jugadores, forajidos y otras bellas cosas”.[31]
Lo anterior fue la respuesta a un artículo publicado en LD, que con acidez y un componente racista bastante visible bromeaba sobre un país imaginario recién independizado, Vanguela, cuyo primer magistrado —en clara alusión a Rivera— era “el Gran Capiango, … un mulato alto, fornido, jugador, y proclamado muchas veces por traidor; nunca se le han conocido virtudes, pero sí muchos vicios”. Le acompañaba el ministro Vázquez, “Gran Vazquigarrini”, un “hombre viejo, que quiere aparecer joven [con] una peluca del tiempo de antaño, su estatura regular, su andar sereno, sus dientes … de caballo, frente de carnero, cabeza de chingolo [y] muy ejercitado … en el robo”. Otros miembros de ese ficticio gobierno eran Nicolás Herrera (“chico de cuerpo y bajo de alma”) y Lucas Obes, nuevamente llamado “discípulo de Caco”, que en la fachada de su casa exhibía el letrero “Soy traidor por condición, y ladrón de profesión”.[32]
En esta intensa polémica, LD también dijo lo suyo acerca de las leyes de imprenta y las amenazas de censura. En su penúltima edición elogió a El Recopilador por cambiar su inicial agresividad —hija “del agrio desahogo de la justicia irritada”— a un estilo menos confrontativo y pacificador. Siguiendo ese ejemplo, tenía previstas “solo una o dos publicaciones más … para que cesase el escándalo”. Sin embargo, entendía que su gesto no era correspondido por LM, que parecía empeñada en multiplicar los exabruptos con el fin de que el Poder Legislativo cercenara la libertad de opinión: “La matraca [sic] más incomodada y furiosa que nunca ha puesto el colmo a la calumnia” con el único afán de “afligir al pueblo y mover a los Representantes a que dicten una ley [que dejase a la oposición] con las manos atadas … y los papeles ministeriales a su salvo”. Así las cosas, solo quedaba devolver el golpe: “Salga la Diablada del modo que la establecimos, pero en adelante palo, palo y palo, sin [más] consideración que a la moral y decencia pública”.[33]
Leales y traidores a la patria
Las acusaciones cruzadas de colaboracionismo con la ocupación luso-brasileña abonaron generosamente las sátiras y los ataques periodísticos en el Uruguay naciente. Lo primero que queda en evidencia es que estas polémicas reiteraron ciertas metodologías ya puestas en juego diez años antes, durante el período 1822-1823. En ese entonces, tanto defensores como detractores del nuevo poder imperial pugnaron por desmarcarse del artiguismo recién derrotado. Lo hacían en un doble sentido: negar toda simpatía con su proyecto agrarista, federal y de soberanías múltiples, y acusar al enemigo de ser el verdadero continuador de su radicalismo desorganizador (González Demuro, 2018: 222-233). No muy diferente fue la estrategia desplegada por oficialistas y opositores después de 1830, aunque esta vez el adjetivo anarquista fue dejando su lugar a traidor. Asimismo, y como rasgo común con otros órganos de humor político regional, LM y LD se sirvieron de varios tipos de intertextualidad, como la parodia, la cita y la alusión.[34] A continuación veremos algunos ejemplos.
Con ánimo de ayudar a quien “se encargase de escribir la historia del Estado Oriental”, LM publicó la solicitud de protección militar que el Cabildo de Montevideo enviara a Juan VI pocos días después que Lecor tomara la ciudad, en 1817. El escrito, rebosante de ruegos y elogios a la monarquía, incluía el pedido de incorporar la provincia al reino luso-brasileño, circunstancia que el periódico gubernista aprovechó para agregar: “no está de más advertir que entre los Señores que lo firmaron se halla incluido D. Juan Francisco Giró”.[35] A renglón seguido, el lector encontraba unos versos que reforzaban la imagen de este personaje como alguien tonto e indecente:
En casa de D. Bobo / Estaban reunidos / cuatro niños de coria[36] / Y con D. Bobo, cinco. / Los cuatro que ladraban / De pobres y fundidos / Proyectaban el modo / de llenar los bolsillos.[37]
El mismo recurso fue usado en varias ocasiones por LM: los números 2, 4 y 7 publicaron nuevos documentos que mostraban los nexos entre los editores de LD y la administración lecorista, acompañados de poemas humorísticos más o menos extensos, pródigos en expresiones descalificadoras. Cabe pensar que el vínculo entre el gobierno y LM —por ejemplo, Julián Álvarez en el Tribunal de Apelaciones o Melchor Pacheco como sobrino del fiscal Lucas Obes— facilitaba el acceso a materiales de archivo para su posterior difusión. Esto inquietaba a Pablo Zufriategui (P.Z.) y Juan Benito Blanco (Juan Bolas), protagonistas de un imaginado diálogo epistolar:
Cuando esa infernal Matraca / Destruyó nuestros proyectos, / Y nuestros planes e ideas / Presentó de manifiesto. / Allí a la luz han salido / Tus rapiñas, tus excesos. / Los de D. Bobo y los míos / Con firmas y documentos. / Y van a salir ¡qué ansias! / Otros más viles, más feos, / Que cubrirán de ignominia / Nuestros nombres in eternum / Yo no sé si por encanto / Por astucia, o por dinero / Se han hecho de mil papeles / Ignorados y secretos.[38]
Aunque varias fuentes reproducidas por LM incluían otros nombres, el objetivo central de sus críticas y denuncias fue el grupo cercano a LD. En este sentido, la séptima edición aporta un elemento interesante. Reproduce una nota dirigida a Rivera en febrero de 1820 por tres representantes de Lecor que exigían obediencia a las nuevas autoridades. Ya impreso el periódico, y antes que circulara, los editores —como puede verse en la siguiente imagen— tacharon los nombres de dos firmantes para fijar la atención en Francisco Joaquín Muñoz, Chupaguindas.[39] Luego veremos que esta denuncia contra Muñoz tuvo consecuencias legales.
Imagen 3. La Matraca, número 7, fragmento de página 3.
LD no evadió el problema. Eligió a dos de los “cinco hermanos”, Lucas Obes y Nicolás Herrera, como destinatarios principales de su descargo. Ambos habían colaborado muy estrechamente con Lecor, tanto en la etapa portuguesa de la dominación (1816-1822) como en la propiamente imperial, iniciada con la independencia brasileña.[40] Las rimas jocosas buscaban remarcar el carácter delictivo del accionar de ambos, en especial Obes y su nulo interés por los intereses de la patria: “A Don Perendengues / Vamos a zurrar. / Por ladrón, cuatrero, / Y por Imperial …. / Aguarda, trompeta, / Que te voy a dar / Ya por Matraquero, / Ya por Imperial”.[41] El número 4 lo muestra en trance de expresar sus sentimientos “a una chula a quien amaba”. El tono socarrón se prolongó en las referencias al cuerpo del individuo criticado, otro recurso frecuente. En este caso, la apariencia física derivaba de los privilegios gozados en tiempos recientes: “¿Ves cuánto mondongo y panza / la bona vita [sic] me dio? / Pues mira, dulce esperanza, / Mucho más te quiero yo … Ves cuántos patrios despojos / Mi afecto a Pedro [el emperador brasileño] ofreció? / Pues mira, luz de mis ojos / Mucho más te quiero yo”.[42] En la misma página, y con idéntica moral, “un venerable [al que] llaman Maquiavelo” (Herrera), “predicaba a sus hermanos” que la verdadera felicidad consistía en “poseer un arca llena de oro”, pues convertía a los hombres en “seres sabios, prudentes y justos; patriotas y fieles servidores, … valientes, verídicos e impecables”.[43]
La contienda también dio lugar al uso de contraejemplos. Apelando menos al humor que a la enumeración adusta de los favores recibidos por Obes y Herrera en años anteriores, un texto de “Clarito” recordaba a los lectores las persecuciones sufridas por Giró, Garzón y Juan Benito Blanco. Cotejados los comportamientos de todos, la conclusión parecía evidente: “Estos tres últimos sujetos son a los que más atacan los Editores de la Matraca. Comparad a unos con otros y juzgad quiénes son los verdaderos traidores”.[44]
En su respuesta, LM no se detuvo en los innegables vínculos de Obes y Herrera con los antiguos ocupantes de la provincia, sino que elogió al primero de ellos por haber abandonado Río de Janeiro y sumarse a la avanzada republicana de 1825 en calidad de consejero de Rivera.[45]. Echando mano una vez más a la combinación de fuentes documentales y versos humorísticos, el periódico buscó desacreditar las denuncias (“De todo lo que escriben / Los Puritanos, / Puede hacerse un sancocho / Para marranos”), mientras reclamaba al gobierno medidas ejemplarizantes: “Presidente Rivera, / Hombre benigno: / ¿Cuándo querrás librarnos / De tanto pillo? / A tu brazo las leyes / Fiaron la fuerza: / Con la ley y las armas / Salva la tierra”.[46] Esta exigencia llegaba en un momento crítico. Tres días antes, LD había reclamado el juicio condenatorio de la opinión pública a las irregularidades cometidas por las autoridades: “Que se comploten hermanos / por robar a llenas manos, / ya lo veo. / Mas que el pueblo prevenido / lo consigne en el olvido, / no lo creo”.[47] Y el 21 de marzo, un día después que LM publicase su pedido de represalias, se le respondió con una suerte de cronología crítica de todas las contribuciones que Perendengues Obes y Chuchumeco Herrera habían realizado a la causa invasora desde 1816.[48] El pasado reciente de aquel entonces, ocultado o agitado públicamente según conviniera, operaba como arma política de uso frecuente.
Fin de una dura polémica
La preocupación manifestada por algunos parlamentarios determinó que el 20 de marzo la Asamblea General decretase lo siguiente: “Artículo único - El Poder Ejecutivo invitará a los escritores públicos, por el amor y dignidad de la Patria, a respetarse a sí mismos, a la República y a las Leyes” (citado en Armand Ugón, Cerdeiras Alonso, Arcos Ferrand y Goldaracena, 1930, p. 341). Resulta llamativa la ausencia de una exposición de motivos y, sobre todo, la falta de especificidad sobre los destinatarios y los alcances del decreto, que como se observa no imponía ni obligaba, sino que “invitaba”. Es razonable suponer que los legisladores conocían de primera mano a los actores, los detalles y la dimensión eminentemente política (no solo legislativa) del problema, por lo que no tuvieron necesidad de ser más explícitos.
También por esos días se habían activado ciertos mecanismos judiciales poco usados hasta entonces. En su último número, LM informó que sus acusaciones contra Francisco Muñoz por colaborar con el bando invasor habían derivado en un juicio de imprenta. En defensa propia, los editores manifestaron que el delito cometido no era otro que llamar “traidor [a] un hombre (pero no le hemos nombrado) que había reunido al Cabildo esclavo de esta Capital [y] hecho sucumbir [a] todo el país al peso de una invasión extranjera”. El pleito entre lealtad y traición a la patria volvía a plantearse; LM apeló a una reseña de hechos pasados que involucró a Rivera, a quien los partidarios de Lavalleja criticaban por pasarse al bando imperial después de haber sido revolucionario con Artigas: “Si [el presidente] es traidor porque sirvió al Imperio, ¿qué seréis vosotros, los que le forzasteis a entrar en esta carrera con vuestro ejemplo, con vuestras intrigas, con vuestras amenazas, en fin, con separarle uno a uno todos los Pueblos de la campaña?”[49] No disponemos de datos sobre la marcha posterior de este proceso judicial.
Finalmente, el propio Rivera pareció complacido o más bien aliviado de que este ácido intercambio concluyera. En carta dirigida a uno de sus allegados, señaló que
en Montevideo se había levantado una polvadera [sic] de periódicos titulados la Matraca, la Diablada y el Domador pero felizmente una prudente resolución de las Cámaras … ha sido lo bastante para que cesen aquellos libelos, algunos criminales que no hacían otra cosa que descreditarnos e inutilizar nombres (citado en Pivel Devoto, 1942, p. 100).[50]
Como se dijo, el “decreto-invitación” aprobado por el Legislativo el 20 de marzo tuvo efecto inmediato. El día 21 apareció el número final de LD. Sus editores dieron por terminada la “escandalosa polémica, tan desagradable para todo país civilizado, como para la sagrada institución de la prensa”. No obstante, recordaron que el periódico había visto la luz solo para responder a los personeros de un gobierno que había permanecido omiso ante los ataques lanzados por “los Editores de la inmunda Matraca”: “estábamos dispuestos a desistir … mas el gobierno veía y callaba”.[51] A su vez, LM se despidió con una hoja suelta, sin fecha, titulada La Matraca desarmada. NÚMERO, no me olvides (sic). Asumió su responsabilidad por la violencia del debate que tocaba a su fin, pero también justificó su tesitura: “sin colores bien cargados”, los editores “no habrían llenado su designio. Se quería espantar: ¿había de pintarse una Venus con todas sus gracias?” Pero ahora acataban el llamado “a que nos respetemos a nosotros mismos, a la República y las leyes. Sí: todo será respetado.”[52]
Pese a todo, las relaciones políticas entre estos grupos continuaron enrareciéndose. El intercambio de ataques a través de los medios de prensa había sido y continuaría siendo una consecuencia y un factor de ese deterioro. En lo inmediato, el punto culminante llegaría en el mes de junio de 1832 con la sublevación de dos militares aliados a Lavalleja, Garzón y el mayor Julián Santana, lo que forzó la renuncia transitoria de Santiago Vázquez. El episodio concluyó en agosto con el restablecimiento de las autoridades constitucionales, pero dejó secuelas de importancia. Una de ellas fue la profundización de las divergencias en el seno de la dirigencia, lo que resquebrajó la ya maltrecha “unanimidad patricia”. La persecución contra los sublevados ayudaría a fortalecer el bando lavallejista, mientras que Rivera estabilizó temporalmente su posición en el gobierno (de los Santos, 2019, pp. 148-149).
Conclusiones
El ciclo revolucionario abierto en 1810 finalizó con un claro reforzamiento de los liderazgos de impronta caudillista. Esto, a juicio del patriciado urbano, favorecía la supervivencia de tendencias anárquicas y licenciosas reflejadas, por ejemplo, en la falta de hábitos republicanos y de preparación para la libertad civil que mostraban los orientales. Así, individuos de alta posición social y política, como Santiago Vázquez, podían afirmar que “la licencia habría llegado a concluir con la libertad, bajo pretexto de formar las costumbres después de tantos años de revolución”; según Fructuoso Rivera, “necesitábamos educarnos para la libertad civil” (ambos citados en González Demuro, 2013, p. 183).
Hemos visto que la primera Constitución uruguaya garantizó la libre comunicación de las ideas sin aplicación de previa censura. Esta forma de libertad remitía a las tradiciones de Mayo y las cortes gaditanas, pero no impedía la publicación de críticas al gobierno. La polémica periodística que acabamos de presentar muestra que, en un contexto de agitación política e incremento de las rispideces entre grupos de poder, la ausencia de moderación y “buenas maneras”, así como las concesiones a la incivilidad, generalmente atribuidas a los sectores populares, se extendían también a los grupos de letrados liberales. ¿Estas expresiones daban cuenta de un genuino deseo de fijar posición a través del escrito lúdico, del enojo y del escarnecimiento del adversario? ¿Formaban parte de una estrategia dirigida a atraer la opinión pública aún en formación? Es legítimo pensar que todos esos elementos, de diverso modo, estuvieron presentes en el debate. Sobre el último de dichos factores —el uso de un discurso que captara la atención de más lectores— tenemos indicios en una nota de LM: “tenéis, pues, a la Matraca [llevada a] juicio: tenéis a sus enemigos en furia; a sus amigos en calma, a los de en medio meneando la cabeza, y contentos a todos los que aman el escándalo, que son todos generalmente”.[53] Esta apuesta a un público interesado en contenidos más livianos no era nueva; El Aguacero, semanario editado en Montevideo nueve años antes, aseguraba que su propósito era “divertir para atraer; mezclamos en nuestros escritos la sátira y el estilo jocoso, porque sabemos que estos coloridos … son un atractivo para dulcificar y hacer insensiblemente provechosas las doctrinas y discursos áridos, fríos y secos”.[54]
Con respecto a esta última afirmación, puede decirse que las cuestiones doctrinarias no estuvieron en el centro de la polémica entre LM y LD. Las acusaciones cruzadas de robo, traición, anarquismo y falta de patriotismo revelan un interés, posiblemente sincero, por instalar y mantener un determinado orden y, a la vez, una puja por el poder que no contraponía concepciones políticas o ideológicas sustancialmente distintas. En concordancia con lo afirmado por Clarel de los Santos, entendemos que las disputas entre grupos o “círculos políticos durante 1831 y 1832 muestran [que] las notabilidades confrontaban en función de afinidades personales-partidistas y sobre criterios de gestión administrativa, no por diferencias de principios o programas”. Tanto los integrantes o aliados del gobierno como los periodistas opositores “se definían esencialmente liberales y republicanos”; aún no existían “plataformas políticas elaboradas y diferenciadas” (2024, p. 144).
La finalización del corto recorrido trazado por los periódicos aquí presentados no supuso la desaparición del humor sarcástico de la prensa montevideana ni de las implicancias políticas del género. Durante el gobierno de Manuel Oribe (1834-1838) y luego en el prolongado conflicto regional conocido como Guerra Grande (1838-1852) continuarían articulándose viejas y nuevas formas de periodismo satírico en las que muchos escritores, varios de ellos mencionados aquí (Bernabé Guerrero Torres, Isidoro De María, Melchor Pacheco y Obes) interactuaron con exiliados del rosismo. Mientras la construcción estatal uruguaya avanzaba con lentitud, aquella “polvadera de periódicos” que había molestado a Rivera continuaría vigente.
Bibliografía
Alonso, R., Sala de Tourón, L., De la Torre, N. y Rodríguez, J. (1970). La oligarquía oriental en la Cisplatina. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos.
Álvarez Ferretjans, D. (2008). Historia de la prensa en el Uruguay. Desde “La Estrella del Sur” a Internet. Montevideo: Fin de Siglo.
Armand Ugón, E., Cerdeiras Alonso, J.C., Arcos Ferrand, L., Goldaracena, C. (1930). Compilación de leyes y decretos, 1825-1930, tomo 1. Montevideo, s/e.
Ávila, X. (2012). Sátira, caricatura y parodia en la Argentina de fines del siglo XIX. Un caso paradigmático: el periódico Don Quijote (1884-1903) de Buenos Aires. Tesis doctoral. Universidad de La Laguna (España). Disponible en: http://hdl.handle.net/11086/5495
Beretta, E. (2022). Alegorías republicanas: su genealogía y representación en Uruguay en la primera mitad del siglo XIX. En A. Islas (coord.), Iconografía republicana. Imágenes y conceptos políticos en Uruguay (1830-1930) (pp. 41-72). Montevideo: Universidad de la República.
Beretta, E. (2015). Imágenes para todos. La producción litográfica, la difusión de la estampa y sus vertientes temáticas en Montevideo durante el siglo XIX. Primera etapa, de la constitución del Estado Oriental al fin de la Guerra Grande (1829-1851). Montevideo: Universidad de la República.
Beretta, E. (2012). La litografía, la difusión de la imagen y su papel como herramienta propagandística en Montevideo durante el siglo XIX, Cuadernos de Historia, 9, 17–38.
Caetano, G. (2013). La cuestión del origen de los partidos: el pleito entre distintas maneras de concebir la asociación política. En G. Caetano (coord.), Historia conceptual. Voces y conceptos de la política oriental (1750-1870) (pp. 197-213). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Castellanos, A. (1982). La Cisplatina, la independencia y la república caudillesca. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Cerda Catalán, A. (1965). Contribución a la historia de la sátira política en el Uruguay: 1897-1904. Montevideo: Universidad de la República.
Comisión Nacional Archivo Artigas (2000). Archivo Artigas, tomo XXXII. Montevideo: Iconoprint.
Constitución de la República Oriental del Uruguay, sancionada […] el 10 de setiembre de 1829. Montevideo: Imprenta Republicana.
Darnton, R. (2014). El diablo en el agua bendita, o el arte de la calumnia desde Luis XIV a Napoleón. México: FCE.
De los Santos, C. (2024). Del círculo al club. Primeras asociaciones políticas en Uruguay (hasta 1875). Montevideo: Doble Clic Editoras.
De los Santos, C. (2019). Elecciones entre sables y montoneras. Uruguay, 1825-1838. Montevideo: Asociación Uruguaya de Historiadores.
Díaz, A. (1877). Historia política y militar de las repúblicas del Plata, desde el año de 1828 hasta el de 1866 (tomo 1). Montevideo: Editores Hoffmann y Martínez.
Dibárbora, A. (2022). Las modificaciones de los reglamentos de libertad de imprenta en el Rio de la Plata (1811-1832). PolHis, Año 15, número 30, 136-163.
Fernández, A. y Osaba, J. (2013). Imágenes del pasado: política, políticos, caricaturas (1876-1903). Montevideo: Biblioteca Nacional.
Frega, A. (2015). La vida política. En G. Caetano, (dir.), Historia contemporánea de Uruguay. Tomo I (1808-1880) (pp. 31-86). Montevideo: Mapfre.
González Demuro, W. (2013). El concepto de libertad: un acercamiento a su evolución, desde el fin de la época colonial a la primera modernización estatal uruguaya. En G. Caetano (coord.), Historia conceptual. Voces y conceptos de la política oriental (1750-1870) (pp. 175-194). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
González Demuro, W. (2018). La prensa de Montevideo, 1814-1825. Imprentas, periódicos y debates públicos en tiempos de revolución. Montevideo: CSIC-Universidad de la República.
Kulemeyer, J. (2014). La danza de los diablos. Creencias, fiestas, devoción, historia, política, controversias y trasfondos. Usos del patrimonio cultural en el área andina. San Salvador de Jujuy: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy.
Olveira, A. (2023). Cuatro páginas arrancadas. La historia del humor escrito en Uruguay. Montevideo: Editorial Tajante.
Praderio, A. (1962). Índice cronológico de la prensa periódica del Uruguay, 1807-1852. Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias – Universidad de la República.
Pimenta, J. (2011). Estado y nación hacia el final de los imperios ibéricos. Río de la Plata y Brasil, 1808-1828. Buenos Aires: Sudamericana.
Pivel Devoto, J. (1942). Historia de los partidos políticos en el Uruguay, tomo 1. Montevideo: Tipografía Atlántida.
Pollero, R. (2014). El crecimiento de la población de Montevideo y su campaña (1757-1860). Revista Uruguaya de Historia Económica, IV (6), pp. 36-57.
Real de Azúa, C. (1990). Los orígenes de la nacionalidad uruguaya. Montevideo: Instituto Nacional del Libro – Arca – Nuevo Mundo.
Real de Azúa, C. (1981). El patriciado uruguayo. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Roman, C. (2019). De la sátira impresa a la prensa satírica. Hojas sueltas y periódicas, en la configuración de un imaginario político para el Río de la Plata (1779-1834). Estudios, 18:36, pp. 324-349.
Roman, C. (2010). La prensa satírica Argentina del Siglo XIX: palabras e imágenes, vol. 1. Tesis doctoral. Buenos Aires, FFyL – Universidad de Buenos Aires.
Roman, C. (2007). Oralidad, escritura e imagen en la prensa satírica rioplatense del siglo XIX”. En N. Jitrik (comp.), Aventuras de la Crítica. Escrituras latinoamericanas en el Siglo XXI. Córdoba: Alción.
Romano, M.L. (2023). Monstruos de la razón. Periódicos no ilustrados en la región platina (1820-1830). Villa María (Córdoba): Eduvim.
Rubio Cremades, E. (2003). La publicación de La Risa en el contexto de la prensa satírica y festiva de la primera mitad del siglo XIX. 16° Congreso de Literatura Española Contemporánea, Literatura y periodismo. La prensa como espacio creativo. Málaga: Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea, pp. 93-115.
Sala de Tourón, L. y Alonso Eloy, R. (1991). El Uruguay comercial, pastoril y caudillesco, tomo II. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
Sosa, S. (2024). La representación de Francisco Solano López en la prensa satírica brasileña durante la Guerra contra Paraguay (1864-1870). Revista de Humanidades, 50, pp. 153-187.
Sosa, S. (2022). Lecturas de la “prensa seria” desde la prensa satírica del Río de la Plata a finales del siglo XIX. El caso de El Mosquito (Buenos Aires) y La Ortiga y el Garrote (Montevideo). Macrohistoria, 2:2, pp. 2-23.
Szir, S. (2011). El semanario popular ilustrado Caras y Caretas y las transformaciones del paisaje cultural de la modernidad. Buenos Aires 1898-1908. Tesis doctoral. Buenos Aires: FFyL – Universidad de Buenos Aires.
Zinny, A. (1883). Historia de la prensa periódica de la República Oriental del Uruguay, 1807-1852. Buenos Aires: Imprenta y Librería de Mayo.
Fuentes
Prensa periódica citada (repositorio: “Anáforas: primeros impresos periódicos”, https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/24
El Pampero (1823), Montevideo, Imprenta de Torres.
El Recopilador (1831-1832), Montevideo, Imprenta de la Libertad.
La Diablada, O el robo de la bolsa (1832), Montevideo, Imprenta de la Libertad.
La Matraca (1832), Montevideo, Imprenta de la Independencia.