periódicos sanjuaninos en el juego de la política provincial (San juan, 1828-1829)
FABIANA ALICIA PUEBLA
Instituto de Historia Regional y Argentina “Héctor Domingo Arias”
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
San Juan
Argentina
https://orcid.org/0009-0001-0038-082X
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 18, N° 36, pp. 12-41
Julio – Diciembre de 2025
ISSN 1853-7723
ARK CAICYT
https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s18537723/zfmrzuu2s
Fecha de recepción: 07/11/2025 - Fecha de aceptación: 02/03/2026
Resumen
La revolución decembrista y el fusilamiento de Manuel Dorrego fueron hechos que reabrieron las disputas por la organización del Estado imponiendo a las provincias reposicionamientos frente a lo ocurrido en Navarro. En la provincia de San Juan, estas discusiones se plantearon en el seno de la dirigencia local y fueron debatidas en los periódicos, considerados herramientas efectivas de mediación cultural y política. Las argumentaciones esgrimidas revelaron disputas respecto a la guerra y a la organización nacional pretendida. En el interés por examinar el protagonismo de la prensa como instrumento para instalar representaciones sobre el ejercicio del poder y orientar la opinión pública hacia sus intereses partidarios, este trabajo propone explorar los vínculos entablados entre prensa y poder político provincial en la coyuntura específica planteada tras el levantamiento unitario de 1828.
Palabras Clave
Periódicos – Política – San Juan – Siglo XIX.
San Juan newspapers papers in the game of provincial politics (San Juan, 1828-1829)
Abstract
The decembrist revolution and the execution of Manuel Dorrego reopened the disputes over the organization of the state forcing the provinces to reposition themselves in the face of the events in Navarro. In the province of San Juan, these discussions occurred within the local leadership and were debated in the newspapers, considered effective tools of cultural and political mediation. The arguments presented revealed disputes regarding the war, and the desired national organization. In the interest of examining the role of the press as an instrument that establishes representations about the exercise of power, and guides public opinion, this work aims to explore the links established between the press and provincial political power in the specific context born after the unitarian uprising of 1828.
Keywords
Periodic papers – Politics – San Juan – XIX Century.
Periódicos sanjuaninos en el juego de la política provincial (San Juan, 1828-1829)
La prensa decimonónica y su protagonismo en el espacio público hispanoamericano ha sido tema de numerosos estudios que han revelado su importancia como dispositivo cultural y actor social (Alonso, 2004; Molina, 2009; Morán, 2012; Guerra y Lempérière, 2013; Pasino y Herrero, 2019). Desde esta perspectiva, diversos trabajos se ocuparon de analizar la compleja relación entre poder político y prensa periódica (García Garino, 2018; Rojkind, 2019; Molina, 2021), pensando a la prensa como trasmisora de pautas culturales que sirvieron al mantenimiento del orden vigente (Chartier, 1992; Acree, 2011; Pas, 2018); y como espacio de confrontación pública que daba lugar a la crítica y la promoción de cambios en el sistema político-social (Guerra, 2002; Herrero, 2016; Sabato, 2021).
A diferencia del desarrollo de las publicaciones bonaerenses, en las demás provincias los inicios de la prensa se dieron a partir de la década de 1820 (Ayrolo, 2005; García, Malberti y Gnecco, 2015; Greco, 2018; Picco, 2018; Nanni, 2019)[1]. En San Juan, la imprenta fue adquirida por gestión de Salvador María Del Carril e inmediatamente aparecieron los primeros periódicos locales. Si bien fueron publicaciones efímeras e inestables, sujetas a condicionamientos políticos y económicos (Rueda y Puebla, 2023) estos impresos intervinieron activamente en la vida pública sanjuanina.
Surgidos de un círculo letrado de estrechos vínculos con el poder, estos periódicos se ocuparon de difundir ideas, debatir posiciones, legitimar proyectos y configurar identidades. Respondían a intereses partidarios definidos, aunque no siempre explicitados, poniendo a disposición del público la posibilidad de participar en la dinámica de la política provincial. A partir del abordaje de artículos aparecidos en los periódicos El Solitario, El Republicano y La Fragua Republicana (1829) -en cotejo con documentos de archivo-, este trabajo propone analizar la participación de la prensa en la coyuntura planteada por el levantamiento unitario de diciembre de 1828.
La figura de Manuel Dorrego, así como la revolución decembrista y sus consecuencias, han sido profusamente estudiadas en trabajos que, sin embargo, no avanzaron sobre su impacto en los distintos espacios provinciales (Fradkin, 2012; Ruiz Moreno, 2012; Di Meglio, 2014; Messina, 2013; Herrero, 2016). La historiografía local tampoco se ha detenido en esta problemática, si bien varias investigaciones se han ocupado de esos difíciles tiempos en la región (Bransboin, 2015; Bragoni, 2004; Tejerina, 2022; Genini, 2025). La provincia de San Juan, alejada del epicentro del conflicto, se vio afectada por estos hechos que impusieron la necesidad de tomar decisiones que implicaban definiciones políticas a largo plazo y que dividieron a los sectores dirigentes. En este marco, la prensa constituyó un importante espacio de disputa del poder local.
Este trabajo aborda el análisis de los periódicos sanjuaninos como ámbito de discusión de los intereses políticos de las facciones[2] operantes en San Juan a fines de 1828. Se parte de la premisa de que la prensa no sólo fue partícipe activo del juego político local, sino que contribuyó a poner en circulación representaciones respecto al ejercicio del poder. A fin de comprobar este planteo, desde una apretada síntesis del contexto histórico local, se reseñan los inicios de la prensa en la provincia como dispositivo que, por una parte, sirvió a la dirigencia sanjuanina para legitimar su autoridad y, por otra, fue espacio de cuestionamiento de las acciones de gobierno. Por último, se ahonda en la participación de estos impresos en el debate público suscitado en ocasión de la revolución decembrista.
Analizar los periódicos de una provincia periférica como San Juan, en las postrimerías de la década de 1820, permite examinar cómo se dirimieron dentro de los espacios provinciales las tensiones y disputas sobre la organización de la República. Con ello, se espera aportar al estudio del rol de la prensa como protagonista de estos procesos, pudiendo comprender mejor las representaciones circulantes en torno a la proyectada organización política del Estado.
El contexto: San Juan en la década de 1820
El 9 de enero de 1820, la rebelión del Batallón N° 1 de Cazadores de los Andes, provocó la separación de hecho de San Juan respecto a la Gobernación de Cuyo. Poco después se proclamó la soberanía provincial, iniciando con ello un complejo proceso de institucionalización[3].
La gestión de Salvador María Del Carril [1823-1825] marcó un período de estabilidad durante el cual se encaró un amplio plan de reformas en sintonía con el proyecto de Bernardino Rivadavia en Buenos Aires[4]. Si bien la oposición a esa política reformista provocó que el gobierno de Del Carril fuera depuesto por un motín el 26 de julio de 1825[5], tanto esa administración como la de los gobiernos que le siguieron[6] mantuvieron alineada la provincia al Congreso Nacional[7] hasta enero de 1827, cuando las fuerzas de Facundo Quiroga invadieron San Juan.
Ante ese hecho, las autoridades sanjuaninas huyeron a Mendoza y, “bajo la ocupación del adversario y sin resistencia del caudillo riojano” (Videla, 1972, III, p. 693), una asamblea de vecinos eligió como nuevo gobernador al federal Manuel Gregorio Quiroga Carril. Con este cambio de signo político la provincia desconoció la autoridad del presidente Rivadavia y se retiraron los diputados del Congreso[8]. La Legislatura sanjuanina delegó en el gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, el manejo de las relaciones exteriores[9]; impuso contribuciones forzosas y el reclutamiento de hombres armados para la lucha contra Brasil[10], y eligió al presbítero José de Oro[11] para asistir a la Convención en Santa Fe. Por otra parte, con intención de lograr una unión confederal con el resto de las provincias, se firmó con Mendoza y San Luis el Tratado de Huanacache (San Martino de Dromi, 1994, pp.1483-1485), por el cual las provincias signatarias se comprometían a colaborar en la continuación de la guerra con Brasil y a mediar entre las provincias involucradas en la guerra civil[12].
Quiroga Carril permaneció en el gobierno hasta octubre de 1828, cuando su renuncia fue aceptada por la Legislatura, que nombró a Timoteo Maradona para cumplir el mandato hasta abril de 1829. En esa fecha fue designado gobernador propietario José María Echegaray Toranzo, también de extracción federal, a quien se le otorgaron facultades extraordinarias[13]. Fue durante el interinato de Timoteo Maradona que arribaron a San Juan las noticias de la revolución decembrista y de la muerte de Dorrego en manos de Juan G. Lavalle. La gravedad de la situación alarmó a la dirigencia sanjuanina, y el tema comenzó a tratarse en la Legislatura en el mismo diciembre de 1828. Pero antes de abordar este debate, cabe adentrarse brevemente en la calidad de los vínculos entablados hasta entonces entre la prensa periódica y el poder público local.
Prensa periódica y Estado provincial
En San Juan, las primeras publicaciones periódicas aparecieron en el contexto del proceso de institucionalización de la década de 1820. Tras proclamar su soberanía el 1 de marzo, se designó en asamblea de vecinos al titular del Ejecutivo[14]. Al año siguiente se formó la Comisión Representativa del Pueblo, luego Sala de Representantes[15]. Poco más tarde, una ley electoral habilitó a votar a todo hombre libre mayor de 21 años[16] y se organizó la Suprema Cámara de Justicia provincial[17]. En ese marco se adquirió la primera imprenta[18], que fue durante muchos años la única con la que contó San Juan. Esto condicionó las publicaciones periódicas locales, todas emanadas de ese taller tipográfico, que se caracterizaron por su precariedad y efímera duración[19].
El primero de estos impresos fue El Defensor de la Carta de Mayo, periódico oficialista, aparecido en el marco de la polémica suscitada por la libertad de cultos establecida en la Carta de Mayo. En el afán de lograr adhesiones en ese “asunto demasiado ruidoso”[20], el Gobernador Salvador María Del Carril recurrió a la prensa como instrumento pedagógico-político, poniendo a los ciudadanos en la posición de apoyar la iniciativa gubernamental o de cuestionar y oponerse (Verdo, 2018)[21]. Así, al tiempo que se producía el debate legislativo, éste se replicaba en la prensa[22] y aparecían también las manifestaciones públicas a favor y en contra de su aprobación[23]. La discusión provocó divisiones internas y, si bien el documento fue sancionado por la Legislatura sanjuanina[24], un motín popular depuso al gobernador pocos días después.
Desde 1825 se publicaron sucesivamente periódicos como El Amigo del Orden 1° serie 2° y 2° serie, El Repetidor y El Ingenuo Sanjuanino. Debido la precariedad económica y la conflictividad política atravesada por la provincia, durante el año 1828 no se editó ningún órgano periodístico hasta que, a comienzos de 1829 apareció El Solitario, seguido poco después por El Republicano y La Fragua Republicana. Todos ellos fueron impresos de pocas páginas, de aparición irregular, cuyos editores eran personajes de gran trayectoria pública: el ministro de Salvador María Del Carril, Rudecindo Rojo; el congresista Francisco Laprida; el director de la oficina topográfica Víctor Barreau; los miembros de la Sala de Representantes Tomás y Santiago Albarracín, Gerónimo de la Rosa y José Bustamante; y el ministro de Echegaray Toranzo, Francisco Bustos.[25]
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Periódico |
Redactores/ Editores[26] |
Fecha/ cantidad de n° |
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El Defensor de la Carta de Mayo |
Salvador María Del Carril, José Rudecindo Rojo |
29/6/1825- 14/7/1825 (2 n°) |
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El Amigo del Orden. 1° serie |
Francisco Laprida y Rudecindo Rojo |
18/12/1825-3/3/1826 (7 n°) |
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El Ingenuo Sanjuanino |
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27/10/1826-5/12/1826 (3 n°) |
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El Repetidor |
Víctor Barreau |
26/10/1826 – 5/1/1827 (6 n°) |
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El Amigo del Orden. 2° serie |
Rudecindo Rojo y Víctor Barreau |
¿?/5/1827-31/10/1827 (7 n°) |
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El Solitario |
Rudecindo Rojo |
4/2/1829 -7/4/1829 (8 n°) |
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El Republicano |
Tomás y Santiago Albarracín, Gerónimo de la Rosa, José Bustamante |
20/3/1829 - 8/4/1829 (4 n°) |
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La Fragua Republicana |
Francisco Bustos |
30/7/1829 - 9/10/1829 (4 n°) |
TABLA 1: Periódicos sanjuaninos (1825-1829) – Elaboración propia
Con excepción de La Fragua [de extracción federal], en ellos se promocionaban las políticas rivadavianas y la acción del Congreso Constituyente, manifestando el propósito de “estimular a los hombres de luces de nuestra Provincia a que llenen su deber, ilustrando a los hombres y difundiendo los buenos principios por medio de la imprenta”[27]. El interés por inculcar en la población valores y actitudes tendientes a construir un orden político basado en principios liberales[28] y racionalistas, iba asociado al convencimiento de los sectores letrados de ser los únicos capacitados para orientar a la opinión pública al cumplimiento de las normas y deberes establecidos (Molina, 2009)[29]. Por otra parte, atendiendo al signo político al que en su mayoría adherían, cabe notar que esa instrucción buscaba inculcar nociones afines al unitarismo en cuanto proyecto de organización política[30]. Consideraban que la condición de precariedad y estancamiento general atravesado era producto de la disolución a la que había llevado la lucha de facciones y que ésta sólo podía superarse poniendo en vigor la Constitución de 1826[31].
Un punto importante a destacar es que estos primeros periódicos locales no debieron competir con otros ya que, en general, solo se editó un órgano periodístico por vez[32]. Ofrecieron sus páginas a la publicación de documentos oficiales, aunque no siempre acordaron con el gobierno de turno ya que, a pesar de manifestarse “libre de las afecciones de partido”[33], estaban lejos de ser objetivos. Mayoritariamente, adherían al liberalismo racionalista y al unitarismo en materia de organización nacional, por considerar que el problema radicaba en la existencia de facciones tumultuosas “donde todos quieren mandar y ninguno obedecer”[34].
Reflexionar sobre el poder constituido era tema recurrente de estos impresos que se ocuparon de aspectos relativos a las atribuciones de las funciones públicas y las responsabilidades asumidas por gobernantes y gobernados. El funcionamiento de la Sala de Representantes y el desempeño de los legisladores fueron centro de muchas de las críticas emitidas. Se los acusaba de no cumplir con sus deberes al no asistir a las sesiones y de entorpecer el funcionamiento del sistema republicano por “atender más sus asuntos particulares que los de la Patria”[35]. La renuncia o la inasistencia fueron las estrategias más utilizadas por los diputados para dilatar decisiones conflictivas[36] u obstaculizar gestiones que no contaban con acuerdos mayoritarios. En coincidencia con momentos de crisis, los periódicos señalaban a los legisladores por mirar con indiferencia los intereses del pueblo, olvidar las leyes, contestar con el silencio a las reclamaciones públicas y dejarse llevar por el temor o la manipulación en función de su propio beneficio, sin tener “la noble valentía de ocupar sus puestos, y pronunciarse en ellos conforme a sus sentimientos”[37].
Brindaron también encendidas opiniones respecto a las posiciones asumidas por los representantes locales en la Legislatura o el Congreso. Tal fue el caso de la renuncia de Francisco Laprida como diputado al Congreso Constituyente -que no fue aceptada por la Legislatura-, lo cual planteó la cuestión de si era justo obligar a un ciudadano a desempeñar un rol que no deseaba, pero que sin embargo era su deber ocupar[38]. Más adelante, Laprida fue nuevamente protagonista de estas reflexiones debido a su voto en favor de la forma unitaria de gobierno a pesar de que la Legislatura se había pronunciado por la federación[39]. En este caso, justificaron la actuación de Laprida al entender que había obrado según su conciencia en pos del bien común, y que esto era mejor que actuar de acuerdo al mandato recibido cuando éste no era lo más apropiado para el pueblo representado. De esta forma, deseando “que todos los que componen un cuerpo legislativo tengan iguales luces sobre la buena y la verdadera política”[40], argumentaban según lo conveniente a la posición partidaria defendida desde sus páginas.
Otro punto que ocupaba la atención eran los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Además de los llamamientos a cumplir con deberes militares relativos al sostén de las autoridades provinciales frente a disturbios internos[41] o a la defensa de la provincia ante amenazas externas[42], los periódicos reflexionaron acerca de la soberanía popular y el sistema electoral. La ley electoral de 1823, reformada en 1824, aseguraba que podía votar todo “hombre libre, natural o avecinado en la provincia mayor de 21 años” exceptuando los procesados por crimen, asalariados y los que no poseían propiedad u oficio lucrativo[43]. Mientras El Solitario y El Republicano argumentaron a favor del voto restringido[44], el periódico federal La Fragua Republicana defendió la idea de un sufragio donde estuviera incluido “El pobre y el opulento, el ilustrado y el que no lo es”[45].
Además de esta discusión, la preocupación principal estaba en la baja participación de los sanjuaninos en los actos eleccionarios[46], producto del temor o el desconocimiento. El tema ocupó varios editoriales donde se advertían las consecuencias que esto podía traer[47], al convertirse en “puro fantasma la soberanía del pueblo”[48]. La convocatoria para que los habilitados a votar se involucraran se fundaba en la necesidad de legitimar las acciones de los gobiernos de turno. La observancia de las leyes, el amor al orden, el respeto a las autoridades y el bien público por encima de intereses particulares, eran los valores promocionados para estimular la participación en las urnas y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus tareas.
El desempeño de los titulares del Ejecutivo provincial fue también evaluado por la prensa local, segura de que “el pueblo lee, juzga, y forma su opinión o conciencia. Cuando se convencen de los males de una administración, votan por la lista de los antagonistas”[49]. Los periódicos se ocuparon de calificar de “noble”, “recta”, “esmerada”, “justa” e “ilustrada”; o bien de “indiferente”, “despótica”, “ineficaz”, “débil” y “arbitraria” la actuación de los diferentes gobiernos. En particular, se criticó la decisión de otorgar a los gobernadores facultades extraordinarias[50], entendiendo que esto constituía un “exceso de arbitrariedad, un atentado contra las garantías públicas e individuales, y un ataque contra los principios y formas establecidos y declarados por la voluntad general”[51].
Frente a estas situaciones, la prensa se presentaba como el medio más eficaz para contener los abusos “pues solo por este resorte los clamores del oprimido se hacen oír en todas las clases de la sociedad”[52]. De esta forma, teniendo en cuenta que servían a los propósitos partidarios de sus redactores, los periódicos jugaban “un rol crítico, como mecanismo de control del desempeño de quienes se encontraban a la cabeza de la administración del Estado” (Rueda, 2019, p. 51).
Definiciones políticas: tensiones y disputas por el poder local
El levantamiento unitario y el fusilamiento de Dorrego en diciembre de 1828, fueron hechos que, por su gravedad y significación, abrieron un nuevo capítulo en el desarrollo de la guerra civil. En San Juan, la toma del poder por parte de Lavalle generó fuertes tensiones dentro de la élite dirigente.
En diciembre de 1828, durante el gobierno interino del federal Timoteo Maradona, arribaron a San Juan las primeras noticias. Una nota firmada por Juan Bautista Bustos daba cuenta del “anárquico acontecimiento del 1 del corriente presidido por el Gral. Lavalle”, que ha despojado a “Manuel Dorrego no solamente del gobierno de Buenos Aires, sino también de las atribuciones del gobierno Nacional con que lo habían investido las Provincias correspondiendo fielmente a la confianza de ellas”[53]. Llegaron también copias de cartas intercambiadas entre Juan Manuel de Rosas, Estanislao López y Juan Bautista Bustos[54] que describían la situación de desorden existente en Buenos Aires, la prisión de Dorrego y el arribo de Rosas a Santa Fe. Poco más tarde, otra nota solicitaba la adhesión de la provincia para “robustecer la causa de la libertad” y enfrentar a la “facción que en Buenos Aires se ha hecho dueña de la suerte de aquel pueblo”[55].
Estas comunicaciones sobre “el cambio de administración de la Provincia de Buenos Aires y la desgraciada suerte que ha tenido el gobernador Manuel Dorrego” [56], fueron presentadas ante la Legislatura que encomendó el tema a la Comisión de Hacienda y Guerra. Esta Comisión se expidió a favor de aceptar las invitaciones de “cooperación y firme unión para salvar a la Nación”[57] y de accionar contra Lavalle y sus partidarios. Este dictamen abrió el debate en la Sala sobre la conveniencia de aceptar o no la convocatoria de Córdoba y Santa Fe para reunir milicias y socorrer al gobierno federal porteño. En esa sesión, a la que asistieron 11 de los 22 diputados, se presentaron los argumentos esgrimidos por ambas posturas. Mientras los diputados federales planteaban que la provincia debía cumplir con las obligaciones impuestas por los tratados que la ligaban al resto, otros consideraban que no era conveniente involucrarse en el conflicto. Para ellos, era necesario ser prudentes, ver cómo se desarrollaban los hechos y sondear la posición de otras provincias. Proponían duplicar la representación antes de tomar una decisión definitiva y arbitrar los medios para evitar una guerra que el pueblo no deseaba ni estaba en condiciones de enfrentar.
En el debate la generalidad de la Sala adhirió a la postura federal y, tras la votación, se resolvió que:
La Provincia de San Juan a consecuencia de las comunicaciones de los Gobiernos de Córdoba y Santa Fe cooperaría con auxilios en unión a las demás provincias con arreglo a lo que se disponga por la mayoría de ellas en reparo de los males acaecidos en la Provincia de Buenos Aires.[58]
La decisión tomada ponía a San Juan ante una definición de gravitacional importancia. Su adhesión a la convocatoria de Bustos y López mantenía la alineación política de la provincia a la hegemonía de Facundo Quiroga y la enfrentaba a la administración unitaria triunfante en Buenos Aires, involucrándola en el esfuerzo e incertidumbre de la guerra. Lejos de cerrarse la discusión con esta decisión, la prensa se ocupó de llevarla al dominio público brindando a sus lectores la posibilidad de juzgar la actuación de la Legislatura.
El tema fue abordado en el periódico El Solitario que, bajo el sugerente título de “IMPRUDENCIA FUNESTA”, expuso el documento sancionado por la Sala de Representantes donde se declaraba la guerra a Buenos Aires y se anunciaba que se auxiliaría a los gobernadores federales para enfrentarse a Lavalle. En el extenso artículo, explicitaba no estar de acuerdo con participar en los asuntos “domésticos” de la provincia de Buenos Aires porque con ello se ponía en riesgo el honor, los intereses y la seguridad de los sanjuaninos. Resulta interesante analizar los argumentos esgrimidos en favor de esta postura y sus implicancias políticas. En primer término, el periódico argüía que San Juan no debía participar en el conflicto ya que no se podía afirmar que la revolución decembrista y el alejamiento de Dorrego del poder fueran males que traerían perjuicios al resto. Decía El Solitario:
Este suceso podrá ser malo o bueno en sí: y con relación a la República Argentina y sus ciudadanos, será malo para algunos y bueno para otros; pero ¿quién es el juez competente para clasificarlo? ¿Qué derecho tienen los gobernadores de unas provincias para clasificar de males los movimientos del orden social interior de otras, y mezclarse e arreglarlos a su gusto por medio de la armas, o de otro cualquiera modo?[59]
A pesar de que en su 1° número el periódico había manifestado no pertenecer “a ninguno de los partidos de personas en que desgraciadamente se hallan divididos nuestros conciudadanos”[60], se tomaba una posición clara respecto a los hechos al poner en duda las consecuencias negativas que estos pudieran tener. Una postura similar fue asumida por El Republicano que se explayó en los beneficios que se hubieran logrado de no ser por “la alarma general que desde 1826 hasta hoy se ha hecho aparecer”[61]. Por el contrario, La Fragua Republicana acusó abiertamente a los unitarios que “siempre derrotados y conspirando hacen sufrir a su país los males de la reacción”[62].
Fue el periódico El Solitario el que más argumentó contra la unión de San Juan a las provincias federales. Planteaba que intervenir contra una provincia soberana y libre era un acto contrario al derecho público, y que encerraba el peligro de habilitar a que se hiciera lo mismo contra San Juan al imponerse el derecho del más fuerte. Aducía, además, la falta de recursos para involucrarse en una “guerra propia de bandidos” y acusaba de imprudentes a los Representantes por tomar decisiones sin analizar las consecuencias que esto traería. Según el impreso, al ser los insumos provinciales insuficientes para apoyar la guerra, se provocaría un doble perjuicio ya que quedarían en falta con los gobernadores de Córdoba y Santa Fe -que contarían con una ayuda que nunca llegaría-, y con la provincia de Buenos Aires a la que le declararían una guerra de la que ni siquiera podrían participar. Finalmente, consideraba ilegal una decisión tomada en una reunión que contaba con menos de la mayoría de votos de los Representantes a favor[63].
En los números sucesivos se continuó con el tema, poniendo en conocimiento del público lo que se discutía dentro del recinto. El Solitario reprodujo el debate legislativo con mayor detalle del que figuraba en las actas de sesiones[64], lo cual daba cuenta del acceso a la información de su editor[65]. Esto se refuerza con la mención de un argumento que no se desarrolla en el acta, pero que sí estaba presente en las cartas, referido a que la revolución se había realizado con el Ejército Nacional contra el titular de las relaciones exteriores, lo cual era un agravio para todas las provincias y no sólo para Buenos Aires. En torno a ello, el periódico interponía que se trataba de un movimiento -no una insurrección- para cambiar la administración interna de una provincia soberana y que, por tanto, no involucraba al resto. Curiosamente, se apelaba al principio federal de respeto por las soberanías provinciales para justificar la no intervención, reprochando el hecho de que no se había actuado de igual manera en 1820 cuando la “administración legítimamente constituida fue derrocada por algunos jefes del ejército de la Nación, y sin embargo jamás se manifestaron las provincias con deseo de vengar tamaña injuria con las armas”[66].
Por otra parte, en relación a los pactos que ligaban entre sí a los Estados provinciales, consideraban que no justificaban la intervención ya que se referían a enemigos externos y no a las mismas provincias, que sólo podían participar como mediadoras, para facilitar las negociaciones entre los bandos y evitar una guerra fratricida que solo servía para retrasar la organización de la República. Se oponían en este sentido a los líderes federales, que consideraban que estos pactos comprometían a las partes a pronunciarse contra un atentado a una autoridad facultada por las propias provincias para el manejo de las relaciones exteriores.
La pasión discursiva de El Solitario en defensa de la no intervención permite resaltar algunas cuestiones. El esfuerzo realizado para refutar las decisiones del grupo federal que lideraba la Legislatura, mostraba el interés del grupo ministerial[67] -desplazado del poder en 1827- por captar a la opinión pública. Se pretendía involucrar a la sociedad en el debate con el fin de volcarla a favor de una reversión de la resolución de la Legislatura, invitando a la reflexión sobre las consecuencias negativas que tendría la guerra para la provincia. Este último punto había sido el eje de una nota enviada por el Gobernador Timoteo Maradona a la Sala de Representantes el 6 de febrero de 1829[68]. En ella, manifestaba sus reparos frente a la decisión tomada y pedía su reconsideración. Entre las razones expuestas estaba la falta de recursos materiales y humanos, así como el silencio de las otras provincias. A esto sumaba el perjuicio que ocasionaría en el orden público: “debe temerse que la acción del gobierno sea cruzada, y que cualquiera exacción que se pretenda exigir del ciudadano, sirva de pretexto a la turbación del orden y reposo público”[69]. Ese temor se fundaba por un lado en la situación de precariedad económica de la provincia y, por el otro, en la fragilidad del poder que detentaba, no solo por su provisionalidad, sino porque dependía del sostén social que le otorgaba legitimidad. Esta posición cautelosa del Ejecutivo fue catalogada de sabia y prudente por El Solitario y El Republicano, que señalaban a la opinión pública como contraria a la guerra, cuestionando con ello la acción de los legisladores que debían obrar según el parecer de la mayoría y no según su propio interés. Así, El Solitario se preguntaba: “¿Dónde están los soldados, las armas, municiones, dinero, y todo cuanto es necesario para sostener una guerra contra un enemigo poderoso? Y la fuerza moral de la opinión, sin cuyo auxilio nada se puede, ¿dónde está?”[70].
A pesar del pedido de reconsideración del Gobernador, la Sala de Representantes sostuvo la resolución tomada. Ante ello, los periódicos no dudaron en cuestionar duramente la presentación a favor de la guerra realizada por el diputado Pedro Deza, a quien catalogaron como “Representante natural de la república del Sr. gobernador Bustos”[71]. No era ésta la primera acusación que se hacía respecto a que los legisladores respondían a intereses ajenos a la provincia. Así lo manifestaba El Solitario: “Deseamos que tanto nuestras autoridades como todos nuestros conciudadanos no se dejen conducir por consejos de hombres de otra Provincia que quiere mejorar su posición a costa de empeorar la nuestra”[72]. Con ello, se repudiaba la alineación de San Juan a los intereses de Bustos y Quiroga, propiciando la posibilidad de un cambio en el rumbo del poder local.
Al producirse en abril la renovación de autoridades, con la elección como gobernador propietario de José María Echegaray Toranzo, el discurso de la prensa cambió significativamente. El Republicano denunció con vehemencia la irregularidad de la elección realizada en sesión “secreta” de la Legislatura, a pesar de contar con la presencia en la calle de numerosos vecinos destacados[73]. Con el advenimiento de Echegaray desaparecieron del espacio público estos impresos para dar lugar al primer periódico decididamente federal de la provincia: La Fragua Republicana, que se explayaba en exponer los males que Lavalle, “genio anarquizador”, había traído a la República con la “incursión tártara que se ha hecho sobre algunas provincias”[74].
La colaboración militar de San Juan a la causa federal se hizo efectiva ante el avance del Gral. José María Paz sobre Córdoba. Facundo Quiroga convocó a las tropas de los gobiernos cuyanos, pero las milicias sanjuaninas se sublevaron el 2 de junio de 1829 en Las Quijadas, negándose a concurrir a la guerra y retornando a San Juan. Como consecuencia de este movimiento, el contingente sanjuanino no llegó a reforzar el ejército de Quiroga que fue vencido por Paz en La Tablada. De regreso en la ciudad la tropa sublevada, “en entendimiento con el elemento unitario de la ciudad” (Videla, 1972, p. 731), depuso al gobernador. Poco después, los sublevados fueron derrotados por los federales liderados por José Félix de Aldao en los combates de Tafín y Niquivil. Echegaray fue repuesto en el cargo, los jefes rebeldes fueron pasados por las armas y muchos de los comprometidos en el movimiento debieron exiliarse.
La rebelión de Las Quijadas mostró que la situación expuesta en los periódicos no estaba muy alejada de la realidad. De acuerdo con Héctor Arias y Carmen Peñaloza de Varese (1966), el movimiento no tuvo al inicio tinte político, pero capitalizó el descontento de la tropa por tener que involucrarse en un conflicto que sentía ajeno (p. 183); esto fue aprovechado por los opositores para generar cambios en el poder provincial. Fue por ello que la prédica del periódico La Fragua Republicana -aparecido con la reposición de Echegaray en el gobierno- se enmarcó en el propósito de reorientar la opinión pública en favor de la causa federal.
Como se ve, estos impresos pretendieron instalar en la agenda pública diferentes propuestas de organización política, al tiempo que cuestionaban los modos de ejercer el poder de sus opositores. La actuación de la Sala de Representantes fue el centro de las críticas, ante la necesidad de captar el consenso público para la causa defendida. Mientras El Solitario y El Republicano se esforzaban por mostrar los males que había traído la caída del Congreso y la necesidad de restaurar la vigencia de la Constitución de 1826[75], La Fragua Republicana acusaba abiertamente al unitarismo de ser ciego ante la voluntad de la mayoría y de ser quien con sus conspiraciones impedía una y otra vez la organización de la República[76]. Tanto para unos como para otros el precio a pagar eran el desorden, la guerra y la anarquía que impedían el progreso de la provincia y del país.
Resulta significativo tener en cuenta que las derrotas de Quiroga en La Tablada y Oncativo cambiaron el panorama político y, en abril de 1830, se eligió gobernador al unitario Juan Aguilar. Como consecuencia de esto, San Juan adhirió a la Liga Unitaria, delegando en el Gral. Paz el mando supremo de las provincias signatarias en los asuntos de paz y guerra. Nuevamente la provincia cambiaba de signo político y, con ello, definía su rol en los hechos venideros.
Algunas conclusiones
En un marco de gran inestabilidad y fluctuación política que caracterizaron a la década de 1820, la conformación del espacio público provincial se fue desarrollando en función de los vaivenes del período. En este sentido, la contribución de la prensa periódica -estrechamente ligada al ejercicio del poder- fue muy significativa. A partir de la adquisición de la imprenta se editaron periódicos que dieron lugar a la publicación de actos de gobierno y comentarios editoriales de marcado tinte político. Estos impresos permitieron la difusión de ideas y pareceres, puestos a disposición del público con el propósito de abrir la discusión y poner en circulación nuevas representaciones respecto al ejercicio del poder.
En particular, se abordaron aquí los debates generados en la coyuntura abierta tras el asesinato de Dorrego. En el contexto local, la revolución decembrista generó el problema de definir la posición de la provincia frente a los requerimientos de los líderes federales que ejercían su hegemonía en la región. La disyuntiva se planteó en términos del cumplimiento o no de los compromisos asumidos por pactos previos, sin exponer abiertamente una definición partidaria ni aludir demasiado al temor ante posibles represalias. A favor o en contra de tomar acciones concretas, un argumento fuerte fue el del nivel de representatividad de la autoridad de Dorrego. Según se lo considerara como Gobernador de Buenos Aires o depositario del manejo de las relaciones exteriores cambiaba la evaluación que se hacía de los hechos: un “cambio de administración” en el interior de un Estado soberano o una “insurrección” armada contra una autoridad nacional.
Sin condenar ni avalar expresamente la acción de Lavalle, el sector local opositor al federalismo buscó dilatar una definición y evitar que San Juan se involucrara en el conflicto. Las razones esgrimidas giraron más en torno a la imposibilidad económica de afrontar los gastos de guerra, que en sopesar las consecuencias políticas que esta decisión encerraba. Detrás de estas argumentaciones, se dirimía el futuro rumbo que la provincia adoptaría en el conflicto: el mantenimiento de la alineación a la política federal -leal a Juan B. Bustos y Facundo Quiroga-, o abrir la posibilidad para que los sectores liberales -desplazados en 1827- pudieran recuperar el control de la administración local.
La fractura entre las facciones se manifestó en el seno del poder público con una mayoría de la Sala de Representantes que respondía al federalismo; mientras que el Ejecutivo, aun siendo referente del mismo grupo, optó por asumir una posición más prudente que recogió el reclamo de la facción opuesta. A lo largo de varios meses, la discusión se mantuvo vigente en los periódicos mucho más que en la propia Legislatura. Mediante las posturas asumidas y los argumentos explicitados, puede observarse cómo las disputas por la organización del Estado produjeron alineamientos políticos en los miembros de la élite provincial a fin de asegurar su acceso o permanencia en el poder. Si bien no es posible medir cuál fue la incidencia efectiva de la prédica de la prensa en esta coyuntura, la sublevación de Las Quijadas y la aparición de un periódico combativo como La Fragua Republicana dan muestra de la trascendencia que estas discusiones tuvieron en el seno de la sociedad sanjuanina.
Pensar la prensa como dispositivo que podía servir al mantenimiento del orden local, pero que también podía desestabilizar el equilibrio interno en función de sus intereses partidarios, permite situarla como protagonista activo del juego político provincial. En sus discursos acerca de lo deseable en el ejercicio del poder, contribuyó a difundir ideas vinculadas a proyectos de unión nacional y a la independencia de los poderes públicos. La participación ciudadana, las bases de la soberanía popular, la indiferencia cívica, las virtudes que los ciudadanos debían reunir y las responsabilidades a cumplir, fueron preocupaciones expresadas en los periódicos que contribuyeron a instalar representaciones acerca del ‘deber ser’ de la vida pública de la proyectada República. Desde esta óptica, la prensa sanjuanina nacida en el contexto de institucionalización provincial de la década de 1820 constituyó un dispositivo que ofreció publicidad a los actos de gobierno, fue un medio de obtener consenso y, también, de ejercer control sobre la incipiente opinión pública considerada como tribunal capaz de juzgar la marcha del Estado.
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[1] Fuera de Buenos Aires, las primeras provincias en tener periódicos fueron Tucumán en 1817 (Nanni, 2019), Entre Ríos en 1821 (Picco, 2018), Mendoza en 1820 (Greco, 2018) y Córdoba en 1823 (Ayrolo, 2005).
[2] En el marco de la dinámica política del siglo XIX, la voz ‘facción’ tenía una fuerte connotación negativa, al concebirla como generadora de conflictos y amenaza del orden vigente. De allí que fuera usada por los grupos en pugna para descalificar la acción del adversario (Souto, 2009; Zubizarreta, 2011).
[3] Sobre los procesos de institucionalización provinciales son significativos los aportes de Alejandro Agüero (2022, 2019) y Geneviève Verdo (2025, 2018).
[4] Entre ellas la promoción agrícola y minera, la introducción del sistema lancasteriano de enseñanza, el reglamento de policía, la reforma eclesiástica, la creación del Registro Oficial y la sanción de la Carta de Mayo, declaración de derechos que consagraba los principios de libertad individual, seguridad personal, soberanía popular, igualdad ante la ley y libertad de cultos (Méndez Barozzi, 2024; Puebla, 2025).
[5] El detonante fue la oposición a la libertad de cultos (Méndez Barozzi, 2024).
[6] Gobiernos de José Navarro (12/9/1825 al 12/3/ 1826) y José Antonio Sánchez (12/3/1826 al 17/1/1827).
[7] Fueron diputados por San Juan Francisco Laprida y Bonifacio Vera. Al doblarse la representación, fueron elegidos Salvador María Del Carril y Gerónimo de la Rosa. Debido al fallecimiento de Vera y al nombramiento de Del Carril como Ministro de Hacienda de Rivadavia, se designó en reemplazo a Domingo de Oro y Javier Godoy, que no llegaron a incorporarse a las reuniones.
[8] Ley del 6/4/1827, Archivo General de la Provincia-Fondo Histórico [en adelante AGP- FH] L. 105, f. 252-254. En mayo de 1827, San Juan suscribió a una liga conjunta con Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Salta y La Rioja en rechazo de la Constitución y a las “Autoridades nominadas nacionales” (Ravignani, 1937, VI, 2° pate, p. 167) comprometiéndose a la defensa mutua en caso de agresión por partes de éstas.
[9] Decreto del 20/10/1827. AGP-FH. L. 105, f. 196
[10] Acta del 20/10/1827 Centro de Conservación Documental de la Cámara de Diputados de San Juan [en adelante CCD-SJ]., L. 3, f. 151-152.
[11] Sesión del 18/4/1828. CCD-SJ, L. 3, f.163-167.
[12] Acta del 2/6/1827, CCD-SJ. L. 5, f. 110-112; y Oficio del 3/6/1827. L. 1, f. 98.
[13] Acta del 08/05/1829, CCD-SJ, L. 5, f. 176 a 178.
[14] Bando del 29/2/1820. AGP-FH, L. 70, f. 300 a 301 y vta.
[15] Acta de conformación de la Comisión Representativa del Pueblo 21/1/1821. AGP-FH, L. 73, f. 266 y 267 y Acta popular del 5/6/1821 en Registro Oficial de la Provincia de San Juan [en adelante ROPSJ], L. 2, n° 4.
[16] Ley electoral de San Juan, ROPSJ, L. 2, nº 4, p. 4-6.
[17] Acta del 2/6/1824. CCD-SJ, L. 3, f. 9/vta.
[18] Estado de cuentas. Tesorería General de la Provincia de San Juan. 12/1824. AGP-FH, L. 94, f. 72 y ss.
[19] Acerca de la trayectoria de la imprenta sanjuanina del siglo XIX véase Rueda y Puebla (2023).
[20] Oficio del 28 /6/1825 en El Defensor de la Carta de Mayo, 14/7/1825, n° 2.
[21] Como lo señaló Hilda Sabato (2021), tras la revolución la elite tuvo la necesidad de incorporar “la voz del pueblo, encarnada en la opinión pública, como uno de los pilares de la legitimidad política” (p. 151). En ese contexto, la ‘opinión pública’ era entendida como un tribunal colectivo e impersonal que “juzgaba la vida pública con imparcialidad según los criterios de interés común” (Molina, 2009, p. 25).
[22] Sobre ese debate en la prensa ahonda el texto de Julián Feroni (2015).
[23] En las sesiones del 23 y 28/6/1825 se presentaron las peticiones a favor de la aprobación textual del proyecto y otras solicitando la modificación de los art. 16 y 17 (CCD-SJ. L. 3, f.45 a 47 y vta.). Todas fueron publicadas en El Defensor de la Carta de Mayo del 29/6 y 14/7/1825.
[24] Oficio del 14/7/1825. CCD-SJ. L. 1, f. 78.
[25] Para más detalle de las características de estos periódicos ver García, Malberti y Gnecco (2015).
[26] No hay en los periódicos referencias explicitas a sus editores y/o redactores a quienes se ha identificado mediante otras referencias (García, Malberti y Gnecco, 2015; Rueda y Puebla, 2023).
[27] El Amigo del Orden.1° serie, 18/12/1825, n° 1.
[28] En esta etapa, identificados con el pensamiento rivadaviano (Myers, 2004; Wasserman, 2008).
[29] Si bien la mayoría de la población era analfabeta, era a través de prácticas de lectura y sociabilidad que el contenido de los periódicos se difundía y comentaba (Acree, 2011; Pas, 2018, Rueda, 2019).
[30] La base de los argumentos en favor de la unidad, giraban en torno a la necesidad de preservar la integridad del territorio y los vínculos político-sociales frente al peligro de disgregación que implicaba la propuesta federal (Souto, 2017, p. 429).
[31] El Solitario.13/3/1829, n° 5.
[32] Con excepción de El Repetidor con El Ingenuo sanjuanino, no hubo periódicos que debatieran entre sí. Las polémicas se entablaron con otros impresos que circulaban en la región como La Impugnación a la Tolerancia de Cultos (1825); El Federal de Córdoba (1826); El Tribuno (1826) y El Mensagero Argentino (1827) de Buenos Aires; y Buenos Aires cautiva (1829) de Santa Fe.
[33] El Amigo del Orden. 2° serie, 26/9/1827, n° 6.
[34] El Solitario. 4/2/1829, n° 1.
[35] El Amigo del Orden. 1° serie, 18/12/1825, n° 1.
[36] Oficios del 31/12/1821; 26/2/1822; 10/4/1823; 23/6/1825; 14/9/1826; 20/10/1827 y 23/4/1829, instando a los diputados a concurrir a las sesiones (CCD-SJ, L. 1, f. 52/vta.-53; f. 59; f. 75-76; f. 91; f.101-102;117-118). Comentarios editoriales de El Amigo Del Orden, 1° serie: 18/12/1825, n° 1; 25/171826, n° 5; 3/3/1826, n° 7; 2° serie: 31/10/1827, n° 7; El Repetidor, 12/12/1826, n° 5; El Republicano, 8/4/1829, n° 4; El Solitario 11/2/1829, n° 2.
[37] El Amigo del Orden. 1° serie, 25/1/1826, n° 5.
[38] El Amigo del Orden. 1° serie, 25/12/1825, n° 2.
[39] En su descargo, Laprida aludió a ambigüedades en sus instrucciones que lo dejaban en “libertad de decidir por la forma de gobierno que nos parezca más conveniente” (Cit. en Videla, 1971, III, p. 707-709). Sobre la tensión planteada entre el mandato imperativo y el carácter nacional de la representación de los diputados al Congreso, ver Verdo (2025).
[40] El Repetidor. 12/12/1826, n° 5.
[41] El Amigo del Orden. 2° serie, 31/10/1827, n° 7.
[42] El Repetidor. 24/11/1826, n° 4.
[43] Ley electoral, ROPSJ, 7/1/1826. L. 2, nº 4.
[44] El Amigo del Orden. 1° serie, 25/12/1825, nº 1.
[45] La Fragua Republicana. 30/7/1829, n° 1.
[46] El Amigo del Orden. 2° serie señalaba que, de 30.000 habitantes, solo 50 habían concurrido a votar. 31/10/1827, nº 7.
[47] El Amigo del Orden.1° serie. 25/12/825, nº 2; 25/1/1826, nº 5; 3/3/1826, nº 7; 2° serie. 31/10/1827, nº 7.
[48] El Amigo del Orden. 2° serie. 31/10/1827, nº 7.
[49] La Fragua Republicana. 8/8/1829, n° 3.
[50] Caso de Salvador María Del Carril (28/6/1825. AGP-FH, L. 94, f. 156), José Navarro (28/11/1825. CCD-SJ. L. 3, f. 58), y José María Echegaray Toranzo (8/5/1829. CCD-SJ. L. 5, f. 177-178).
[51] El Solitario.13/3/1829, n° 5.
[52] El Republicano. 8/4/1829, n° 4.
[53] Juan B. Bustos al Gobernador de San Juan. 10/12/1828. AGP-FH, L. 114, f. 431 y vta.
[54] Juan M. de Rosas a Estanislao López, 12/12/1828. AGP-FH, L. 114, f. 436 y vta. / Estanislao López a Juan B. Bustos, 14/12/1828, AGP-FH, L 113, f. 383.
[55] Juan B. Bustos al Gobierno de San Juan, 1/1/1829. AGP-FH, L. 107, f. 236 y vta.
[56] Sesión del 9/1/1829. CCD-SJ. L. 5, f. 162 y vta.
[57] Sesión del 30/1/1829. CCD-SJ. L. 5, f. 167 y vta.
[58] Sesión del 30/1/1829. CCD-SJ. L. 5, f. 167 vta.
[59] El Solitario. 22/2/1829, n° 3.
[60] El Solitario. 4/2/1829, n° 1.
[61] El Republicano. 20/3/1829, n° 1.
[62] La Fragua Republicana. 30/3/1829, n° 2.
[63] El periódico exponía los nombres de quienes votaron a favor (8) y en contra (3)
[64] El Solitario. 3/3/1829, n° 4.
[65] La bibliografía señala como tal a Rudecindo Rojo en probable coautoría con Francisco Laprida (García, Malberti, Gnecco, 2015, p. 49).
[66] El Solitario. 3/3/1829, n° 4.
[67] Denominados así por haber adherido a la política rivadaviana. En San Juan, también se los conocía como marranos o “urracas” (Puebla, 2023, p. 147).
[68] Reproducida en El Solitario. 31/3/1829, n° 7.
[69] El Solitario. 31/3/1829, n° 7.
[70] El Solitario. 22/2/1829, n° 3.
[71] El Republicano. 20/3/1829, n° 1.
[72] El Solitario. 3/3/1829, n° 4.
[73] El Republicano. 27/3/1829, n° 2; 31/3/1829, n° 3 y 8/4/1829, n° 4.
[74] La Fragua Republicana. 8/8/1829, n° 3.
[75] El Solitario. 13/3/1829, n° 5; 24/3/1829, n°6; 31/3/1829, n° 7; 7/4/1829, n° 8; y El Republicano. 20/3/1829, n° 1; 8/4/1829, n° 4.
[76] La Fragua Republicana. 30/7/1829, n° 2; 8/8/1829, n° 3.