LUCHAS POLÍTICAS, TRANSFORMACIONES BUROCRÁTICAS: POLICÍA, JUSTICIA PENAL Y CÁRCELES EN CÓRDOBA (1930 - 1955)
TESIS DE DOCTORADO EN HISTORIA. FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 2022. DIRECTOR: PAUL HATHAZY, CO-DIRECTOR: OSVALDO BARRENECHE
Por Milena Luciano
Comisión Nacional Investigaciones Científicas y Tecnológicas
Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad
Universidad Nacional de Córdoba,
Córdoba, Argentina
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 17, N° 34, pp. 147-152
Julio- Diciembre de 2024
ISSN 1853-7723
Esta tesis doctoral examina los efectos de las luchas entre las élites académicas, burocráticas y políticas encargadas de definir los lineamientos de la penalidad en Córdoba (Argentina) entre dos golpes de Estado: 1930 y 1955. La escala de análisis adoptada rescata las particularidades del caso cordobés en el concierto nacional, desde una mirada que pone en primer plano el lugar que poseen las instituciones policiales y penales para disputar y construir poder político.
Hasta el momento, los estudios sobre instituciones penales (de policiamiento, enjuiciamiento criminal y castigo) y luchas político partidarias en Argentina (de la primera mitad del siglo XX) se pueden ubicar, en términos generales, en campos historiográficos separados. Nuestra investigación sitúa a los actores burocráticos -con cargos superiores en las instituciones penales- en el universo de luchas políticas, partidarias y militares, a la vez que reconstruye sus perfiles, las redes a las que pertenecían y la injerencia que tuvieron esas trayectorias en los lineamientos internos de cada agencia.
La tesis se organiza en tres partes y siete capítulos. El capítulo 1 de la primera sección está dedicado al abordaje de consideraciones teóricas, debates historiográficos y sociológicos en Argentina, en tanto el segundo reconstruye el contexto político partidario nacional y provincial en el que se enmarcaron las transformaciones burocráticas penales. Aquí hacemos foco en las dinámicas de las luchas políticas en Córdoba - y Argentina – entre 1930 y 1955, centrándonos en la formación profesional y política de los sectores dirigentes, las formas de reclutamiento, las lógicas de designación de funcionarios y las luchas partidarias.
En la segunda parte (capítulos 3, 4 y 5), que comprende el período 1930 - 1947, comenzamos con la reconstrucción empírica de las dinámicas policiales, judiciales y carcelarias provinciales, a partir de tres dimensiones del Estado Penal postuladas por David Garland (2016): control, autonomía interna y modalidades del poder penal; utilizadas como variables transversales a lo largo de toda la periodización. Delimitamos nuestro estudio en el abordaje de tres sectores específicos de cada burocracia: División de Investigaciones (DI) de la Policía de la Capital, tribunales penales de la Primera Circunscripción (Capital) y la Dirección General de Cárceles de Córdoba (DGCC).
En el capítulo 3 indagamos lo sucedido en la Jefatura de Policía de la Capital, específicamente en la DI y en el departamento de Orden Social y Político, cuando la repartición funcionaba de manera descentralizada (jefes de la Capital y del interior). Reconstruimos el impacto del golpe de 1930 en las orientaciones policiales, haciendo foco en el avance del Poder Ejecutivo Nacional sobre la repartición. Además de las innovaciones en los procedimientos y en la formación del personal impulsadas por sabattinismo (1936-1943), desarrollamos la incidencia de la coyuntura bélica internacional en las practicas locales, a través de las tareas de coordinación policial en el marco de la creación de Comisión de Actividades Antiargentinas.
En el capítulo 4, nos desplazamos hacia las otras dos agencias penales examinadas en este trabajo: justicia penal y cárceles. En el primer caso, consideramos lo acontecido en los tribunales penales de la Circunscripción Primera con cabecera en la ciudad de Córdoba; mientras que la trayectoria penitenciaria es reconstruida desde lo sucedido en la DGCC, organismo centralizado cuya máxima autoridad recaía en los directores de la Penitenciaría de varones, ubicada en la misma ciudad. En esta sección demostramos que la confluencia entre los intereses de los actores que formaban parte de las redes profesionales y de las elites políticas posibilitó la proyección de cambios en la justicia penal y cárceles en Córdoba.
Con la reforma del Código Procesal Penal provincial de 1939, asistimos a un auge del procesalismo a nivel nacional, plasmado en el Primer Congreso de Ciencias Procesales realizado en Córdoba y en los cambios en la organización de la justicia penal, con la ampliación de las Cámaras en lo Criminal y Correccional. En las cárceles provinciales, la dirección centralizada de los establecimientos de encierro fue una iniciativa de la gestión radical que logró trascender los cambios de gobierno.
A partir del capítulo 5 comenzamos con el análisis sincrónico de las tres agencias, situándolas en las distintas etapas que tuvo el impulso nacionalizador del peronismo. Tomamos como punto de inflexión el golpe de Estado producido en 1943, acontecimiento que modificó el equilibrio de fuerzas entre las elites político partidarias provinciales y nacionales. En este capítulo de transición, analizamos el impacto inmediato de la intervención de 1943 en la regimentación de promociones y ascensos del personal policial con miras a la implementación de un régimen escalafonario. Situación que contrastaba con las condiciones del personal carcelario signado por su fragmentación y subordinación a dos autoridades diferentes (policial y penitenciaria, respectivamente). En la Justicia de Córdoba el modo de intervención nacional fue más tardío e implicó el alejamiento de muchos de los juristas reformadores que también habían tenido una participación destacada en la Universidad.
La parte tres del estudio (1947 - 1955) reúne los últimos dos capítulos (6 y 7). En el capítulo 6 demostramos el incremento de la participación de los funcionarios vinculados con el gobierno y con el partido peronista tanto en el ámbito de los congresos procesales, como en la administración carcelaria e institutos afines. Al respecto observamos la confluencia entre prácticas históricamente incorporadas en la Penitenciaría de Córdoba y el ascenso de académicos que previamente no habían podido trascender el espacio universitario.
Un último cimiento sobre el que el partido peronista construyó y expandió su caudal electoral fue la estructura de las jefaturas políticas, estrechamente ligadas con la organización de las policías. Ordenada su progresiva eliminación por disposición de la Constitución Provincial de 1949, se creó la Policía de la Provincia. Medida ligada con la centralización y control político territorial, pues las jefaturas departamentales estaban atravesadas por redes clientelares de las que dependían históricamente los triunfos electorales provinciales.
Finalmente, el capítulo 7 tiene como punto de partida el intento de golpe de Estado encabezado por el general Benjamín Menéndez en 1951, acontecimiento con consecuencias profundas en la vida política argentina: la declaración del estado de guerra interno y la creación del Consejo Federal de Seguridad (CFS), organismo que apuntó a la coordinación de las fuerzas de seguridad interna, a la vez que posibilitó la formación de un fuero especial para el juzgamiento de policías.
Con la declaración del estado de guerra interno y la creación del CFS, el peronismo incrementó el control sobre los actores militares, alejando a las fuerzas policiales, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval de su órbita. Al tiempo que normativizó las detenciones de opositores y configuró un esquema vertical de coordinación de las fuerzas policiales a nivel nacional, incluyendo a los agentes penitenciarios.
Los policías también fueron integrados al “soplo humanista” de la reforma carcelaria del peronismo. Su experiencia fue un insumo de los Congresos Penitenciarios para delinear la autonomización de esas burocracias, mediante estatutos, al igual que lo acontecido con los agentes de la Penitenciaría Nacional. Paralelamente a las discusiones científicas, las penitenciarías, jefaturas y comisarías, fueron espacios de detención de sectores opositores al gobierno.
Como sucedió en 1930, 1943 y 1947, el Poder Judicial provincial fue intervenido, según el Ejecutivo provincial, como una respuesta a los reclamos de la población que demandaba una justicia eficaz e imparcial y en cumplimiento con lo prescripto por la Constitución Provincial de 1949. De esa forma los miembros designados del Tribunal Superior de Justicia debían constituirse en jueces de la “Nueva Argentina”, declarando su apoyo al gobierno peronista.
A medida que ocurrían rupturas en el escenario político, que tuvieron a Córdoba como el foco inicial del golpe de 1955, se reorganizaron las fuerzas de seguridad interna que aglutinaban también a las policías provinciales. Desde la creación del CFS hasta su reemplazo por la Dirección Nacional de Seguridad (DNS), la verticalización de la coordinación policial fue profundizada. Pero lo que había comenzado como una estructura encabezada por funcionarios civiles para enfrentar las conspiraciones militares, con la DNS terminó transfiriendo esa potestad a un miembro del Ejército, lo que puso en evidencia las alianzas cambiantes que, con el correr de los acontecimientos, ponderaron la confianza de los funcionarios, por sobre otros atributos.
En suma, este trabajo pretende enriquecer la historiografía sobre el poder policial y penal a través de una historia política de la transformación del sector penal del Estado provincial de Córdoba. A su vez, este análisis problematiza las periodizaciones clásicas de la historiografía política que en gran medida respondieron a temporalidades de procesos electorales y/o interrupciones constitucionales, postulando otras temporalidades de cambio atentas a cada burocracia penal y a su relación con las luchas partidarias y con otras burocracias penales.
La metodología empleada es cualitativa, sustentada en fuentes primarias: leyes, presupuestos, memorias anuales, organigramas, decretos y resoluciones, acordadas, resoluciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia; y en bibliografía secundaria. También consultamos fuentes periodísticas, publicaciones penológicas y jurídicas, programas de gobierno, e informes emitidos por las comisiones a cargo de las intervenciones federales.
Referencias:
Garland, D. (2016). Penalidad y Estado Penal. Delito Y Sociedad, 2(42), 9-48. https://doi.org/10.14409/dys.v2i42.6759