El Bimestre Político y Económico: un proyecto editorial de transición democrática (1982-1984)
IGNACIO ANDRES ROSSI
Universidad Nacional de General Sarmiento
Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires
Buenos Aires
Argentina
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 17, N° 34, pp. 95-124
Julio- Diciembre de 2024
ISSN 1853-7723
Fecha de recepción: 04/01/2024 - Fecha de aceptación: 18/10/2024
Resumen
El Bimestre Político y Económico (en adelante, el EBPyE o El Bimestre) fue la publicación oficial del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (en adelante, CISEA) en el marco de la transición a la democracia entre 1982 y 1984. En este trabajo, se analiza su perfil editorial y su visión global política y económica sobre el proceso de transición como, particularmente, del gobierno de Raúl Alfonsín en su primera etapa (1983-1985). Este artículo se inserta en la propuesta de los estudios de revistas económicas que vienen cobrando un importante impulso en los últimos años y que buscan posicionar a las publicaciones periódicas como productos culturales en su complejo espacio social. Según se observó, en la revista de la que participaron importantes intelectuales de aquellos años como Jorge Roulet, Dante Caputo y Jorge Schvarzer, se plantearon los primeros interrogantes en torno al futuro de la democracia. Especialmente, estos análisis se caracterizaron por sostener la idea de que el futuro de la democracia solo era posible si se confrontaban los poderes beneficiados por la dictadura, se movilizaba a la sociedad en respaldo de ese objetivo y formaba una burocracia eficiente para respaldar al régimen.
Palabras Clave
Democracia - especulación - deuda externa - Estado - revistas.
The Political and Economic Bimestre: an editorial project of democratic transition (1982-1984)
Abstract
The Bimestre Político y Económico (hereinafter, EBPyE or El Bimestre) was the official publication of the Center for Social Research on the State and Administration (hereinafter, CISEA) within the framework of the transition to democracy between 1982 and -1984. In this work, the publication´s editorial profile and its global political and economic perspective on the transition process are analyzed, as well as the government of Raúl Alfonsín in its first phase (1983-1985). This article takes reference in the analysis of economic journals that have been gaining significant momentum in recent years and that seek to position periodical publications as cultural products in their complex social space. As observed, in the journal in which important intellectuals of the time such as Jorge Roulet, Dante Caputo and Jorge Schvarzer participated in, the first questions about the future of democracy were raised. In particular, this analyses stated that democracy only had future if the powers benefiting from the dictatorship were confronted and society was mobilized to support that objective and an efficient bureaucracy was formed to support the regime.
Keywords
Democracy - speculation - external debt - State - magazines.
El Bimestre Político y Económico: un proyecto editorial de transición democrática (1982-1984)
El CISEA, así como el Centro de Investigaciones de Estado y Sociedad (CEDES), fueron instituciones surgidas en 1975 a partir de la escisión del Centro de Investigaciones de la Administración Pública (CIAP). Como centro de investigaciones, el CISEA se dedicó a estudiar y formar propuestas en las más diversas áreas de las ciencias sociales. Particularmente, destacaron los estudios de Enrique Groismann en materia de derecho y sobre la reforma de la administración pública, Martín Piñeiro en el área de las tecnologías en el sector agropecuario, Héctor Palomino sobre las cuestiones sindicales y Dante Caputo en la política exterior, entre otros. Como destacó ¿nombre? Mitchell (2020), los centros académicos privados como el CISEA fueron impulsados por la asistencia técnica y financiera de la Fundación Ford (FF) en las ciencias sociales argentinas, particularmente en el marco de la promoción y legitimación del consenso tecnocrático liberal a partir de modelos think tank.[1] En este sentido, el CISEA funcionó como un refugio para intelectuales en el marco de la persecución durante el tercer gobierno peronista y posteriormente la dictadura militar (Pagano, 2009). Parte de este mismo proceso fue el CEDES, liderado por Oscar Oszlak, Horacio Boneo y Marcelo Cavarozzi, y fundado en la misma fecha. Ambas instituciones compartieron oficinas y biblioteca y trabajaron en conjunto en diferentes proyectos y líneas de investigación. Así, el CISEA se dedicó durante la dictadura al asesoramiento técnico de organismos internacionales y a la formulación de estudios en torno a la realidad política del país, proyectando una intervención de esa realidad.[2] Fue a partir de los intercambios entre el director del CISEA Jorge Roulet y el candidato de la Unión Cívica Radical (UCR) Raúl Alfonsín que los investigadores de este centro se vincularon con la UCR. Así, Caputo y Jorge Federico Sabato se convirtieron en los principales asesores del futuro presidente en campaña (Mitchell, 2020, p. 124).
Los principales promotores del acercamiento con Alfonsín fueron los ya mencionados Roulet, Sabato, Caputoy también Jorge Schvarzer. El primero, ingeniero industrial, era el único que tenía vínculos políticos con la UCR y, particularmente con Alfonsín. Durante el gobierno del último, ocupó el cargo de secretario de la Función Pública de la Presidencia de la Nación. Sabato, por su parte, era un abogado formado en ciencias políticas con experiencia en la consultoría para prestigiosos organismos internacionales. En estos años colaboró con Roulet y Caputo en la asesoría política a Alfonsín desde el CISEA para ser nombrado, una vez en el gobierno democrático, secretario de Estado de Relaciones Exteriores para Asuntos Especiales (1983) y ministro de Educación y Justicia de la Nación (1987-1989). Schvarzer, por otro lado, era un ingeniero especializado en temas ferroviarios que incursionó en la economía y que, desde 1975, trabajó en el CISEA en torno a temas como la deuda externa, las grandes empresas y los sectores productivos, siendo entre 1983-1990 su director. Por último, Caputo contaba, como Sabato, con experiencia en la consultoría internacional y se integró al CISEA para, posteriormente, ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores (1985-1989). El CISEA y su grupo fundador editaron EBPyE, una revista que ofició como su publicación oficial y que se dedicó, en sus primeros años y principalmente, a confeccionar cronologías sobre la coyuntura política y económica y a reproducir documentos relevantes de la vida política y económica nacional. En este trabajo, el objetivo es analizar EBPyE como proyecto editorial, su visión del proceso de transición a la democracia y, especialmente, las reflexiones y debates en torno a la economía y la política económica. El análisis se centrará en lo que puede considerarse como la primera etapa de la publicación, desde su primer número en enero de 1982 y el número de enero- febrero de 1984. A partir de este último, la publicación sufrió una “interrupción involuntaria”, cuya motivación nunca fue explicada, para regresar en 1986. A partir de entonces, se evidenciaron una serie de cambios en su fisonomía editorial que comentamos más adelante.
La importancia de este trabajo radica en la centralidad de EBPyE como una publicación que, a partir de sus vínculos con el CISEA, involucró ideas, debates y propuestas cercanas al entorno del gobierno de Alfonsín. Se sostendrá que EBPyE planteó tempranamente interrogantes relevantes, cuando no cierto pesimismo, en torno a las posibilidades efectivas de consolidar la democracia si no se abordaban una serie de condiciones y problemas concretos como la confrontación con los poderes económicos internacionales (FMI y acreedores externos) y nacionales (grupos beneficiarios del modelo económico instalada con la dictadura), la consolidación del apoyo social y la movilización de la ciudadanía, el fortalecimiento de los partidos políticos y la conformación de una burocracia administrativa “independiente” y democrática. Entendemos que esta postura, con algunos matices, se hizo presente tanto en el análisis editorial como en el económico de Schvarzer, y permite conocer las dudas e interrogantes en torno al fortalecimiento democrático planteados desde un sector cercano intelectualmente al alfonsinismo.
El estudio de las revistas y las publicaciones tiene una larga tradición que ha florecido en los últimos años a raíz de la modernización de la historia de las ideas, la historia intelectual y de la sociología cultural, a la luz de Eunejian (1999), Girbal Blacha, y Quattrocchi-Woisson (1999), Delgado, Mailhe y Rogers (2014), Prislei (2015), Ospital y Mateo, (2015), entre otros. Considerando estos antecedentes, el trabajo aquí realizado abreva en la tradición que recoge el estudio de las revistas poniendo el foco en el pensamiento económico y en las ideas económicas (Diez y Bayle, 2006; Vicente, 2011). Esta perspectiva, dio lugar a trabajos que analizaron los años del peronismo y la década del sesenta (Rougier y Mason, 2021; Mason y Rougier, 2023), los cuales parten de una base teórica y metodológica que privilegia, con perspectiva interdisciplinar, la historia cultural, de las ideas y la economía. Así, se analizan las publicaciones como productos culturales complejos desde múltiples focos y dimensiones como la intervención en el debate público, el perfil político de los cuadros editoriales, las características materiales y el aporte coyuntural al debate económico considerando la diferente naturaleza que las caracteriza (corporativa, académica, política, etc.).
Retomando estos antecedentes, el presente artículo se inscribe en el contexto de transición de la última dictadura militar a la democracia. La dictadura iniciada en 1976 planteó una reforma integral de la Argentina, abarcando los campos económico, político y cultural (Novaro y Palermo, 2003). En términos económicos, el plan de estabilización del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981) en su primera fase entre 1976 y 1978 actuó sobre la inflación con políticas ortodoxas, abrió la economía a las importaciones e intentó reducir el Estado mediante el recorte a las erogaciones a las provincias, privatizaciones de empresas públicas y otras medidas de ajuste que, sin embargo, no alcanzaron sus objetivos (Zack y Pryluka, 2022). También, en 1977 se llevó a cabo una reforma financiera que flexibilizó las tasas de interés revirtiendo su condición negativa y alineándolas a las tasas internacionales para hacer más eficiente el ahorro, la circulación de capitales, el endeudamiento y la asignación del crédito (Lajer Barón, 2018). Sin embargo, el plan Martínez de Hoz fracasó[3] en contener la inflación y reducir el gasto, incluso cuando en una segunda fase practicara políticas orientadas por el enfoque monetario del balance de pagos (Schvarzer, 1986).[4] En los primeros años de 1980 devino una crisis financiera ante la crisis de la deuda externa y se produjo una recesión, aumento de la inflación y fuga de capitales (Belini y Korol, 2020). Posteriormente, la guerra por las Islas Malvinas en 1982 contribuyó a desarticular más la economía limitando la gestión a contener los efectos de la crisis como el alto endeudamiento, la inflación y el déficit fiscal (Cuesta y Trupkin, 2022).
El regreso a la democracia en 1983 vino de la mano de una novedad en términos políticos dado que se trató del primer triunfo de la UCR sobre el Partido Justicialista en elecciones libres. Aunque en términos políticos la frontera trazada entre dictadura y democracia le valió un importante apoyo ciudadano a Alfonsín (Aboy Carles, 2001), los desafíos económicos eran agudos. La deuda externa rondaba los 45.000 millones de dólares, la inflación seguía en niveles cercanos al 350% anual y el déficit fiscal y cuasi fiscal rondaban el 15% del PBI. El sistema financiero funcionaba con una dinámica desregulada de alta deuda interna y altas tasas de interés para contener los depósitos en el sistema. Por su parte, la caída del salario acumulaba un 30% y el PBI estaba en los niveles de 1974.[5] El primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun (1983-1985), obedeciendo a las bases históricas del radicalismo y oponiéndose a lo practicado por el régimen anterior, inició funciones con un plan de tipo keynesiano. La estrategia de reactivar la economía recuperando los salarios, aprovechando la capacidad instalada y fomentando a la industria, en un primer momento surtió algunos efectos favorables, aunque no pudo prosperar ante las diferentes presiones del FMI, los acreedores externos y los principales grupos económicos locales (Pesce, 2006; Novaro, 2020; Ortiz y Schorr, 2020). En este contexto desafiante vio la luz EBPyE.
El Bimestre Político y Económico: un proyecto editorial ligado a las ciencias sociales y renovación democrática
En su primer número, EBPyE definió el lugar que aspiraba a ocupar dentro de las publicaciones políticas y económicas de la Argentina. En su argumento, el tumultuoso fin del siglo XX se caracterizaba por una coyuntura política que demandaba una propuesta analítica coherente. Como se dijo entonces, “convocatorias políticas, devaluaciones, sucesivas transmisiones del mando presidencial, anuncios de movilización, inflación, renuncias y denuncias fueron hechos que tomados individualmente habrían producido serias y perdurables consecuencias en otras regiones y países”.[6] El argumento era que “se pierde la memoria de los acontecimientos”, por lo que se tornaba indispensable “ordenar el pasado cercano”. Bajo esta convicción, en cada número se confeccionó una cronología de los hechos políticos y económicos sobre la base de diarios matutinos y vespertinos de la Capital Federal y las revistas más importantes del país. A esto, se sumaba una sección llamada “Los temas del bimestre”, que incluía notas de análisis acerca de la coyuntura nacional y que manifestaba la intención de ordenar la información presentada. También hubo una sección destinada a reproducir documentos relevantes de la vida nacional tales como discursos oficiales, declaraciones de partidos políticos y sindicatos. Por último, se planteó como objetivo, constituir una sección en torno las perspectivas sobre el futuro del país, aunque no se concretó durante la primera época de la publicación. En esta etapa, los números eran a blanco y negro, con excepción de la tapa a color.
El primer número fue lanzado en febrero de 1982.
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Imagen I. Tapa del BPyE
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Fuente: El Bimestre Político y Económico, CISEA, , N° 1, marzo-abril de 1982, p. 1.
En su primer número, en la sección Documentos, se reprodujo un discurso del entonces presidente Leopoldo Galtieri (1982), un texto de la Multipartidaria[7] y un reportaje al ministro de Economía Roberto Alemann (1981-1982) publicado originalmente en Ámbito Financiero y Clarín. El equipo editorial estuvo integrado inicialmente por Roque Carranza como presidente del comité editorial, y Jorge Roulet, Eduardo Passalacqua, Dante Caputo -quien alternó luego la dirección con Carranza-, Héctor Maceira y Claudia Pasquini como directores. Carranza fue dirigente estudiantil del radicalismo, ingeniero industrial y funcionario del gobierno radical de Arturo Illia (1962-1966), miembro del Movimiento Renovación y Cambio (MRyC) y durante el gobierno de Alfonsín ocupó los cargos de ministro de Obras y Servicios Públicos (1983-1985) y ministro de Defensa (1985-1986) hasta su fallecimiento. Maceira era un analista político que venía de colaborar con la revista Argumento Político con Dante Caputo, mientras que Pasquini era una periodista y editora de renombrados medios como la revista Crisis, El Periodista de Buenos Aires, El Porteño y Página 12 en torno a temas de derechos humanos.
En cuanto a las características de la publicación, el promedio de cantidad de páginas por número, luego de una caída inicial en 1983, subió superando los volúmenes iniciales, como puede observarse en el gráfico I. Las secciones, por su parte, mantuvieron siempre una tendencia similar consolidando el proyecto editorial hasta su interrupción a fines de 1984. Al cierre de 1984, la sección documentos ocupó el mayor volumen de la publicación, seguida los “Temas del Bimestre” mientras que el resto se mantenía en los niveles regulares.
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Gráfico I. Evolución de la cantidad de páginas y las secciones editoriales de El Bimestre entre 1982-1984 (promedios). |
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Fuente: Elaboración propia a partir de EBPyE, CISEA, 1982-1984. |
A partir del segundo número comenzaron a incluirse publicidades y su presencia fue aumentando. Por ejemplo, la promoción de los Ensayos y Tesis del CISEA, publicación oficial del Centro, estuvieron entre los primeros. La oferta de suscripción fue recurrente, como la promoción de otras publicaciones análogas ideológicamente como Punto de Vista, entonces dirigida por la literaria, ensayista y miembro del CISEA Beatriz Sarlo, y la revista especializada en ciencias sociales Desarrollo Económico, mostrando interés por este campo académico y un cierto nivel de compromiso político.
También hubo otras revistas relevantes en las páginas del EBPyE como David y Goliath. Boletín del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) editada por el sociólogo Francisco Delich; la revista cultural El Porteño fundada por el periodista Gabriel Levinas y en los ochenta dirigida por Jorge Lanata, entre otras de las que paralelamente participaban algunos editores de EBPyE.
El hecho de que en sus páginas se promocionaran todos estos proyectos que compartían el compromiso político con las democracias, algunos más antiguos y otros contemporáneos, muestra cómo EBPyE se inscribía en una red de lazos con otros proyectos editoriales en el marco del desarrollo de las ciencias sociales y su recuperación de la censura tras el regreso de la democracia. Además, existían vínculos de intercambio intelectual con la revista La Ciudad Futura del Club de Cultura Socialista, en la medida que Schvarzer participó de sus páginas con frecuencia, aunque esto comenzó a suceder a partir de 1986-1987.[8] Ocurrió algo similar con Punto de Vista, que en estos años se asoció a la intelectualidad democrática con la participación de Juan Carlos Portantiero, Oscar Terán, Carlos Altamirano y María Teresa Gramuglio, entre otros intelectuales de gran relevancia. En sus páginas, se compartió con frecuencia la publicidad de EBPyE, como de otras revistas como Nueva Sociedad.[9] Sin embargo, los intercambios intelectuales en El Bimestre serían más cuantiosos en la segunda etapa de la revista, desde 1986, donde aparecieron intelectuales como el economista Ricardo Arosnkind y Julio Sevares y el Sociólogo Héctor Palominio, además de los columnistas regulares. Palominio y Sevares era colaboradores regulares de La Ciudad Futura.
Sobre el financiamiento, no se pueden hacer grandes suposiciones en la medida que tanto en la primera etapa como en la segunda no hay publicidad del sector privado. A partir del ofrecimiento de la posibilidad de suscripción desde cualquier parte del mundo, puede deducirse que los fondos de la FF eran suficientes para sostener la revista y su envío (Mitchell, 2020). No obstante, esto no significa que no haya habido dificultades financieras, en la medida que, luego de su interrupción en 1984, en 1986 se alegó que la suspensión fue involuntaria y que el formato nuevo se ajustaba a “una estructura administrativa y de costos más adecuada a las posibilidades del momento y, por lo tanto, capaz de continuar en el tiempo”.[10] Sin embargo, desde 1986 se observan algunos elementos que sugieren mayores costos al contrario de lo que se decía. Por ejemplo, las tapas y el contenido sumaron más imágenes a color, se incorporó a un director de arte, que fue Hermenegildo Sabat, un prestigioso dibujante y caricaturista en medios como La Opinión, Primera Plana y Atlántida, y se incluyó un cargo en Diagramación y Producción Gráfica a cargo del estudio del arquitecto Luis Norberto León.[11] Se concluye en que el grueso del financiamiento provenía de los fondos que adquiría el CISEA de la FF, como declararon los testimonios de Oszlak y Cavarozzi recogidos por Mitchell (2020).
Sobre los lectores a los cuales se encontraba dirigido EBPyE pueden marcarse dos momentos según sus periodos (1982-1984 y 1986-1989). En el primero, se aspiró a lanzar un bimestral que ordenara la vertiginosa información a la que se consideraba se encontraba sometida la argentina. Como se decía: “se pierde la memoria de los acontecimientos. Una noticia que ocupó la primera plana de los diarios durante días, súbitamente se desvanece; y se termina sin siquiera recordar los sucesos que conmocionaron la opinión pública semanas atrás”.[12] En este sentido, la cronología de sucesos que se ofrecía en base a los principales medios periodísticos del país de forma sintetizada y rigurosamente ordenada, muestra la aspiración de llegar a un público amplio. Adicionalmente, EBPyE explicitó dirigirse a “organismos gubernamentales, centros de investigación en Ciencias Sociales, universidades y centros de altos estudios, centros de documentación e información, bibliotecas, políticos, empresarios y personas que no tienen acceso a la prensa capitalina”.[13] Sin dudas, esta aspiración iba en línea con lo que muestran los testimonios analizados por Mitchell (2020); y es que el CISEA, en un principio y a diferencia del CEDES, se compuso de personas más ligadas a la consultoría que a la academia. Adicionalmente, desde sus orígenes hubo una propuesta implícita de llegar a cierta intelectualidad comprometida con la recuperación de la democracia: “un debate sobre lo que queremos hacer y cómo lo haremos no es un entretenimiento académico sino una necesidad social. Y en este caso particular es una necesidad que se vincula estrechamente al renacimiento democrático en Argentina”.[14]
Si bien esta última aspiración se encuentra manifiesta desde sus primeros números, se hace más evidente y toma mayor relevancia cuando, desde la segunda etapa, crece la importancia de los artículos de análisis políticos y económico, especialmente de los estudios económicos de Schvarzer, Aronskind y Sevares, sindicales de Palominio y de la administración y del Estado de Roulet y Groismann, entre otros. Este compromiso democrático se ordenó en el marco de dos ejes que funcionaban como articuladores en el proyecto editorial:
“Uno de ellos hace a la sociedad en sí, a su funcionamiento, a su realización, a lo que podríamos llamar la reconstrucción institucional y funcional del Estado. El otro hace a la Argentina económica. En él nos interrogaremos sobre cuáles serán las fuentes de crecimiento de un país que ya no es el granero del mundo y que ha dejado de creerse industrial”.[15]
A continuación, procedemos con el estudio y análisis de esta segunda dimensión en el EBPyE.
El Bimestre Político y Económico en la transición a la democracia: un análisis en torno a las dudas e interrogantes de la nueva democracia
En el marco de la Guerra de las Malvinas, los editores de El Bimestre aclararon que, si bien su función era “testimonial”, “los testigos no pueden permanecer impasibles cuando los hechos involucran su propia suerte y la de sus conciudadanos”.[16] Aludiendo a las reivindicaciones de los derechos históricos de la Argentina sobre la soberanía de las Islas, pero condenando la actuación militar, en un editorial más largo se reclamó por la recuperación de la democracia. El medio, que se mostró crítico del régimen, cuestionó el oportunismo respecto al conflicto bélico, la manipulación de la información y el aprovechamiento de los sentimientos nacionales de la población civil que realizó el gobierno militar. La nota editorial cerró con las siguientes palabras: “tuvimos que recorrer este penoso camino para que tres viejas palabras, democracia, libertad e independencia, volvieran a tener sentido concreto para nosotros”.[17]
De esta manera, el foco comenzó a correrse hacia las críticas en torno a la violación de los Derechos Humanos y la necesidad de apertura democrática, por lo que se argumentó:
qué duda cabe que significaría un avance decisivo, un presagio de democracia, si las elecciones que se aproximan, si la libertad de prensa que comenzamos a vivir hace un año, si la acción de la Justicia que presenciamos hoy,[18] fueran la consecuencia de un poder creciente de la sociedad civil.[19]
A pocos días de las elecciones de octubre de 1983 que consagrarían como presidente de la Nación a Alfonsín, El Bimestre diría que, a pesar de las elecciones:
las clases sociales han actuado antes, actúan y actuaran después del 30 de octubre de 1983. Las elecciones y el gobierno que emergerá son solo signos -importantes, sin duda- que facilitan el desciframiento de lo inmediato. La historia de los argentinos incorporará la fecha de los comicios en su haber -no solo como la superstición estadística considerada por Borges- sino, tal vez, como vehículo de expectativas positivas para el conjunto de la Nación.[20]
La aparente desconfianza que se evidenciaba en estas consideraciones, sin dudas se solventaba sobre los acontecimientos de la coyuntura política y económica, especialmente sobre los desafíos del poder político civil ante el militar en cuestiones relevantes como las violaciones a los derechos humanos o bien limitaciones económicas como una inflación que entonces corría al 200% anualizada.
Finalmente, fue en el editorial de noviembre-diciembre de 1983 que el EBPyE se pronunció más fervientemente por los hechos. En aquella oportunidad, los editores consideraron que la Guerra de Malvinas y su derrota fueron sólo un hecho desencadenante del fracaso del régimen en materia económica y política. Especialmente, ocupó importancia la pretensión del régimen de generar cambios profundos en el funcionamiento de la economía. Según se argumentaba, la desfavorable transferencia de ingresos de los asalariados hacia otros actores, y luego el empeoramiento de las condiciones económicas del conjunto de la sociedad, se plantearon como un mal necesario para alcanzar un futuro mejor. Y se lo hizo reprimiendo a la sociedad civil de múltiples maneras, pero finalmente se fracasó de manera especial en el plan de Martínez de Hoz. Paradójicamente, según se interpretaba, el gobierno militar se habría paralizado porque “para modificar el rumbo fijado por Martínez de Hoz era preciso obtener el apoyo de los mismos sectores que el mismo régimen había castigado”.[21]
De esta manera, se mencionaron los cambios profundos que el régimen militar dejaba en el funcionamiento de la economía, donde por caso se llamó la atención sobre la protestas de “pequeños grupos privados sobre el control de un sistema financiero que, por obra del endeudamiento interno y externo, condiciona el funcionamiento del resto de la economía y es capaz de imponer sus intereses a casi cualquier gobierno”.[22] Así, se consideró que “aunque el gobierno de las Fuerzas Armadas se acabe no volveremos a foja cero”.[23] En este orden, los editores de El Bimestre llamaron la atención sobre factores de fondo menos visibles que la recesión y la inflación. Por ejemplo, se mencionó “el aniquilamiento de gran parte de la red de aprovisionamientos e intercambios mutuos […] que forman la base productiva, tecnológica y profesional de una sociedad industrial”.[24] En este orden se tomó el caso de la desaparición de fábricas de rodamientos y transistores, el cierre de centros de fundición y la pérdida de obreros y técnicos.[25] El trasfondo era el quiebre de los lazos de organización social, por ello se tomaban por caso también rupturas en otras áreas como la salud y la educación. En términos generales, en materia económica se criticó que el régimen ejerció la represión en el orden de las palabras y las interpretaciones, instalando la condena a la intervención del Estado, la emisión monetaria y los controles bajo el mantra de la ortodoxia. Paradójicamente, como se señaló:
en los hechos nunca en la historia argentina se manejó la emisión de moneda tan desaprensivamente como en ese momento, nunca se intervino con tanto vigor para condicionar un mercado como se lo hizo en el mercado financiero y pocas veces se apeló tanto al Estado para asegurar los negocios de ciertas ramas empresariales.[26]
Mientras tanto, a la hora de considerar “el porvenir”, EBPyE siguió manteniendo cierta precaución:
la simplicidad y serenidad de este curso de acontecimientos [en referencia al proceso electoral] tiene el atractivo de todos los sueños, pero sabemos -aunque quisiéramos ignorarlo- que le falta consistencia, que no existe aún el poder necesario para respaldar las instituciones constitucionales, para otorgar solidez a un régimen democrático, para dar autoridad al gobierno electo.[27]
En este orden, para lograr dicha tarea se aludió a la necesidad de ocupar satisfactoriamente el vacío de poder que dejaba la dictadura militar, especialmente tras la intervención represiva en diversos órdenes y su desembocadura en la desintegración social. Justamente, el punto era evitar que un nuevo poder militar y/o económico ocupara ese vacío y lo explotara en su beneficio. Y para que esto sucediera los dos actores esenciales eran, según se argumentó, la sociedad civil y los partidos políticos, especialmente que los últimos pudieran interpelar a la sociedad civil canalizando el descontento:
“en la medida en que los dirigentes y partidos políticos encaren la reconstrucción del poder, también podrá atacarse seriamente el problema que plantean los pequeños grupos privilegiados que están condicionando el funcionamiento de la economía”.[28]
En los últimos meses de 1983, y de cara a la entrega del poder al nuevo gobierno, los editores de El Bimestre consideraron que existía una profunda conmoción en los cuatro pilares que dieron sustento el régimen militar. Estos eran, las mismas Fuerzas Armadas, la oligarquía financiera, los “políticos sin votos” y los Estados Unidos. Los primeros se encontraban en crisis tras el fracaso de Malvinas, los segundos fallaron en imponer la ideología económica a los militares, lo que explicaba, según se sostenía, que muchos abrazaran la fe democrática. Los políticos, por su parte, pendulaban entre colaborar con el proceso y la necesidad de desembarazarse para no “verse arrastrados por su derrumbe”.[29] Sobre el rol de EE. UU, se reflexionó que estaba en una crisis generalizada por el apoyo a regímenes anticomunistas en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. Sin embargo, y nuevamente con cierto pesimismo, se dijo que:
el régimen, pese a su fracaso, tiene todavía la capacidad de resistir a la demanda de los políticos que solicitaban adelantar las elecciones y entregar el poder […] por lo tanto la sociedad civil no ha logrado todavía crear un poder propio capaz de ofrecer alternativas.[30]
Posteriormente, el EBPyE explicitó su desconfianza al pedir considerar dos factores relevantes de la coyuntura política. Se trataba del hecho de que las elecciones en curso eran “concedidas” y no una conquista de las mayorías y, por otro lado, que: “uno de los principales partidos políticos con más posibilidades de ganar las elecciones, el Justicialismo […] presenta las mismas figuras y las mismas ideas que guiaron al gobierno en 1973-1976 [y] que culminó con un estridente fracaso político y económico”.[31]
Para los analistas, el proyecto democrático que se construyera debía necesariamente solventarse sobre la base de la reorganización de las Fuerzas Armadas, el apoyo movimientista de los sectores populares y la alianza con los sectores empresariales “no ligados al proyecto especulativo”.[32] Se consideraba que los militares no entregarían el poder político sin condicionamientos y los beneficiarios de la especulación obstaculizarían la reconstrucción económica, que requería el cambio de comportamientos especulativos en un cuadro de altas demandas sociales.
En la edición de septiembre-octubre de 1983, celebradas las elecciones, se dijo con algo más de optimismo que la democracia había ganado y particularmente con un elemento que se consideraba central para su fortalecimiento, el de derrotar al otro como correlato:
ganó la democracia, esto es innegable, pero hubo derrotados, ya que de otro modo las elecciones carecían de la significación que se les reconoce. Ganó la democracia porque hubo elecciones frente a quienes no la querían, y esto no debemos dejar de decirlo, porque se impuso una propuesta que probó democratizar la sociedad, subordinar el poder militar, someter el poder económico y romper la alianza de ciertos dirigentes civiles con ciertos grupos militares.[33]
De esta manera, en un momento inicial se evidenció cierto entusiasmo respecto del retorno de la democracia, en la que se depositó la confianza de confrontar con los sectores beneficiados por el régimen militar y, eventualmente, con las FFAA en sí. Por eso, desde un comienzo apeló a la necesidad de que el nuevo gobierno alcanzara el poder “real”y se argumentó que para ello era necesario “afirmarse sobre el margen de legitimidad y de consenso con que ha llegado al poder formal, cuidando permanentemente las metas, las formas y los medios”.[34] De esta forma, se sostenía que el poder democrático no debía considerar la benevolencia del poder militar y el financiero, “sino sobre su sometimiento: para que la sociedad pueda ser reconstituida sobre las bases éticas, la impunidad debe ser desterrada”.[35]
Posteriormente, se sumó a esta crítica a los sindicalistas “no representativos”, en referencia a grupos que se consideraba que preferían el autoritarismo a la democracia. Además, también se sumó otro factor relevante para derrotar a los poderes autoritarios, y era una “administración pública eficaz” que iba en línea con los aportes contemporáneos de Groisman y del propio Roulet: “un estado moderno es inconcebible sin una organización administrativa compleja que asegure su funcionamiento y prestación continua de servicios públicos”.[36] El argumento presentado en EBPyE era que el gobierno militar produjo un vaciamiento de capacidades y recursos en la administración pública mediante la persecución, represión e intervención, elemento central para tomar y efectivizar decisiones del nuevo gobierno y hacer cumplir la ley. Un ejemplo mencionado fue la deuda externa, cuyos montos exactos se desconocían y se sabía que la falta de registros estaba relacionada con su ilegitimidad. También se daba cuenta de la falta de balances en las empresas públicas y otras áreas que impedían estimar con exactitud el gasto de la administración pública:
la administración pública […] tendrá que ser reorganizada, mejorada y adaptada a las necesidades de un régimen democrático. Los medios para conseguirlo provienen desde dos polos: desde adentro, las medidas y acciones del gobierno; desde afuera, la participación ciudadana y el control social.[37]
En definitiva, se evidencia que desde un comienzo hubo dudas en torno a las posibilidades inmediatas del fortalecimiento democrático, más allá de la efervescencia de la época (Altamirano, 2012). Los planteos iniciales dejaron en claro que, sin confrontación con los militares y el poder económico, sin la formación de una administración al servicio del nuevo régimen y sin la movilización de la sociedad no se podría avanzar en consolidar un nuevo régimen. En este sentido, si bien EBPyE apoyó la democracia, tomando cierta distancia del alfonsinismo, aun cuando varios integrantes tanto del CISEA como de su revista fueron convocados por el mismo, manifestó un optimismo con matices.
Schvarzer en El Bimestre: las limitaciones para revertir la reestructuración del modelo Martínez de Hoz en 1983
En esta primera época de EBPyE hubo dos análisis, uno de autoría anónima y el otro firmado por Schvarzer,[38] que aparecieron en la sección Temas de debate. Tomar estos textos como fuente central de El Bimestre permite aproximarnos a la visión económica que se defendió en sus páginas. El primero fue un texto titulado El éxito de la política de Martínez de Hoz, publicado por el mismo CISEA, que puso el foco en la crisis económica de la transición entre 1982-1983. Derivado del conocido libro de Schvarzer,[39] se postuló que “la enorme caída de la actividad económica en el país es el resultado de la política que se ha ejecutado en los últimos siete años y no de perturbaciones externas”.[40] Así, se discutió que, al aludir a las ineptitudes del equipo económico, los análisis económicos no comprendían los verdaderos objetivos de la política económica de Martínez de Hoz. Por el contrario, “el equipo que dirigió y ejecutó la política económica tuvo el poder y el tiempo suficiente para, por lo menos, haber empezado a conseguir lo que se proponía”.[41] De esta forma, se sostuvo que la medición en torno al éxito o fracaso de la política económica debía realizarse en función de quienes se beneficiaron con ella independientemente del fracaso evidente en su conjunto ante la sociedad.
El punto, era que a pesar de la evidente crisis, los sectores financieros seguían obteniendo ganancias derivadas de las medidas implementadas por Martínez de Hoz. Puntualmente se mencionó la compra de bonos externos emitidos por el Estado que rendirán tasas del 20% mensual en dólares -muy por encima de la rentabilidad internacional-, o incluso otras operaciones como la adquisición de firmas en bancarrota o inmuebles subvaluados y rematados por el Estado. De esta manera, se decía que:
no fracasa la política económica para quienes en estos meses se enriquecieron a través de la estatización de buena parte de la deuda externa implantada por el seguro de cambio. Más de 7.000 millones de dólares han podido ser apropiados por el sector especulativo aprovechando la diferencia entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio al que el Estado ha comprado deuda.[42]
En este sentido, lo que más preocupó fue el enriquecimiento del sector financiero, hecho que se atribuyó a las ganancias obtenidas por compras y ventas a valores deprimidos o encarecidos por encima de valores de mercado mediante la intervención del Estado, el cual actuó en perjuicio del sector público. También se mencionó la brusca variación de precios relativos, consideradas producto de “un movimiento singular del sistema de colocación del dinero a interés”[43] y forzada por la intervención del Estado para inducir ganancias extraordinarias a sectores privilegiados.
La interpretación de mediano plazo situó el análisis a partir del Plan económico del ministro de Economía en 1975 Celestino Rodrigo. Las medidas de shock implementadas por el mismo habrían generado una mayor inflación, que se situó desde entonces en más del 100% anual. El trasfondo era que los aumentos producidos en el punto de partida no fueron homogéneos y que las alteraciones en la estructura de precios beneficiaron a sectores específicos. Por caso se mencionó la brusca devaluación del tipo de cambio que encareció el dólar en 200% desde junio de 1975 hasta la caída del gobierno peronista en 1976. Esta medida, que buscó beneficiar a los sectores exportadores, supuso una transferencia de ingresos de los sectores industriales vinculados al mercado interno y de los trabajadores al sector exportador. Los salarios reales cayeron en torno al 30%. Este habría sido el punto de partida para edificar una política económica en beneficio de empresas concentradas y con actuación en los sectores financieros. El instrumento desplegado en un primero momento por Martínez de Hoz, se argumentó, fueron los títulos indexados del Estado denominados Valores Nacionales Ajustables que se adquirían en dólares y permitían, luego de un año en que la inflación corría muy por encima del tipo de cambio, obtener una rentabilidad extraordinaria al canjearlos por dólares.[44] Esta misma, fue calculada en 200% y constituyó un perjuicio a las finanzas del Estado.
Luego, según se dijo, 1977 constituyó una segunda etapa del plan Martínez de Hoz hasta su final, donde lo fundamental fue el mantenimiento de altas tasas de interés mediante la intervención del Estado. También el aseguramiento de un ritmo de evolución del tipo de cambio que permitiera el ingreso de dólares con altas tasas de interés por encima de los mercados internacionales. Para esto, se procedió a liberar el sistema financiero otorgando un rol central al sector público, “cuya demanda de dinero fue la causa determinante de la casi duplicación de las tasas de interés en términos reales entre julio de 1977 y enero de 1978”.[45] También se otorgaron subsidios o garantías a financieras y subieron los costos financieros, con su consecuente correlato en el aumento de la inflación, que se situó por encima del 150% anual exceptuando 1980 con 100%. De esta manera, el brutal aumento de la deuda externa se presentó como una consecuencia de dicho proceso económico. Posteriormente, se definió la terca etapa del Plan Martínez de Hoz, enmarcada en las consecuencias heredadas del sistema financiero que encareció el dólar por cuatro veces durante el primer semestre de 1982 posicionándolo en un récord histórico medida su paridad en términos constantes.[46] Nuevamente, como se argumentó, “esta brusca variación de los precios relativos de las divisas permitió y permite nuevas compras especulativas”.[47] De esta manera, el análisis de El Bimestre se basó en que el descalabro macroeconómico no derivó de errores políticos, de una escuela de pensamiento económico o del fracaso en los objetivos de política económica. Por el contrario, se decía que “la crisis económica con sus costos sociales y nacionales y el injustificado y enorme enriquecimiento del capital especulativo son las dos caras, los dos resultados simultáneos del mismo programa”.[48]También se argumentó que las soluciones necesariamente debían volcarse a “rescatar la riqueza que se pueda de lo capturado por la especulación y volcarla a la actividad productiva”.[49] Y no menos importante, se advirtió que el gobierno democrático que asumiera “tendrá que enfrentar el saneamiento de la moneda y su lucha contra la inflación. Objetivos éstos que generalmente se conceden sin más a posiciones de la derecha”.[50]
En la nota “Crisis económica argentina: la carencia de modelos para enfrentarla exige una firme determinación política”, firmada por Jorge Schvarzer, el ingeniero argumentó que la democracia llegaba en una de las peores crisis económicas. Para el caso, repasó que el PBI se encontraba en niveles menores a los de 1974, el valor agregado de la industria era equivalente a 1970, la inversión acumulaba una caída del 30% entre 1976-1983 y la deuda externa superaba el 60% del PBI. Sin embargo, en línea con lo sostenido en las páginas de EBPyE, preocupó en mayor medida que “los aspectos más difíciles de superar tienen que ver con el enorme deterioro de todo el tejido de relaciones económicas del país”.[51] En este marco específico, destacó la gravedad del proceso hiperinflacionario, la destrucción del mercado financiero de capitales, el déficit del sector público, la deuda externa y la ineficacia de las políticas monetaristas para reacomodar estos problemas.
Cada una de las variables mencionadas constituían, según su interpretación, una crisis económica de dimensiones y características inéditas. Los niveles de inflación eran inéditos, caracterizada por enormes variaciones en los precios relativos. Por ejemplo, se tomó el caso antagónico del tipo de cambio y las tarifas públicas frente a los salarios. Este problema, consideró, consolidaba una economía de especulación en la medida que “los beneficios derivados la transacción oportuna de bienes, divisas o dinero que ofrece esta situación resultan muy superiores a los que pueden obtenerse en la actividad productiva”.[52] Esto creaba el contexto por el cual los agentes económicos proyectaban sus expectativas de ganancias en función de lo que Schvarzer denominaba “mercado inflacionario” reduciendo las transacciones al corto plazo y agravando la crisis productiva. En suma, esto explicaba variables como la caída histórica de la inversión o la reducida capacidad instalada de la industria.
Por otro lado, se encontraban las distorsiones en el sistema financiero producto de las transformaciones operadas durante el régimen militar. Según analizó, la reforma financiera de la dictadura dejó un sistema donde los depósitos a interés representaban una tasa históricamente baja (del 10% del PBI) y colocados a plazos menores a un mes impactando negativamente en los sectores productivos que debían reducir su actividad al mínimo ante la falta de liquidez. En este contexto, el BCRA se veía obligado a sostener el sistema mediante la provisión de dinero generando erogaciones que representaban una emisión de entre el 6 y 8% del PBI y una variación mensual de la base monetaria de entre 120 y 150% anual con “efectos inmediatos sobre el ritmo inflacionario”.[53] En tercer lugar, de las dimensiones ponderadas se encontraba la cuestión del déficit presupuestario, que Schvarzer estimó en 14% del PBI para el cierre de 1983. Según el ingeniero, su gravedad se explicaba “por las dificultades que encuentra el sector público en percibir ingresos antes que por la dimensión relativa de los gastos”.[54] En este orden, hizo especial referencia al problema de la evasión fiscal, donde calculó la existencia de agentes económicos que se negaban a entregar recursos a un Estado considerado ineficiente por más del 50% del total imponible. La principal consecuencia mencionada era que la recaudación del Tesoro descansaba en impuestos regresivos de fácil recaudación. Si no se avanzaba en confrontar con los poderes económicos que motorizaban la dinámica financiera que describía, se impondría el despido masivo de empleados públicos, la continuidad del financiamiento monetario del déficit fiscal y la constante caída de los salarios reales.
Posteriormente, Schvarzer se detuvo en la deuda externa calculada en 45.000 millones de dólares con intereses de más de 5.000 millones para 1984. Como destacó, los montos superaban el saldo comercial de 3.000 millones de dólares y advirtió las tensiones por venir con el FMI y los acreedores externos. Las medidas ortodoxas derivadas de las recomendaciones del organismo constituirían el principal problema, especialmente en la medida que no consideraban el debilitamiento de la moneda frente a la dinámica financiera. Para Schvarzer, deuda, inflación y dinámica financiera eran tres factores interconectados que producían la pérdida de valor del dinero. Por lo tanto, recetas como elevar la tasa de interés o recortar el déficit manteniendo los problemas estructurales agravaría tanto la inflación como estimular una reactivación keynesiana.
Sin hacer alusiones específicas a las políticas económicas del gobierno, Schvarzer destacó que se debían enfrentar a las consignas ortodoxas o liberales de los economistas locales, además de a las de los acreedores externos y los organismos internacionales, “adoptadas como verdad por amplios sectores empresarios locales” (1984, p. 5). Preocupaba que los empresarios hayan vivido expuestos muchos años a una economía especulativa como la que describió más arriba y que operaban como “una barrera apreciable frente a todo intento de aplicar las tradicionales políticas reformistas o keynesianas”.[55] Para el economista, si bien los grupos económicos locales no tenían un significativo poder político, podían movilizar recursos como el alza de los precios de bienes clave y presionar por mayor demanda de divisas manteniendo la inflación alta ante cualquier evento considerado disruptivo. Sin embargo, además de estas limitaciones que respondían a la coyuntura local, también le preocupó que “la teoría económica no dispone de modelos adecuados para tratar una crisis de las características y dimensiones que ofrece la coyuntura argentina”.[56] Esta afirmación se sostenía en que, según se argumentaba, no se conocían recetas idóneas para superar el tipo de inflación que vivía la Argentina; aún menos en un contexto de crisis del keynesianismo.[57]
Reflexiones finales
El Bimestre advirtió desde un comienzo que la democracia tendría limitaciones políticas y económicas significativas y planteó los primeros interrogantes respecto a las posibilidades de revertir los efectos de la dictadura. Como se destacó, concretar elecciones no equivalía a ejercer el efectivo poder civil. Por el contrario, según los editores de EBPyE, se requería movilizar a la sociedad civil en favor del poder político y del fortalecimiento de los partidos, confrontar a los poderes económicos que motorizaban el nuevo funcionamiento financiero de la economía y formar una burocracia democrática e independiente al servicio del nuevo régimen.
En este marco, hubo un apoyo a la democracia, aunque cuidándose de realizar menciones específicas al alfonsinismo y el radicalismo. Los esfuerzos se concentraron en advertir la necesidad de la reestructuración del Estado a partir de los ejes mencionados arriba, pero también de otros como “modernizar” los sindicatos y otras instituciones depurándolas de sus vínculos con los militares, una postura que recogió el ideario radical en aquel entonces. Sin embargo, detrás de estas reflexiones y propuestas que se manifestaron desde el equipo editorial también había, como en el propio gobierno, la intención de construir legitimidad política y poder.
Los análisis de Schvarzer retomaron el éxito del modelo de Martínez de Hoz en reestructurar la economía con eje en la renta financiera y los principales grupos económicos locales. Como en algún momento del análisis del equipo editorial, manifestó cierto pesimismo respecto al fracaso inminente de la ortodoxia y el monetarismo derivado de los principales grupos de influencia. También contempló que el keynesianismo estaba en crisis hacía años y, aunque fue menos crítico con este, que no se evidenciaban alternativas para desmontar el modelo consolidado tras la dictadura. La dinámica de “mercado inflacionario” que dejaba al Estado debilitado tras el endeudamiento y el financiamiento monetario del déficit fiscal, sería difícilmente reversible sin alianzas sociales que apelaran a sectores económicos que habían sufrido el retroceso del mercado interno y la actividad productiva. Aunque no manifestó siempre pesimismo, EBPyE sí planteó dudas desde un comienzo de la transición sobre las posibilidades de la democracia de prosperar si no se resolvían los problemas analizados. De no hacerlo, el Estadono estaría en condiciones de forjar una institucionalidad democrática sólida, eficiente y en favor de la ciudadanía.
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