“Serán muchos más.
Los desafíos al Nunca Más en tiempos de la investigación de la CONADEP”
EMILIO CRENZEL
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 16, N° 32, pp. 187 - 218
Julio- Diciembre de 2023
ISSN 1853-7723
Fecha de recepción: 30/06/2023 - Fecha de aceptación: 14/12/2023
Resumen
Recurrentemente, en el marco de la preocupación por la presencia de voces justificadoras, relativizadoras o negacionistas de los crímenes de Estado, se hace referencia a que, como novedad, desafían el Nunca Más, pacto fundante de la democracia iniciada el 10 de diciembre de 1983 que desechó el recurso a la violencia política. En este artículo, describiré y analizaré las manifestaciones –verbales y materiales- contrarias a la voluntad de investigación de los crímenes de Estado y a su no repetición, sostenidas por una variedad de actores durante la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada para investigar el destino de los desaparecidos y elevar las pruebas recabadas a la justicia.
Pondré de manifiesto la existencia de una variada gama de argumentos y prácticas que negaban, relativizaban o justificaban los crímenes y que prolongaban las interpretaciones esgrimidas por la dictadura ante las denuncias de las violaciones a los derechos humanos y que pueden pensarse como antecedentes de las desenvueltas por actores que las reproducen en la actualidad. El artículo procura historizar la justificación, negación y relativización de los crímenes de Estado inscribiendo a estas corrientes en una trayectoria que trasciende su presencia en la actual escena política.
Palabras Clave
Argentina-Nunca Más-Negacionismo- Justificación- Relativización-Terrorismo de Estado
“There will be many more.
Challenges to the Nunca Más in times of the CONADEP investigation”
Abstract
When discussing the issue of voices justifying, relativizing or denying state crimes, there is a tendency to refer to the Nunca Más challenge as a novelty. This report, considered the cornerstone of the democracy that emerged on 10 December 1983, represents a renunciation of the use of political violence. This article describes and analyses the manifestations - verbal and material - contrary to the will to investigate state crimes, and their non-repetition, which have been raised by various actors during the investigation by the National Commission on the Disappearance of Persons (CONADEP), created to investigate the fate of the disappeared by bringing the evidence to justice. It will show the existence of a wide range of arguments and practices that denied, relativized or justified the crimes and prolonged the arguments put forward by the dictatorship in the face of allegations of human rights violations. It argues that they can be considered as antecedents to those developed by the actors that are being reproduced today. The article seeks to historicize the justification, denial and relativization of state crimes, inscribing these currents in trajectories that transcend their presence on the current political scene.
Keywords
Argentina-Never Again -Negacionism- Justification- Relativization-State Terrorism.
“Serán muchos más.
Los desafíos al Nunca Más en tiempos de la investigación de la CONADEP”[1]
En la Argentina, en el marco de la preocupación por la presencia de voces justificadoras, relativizadoras o negacionistas de los crímenes de Estado, se hace referencia a que, como novedad, desafían el Nunca Más, pacto fundante de la democracia iniciada el 10 de diciembre de 1983 que desechó el recurso a la violencia política.[2]
Efectivamente, bajo la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) el propio presidente condenó en términos genéricos la violencia política diluyendo la especificidad de los crímenes de lesa humanidad, calificó a los derechos humanos de “curro”, funcionarios de su gobierno vincularon la estimación del movimiento de derechos humanos de la cifra de desaparecidos con la intención de beneficiarse de reparaciones económicas, negaron la existencia de un plan sistemático de desaparición forzada de personas y, de forma coincidente, la Corte Suprema dispuso la ley del “2x1” cuya aplicación, impedida por una inmediata y masiva movilización popular, hubiese dejado en libertad a buena parte de los condenados.[3]
Bajo el gobierno del presidente Alberto Fernández (2019-2023), en el marco de la pandemia del Covid-19 que potenció la aguda desigualdad social, crecieron expresiones negacionistas, relativizadoras y/o reivindicadoras de los crímenes de la dictadura. En ese contexto, una fuerza política novedosa, “La Libertad Avanza”, retomó el discurso castrense que calificaba las violaciones sistemáticas de los derechos humanos como “excesos de la guerra antisubversiva”. En el marco del avance global de estas corrientes ello ha dado lugar a debates en torno a la posibilidad de prohibir y punir el negacionismo (Thus, 2020).
En este artículo, describiré y analizaré las manifestaciones –verbales y materiales- contrarias a la voluntad de investigación de los crímenes de Estado y a su no repetición, sostenidas por una variedad de actores durante la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada para investigar el destino de los desaparecidos y elevar las pruebas recabadas a la Justicia.
Pondré de manifiesto la existencia de una variada gama de argumentos y prácticas que negaban, relativizaban o justificaban los crímenes y que prolongaban las interpretaciones esgrimidas por la dictadura ante las denuncias de las violaciones a los derechos humanos y que pueden pensarse como antecedentes de las desenvueltas por actores que las reproducen en la actualidad. Se entiende por negación los discursos que niegan la realidad histórica de crímenes atroces perpetrados en un contexto determinado. Próximo al fenómeno de la negación es la relativización o justificación de las atrocidades perpetradas, mecanismo que no niega su existencia pero los justifica en función de una meta o un contexto histórico específico.[4]
El artículo propone, a partir de una exhaustiva revisión de fuentes primarias y construcción de fuentes secundarias, una aproximación específica a los desafíos al proceso de elaboración de una nueva verdad pública respecto de los crímenes dictatoriales mediante los ataques que recibió la Comisión encargada de investigarlos. Este trabajo aborda un aspecto específico no abordado en su particularidad por las contribuciones que enfocaron el proceso de investigación y condena judicial que se desenvolvió en la democracia recién restaurada a partir de la confrontación entre el poder político, el movimiento de derechos humanos y las Fuerzas Armadas (Acuña y Smulovitz, 1995; Leis, 1989), de aquellas que enfocaron las políticas gubernamentales del período y las demandas económicas y sociales bajo el prisma de las nociones de democracia y derechos humanos (Adair, 2020), así como de los trabajos que analizaron las pujas de la transición en torno a la elaboración de verdad, justicia y memoria y que enfatizaron el carácter indeterminado de ese proceso político (Feld y Franco, 2015). Procura poner de manifiesto la temprana y fuerte circulación de corrientes negacionistas, relativizadoras y justificadoras de los crímenes de Estado proponiéndolas como antecedentes de similares manifestaciones que se expresan en la actualidad. El artículo se propone, de este modo, como un aporte a la elaboración de una genealogía de estas corrientes y, por ende, a su historización.
¿Cómo enfrentar los crímenes de Estado?
Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 la dictadura militar implementó un plan sistemático de persecución política que combinó prácticas represivas legales e ilegales. En ese marco, estructuró el sistema de desaparición forzada que consistía en la detención o el secuestro de personas, efectuado por militares o policías, su reclusión en lugares ilegales de cautiverio, generalmente ubicados en dependencias militares o policiales, donde eran torturadas y, en una importante proporción, asesinadas. Sus cuerpos eran enterrados en tumbas anónimas, incinerados o arrojados al mar, sus bienes saqueados y de forma regular sus hijos nacidos en cautiverio apropiados por las fuerzas represivas y sus identidades falseadas.
Estas violaciones, en especial la existencia de miles de desaparecidos, habían sido primero negadas por la dictadura militar y, luego, justificadas como meros “excesos” en el marco de la “guerra antisubversiva” que, proclamaba, se libraba en el país (Verbitsky, 1995, p. 78).
La asunción de la presidencia por parte de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 supuso la elaboración de una nueva verdad pública sobre estas violaciones a los derechos humanos, un programa de justicia que buscaba sancionar de manera ejemplar a los máximos responsables y un conjunto de leyes protectoras de los derechos humanos y el orden constitucional.[5]
En ese marco, Alfonsín propuso derogar la ley 22.924 de “Pacificación nacional” conocida como ley de “autoamnistía”, disposición dictada por la dictadura el 23 de septiembre, un mes antes de los comicios, que extendía un manto de impunidad a quienes hubiesen participado de la “lucha antisubversiva”. Mediante esa norma, las Fuerzas Armadas asumían su responsabilidad en lo actuado en la “guerra contra la subversión” pero, como novedad, derivaban su intervención de los decretos de la presidenta María Estela Martínez de Perón y del presidente provisional Ítalo Luder que les habían ordenado, en febrero y octubre de 1975, neutralizar y/o aniquilar el accionar de la subversión primero en la provincia de Tucumán y luego en todo el país.[6]
Asimismo, Alfonsín dispuso reformar el Código de Justicia Militar estableciendo el principio del juez natural, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con posibilidad de apelación ante la Cámara Federal, para las violaciones a los derechos humanos pasadas.
Esta última normativa contemplaba el principio de presunción de obediencia a órdenes superiores de la Junta militar para el personal subalterno, proyecto que abrió la primera brecha entre el nuevo gobierno y los organismos opuestos a que las propias Fuerzas Armadas administraran justicia y al principio de obediencia que exculpaba los crímenes de los subordinados.[7]
El Presidente también firmó los decretos 157 y 158 que ordenaban enjuiciar a siete integrantes de las cúpulas guerrilleras y a las tres primeras Juntas militares de la dictadura.[8] Esta disposición fue llamada la “teoría de los dos demonios”, pues limitaba a las dos cúpulas mencionadas la responsabilidad de la violencia política y porque explicaba y justificaba la represión estatal, aunque no su modalidad ilegal, por la violencia guerrillera.[9]
Dos días después, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presidida por el escritor Ernesto Sábato, integrada por otras personalidades de la sociedad civil y por tres diputados nacionales del partido de gobierno ya que el peronismo rechazó integrarla apoyando, en cambio, la formación de una comisión bicameral parlamentaria, propuesta enarbolada por los organismos de derechos humanos quienes desconfiaban de la materialización de justicia –dado que el Ejecutivo confirió al tribunal militar la tramitación del juicio a las Juntas-. Además, imaginaban que una comisión parlamentaria, a diferencia de la CONADEP, tendría atributos coercitivos para citar a declarar, realizar inspecciones y estaría integrada por los representantes del pueblo, quienes podrían realizar una condena política del terrorismo de Estado.[10]
Las metas de la CONADEP, según el decreto de su creación, consistían en "recibir las denuncias y pruebas y remitirlas inmediatamente a la justicia, averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas y de toda otra circunstancia relacionada con su localización, ubicar a los niños sustraídos a la tutela de sus padres, denunciar a la Justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de pruebas relacionadas con esos hechos y emitir un informe final a los ciento ochenta días a partir de su constitución”.[11]
La CONADEP, la puja por el sentido del pasado
Tras ponerse en marcha la investigación de la CONADEP, a pesar de sus reticencias iniciales, los organismos de derechos humanos -excepto las Madres de Plaza de Mayo-, fueron estableciendo una alianza tácita con la Comisión cuando percibieron que tenía voluntad de investigar sin por ello dejar de reclamar la constitución de una comisión parlamentaria (Crenzel, 2008).
Sin embargo, la CONADEP fue objeto de otro tipo de rechazos y ataques proveniente de un espectro de actores relativamente diversos en términos sociales, pero homogéneos en términos ideológicos, que cuestionaron desde el momento en que la CONADEP fue creada, con distintos argumentos y prácticas, las metas, los procedimientos, la investigación y el informe final de la Comisión.
Como era previsible, el inicio de la labor de la CONADEP agitó las filas castrenses. Pese a que el general Jorge Arguindegui, jefe del Estado Mayor del Ejército, señaló que “la investigación sobre los desaparecidos no conmovería a la institución” y que “en todo caso podrían molestarse los directamente implicados en forma personal en los supuestos ilícitos”, el clima dentro de las Fuerzas Armadas era tenso, y tanto la presencia de los ex dictadores Videla y Viola en su asunción, como la declaración del nuevo jefe del II cuerpo de Ejército, general Ríos Ereñu, quien afirmó que “todo el Ejército participó en la lucha antisubversiva para defender los valores patrios y tradicionales”, ilustraban una cerrada defensa institucional de la “guerra antisubversiva”.[12]
Simultáneamente, la prensa cercana a los militares puso en duda la cifra de desaparecidos sustentada por el movimiento de derechos humanos y, desconociendo las metas que el poder Ejecutivo le había fijado a la Comisión, afirmó que la tarea de la CONADEP era establecerla.[13] Por su parte, la organización Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS) reclamó al gobierno, un mes después de que comenzase a funcionar la CONADEP, que formara una “comisión nacional investigadora de los hechos perpetrados por el terrorismo”. Este reclamo de un tratamiento simétrico respecto del ejercicio de la violencia guerrillera y estatal ya había sido propuesto en la Cámara de Diputados por el legislador Balestra, del Pacto Autonomista Liberal de Corrientes quien, durante el debate sobre la creación de la CONADEP, reclamó que se debía investigar al terrorismo subversivo, su origen y causas.[14]
FAMUS se caracterizaba por un discurso de apoyo absoluto a la dictadura y a las banderas de la “lucha antisubversiva”. En su primera solicitada pública, el 25 de mayo de 1981, había acusado a los que “hoy son reclamados como desaparecidos” de haber intentado “destruir a la patria”, los igualaba con el responsable del atentado al Papa Juan Pablo II “éste era también un desaparecido igual a los muchos que hoy son reclamados” y convocaba a orar “por nuestros mártires de la violencia terrorista”, a los que igualaba con los “mártires de la patria”. Simultáneamente elogiaba “el orden y la tranquilidad de la que gozaba el país” y manifestaba su esperanza de que “nunca más tengamos que soportar el daño del terrorismo”.[15]
Solo tres semanas después, FAMUS reiteró el pedido de una comisión investigadora del terrorismo por medio de una carta dirigida al presidente Alfonsín. Su ministro del interior, Antonio Tróccoli les respondió que
Se trata de hacer justicia y de reparar daños para dejar atrás un pasado que nunca más deberá asolar la república. El problema de las actividades del terrorismo subversivo no es equiparable al problema de los desaparecidos ya que se trata de esencias y naturalezas diferentes. El gobierno nacional no considera necesario la creación de la comisión que FAMUS reclama. El caso de los muertos por la subversión se vincula a hechos concretos donde se conocen los nombres de quienes murieron, donde murieron e identificados quienes dirigían los grupos terroristas.[16]
Insistiendo en su reclamo, el 16 de marzo FAMUS pidió, en una audiencia con el vice subsecretario para Sudamérica de la embajada norteamericana Lowell Kilday y el oficial de la embajada Anthony Allitto, apoyo económico, información sobre la subversión en Argentina y sobre la existencia de comisiones similares a FAMUS en Estados Unidos. Según fuentes norteamericanas, la embajada negó a FAMUS esa información considerando que “estos pedidos implicaban una interferencia en los asuntos argentinos”. (Documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos, BJ015, 19 de marzo de 1984).
Pese a este fracaso, FAMUS insistió con este pedido en las misas mensuales que, en diversas ciudades del país, comenzó a organizar en recuerdo de los “civiles y militares muertos por la subversión” en las que además, con discursos virulentos que asociaban al gobierno de Alfonsín con el marxismo, la subversión internacional y el poder de la “sinarquía” reclamaban el fin de los juicios a los acusados por violaciones a los derechos humanos y su reconocimiento como héroes que habían salvado a la nación de su disolución y de su caída en las “garras del comunismo”. A inicios de abril concurrieron a estas misas mensuales por primera vez oficiales en actividad y durante la misma se leyó una carta de Videla reclamando “el honor de la victoria” para las Fuerzas Armadas que derrotaron al “enemigo de la Nación y facilitaron el restablecimiento del sistema republicano” (Verbitsky, 2003, pp. 65-67).
Este tipo de declaraciones anticomunistas, antisemitas y apologéticas de la “lucha antisubversiva” potenciaron su importancia política cuando el 29 de mayo, en el aniversario de la creación del Ejército argentino Jorge Arguindegui, jefe de la institución, declaró en Mendoza que Luciano Benjamín Menéndez (otrora comandante del III Cuerpo de Ejército y responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidas en esa jurisdicción) era un demócrata; días después, el jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada de Catamarca, coronel Adolfo Etcheum, reclamó “Honrar a quienes combatieron en los montes tucumanos al enemigo marxista y ateo” (Verbitsky, 2003, p. 65-67).
Las Fuerzas Armadas ahora no sólo recordaban, como en la ley de “autoamnistía”, que había sido un gobierno constitucional el que ordenó su intervención en la “lucha antisubversiva”. Además, afirmaban que su victoria había posibilitado la restauración de la democracia y pedían, por ese triunfo, el reconocimiento de la sociedad política y civil.
Otras manifestaciones discursivas de miembros de las Fuerzas Armadas se dirigieron, en forma virulenta y específica, contra los miembros de la CONADEP. El más violento de estos ataques lo formuló el almirante Mayorga, defensor de Chamorro, ex director de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) quien calificó a sus integrantes de “izquierdizantes” y “antimilitaristas”; dijo que el rabino Marshall Meyer uno de sus comisionados debía “irse de la Argentina”; que Santiago López, diputado y también comisionado, sostenía “una ideología comunista... todavía” y que otros integrantes de la CONADEP “estaban subjetivamente motivados por haber sufrido en ellos o en sus parientes los avatares de esta guerra”. Terminó afirmando que la CONADEP “pedía de rodillas que se presenten a declarar en contra de los militares”, auguró que “su informe iba a ser un gran fracaso” y abogó por el olvido y la amnistía.[17]
Las declaraciones de Mayorga fueron repudiadas por la CONADEP, diversos partidos políticos y organismos de derechos humanos e, incluso, por la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el organismo más crítico de la CONADEP.[18]
A raíz de las declaraciones de Mayorga, el diputado radical Santiago López planteó en la Cámara de Diputados una cuestión de privilegio contra el marino a quien la Cámara citó a declarar. En la interpelación, Mayorga ratificó sus dichos y afirmó que él había “matado por actos de servicio en 1955”, refiriéndose a su participación en los bombardeos de la Marina de guerra sobre la Plaza de Mayo durante el segundo gobierno de Juan Perón que, se ha estimado, provocaron 300 muertos, e interrogó desafiante a los diputados: “No sé si alguno de los diputados ha matado alguna vez”. La Cámara lo sancionó con cinco días de arresto por “lesionar los fueros parlamentarios” y remitió a la justicia sus declaraciones.[19]
A medida que la investigación de la CONADEP avanzaba –por la acumulación de los testimonios de familiares de desaparecidos y sobrevivientes y las inspecciones que, junto a ellos, realizaba la Comisión en cuarteles y unidades militares que oficiaron como Centros Clandestinos de Detención- los ataques que recibía se multiplicaron.
Guillermo Fernández Gil, dirigente del Movimiento Federalista Integrador de Centro y ministro del Interior de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, solicitó la remoción de Sábato de la presidencia de la CONADEP “por mentiroso, irresponsable y enemigo de la ansiada reconciliación argentina”, reclamó una comisión para investigar las muertes producidas por la guerrilla y afirmó que “Sábato miente al decir que la Argentina no vivió una guerra y cuando en una demostración más de su materialismo ateo acusa a la Iglesia de haber actuado con debilidad en la defensa de los derechos humanos”. Sábato le respondió que carecía de autoridad moral y recordó su desempeño como funcionario de la dictadura en “una de las zonas más devastadas por la represión” y manifestó su extrañeza porque esos cargos “sean formulados en nombre del cristianismo por alguien que ha aceptado y elogiado las torturas más horrendas” y, en consonancia con la orientación de sentido que propuso luego el prólogo del informe Nunca Más, señaló que la investigación de la CONADEP no implicaba “glorificar el terrorismo que precedió a la dictadura y sus abominables crímenes, .... además de haber precipitado la dictadura militar”, pero que éste debió ser combatido dentro de la ley y afirmó “nos ocupamos de los desaparecidos, no de personas cuyos cuerpos aparecieron públicamente, como fue el caso de los asesinados por el terrorismo”.[20]
Las críticas a la Comisión también partieron de voces del ámbito científico y de la cultura. En este caso objetaron, desde una perspectiva moral, los supuestos privilegios y beneficios de los cuales gozaban los miembros de la CONADEP, reclamos en los que se evidenciaba su nula consideración de la importancia y gravedad de las tareas que desempeñaban los comisionados. El Dr. Jorge A. Blaquier, investigador principal del CONICET, en una carta de lectores bajo el título “Retribuciones dispares” publicada por el diario La Nación criticó “las excesivas retribuciones de los secretarios de la Comisión en comparación con los sueldos del CONICET”, mientras la escritora Silvina Bullrich, con la misma orientación de sentido, afirmó que Sábato “goza de una buena entrada mensual por presidir la comisión sobre desaparición de personas, además de disponer de un auto oficial”.
La CONADEP respondió a estas objeciones. Aclaró, haciendo referencia al decreto de su creación, que sus secretarios y empleados eran los únicos remunerados y que los comisionados realizaban su labor ad honorem. Sábato, por su parte, señaló que la crítica de Bullrich debía
ser incluida en la serie cotidiana que reciben los miembros de nuestra Comisión que van desde las calumnias hasta las amenazas de muerte. No recibimos sueldo por nuestra dura y dolorosa tarea, que hemos aceptado por convicción republicana. Todos somos trasladados por autos del Ministerio del Interior ¿o es que además la señora Bullrich exige que hagamos nuestra tarea a pie?[21]
Efectivamente, el hostigamiento que sufrían los comisionados revestía otras modalidades más graves que la objeción de los supuestos beneficios económicos que tenían. Al rabino Marshall Meyer le robaron una valija con material recogido en el exterior, entre el cual se encontraban testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos que vivían en el exilio y otra documentación probatoria. Los comisionados sufrían amenazas diarias dirigidas a sus domicilios particulares pero, también, enviadas al Centro Cultural San Martín, ubicado en el centro porteño, sede de la comisión. Precisamente, allí la CONADEP enfrentaba graves problemas de seguridad para resguardar las pruebas testimoniales y documentales que iba acumulando. Sus archivos fueron revisados y violentados varias veces y, a raíz de estos hechos, la Comisión cambió cerraduras y reclamó el reforzamiento de la guardia policial a la vez que debatió qué hacer frente a sus sospechas de que era esa misma custodia la que había intervenido en el allanamiento de sus oficinas.[22] Finalmente, a propuesta de Daniel Salvador, secretario de documentación de la Comisión, la CONADEP decidió microfilmar todo el material probatorio y depositar copia de lo recabado en un banco oficial y otra enviarla al exterior.[23]
Los miembros de la CONADEP no eran los únicos que recibían amenazas y hostigamientos. Familiares de desaparecidos y especialmente sobrevivientes de los Centros Clandestinos los recibían de manera continua. Es más, algunos sobrevivientes seguían recibiendo visitas intimidatorias en sus domicilios por parte de quienes habían integrado los “grupos de tareas” que los habían secuestrado y torturado y muchos, de hecho, temían ser nuevamente secuestrados si concurrían a la CONADEP a brindar su testimonio o participaban, junto a los integrantes de la Comisión, de las inspecciones de los Centros Clandestinos.[24]
Por esas mismas razones, otra porción de sobrevivientes que vivía en el exilio se negó a retornar al país a declarar. En función de esa situación la Cancillería, a pedido de la CONADEP, habilitó “oficinas de denuncias” en las embajadas argentinas para poder recabar sus testimonios. En algunos casos, esa alternativa no fue suficiente para aplacar el temor, por lo que la Comisión organizó viajes al exterior para recibir personalmente denuncias y testimonios, ante el rechazo de muchos sobrevivientes a declarar en las embajadas argentinas por la presencia en ellas de funcionarios de la dictadura. En una conferencia de prensa ofrecida por el rabino Marshall Meyer en Los Ángeles, en la que informó haber recibido cerca de 40 denuncias de desapariciones, intervino Antonio Grosi, quien dijo ser “secretario general de la unidad básica justicialista en Estados Unidos”. Grosi pidió realizar su denuncia fuera del consulado argentino ya que -dijo- “había todavía allí muchos funcionarios que no hace mucho tildaban de comunistas a todos los que hablaban de desaparecidos en la Argentina”. Lo mismo ocurrió en España meses después, cuando Graciela Fernandez Meijide, secretaria de recepción de denuncias de la Comisión y el comisionado y diputado Hugo Piucill recibieron testimonios en un hotel dada la negativa de un grupo de sobrevivientes de los centros clandestinos a concurrir a la embajada argentina.[25]
Cuando la CONADEP ya había acumulado miles de testimonios e inspeccionado los principales lugares denunciados como Centros Clandestinos de Detención decidió realizar una presentación televisiva en la que adelantaría las conclusiones de su investigación “de una hora de duración con imágenes de los centros clandestinos y testimonios”.[26]
De este modo, la Comisión constituía a la opinión pública, además de los tribunales, en la receptora de su labor. Asumieron su preparación la comisionada Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista, y Gerardo Taratuto quien integraba el grupo de abogados de la Secretaría de Asuntos Legales de la CONADEP y era, a la vez, dramaturgo y realizador televisivo. En un plenario de la CONADEP, ambos adelantaron que el programa tendría un estilo periodístico y presentaron su estructura y guión, los cuales fueron aprobados sin ser discutidos con el gobierno.[27]
La grabación se realizó el 30 de junio en Canal 13, propiedad del Estado, con la presencia de todos los miembros de la Comisión. El anuncio de su emisión provocó inquietud en los despachos oficiales, debido al efecto que, se estimaba, tendría el programa entre los militares. El 4 de julio a la mañana, día en que iba a ser emitido, Alfonsín lo miró y discutió con sus colaboradores dos posibilidades ambas insatisfactorias: emitirlo con el costo de irritar a los militares o no difundirlo y enfrentar el escándalo de prohibir un programa ya anunciado al público.[28] Según Taratuto, a Sábato le plantearon no emitirlo y éste amenazó con renunciar si el gobierno censuraba el programa.[29] Finalmente, Alfonsín decidió su emisión pero con la salvedad de que interviniese Tróccoli, para “ponerle un marco político y tratar de evitar que lo que se condenara fuera solamente el terrorismo de Estado”.[30] Sábato lo comunicó a la CONADEP, “nos cayó muy mal a todos, pero él ya había tomado el compromiso”.[31]
Los temores del gobierno estaban fundados. Los jefes militares le pidieron ver el programa antes de que saliera al aire, ya que temían que presentase una lista de responsables de las desapariciones y, a la vez, presionaron “para que se escuche la otra versión de lo sucedido en el país”.[32] Su malestar se objetivó en un sondeo sobre el “estado de ánimo de las Fuerzas Armadas” entregado a Raúl Borrás, ministro de Defensa, que señalaba que “no se conocía que la citada Comisión tuviera como propósito declarado incidir sobre la opinión pública, sino informar a las autoridades sobre sus conclusiones cuando éstas realmente estuvieran consolidadas”.[33]
La emisión exacerbaba, además, la delicada situación militar. En Córdoba un grupo de oficiales, respaldados por el general Mansilla, se amotinó días antes rechazando la prisión preventiva de los capitanes Gustavo Alsina y Enrique Mones Ruiz y, esa misma semana una asamblea de oficiales, alumnos de la Escuela Superior de Guerra, debatió esa situación. Raúl Aragón, secretario de procedimientos de la CONADEP, recordó el generalizado estado de asamblea de las Fuerzas Armadas en esos meses: “cada miembro en los cuarteles era un verdadero Agit Prop (agitador y propagandista) y sus camaradas los iban a despedir a las estaciones de tren cuando eran convocados a declarar”.[34] En este marco, hasta último momento la Comisión no tuvo certeza sobre si el programa saldría al aire.[35] Finalmente, se emitió el 4 de julio entre las 22 y las 23:30 horas, sin cortes publicitarios, conducido por el periodista Sergio Villarroel.
A poco de comenzado, estalló una bomba de estruendo en el Canal que no produjo daños y vecinos de la zona norte del Gran Buenos dijeron avistar columnas de tanques sobre la ruta Panamericana que, antes de ingresar a la Capital, giraron hacia la ruta 202, donde se encuentra la guarnición de Campo de Mayo.
En Córdoba, la emisión del programa por parte del Canal 10 de televisión, propiedad de la Universidad Nacional, estuvo rodeada de amenazas de bombas, mientras que en Salta el Canal 11, propiedad de H. Patrón Costas, se negó a emitirlo. Su dueño se preguntó retóricamente “si un medio tan gravitante como la televisión contribuiría a la buscada pacificación de los espíritus, reviviendo en la pantalla y para el gran público la violencia generalizada que en un pasado muy reciente desgarró la vida nacional” y que “Nunca Más exhibe solamente una cara de la violencia” apreciación que, por cierto, había señalado el ministro del interior Antonio Tróccoli en la introducción que presentó el programa de la CONADEP.[36]
Como consecuencia de la emisión del programa, arreciaron las amenazas de muerte contra Ernesto Sábato, Raúl Aragón y Graciela Fernández Meijide. Los tres debieron disponer, desde entonces, de custodia personal.[37]
El programa alcanzó una audiencia masiva, 1.640.000 personas, y fue el más visto de esa noche.[38] Pese a que la introducción del ministro Tróccoli igualó la metodología de la violencia guerrillera con la del terrorismo de Estado, a diferencia por cierto de la distinción que había propuesto cuando respondió a los reclamos de FAMUS, a través de su programa la CONADEP tornó audible y visible al horror y, por primera vez, el Estado asumió el lugar de enunciador de un relato integral y diferente sobre las desapariciones respecto al tratamiento dictatorial. Como novedad, su condición de enunciador se sostuvo en las voces de los familiares de desaparecidos y los sobrevivientes de los centros clandestinos que vertebraron el hilo argumental del programa.
Pero también Nunca Más modificó el escenario político. La proyección del programa potenció la crisis militar y fue motivo de una discusión entre el bloque radical de diputados y el titular de la Comisión de Defensa de la Cámara Balbino Zubirí, en la cual hubo quienes reprocharon a la CONADEP haber puesto en riesgo la democracia.[39]
La crisis castrense se manifestó mientras el programa se emitía y se objetivó en el reemplazo de Arguindegui, jefe del Ejército, debido al malestar interno en las filas castrenses por la emisión de Nunca Más y la decisión del gobierno, por él resistida, de relevar al general Mansilla.[40] Los aliados de los militares, sin negar la veracidad de Nunca Más, criticaron su “parcialidad” pues, dijeron, olvidaba el dolor y la muerte causados por la violencia subversiva.[41] Por ello, al igual que el tratamiento simétrico que exigieron reclamando una comisión similar a la CONADEP “para investigar el terrorismo” exigieron la emisión de un programa televisivo, también oficial, que lo retratara.[42]
Memorias y violencia contra el Nunca Más
Si la emisión del programa Nunca Más avivó la tensión política, las críticas que recibía la CONADEP y las amenazas a los comisionados por la entrega de su informe final, con el mismo título, tuvo efectos aún mayores.
En términos políticos, la entrega del informe Nunca Más y la exposición pública de sus conclusiones (la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la estructuración del sistema clandestino e ilegal de desaparición forzada y la aplicación masiva y sistemática del secuestro, cautiverio, tortura y eliminación física de miles de personas) puso fin a la estrategia oficial de “autodepuración” de las Fuerzas Armadas.
El 21 de septiembre, un día después del acto público televisado en el que Ernesto Sábato, en nombre de la CONADEP, entregó en la casa de gobierno el informe al presidente Alfonsín, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas solicitó una nueva prórroga en la causa que investigaba las responsabilidades de las Juntas militares. Pero, en los considerandos de la solicitud, calificó de “inobjetables los decretos, directivas y órdenes de operaciones con las que las Fuerzas Armadas enfrentaron a la subversión” y precisó que los comandantes sólo podían ser acusados de no haber controlado los presuntos ilícitos de sus subordinados y que, por ende, era necesario precisar primero su existencia, investigando a sus autores inmediatos. Ellos constituían el cuerpo de oficiales en actividad, segmento al cual la estrategia del gobierno pretendía excluir de la investigación judicial.
Señalaban, además, que para establecer la ilegitimidad de lo actuado por las Juntas debía investigarse si los damnificados habían cometido delitos, justificando de este modo los crímenes y proponiendo investigar a los desaparecidos. Por último, descalificó los testimonios por provenir de los implicados (los sobrevivientes de los centros clandestinos) o familiares (de los desaparecidos).[43]
A partir de ello el Dr. Julio Strassera, Fiscal Federal de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, solicitó la avocación a la causa, por interpretar que estos actos eran “dilatorios” y denegaban justicia.
La respuesta castrense al informe de la CONADEP incluyó, además, la escenificación y ejercicio de la memoria militar mediante una serie de actos conmemorativos en los aniversarios de ataques guerrilleros a cuarteles, ocurridos durante el gobierno peronista entre 1973-1976. De este modo pretendían sostener la tesis castrense sobre la guerra antisubversiva, referían a su intervención en ella convocadas por un gobierno constitucional mediante los decretos de María Estela Martínez de Perón e Ítalo Luder de 1975, y asociaban su intervención a la defensa de la democracia y su triunfo en la guerra con su restauración (Verbitsky, 2003, p. 86-88).
Uno de estos actos se realizó en el Regimiento de Infantería 29 de Formosa, recordando su ataque por los Montoneros en octubre de 1975. Allí, el comandante de la VII Brigada de Infantería de Corrientes, coronel Claudio Destefano, dijo dos veces y en forma seguida: “ciudadanos de Formosa, bajo un gobierno constitucional legítimamente elegido en 1973 se produjo este ataque contra esta unidad del Ejército Argentino”. Al ser consultado por la repetición de esa frase, Destefano respondió que se trataba de “algo normal que no tiene ninguna connotación especial”. Esta política de la memoria, que por su carácter reiterado puede calificarse de institucional, se reprodujo en varios actos similares.
En la conmemoración del ataque del ERP al Batallón Depósito de Arsenales 601 en Monte Chingolo el jefe de la unidad, coronel Hugo Soto, recalcó que la defensa del cuartel se inscribió en “la respuesta al decreto 2772 del poder constitucional del 6 de octubre de 1975 que autorizaba la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva”. En enero de 1985, en el aniversario del ataque al regimiento de Azul en la provincia de Buenos Aires, el subjefe del Estado Mayor, general Raúl Schirmer dijo que “nadie podía condenar lo hecho por el Ejército, gracias a cuyos oficiales el país tenía un gobierno elegido por el pueblo y todos podían reunirse bajo el protector manto celeste y blanco”; en el décimo aniversario del inicio del Operativo Independencia en Tucumán el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ricardo Pianta, señaló que “gracias a aquella unión espiritual del pueblo y el Ejército argentino, hoy podemos vivir nuevamente en democracia, amparados por la Constitución nacional”. Otros actos con discursos similares se realizaron en la Brigada de Infantería XII de Misiones y en el V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.[44]
Pero además de las manifestaciones de los órganos institucionales de las Fuerzas Armadas –como el Consejo Supremo- y los discursos de sus mandos orgánicos –las jerarquías en actividad- uniformados retirados, notorios jefes de la represión (como el comisario Ramón Camps) calificaron de manera virulenta como falaces los testimonios reunidos por la CONADEP, propusieron a su informe como prolongación de la estrategia subversiva y como suplantación de la justicia.[45] Por su parte, el general (RE) Osiris Villegas pidió el procesamiento del Presidente y del Canciller Dante Caputo por haber condecorado el 13 de julio de 1984 mediante el decreto 2.169 al rabino Marshall Meyer, integrante de la Comisión y nacido en los Estados Unidos, con la orden del Libertador General San Martín con el grado de Comendador, a quien acusó de abusador de menores y lo calificó de “extranjero indeseable”.[46] Llamativamente, pero con sentido de la oportunidad, un sobreviviente del Centro Clandestino de La Perla en Córdoba que había testimoniado ante la CONADEP se presentó ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y señaló que su declaración había sido bajo presión y amenazas por parte de los miembros de la CONADEP y negó que en La Perla se hubiesen aplicado torturas.[47] Simultáneamente, desde el diario bahiense Nueva Provincia, que avaló y promovió la represión, se puso en duda el número de desaparecidos y se alertó sobre el regreso a las calles del “clima revolucionario”.[48]
Este escenario de violento rechazo a la CONADEP, su investigación y la proposición que condensaba el título de su informe se reproducía en ciertos púlpitos, convertidos en verdaderas tribunas de agitación política, desde los cuales los sacerdotes criticaban ferozmente al gobierno, lo asociaban con el poder judío, el marxismo y la pornografía, amenazaban con un nuevo y más amplio exterminio y convocaban al golpe de Estado.
Estos discursos, como se dijo, circulaban abiertamente en las misas mensuales convocadas por FAMUS. El más feroz se enunció el 24 de octubre, durante un oficio realizado en la Iglesia de Nuestra Señora de Luján, en el cual el presbítero Julio Triviño exhortó a “tomar las armas espirituales y materiales si es necesario para defender el honor de la Nación y los valores cristianos”, entre insultos a la “sinagoga radical” y amenazas de que “la próxima vez no serán NN sino MM, muchos más”. El gobierno de Alfonsín querelló a Triviño por “apología del delito” y violación de la ley de defensa de la democracia, y organismos de derechos humanos y partidos políticos repudiaron con una marcha sus declaraciones.[49]
En paralelo, se sucedía una ola de atentados e intimidaciones a ex miembros de la CONADEP, militantes políticos y de los organismos de derechos humanos. Estos hechos, como señalé, se habían producido durante todo el año 1984 pero se incrementaron notablemente tras la entrega del informe y la avocación de la Cámara Federal. En su mayoría eran anónimos pero, en otros casos, sus autores se identificaron como miembros de los comandos “Lagarto”, “Comando de lucha antisubversiva Nacional”, “Comando Nazi”, “Comando Facundo Quiroga”, “Comando Nacionalista Argentino” y “Grupo de Tareas Número 2”.[50]
Uno de los atentados más graves sucedió en Rosario, donde fueron robadas pruebas importantes recabadas por la CONADEP local -organigramas de los grupos de tareas con nombres, apodos y tareas de sus integrantes, listas y fotografías de desaparecidos- y donde explotó una bomba en el auto de Carlos De la Torre, integrante de esa delegación y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El Presidente Alfonsín repudió esos hechos y el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) reconoció la actuación de “comandos de ultra derecha”.[51]
Casi cuarenta años después, en sede judicial, Héctor Fructuoso Funes, quien fuera Jefe del Destacamento de Inteligencia 121, admitió su responsabilidad en el robo del material probatorio reunido por la CONADEP Rosario y aseveró que actuó por órdenes de Víctor Pino Cano, quien fuera Comandante del Segundo Cuerpo y de Luis Américo Muñoz, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121. Funes, de 86 años, fue condenado a cuatro años de prisión.[52]
Mucho más próximo en el tiempo, solo semanas después del atentado en Rosario, el ex presidente de la delegación Mar del Plata de la CONADEP, Armando Fertitta, y varios familiares de desaparecidos de esa ciudad recibieron a nombre del “Comando Cóndor” pañuelos similares a los utilizados por las Madres de Plaza de Mayo con la leyenda “desaparecido en 1985”. Este comando había enviado anteriormente un paquete con restos humanos a la presidenta de las Madres de Mar del Plata, Beatriz S. de Rubinstein, y la delegación Mar del Plata ya había sufrido el robo de documentación probatoria y por esa razón tuvo que rehacer en tres oportunidades su informe.[53]
Conclusiones
Como puede comprobarse, la investigación de la CONADEP y su informe Nunca Más suscitaron fuertes críticas y virulentos rechazos. Discursivamente incluyeron, por un lado, el negacionismo – de la existencia de desaparecidos, el rechazo in totum de las pruebas recabadas y el virulento cuestionamiento de la idoneidad de los comisionados-. Por otro, la relativización de la existencia de desaparecidos –mediante su igualación con los muertos causados por las guerrillas, la discusión de su número, orientada por la voluntad de descalificar la gravedad del crimen-. Y, finalmente, la justificación, reivindicación y apología de los crímenes de Estado –mediante la asignación de la responsabilidad al gobierno constitucional que precedió a la dictadura, la defensa sin admitir su revisión de la “lucha antisubversiva” y de las órdenes y planes de las Juntas militares que la condujeron, la glorificación de los dictadores, la atribución de responsabilidades a las víctimas por su destino como sostuvo el dictamen del Consejo Supremo, o la promesa amenazante de un exterminio más amplio “serán muchos más” como se escuchó decir en las misas mensuales de FAMUS.
Estos discursos fueron complementados por prácticas violentas: amenazas a los comisionados, a los familiares de desaparecidos y sobrevivientes de los centros clandestinos, la sustracción de pruebas y evidencias de la sede central y de ciertas delegaciones de la Comisión, amenazas de bombas, detonación de algunas de ellas en vehículos de integrantes de la Comisión, presiones militares para morigerar o compensar el curso de la investigación de la CONADEP y la exposición de sus resultados.
En síntesis, los discursos negacionistas, relativizadores o justificadores de los crímenes de lesa humanidad desplegados por la dictadura militar se hicieron oír con virulencia desde el mismo momento en que la democracia procuró esclarecer sus violaciones y sancionar penalmente a sus máximos responsables mediante la investigación de la CONADEP y el juicio a las Juntas. De hecho, el 25 de octubre de 1985, en el mes previo a la sentencia del juicio histórico, el presidente Alfonsín decretó por 60 días el estado de sitio ante una ola de amenazas de muerte a dirigentes políticos y de los organismos de derechos humanos y de amenazas de bombas en escuelas, hospitales, ministerios, universidades, sedes de partidos políticos y organismos de derechos humanos.
Las adhesiones electorales que recogen las voces negacionistas, relativizadoras o justificadoras de las violaciones a los derechos humanos, constituyen, sin dudas, una novedad a escala nacional. Este trabajo buscó historizarlas para dar cuenta de su presencia temprana en el escenario político nacional. Ni la voluntad de Nunca Más fue entonces unánime, como se postula desde una mirada idealizada y ahistórica de los tiempos fundacionales de la democracia, ni el proceso de elaboración de ese informe, emblema de la memoria, fue ajeno a confrontaciones signadas por la violencia.[54]
Bibliografía citada
Acuña, C. y Smulovitz, C. (1991): ¿Ni olvido ni perdón? Derechos humanos y tensiones cívicos - militares en la transición argentina. Buenos Aires: CEDES.
Acuña, C. y Smulovitz. C (1995): “Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional.” en Juicio, castigos y memorias, Derechos Humanos y justicia en la política Argentina, Acuña, Carlos, Adriana Vacchieri, Catalina Smulovitz, Elizabeth Jelin, Inés González Bombal, Luis Alberto Quevedo, y Oscar Landi (eds), Buenos Aires: Nueva Visión, 1995, 21-99.
Adair, J. (2020): In Search of the Lost Decade. Everyday Rights in Post-Dictatorship Argentina, Oakland: University of California Press.
Atkins, S. (2009): Holocaust Denial as an International Movement. Bloomsbury: Academic.
Baby, S. (2018): El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982). Madrid: Akal.
Bohoslavsky, E (2023): Historia mínima de las derechas latinoamericanas México: El Colegio de México.
Crenzel, E. (2008): La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Crenzel, E. (2013): El prólogo del Nunca Más y la teoría de los dos demonios. Reflexiones sobre una representación de la violencia política en la Argentina. Contenciosa I (1), 1-20, recuperado de: http://contenciosa.org/Sitio/VerArticulo.aspx?i=9 .
D´Antonio, D. (2003): Mujeres, complicidad y Estado Terrorista, Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación.
Duhalde, E. (2002): Felipe Vallese A 40 años, la lectura del crimen. Buenos Aires: Vergara.
Feld, C y Franco, M. (Dirs.) (2015): Democracia, hora cero: actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Franco, M. (2012): Un enemigo para la Nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Franco, M. (2023): La fractura del “Nunca Más”, El Dipló (Le Monde Diplomatique) disponible en https://www.eldiplo.org/notas-web/la-fractura-del-nunca-mas/
Garategaray, M. y Reano, A (2019): El pacto democrático en el lenguaje político de la transición en Argentina y Chile en los años ochenta, Contemporánea Historia y problemas del siglo XX 10 (10).
Goldentul, A. (2020): Pibes normales, pibes de jean. La problemática del estigma en la agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos, Sudamérica 12, 299-328. Recuperado de: https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/view/3940/4396.
Hola, B. (2022): The Oxford Handbook on Atrocity Crimes. Oxford: OUP.
Leis, H. (1989): El movimiento de derechos humanos y la política argentina. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Orozco, R.; Fidelis, T; Bolaños Alcántara, J. y Quintero Leguizamón, R (coords) (2023) Viejas y nuevas derechas en América Contrainsurgencia, despojos y sentidos comunes, Buenos Aires: CLACSo.
Pereyra Doval, D. y Souroujon, G (Eds.) (2024): Argentina´s right-wing universe during the democratic period (1983-2023), Nueva York: Routledge.
Thus, V. 2020. Negacionismo y derecho penal: el rol del derecho frente a las negaciones de los crímenes de estado. Buenos Aires: Didot.
Salvi, V. (2019): Derechos humanos y memoria entre los familiares de represores en la Argentina. Papeles del CEIC 2, 1-14. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76566980008
Verbitsky, H. (2003): Civiles y militares. Memoria secreta de la transición. Buenos Aires: Sudamericana.
Vezzetti, H. (2002): Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
[1] Agradezco a los/as revisores/as por sus comentarios a una versión previa de este artículo.
[2] Para una perspectiva de estas corrientes durante los cuarenta años de democracia, véase (Pereyra Doval y Souroujon 2024). Para una perspectiva regional, véase (Orozco, Fidelis, Bolaños Alcántara y Quintero Leguizamón (coords.), 2023) y (Bohoslavsky 2023).
“Macri dice que no sabe cuántos desaparecidos hubo durante la dictadura y califica a Bonafini de "desquiciada"” TELAM, 10 de agosto de 2016; “Darío Lopérfido, polémico: ‘En Argentina no hubo treinta mil desaparecidos’”, Perfil, 25 de enero de 2016 y Gómez Centurión, sobre los desaparecidos: No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras", Infobae, 30 de enero de 2017.
[4] Véase, en especial, (Atkins, 2009) y (Hola, 2023)
[5] El Ejecutivo envió el proyecto para aumentar las penas por el delito de rebelión, establecer el juicio oral, público y rápido para los culpables de atentados al orden constitucional y reformar el Código Penal para reprimir el delito de torturas con la misma pena que el homicidio: prisión perpetua.
[6] Ley de pacificación nacional número 22.924, Boletín Oficial, 27 de septiembre de 1983, pp. 1 y 2.
[7] Proyecto de ley de reforma del Código de Justicia Militar, Buenos Aires, 13 de diciembre de 1983, artículo 9, 5 de enero de 1984, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, pp.: 422-424.
[8] Decretos 157 y 158, 13 de diciembre de 1983, Boletín Oficial, 15 de diciembre de 1983, pp. 4 y 5.
[9] Para el examen de la “teoría de los dos demonios” desde diversos ángulos, Acuña y Smulovitz (1991); Duhalde (2002), Vezzetti (2002, pp. 121-127), Crenzel (2008 y 2013) y Franco (2012).
[10] “Organismos de derechos humanos opinan”, Clarín, 21 de diciembre de 1983, p. 8, solicitada de Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, Familiares, Madres de Plaza de Mayo y SERPAJ. Según Esquivel, le dijo a De Nevares que la CONADEP no tenía capacidad de investigar y que haría una verificación, y eso ya lo tenemos hecho, mientras la comisión bicameral podría entrar a Campo de Mayo, al Batallón de inteligencia 601 e investigar a la SIDE. Adolfo Pérez Esquivel, entrevistado por autor, Buenos Aires, 13 de diciembre de 2004.
[11] Decreto 187 del 15 de diciembre de 1983, Boletín oficial, 19 de diciembre de 1983, p. 2.
[12] “No afecta al ejército la investigación”, Clarín, 29 de diciembre de 1983, p. 4. Sobre la presencia de Videla y Viola en el acto de su asunción, “¿Un Nüremberg para militares?”, Somos, 23 de diciembre de 1983, año VIII, número 379, pp. 6-15.
[13] “¿Cuántos son los desaparecidos?”, Somos, 30 de diciembre de 1983, año VIII, número 380, pp. 13-17 y “¿Cuántos desaparecidos?”, Somos, 20 de abril de 1984, año VIII, número 396, p. 51.
[14] “La investigación del terrorismo pedirá FAMUS”, La Nación, 23 de enero de 1984, p. 3. Para la intervención de Balestra, véase el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 4ta. reunión, 3era. sesión extraordinaria, 22 de diciembre de 1983, p. 347.
[15] Véase “En este 25 de Mayo los familiares de los muertos por la subversión a la opinión pública”, Clarín, 25 de mayo de 1981, p. 5. La fecha de creación de la entidad convocaba a esa mimesis. Al parecer, la idea de conformar una organización de allegados de los muertos por la subversión surgió en el Centro Clandestino de Detención La Perla en Córdoba, por impulso del jefe de su equipo de torturadores, Ernesto Barreiro, ante el creciente reconocimiento internacional de las Madres de Plaza de Mayo. D´Antonio (2003, p. 54). Sobre las agrupaciones de familiares de represores, véase Salvi (2019) y Goldentul (2020).
[16] “Favaloro reveló que hay nuevas denuncias”, Clarín, 28 de febrero de 1984, p. 10.
[17] “¡Parece mentira!”, La Voz, 29 de mayo de 1984, p. 32.
[18] “Reacción por críticas del defensor de Chamorro”, Clarín, 31 de mayo de 1984, p. 13.
[19] “Sancionó diputados con cinco días de arresto al almirante Mayorga”, Clarín, 14 de junio de 1984, p. 12. Las Madres consideraban que la investigación de la verdad ya la había efectuado el movimiento de derechos humanos y de lo que se trataba era que actuase la justicia. Además, entendían que la CONADEP estaba conducida por personas que habían apoyado a la dictadura y sin experiencia, cuya investigación no produciría resultado alguno. Reclamaban, en cambio, una comisión bicameral que condenase políticamente todas las prácticas del “terrorismo de Estado”.
[20] “Crítica a Sábato”, Clarín, 7 de febrero de 1984, p. 8.; “Rechazó Sábato una acusación”, Clarín, 10 de febrero, p. 11y “La réplica de Sábato a Fernández Gil”, La Nación, 15 de febrero de 1984, p. 8.
[21] “Retribuciones dispares”, La Nación, 25 de febrero de 1984, p. y “Comisión de desaparecidos: Sueldos”, Crónica, 30 de marzo de 1984, p. 5.
[22] “Marshall Meyer”, Humor, año VI, número 125, abril de 1984, p. 48; Gregorio Klimovsky, entrevistado por autor, Buenos Aires, 6 de septiembre de 2004 y CONADEP, acta número 15, 13 de marzo de 1984, p. 54; CONADEP, acta número 19, 10 de abril de 1984, pp. 74 y 75, CONADEP, acta número 24, 15 de mayo de 1984, p. 96; CONADEP, acta número 25, 29 de mayo de 1984, pp. 101 y 107, CONADEP acta número 27, 5 de junio de 1984, p. 107 y CONADEP, acta número 29, 19 de junio de 1984, pp. 114-115.
[23] CONADEP, acta número 42, 11 de septiembre de 1984, p. 171.
[24] COANDEP, acta número 15, 13 de Marzo de 1984, p. 53 y “La CODEP [CONADEP] recibió 5.340 testimonios”, Tiempo Argentino, 15 de Junio de 1984, p. 7. Sobre el temor de ciertos sobrevivientes a ser nuevamente secuestrados, Enrique Fernández Meijide, “Parar la amnistía”, Humor, noviembre de 1984, pp. 35-37.
[25] “El rabino Meyer recibe denuncias en EE.UU”, Clarín, 31 de enero de 1984, p. 8 y “Gestión en el exterior”, Clarín, 23 de agosto de 1984, p. 10.
[26] CONADEP, acta número 19, 10 de abril de 1984, p. 74. Para una buena síntesis del programa, véase “La firmeza de Sábato, la torpeza de Tróccoli, la soberbia de los verdugos”, Nueva Presencia, año VI, número 366, 6 de julio de 1984, tapa y p. 11.
[27] Gerardo Taratuto, entrevistado por autor, Buenos Aires, 7 de diciembre de 2004.
[28] “Una decisión presidencial. Entretelones del programa sobre la lucha contra la subversión”, La Nación, 6 de julio de 1984, p. 4 y Gerardo Taratuto, entrevistado por autor, Buenos Aires, 7 de diciembre de 2004.
[29] Gerardo Taratuto, entrevistado por autor, Buenos Aires, 7 de diciembre de 2004 y en el mismo sentido, “Sábato enfrentó a Alfonsín. El shock de Nunca Más”, Somos, 13 de julio de 1984, año VIII, Nº 408, tapa y pp. 6-11.
[30] “Sábato enfrentó a Alfonsín. El shock del Nunca Más”, Somos, año VIII, número 408, 13 de julio de 1984, p. 6.
[31] Graciela Fernández Meijide, entrevistada por el Equipo de Derechos Humanos del CEDES, Buenos Aires, diciembre de 1989.
[32] “Sábato enfrentó a Alfonsín. El shock del Nunca Más”, Somos, 13 de julio de 1984, año VIII, Nº 408, tapa y pp. 6-11.
[33] “Nuevas inquietudes en el ámbito castrense”, La Razón, 4 de julio de 1984, tapa
[34] El cuadro de situación”, Clarín, 4 de julio de 1984, p. 2 y Raúl Aragón, entrevistado por autor, Buenos Aires, 3 de diciembre de 2003.
[35] Gerardo Taratuto, entrevistado por autor, Buenos Aires, 7 de diciembre de 2004.
[36] “Pese a las amenazas, Nunca Más se pudo ver en la televisión cordobesa”, Diario Popular, 19 de julio de 1984, p. 8 y “Controversia en Salta por la no prohibición del filme Nunca Más”, La Nación, 6 de septiembre de 1984, p. 15. Sobre la visualización de los tanques Verbitsky (2003, p. 69). Sobre las discusiones en el bloque radical, Santiago López, entrevistado por autor, Buenos Aires, 5 de julio de 2005.
[37] Graciela Fernández Meijide, entrevistada por el Equipo de Derechos Humanos del CEDES, Buenos Aires, diciembre de 1989 e “Investigan amenazas contra la CODEP”, Clarín, 25 de agosto de 1984, p. 10.
[38] Según la medición de IPSA Nunca Más alcanzó 19,3 puntos de rating, superando al musical Grandes valores del tango (canal 9, 11,2 puntos), al humorístico No toca botón (canal 11, 9,6 puntos) y a Situación límite (ATC, 2,8 puntos). Desde las 22:30 hasta las 23 horas alcanzó los 20,5 y entre las 23 y las 23:30 los 19,7 puntos, superando en ambas franjas la audiencia del resto de la programación sumada, véase “Sábato enfrentó a Alfonsín. El shock de Nunca Más”, Somos, 13 de julio de 1984, año VIII, Nº 408, tapa, 6-11.
[39] Sobre el clima que rodeó la emisión, “Valiente denuncia del genocidio. El programa Nunca Más desnudó el drama de los desaparecidos”, La Voz, 5 de julio de 1984, p. 3.
[40] “Sábato enfrentó a Alfonsín. El shock de Nunca Más. “El eco militar”, Somos, 13 de julio de 1984, año VIII, Nº 408, tapa y 6-11.
[41] Para la diputada María Cristina Guzmán, del conservador Movimiento Popular Jujeño, la proyección dio “una visión muy parcial” porque “en el programa no se hizo mención del dolor de las víctimas de la subversión”. Para Francisco Manrique, del Partido Federal, de similar tendencia, el programa “informó un aspecto parcial y aterrador del drama argentino”; y el almirante (R) Isaac Rojas, quien participó de la conducción militar del golpe contra Juan Perón en 1955, desaprobó que no se exhibieran los “crímenes y delitos semejantes cometidos por la subversión y el terrorismo”, “Reacciones disímiles”, Clarín, 6 de julio de 1984, p. 6.
[42] “También para el gobierno una de cal y otra de arena”, La Voz, 5 de julio de 1984, p. 3; Editorial: “Un pasado que no debe repetirse”, La Nación, 7 de julio de 1984, p. 6. y Jesús Iglesias Rouco, “Nunca más (II)”, La Prensa, 7 de julio de 1986, pp. 1 y 8. Sobre el pedido de FAMUS a Tróccoli, “Gestión de FAMUS ante el Ministro del Interior”, Clarín, 18 de julio de 1984, p. 6.
[43] “El Consejo Supremo avaló lo actuado en la lucha antisubversiva”, Clarín, 26 de septiembre de 1984, pp. tapa y 2-5. y “Un contraataque inesperado”, Clarín, Buenos Aires, 27 de septiembre de 1984, p. 21. La declaración del Consejo Supremo recibió el apoyo de los diputados Balestra (Liberal por Corrientes) y de Guillermo Fernández de la Unión de Centro Democrático (liderada por Álvaro Alsogaray), y el repudio de los organismos de derechos humanos.
[44] “Recordaron en Formosa el ataque guerrillero del Regimiento en 1975”, Tiempo Argentino, 6 de octubre de 1984, p. 2.; “Homenaje a los caídos en el batallón de Monte Chingolo”, Clarín, 22 de diciembre de 1984, p. 8.; “Copamiento de una guarnición. Juicios críticos en actos castrenses”, Clarín, 19 de enero de 1985, p. 2 y “Tucumán diez años después, en La Razón, 10 de febrero de 1985, p. 11.
[45] “Duro documento de Camps sobre el futuro de nuestra sociedad”, La Prensa, 19 de octubre de 1984, p. 4.
[46] “Osiris Villegas. Pide que se procese a Alfonsín y Caputo por condecorar al rabino M. Meyer”, La Prensa, 25 de septiembre de 1984, p. 4.
[47] “Un ex detenido en La Perla desdíjose de su testimonio”, La Prensa, 8 de octubre de 1984, p. 4.
[48] Editorial, Nueva Provincia, 14 de octubre de 1984, reproducida “Entre la ficción y la agitación”, Humor, año VI, número 137, p.32.
[49] Tiempo Argentino, 25 de octubre de 1984, p. 9 y Nueva Presencia, año VII, número 382, 26 de octubre de 1984, p. 3.
[50] “Acciones contra una democracia en pañales”, La Voz, 14 de noviembre de 1984, pp. 8 y 9.
[51] “Nuevo golpe en Rosario. Fallido atentado contra ex dirigente de la CONADEP”, La Voz, 10 de octubre de 1984, pp. 15 y 22. Para el reportaje Roberto Pena, entonces jefe de la SIDE, véase “Actúan comandos de ultra derecha”, El Periodista de Buenos Aires, 27 de octubre al 2 de noviembre de 1984, año I, número 7, p. 9.
[52] “Un operativo de madrugada para llevarse documentos de la CONADEP”, Página/12, 8 de junio de 2023 Disponible en https://www.pagina12.com.ar/540028-un-operativo-de-madrugada-para-llevarse-documentos-de-la-con
[53] “Más que cóndores, ratones”, Humor, año VII, número 143, enero 1985, pp. 21-23 y Graciela Fernández Meijide, entrevistada por el Equipo de Derechos Humanos del CEDES, Buenos Aires, diciembre de 1989.
[54] Para idealizaciones similares de la transición española, Baby (2018). Franco sitúa en 1986 la primera amenaza al pacto fundacional del Nunca Más refiriendo a los levantamientos militares los cuales, en realidad, comenzaron durante las pascuas de abril de 1987. (Franco, 2023), Sobre el consenso y el lenguaje político de la transición en Argentina y Chile, véase Garategaray y Reano (2019).