EL CONFLICTO POLÍTICO – SINDICAL EN TORNO A LA LEY MUCCI Y EL “NUEVO SINDICALISMO”. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS SINDICATOS Y SUS DIFERENTES DIMENSIONES. 1983 – 1996
DANIEL DICÓSIMO
Instituto De Estudios Histórico Sociales
Instituto De Geografía, Historia Y Ciencias Sociales (Consejo Nacional De Investigaciones Científicas /Universidad Nacional Del Centro De La Provincia De Buenos Aires)
Tandil, Buenos Aires, Argentina
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 16, N° 32, pp.75 - 101
Julio- Diciembre de 2023
ISSN 1853-7723
Fecha de recepción: 30/06/2023 - Fecha de aceptación:07/12/2023
Resumen
Este ensayo bibliográfico analiza la democratización sindical durante una coyuntura relevante de la historia reciente argentina, el gobierno de Ricardo Alfonsín y la primera mitad de la década menemista. Para Raúl Alfonsín, la democratización del mundo del trabajo era sinónimo de modernización. Empero el contenido y las formas de lo moderno a las cuales apeló muestran una curiosa combinación entre lo nuevo y lo viejo. En la reforma del modelo sindical subyacían varios supuestos que habían formado parte del discurso radical desde 1955. Asimismo, la iniciativa de democratización presentó desde el comienzo una contradicción entre el principio democrático y el marco institucional autoritario, porque el proyecto Ley de Reordenamiento Sindical fue discutido en el marco de la ley de Asociaciones Profesionales N° 22.105 de 1979. Frente a las iniciativas del gobierno, el sindicalismo peronista adoptó posiciones defensivas que se basaron en recursos usados en la segunda mitad del siglo XX. Este artículo se interroga por las novedades de este proceso.
Palabras Clave
Asociacionismo migratorio, inmigración italiana, fascismo, liderazgo étnico, identidades colectivas.
The political-union conflict around the Mucci Law and the “new unionism.” The democratization of unions and its different dimensions. 1983 – 1996
Abstract
The subject of this bibliographical essay is the democratization of trade unions during a crucial period in Argentina's recent history: the government of Ricardo Alfonsín and the first half of the Menemist decade. For Raúl Alfonsín, the democratization of the labour’s work? world of work was synonymous with modernization. However, the content and forms of modernity to which he appealed were a curious combination of the new and the old. Underlying the reform of the trade union model were several assumptions that had been part of the radical discourse since 1955. Moreover, from the outset, the democratization initiative have presented a contradiction between the democratic principle and the authoritarian institutional framework since the draft law on trade union reorganization was discussed within the framework of Law No. 22.105 of 1979 on professional associations. Faced with the government's initiatives, Peronist trade unionism adopted defensive positions based on the resources it had acquired in the second half of the twentieth century. This article examines the novelties of this process.
Keywords
Democracy. Syndicalism. Modernization. Reordering. Endurance.
El conflicto político – sindical en torno a la Ley Mucci y el “nuevo sindicalismo”. La democratización de los sindicatos y sus diferentes dimensiones. 1983 – 1996
La democratización del mundo del trabajo, incluyendo al sindicalismo y a las relaciones laborales, era para Raúl Alfonsín sinónimo de modernización. Empero el contenido y las formas de lo moderno a que apeló muestran una curiosa combinación entre lo nuevo y lo viejo. En la reforma del modelo sindical -que se proponía explícitamente normalizar los sindicatos a través de la elección democrática de sus autoridades y a partir de entonces sancionar una nueva ley de Asociaciones Profesionales, otra de Obras Sociales y convocar la negociación colectiva de salarios- subyacían varios supuestos que habían formado parte del discurso radical desde 1955: la manipulación de los afiliados a los sindicatos por parte de las “burocracias sindicales”, la existencia de cierta “pureza” en los trabajadores de base que era bloqueada por aquéllas, la subordinación del movimiento sindical al Partido Justicialista y la marginación de otras orientaciones ideológicas que no fueran la peronista. Asimismo, la iniciativa de democratización presentó, desde el comienzo, una contradicción entre el principio democrático y el marco institucional autoritario; el proyecto Ley de Reordenamiento Sindical fue discutido en el marco de la ley de Asociaciones Profesionales N° 22.105 de 1979. Por si esto fuera poco, acuciado por la crisis económica y la puja distributiva, el gobierno nombraría en 1987 a un sindicalista peronista como Ministro de Trabajo, cediendo a una tradicional práctica corporativa y dificultando la democratización “desde abajo”.
En contraste con las continuidades que se observan en las ideas y acciones de estos actores, hubo un cambio cuyas consecuencias persistieron en la década de 1990, nos referimos a la democratización de las bases sindicales. En este sentido, la democracia sindical no fue iniciativa exclusiva de Alfonsín, sino que comenzó mucho antes que el ministro de Trabajo Antonio Mucci presentara el proyecto de Reordenamiento Sindical en el Congreso. Casi un año antes de las elecciones presidenciales de 1983, en los lugares de trabajo se constituyeron cuerpos y coordinadoras de delegadxs, que organizaron las elecciones para normalizar los sindicatos. Los protagonistas eran jóvenes trabajadorxs y sin experiencia gremial previa, que aceptaron como conductores a dirigentes históricos quienes habían sido desplazados de sus sindicatos a mediados de la década de 1970, sufriendo el exilio o la cárcel.
Lo innovador de estas experiencias era una combinación de elementos, que separados, tenían antecedentes en un pasado más o menos reciente y que habían sufrido dolorosas frustraciones, pero, que juntos, resultaban disruptivos en las bases de algunas organizaciones sindicales. Algunos de esos elementos, los que creemos más relevantes, fueron: 1) la oposición a las “burocracias sindicales” y el reclamo de democratización de abajo hacia arriba de las organizaciones; 2) la reivindicación de la defensa de los Derechos Humanos; 3) la formación político – sindical de lxs jóvenes activistas gremiales. Si bien fracasó el intento del “nuevo sindicalismo”, como dieron en llamarse, de participar de un debate por la reforma del modelo sindical, sobre todo por el desinterés del gobierno en convocarlos al diálogo, su influencia se extenderá durante las décadas futuras.
En los apartados que siguen desarrollaremos el objeto de este ensayo que, no está demás explicitarlo, es la democratización sindical y las dimensiones en que esta se desarrolló entre 1983 y 1996 (fecha en que se creó la Central de Trabajadores Argentinos). Para definir el concepto de democratización sindical nos valemos de la definición que usara Mónica Gordillo, siguiendo a Charles Tilly:
“un proceso permanente de interacción entre demandantes y contra-demandantes, cuyo resultado se orienta a ampliar la participación, disminuir las desigualdades categoriales e impulsar consultas protegidas y vinculantes. Cuando la tendencia se orienta en sentido contrario se enfrenta un proceso de des-democratización a pesar de la existencia de un régimen formalmente democrático. Si aplicamos el concepto de democratización al ámbito sindical es posible considerar metodológicamente dos dimensiones relacionadas: una referida al funcionamiento interno, que busca aumentar la participación y representación en el lugar de trabajo y en el sindicato, promoviendo acciones tendientes a disminuir las desigualdades de raza, género, cuyos indicadores pueden ser cambios en los estatutos que fortalezcan la representación de los cuerpos colegiados, por ramas, de las seccionales, la incorporación de mujeres a los órganos directivos, la competencia entre listas, la inclusión de mecanismos formales e informales de consulta -como el referéndum- e instancias de control sobre las autoridades, así como los relacionados con el modelo y prácticas sindicales. La segunda dimensión apunta a la acción externa, donde el aumento de la participación y la disminución de la desigualdad categorial se ponen de manifiesto en la ampliación del colectivo representado pero no sólo numéricamente sino a partir de la inclusión de categorías de trabajadores excluidas de las organizaciones sindicales, tales como desocupados, precarizados, cuenta propistas, autogestivos. En el mismo sentido, se pueden considerar la promoción de cambios en las legislaciones laborales tendientes al reconocimiento del pluralismo y la diversidad de formas organizativas, la integración en agrupaciones intersindicales e intersectoriales que planteen objetivos y tomas de posición políticas, trascendiendo las demandas sectoriales y las acciones tendientes a recuperar el componente internacionalista del movimiento sindical propiciando, por ejemplo, redes latinoamericanas.” (Gordillo, 2016)
Vino viejo en odres nuevos
La reforma del modelo sindical peronista
El 17 de diciembre de 1983 el Ministro de Trabajo de Alfonsín, Antonio Mucci, presentó el proyecto de Ley de Reordenamiento Sindical. En sus líneas generales proponía: a) facilitar la presentación de listas en las elecciones de comisiones directivas, eliminando las exigencias de antigüedad y número de avales, entre otros requisitos, existentes en los diferentes Estatutos sindicales y en la legislación laboral; b) organizar la elección “de abajo hacia arriba”, es decir primero delegados y luego las comisiones directivas; c) prohibir la adhesión de los sindicatos y la CGT a un partido político; d) reducir la duración de los mandatos sindicales y limitar la reelección de los dirigentes nacionales; e) controlar el proceso electoral mediante un veedor del Ministerio de Trabajo y no a través de las autoridades elegidas por los sindicatos; f) establecer la representación de la primera minoría en la composición de las Comisiones Internas de Reclamos y en los cuerpos directivos, siempre que la segunda lista hubiera obtenido al menos el 25% de los votos. Este último era uno de los cambios más importantes en relación a lo que había dispuesto la ley de Asociaciones Profesionales promulgada durante el gobierno de Arturo Frondizi (N° 14.455) y su modificatoria de 1973.
Según Mónica Gordillo, en el proyecto “Mucci” subyacían varias ideas que no eran nuevas, como las referidas a una supuesta manipulación de los afiliados a los sindicatos por parte de sus dirigentes - que el gobierno consideraba “burocracias sindicales”-, cierta “pureza” en los trabajadores de base “bloqueada” por estas, la subordinación del movimiento sindical al Partido Justicialista y la marginación de otras orientaciones ideológicas que no fueran la peronista. (2023). En resumen, la visión del poder sindical implícita en el proyecto era la de “un problema de representaciones institucionales distorsionadas” (Gaudio y Thompson, 1990, p. 19). A partir de un triunfo rotundo en las elecciones sindicales de los candidatos radicales o aliados, el gobierno no esperaba un cambio inmediato en el mundo del trabajo, sino que confiaba en llevar adelante un proceso de normalización “tutelado” que abriera espacios para las oposiciones. Al mismo tiempo, parecía no ver como una contradicción que la democratización fuera realizada en el marco de la ley de Asociaciones Profesionales de la dictadura cívico – militar (N° 22.105 de 1979) (Massano, 2020).
El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados sin ponerlo a consideración del movimiento sindical, lo que demostraría -según Gordillo - que Alfonsín sobrestimaba la autoridad que había ganado en las urnas (2023). El triunfo electoral de dos meses atrás parecía abrir una oportunidad inmejorable para corregir las “desviaciones” que el orden corporativo representaba para el régimen político argentino. El gobierno radical no quiso desperdiciarla buscando consensos para su proyecto de reforma con quienes se consideraban herederos del creador del régimen sindical corporativo y se beneficiaban de ese orden. Como si esto fuera poco, todavía resonaban los ecos de la denuncia de Alfonsín sobre la existencia de un pacto militar – sindical.[1]
No hacía falta demostrar la veracidad de esa denuncia, el radicalismo hacía mucho tiempo que creía que lxs trabajadorxs eran dominadxs por un régimen autoritario creado por Perón en 1945 y que la destrucción del mismo liberaría sus potencialidades democráticas.
En 1983, no bien se conoció el proyecto oficial de reforma, el gremialismo peronista se puso en movimiento para resistirse a su promulgación como ley. Para los dirigentes de la CGT el punto más controvertido del proyecto era el relativo al régimen electoral para normalizar los sindicatos, ya que se encuadraba en la ley 22.105 del gobierno militar, a lo cual contrapusieron que debía enmarcarse en la última legislación constitucional sobre el tema, la de 1973 (Gaudio y Thompson, 1990). Más específicamente, la polémica giró en torno a la representación de las minorías, el control del proceso electoral, los requisitos para integrar las listas de candidatos, los plazos para sancionar la normalización sindical y el control del proceso electoral. Presidido por el tópico de la defensa de la libertad sindical ante la injerencia del Estado, el debate se instaló en todos los medios de difusión.
La resistencia se organizó a partir de una combinación de prácticas de larga tradición en el movimiento sindical peronista:
a. La CGT denunció al gobierno radical ante las centrales sindicales internacionales, CIOSL y CMT, por la violación de la resolución 87 de la OIT sobre libertad sindical.
b. El 4 de enero de 1984 el sector gremial elevó al Congreso un proyecto de régimen de normalización alternativo al presentado por el gobierno, que consistía en: la derogación de la ley de Asociaciones Profesionales de 1979 y el restablecimiento de la 20.615 del año 1973; elecciones generales en todas las organizaciones sobre la base de los procedimientos estatutarios vigentes; voto directo y secreto con la fiscalización de las elecciones por parte de la Justicia del trabajo (Gordillo, 2023). El debate parlamentario sería impulsado por los diputados peronistas de origen sindical.
c. La reunificación de la CGT, que tomó impulso debido al ataque del gobierno y al desafío que representaban para las conducciones peronistas tradicionales los nuevos agrupamientos intersindicales surgidos de las bases gremiales, como la Asamblea Gremial Argentina (AGA) y el Encuentro Nacional de Trabajadores (ENTRA), que promovían la democratización gremial. La fórmula de unidad entre los sectores gremiales mayoritarios fue una conducción colegiada, que incluía a los sindicatos más importantes y era presidida por cuatro secretarios generales, quedando afuera de la misma la AGA y el ENTRA.
d. La movilización callejera al Congreso, convocada para el mismo día de inicio del debate, que tuvo el impulso adicional de la tensión que generó el Ministerio de Trabajo al intentar la renovación de los interventores en varios grandes sindicatos, incluyendo a representantes de las oposiciones existentes en los mismos.
La variedad de recursos empleados en la resistencia pone de manifiesto el valor que el régimen electoral, y en particular la lista única, tenía para los dirigentes sindicales del peronismo ortodoxo. Este se había incorporado a su ADN desde la sanción de la ley de Asociaciones Profesionales de 1958, que abolía la representación de las minorías en la conducción sindical (aplicada por la Revolución Libertadora) y restablecía el tradicional sistema peronista por el cual la lista ganadora tomaba el control de todo el sindicato. El poder sindical fue reforzado con la modificación a dicha ley durante el tercer gobierno peronista, que incluyó el derecho de ilegalizar los sindicatos por empresa, intervenir sumariamente a sus filiales y poner fin al mandato de los delegados de fábrica, y se ampliaba la duración del mandato de los dirigentes nacionales de 2 a 4 años.
El proyecto de Reordenamiento Sindical fue aprobado en la Cámara de Diputados el 10 de febrero de 1984, pero más tarde sería derrotado en la Cámara de Senadores, el 14 de marzo, por veinticuatro votos contra veintidós. No obstante, la normalización era necesaria para tratar las leyes de fondo en materia de asociaciones profesionales y de obras sociales. El gobierno decidió avanzar en el proceso concediendo a la CGT el reemplazo de Mucci por Juan Manuel Casella y un proyecto de Reglamento Electoral que reconocía el régimen previsto en las disposiciones estatutarias de cada sindicato. El gobierno reconocía así su fracaso y optaba por una alternativa posible para ordenar el campo sindical, pero se perdía “la oportunidad de llevar a cabo un debate de fondo sobre el modelo sindical que mejor propiciara la democratización sindical.” (Gordillo, 2023, p. 144).
Política salarial y lógica corporativa del gobierno radical
El presidente Alfonsín mantuvo por decreto (367/83) la facultad exclusiva del gobierno nacional de fijar las remuneraciones con carácter general, que había establecido la dictadura cívico – militar en 1976 (Gordillo, 2023; Massano, 2020; Zorzoli, 2015). A través de actualizaciones nominales mensuales se intentó que los salarios acompañaran o superaran la evolución de la inflación. El fundamento de esta política fue la irrepresentatividad de las conducciones sindicales, de manera que, al normalizarse la CGT, en septiembre de 1986, el gobierno propuso un esquema de “pacto social” que incluía la discusión de distintos aspectos económicos, de seguridad social y de legislación laboral, entre el Poder Ejecutivo, la CGT y las cámaras empresarias. En esa línea envió un proyecto al Congreso que derogaba el decreto 367/83 y establecía que en el término de 365 días debían restituirse las cláusulas convencionales (Massano, 2020).
La promesa de cambio de la política salarial respondía a las presiones sindicales. A la CGT le preocupaba no solo el futuro del modelo sindical peronista sino también la acumulación de conflictos por salarios y su limitación legal para resolverlos, ya que la intervención en las negociaciones colectivas había sido una de sus fuentes de legitimidad desde los años cuarenta. Esta situación impulsó a sus dirigentes a cambiar su acción de coyuntura, en favor de presionar al gobierno con reclamos económicos (Gaudio y Thompson, 1990). Una audiencia con el Presidente -a la que llevaron un petitorio que incluía la derogación inmediata de la legislación laboral de la dictadura militar y el regreso a la situación previa al 24 de marzo de 1976- los dejó insatisfechos y convencidos de retomar la estrategia de obtener concesiones del gobierno recurriendo a la táctica vandorista de confrontar y negociar. La presión sindical a favor de la restauración de las Convenciones Colectivas de Trabajo era parte de un proceso que se remontaba al pasado reciente. De hecho, la suspensión de las mismas durante la dictadura cívico – militar fue motivo de tempranos reclamos por parte de los dirigentes sindicales peronistas.
A fines de 1984 los magros resultados del programa económico de Bernardo Grinspun, el primer Ministro de Economía de Alfonsín, lo obligaron a firmar un acuerdo con el FMI que incluía un programa de estabilización económica. Sin embargo, la inflación no se detuvo y el Presidente anunció que la sociedad debería adaptarse a la austeridad de una “economía de guerra”. La CGT respondió con un plan de lucha nacional, con distintos actos en el interior del país que culminaría con un paro general el día 23 de mayo de 1985 y una movilización a Plaza de Mayo. Grinspun fue reemplazado por Juan Sourrouille, quien lanzó en junio de 1985 el Plan Austral, un programa más restrictivo que el anterior. Se creó una nueva moneda, el Austral, el Estado se comprometió a no emitir, se regularon los precios básicos, el tipo de cambio, los salarios y las tarifas. En ese nuevo contexto, y ante la necesidad de controlar el nivel de los salarios antes de que el 1° de octubre de 1985 se restituyeran las convenciones colectivas, el Poder Ejecutivo envío al Congreso un nuevo proyecto que modificaba el anterior y disponía la convocatoria a comisiones paritarias pero limitadas a discutir condiciones generales de trabajo y no los salarios (Gordillo, 2023; Massano, 2020). La CGT contestó con un comunicado donde anunciaba la continuación de la segunda etapa del plan de lucha, que culminó con el tercer paro nacional el 29 de agosto de 1985.
A comienzos del año 1986 el gobierno recibía demandas contrapuestas en materia salarial. La CGT solicitaba una compensación de suma fija que recuperara lo perdido durante el año anterior. L respuesta del Ejecutivo no la conformo y la conflictividad se profundizó. Por su parte, los empresarios no estaban de acuerdo con los aumentos de suma fija; solicitaron una negociación salarial por rama o por sector y, si fuera necesario, por empresa, y solo para fijar pisos básicos para negociaciones particulares posteriores; los aumentos salariales efectivos deberían determinarse según aumentos de productividad (Massano, 2020). Ante esta situación Alfonsín solicitó al Ministerio de Trabajo una propuesta para tratar la problemática económico-social de manera más global y articulada. El Subsecretario de Trabajo, Armando Caro Figueroa, acercó un proyecto de solución que consistía en acuerdos por “bandas” salariales, por sector de actividad y con aumentos ajustados a la productividad, que fue aceptado y aplicado a mediados de ese año mediante el decreto 1155/86.
Este modo de negociar salarios permitió un incremento sustantivo de las remuneraciones de lxs trabajadorxs de los sectores metalúrgico, del plástico, petrolero, mecánico y de la generación de energía eléctrica, más productivos y con sindicatos más poderosos. La CGT se opuso a los acuerdos por “bandas”, consecuente con su política de homogeneizar los aumentos a través de sumas fijas, considerando que el nuevo dispositivo resultaría en una segmentación salarial y una fragmentación del colectivo obrero nacional convocó a tres paros generales para el año 1987. Empero esa estrategia no era compartida por los sindicatos industriales más poderosos, partidarios de presionar al gobierno por una apertura de la negociación colectiva por rama y recuperar su representación y representatividad ante las bases obreras; el nuevo dispositivo de acuerdos salariales fue recibido con beneplácito y como un éxito propio (Palomino, 2005).
La nueva situación favoreció el diálogo entre los sindicatos de esos sectores, que se autodenominaban “Grupo de los 15”, y el gobierno, que buscaba un interlocutor alternativo a la CGT (Gordillo, 2023; Palomino, 2005). De esta confluencia resultó el nombramiento como Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Carlos Alderete, uno de los principales dirigentes de Luz y Fuerza, en abril de 1987. A despecho de haber levantado la bandera de la lucha contra las corporaciones en el mundo del trabajo, el gobierno apelaba a la vieja “lógica corporativa” de distribuir cargos clave del aparato estatal entre los "factores de poder" (Palomino, 2005).[2] El acuerdo le permitió contener o al menos debilitar la oposición sindical. Durante los seis meses que los “15” ocuparon el ministerio no se efectuaron huelgas generales y se destrabó la legislación laboral en la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, permitió aunar fuerzas contra los sectores militares que pocos días después de la incorporación de los sindicatos al gobierno encabezaron la asonada de Semana Santa de 1987 (Gordillo, 2023). Los “15” tenían el objetivo primario de posicionarse mejor frente a sus adversarios dentro de la CGT, el ubaldinismo y el sindicalismo renovador,[3] y así liderar un proceso de unidad que les permitiera negociar los términos de una nueva alianza con el gobierno.[4] El ingreso de Alderete al gobierno tuvo como resultado real el fortalecimiento del modelo sindical peronista: el nuevo ministro impulsó las leyes de paritarias, asociaciones profesionales y obras sociales. En resumen, la posición de las cúpulas sindicales resultó fortalecida y frenó el ascenso de la democratización que había surgido en las bases obreras ya en 1982.
La democratización desde abajo
A fines de 1982, al calor de la movilización por la recuperación salarial surgieron en empresas privadas y dependencias del Estado espacios de organización y activismo gremial al margen de los sindicatos. Se constituyeron cuerpos y coordinadoras de delegadxs, así como agrupaciones que daban cierta coherencia política a las demandas salariales, entre obrerxs y empleadxs municipales de San Isidro y entre los judiciales de Capital Federal, en Ferrocarriles, en los sectores estatales agremiados en ATE y en la empresa pública de teléfonos, ENTEL (Palomino, 1985).
Estas experiencias de organización representaban, por un lado, la necesidad de ordenar institucionalmente aquellos sindicatos en los cuales no se realizaban elecciones desde 1974 y eran gobernados por interventores civiles o antiguos dirigentes a quienes se habían prorrogado sus mandatos. Por otro lado, la demanda de un activismo de base, en general joven y sin experiencia previa, que eran proclives a apoyar a dirigentes históricos, que habían sido desplazados de sus sindicatos, sufriendo el exilio o la cárcel, y que tenían hondas expectativas de retomar la conducción de sus gremios (Gordillo, 2023; Palomino, 1985).
En ese clima se gestaron las listas para las inminentes elecciones de normalización. Según Gordillo, en agosto de 1983 tuvo lugar el Plenario Nacional de las Agrupaciones Sindicales Peronistas (ASP), tributarias de la izquierda peronista de la década de 1970, en Villa Carlos Paz, Córdoba, con representantes de varias provincias y regiones industriales populosas, donde se formó la Coordinadora Nacional Provisoria de las ASP. Entre sus reivindicaciones estaban la reincorporación de los trabajadorxs despedidxs por causas políticas o gremiales, la democracia sindical, la libertad de todos los presos políticos y gremiales, el retorno de todos los exiliados y la aparición con vida de los detenidxs-desaparecidxs. Las ASP confluyeron en la Mesa de Enlace Gremial con otros nuevos agrupamientos, como el Encuentro Nacional de Trabajadores (ENTRA), la Asamblea Gremial Argentina (AGA), el oficialista Movimiento de Renovación Sindical (MRS), que reunía a los gremios o agrupaciones sindicales radicales, o la Coordinadora de Recuperación Sindical, con organizaciones de Tucumán, Salta y Santiago (, 2023).
La Mesa de Enlace Gremial intentó constituirse como interlocutor de Alfonsín, como alternativa a la CGT y propensa a apoyar, con algunas críticas, el proyecto de reforma del modelo sindical del gobierno. Esta aspiración no se concretó, ya que éste priorizaría la negociación con los núcleos peronistas tradicionales que integraban la central, pero el proceso de formación de un “nuevo sindicalismo”, como se autodenominaban, tuvo frutos en la normalización sindical. En efecto, varias de las agrupaciones y listas lograron resonantes triunfos en las elecciones realizadas en 1984 y 1985, sobre todo cuando desplazaban conducciones que habían permanecido durante muchos años al frente de los sindicatos. Otras características significativas de los comicios fueron el elevado porcentaje de votos que obtuvieron las listas opositoras y la composición frentista de las mismas, debido a la confluencia de varias “tribus” políticas, como peronistas, radicales, intransigentes, socialistas y otras (Palomino, 1985).
Por ejemplo, en la Unión Obrera Metalúrgica, bastión en apariencia inexpugnable del peronismo ortodoxo, en la cual las juntas electorales seccionales rechazaron muchas listas opositoras de izquierda, consiguieron triunfar representantes del “nuevo sindicalismo” en la UOM Quilmes (Francisco Gutiérrez, Lista Naranja) y en la UOM Villa Constitución (Alberto Piccinini, Lista Marrón). También lo hicieron en la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), en la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) y en ATE.
El “nuevo sindicalismo” presentaba en su interior trayectorias y orientaciones político – ideológicas diferentes, así como algunos elementos comunes. Algunos grupos provenían del peronismo “combativo”, como Raimundo Ongaro (gráficos), Julio Guillán (telefónicos) o Francisco Gutiérrez (UOM), otros del “sindicalismo de liberación”, que liderara Agustín Tosco, como Alberto Piccinini (UOM) y de un activismo gremial y político no peronista, como Alfredo Bravo, socialista (CTERA). Las diferencias entre ellos y sus agrupaciones pasaban por un mayor o menos énfasis en la autonomía respecto de los partidos políticos y el Estado, pero también compartían varias aspiraciones y objetivos programáticos.
Entre ellos el primero consistía en la oposición a las “burocracias sindicales”, entendiendo por ello a los dirigentes y listas gremiales que se habían beneficiado del régimen de lista única, durante la década de 1960, y de la extensión de mandatos, que les otorgó la modificación de la ley N° 14.455, y que habían recibido la prórroga de sus mandatos de la dictadura cívico – militar. Esa oposición debía resultar en una democratización de abajo hacia arriba, una demanda que coincidía con la propuesta del proyecto de Reordenamiento Sindical, pero que venía de más lejos en el tiempo.
Un segundo elemento era la reivindicación de la defensa de los Derechos Humanos, lo que constituía un cambio con respecto a la relación que había mantenido la mayoría del movimiento sindical peronista con los Organismos Defensores de los Derechos Humanos (ODDH), durante buena parte de la última dictadura cívico – militar. La Comisión Nacional de los 25 (CN 25) y la Comisión Nacional del Trabajo (CNT), las dos corrientes mayoritarias del sindicalismo durante dicho período, denunciaron la violación de los derechos humanos de modo muy selectivo, limitándose a los dirigentes del peronismo ortodoxo, como Oscar Smith de Luz y Fuerza, asesinado en 1977 por una fuerza de tareas de la Marina. Sobre la situación de los miembros del sindicalismo combativo, que habían sufrido todo el peso de la represión, no hay constancia de que reclamaran información ni justicia porque, a su entender, formaban parte del “fenómeno terrorista”.[5]
Por su parte, lxs miembrxs del sindicalismo combativo que habían sufrido la cárcel y el exilio estrecharon vínculos con los diversos ODDH, que los ayudaron a mejorar o revertir su situación personal y a reintegrarse a la vida gremial. A partir de la recuperación de la Democracia muchos de ellos se propusieron ocupar un espacio vacío en el sindicalismo argentino, el de la intersección de los derechos humanos con los derechos laborales. (Gordillo, 2023; Palomino, 1985). Por caso Víctor De Gennaro (de la Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de la Asociación Trabajadores del Estado –ANUSATE–), Roberto Digón (del Grupo “Los 25”), o Alberto Piccinini y Raimundo Ongaro (de la UOM y gráficos, respectivamente) fueron integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) (Natalucci, 2018).
En 1984 se constituyó el Frente de Trabajadores por los Derechos Humanos y en algunos gremios o seccionales de los mismos se formaron secretarias o comisiones por los Derechos Humanos, como fue el caso pionero de los gráficos. Este interés por la defensa de los DDHH tenía un costado político, que consistía en abrir la militancia y las alianzas más allá de los límites de los sindicatos, hacia formas e instituciones de nuevo tipo que tuvieran, como en esta cuestión en particular, una importancia insoslayable para consolidar la Democracia (Palomino, 1985).
Un caso paradigmático de esta nueva actitud hacia el mundo circundante al del trabajo y los gremios es el Victor De Gennaro, dirigente de ATE que ganó las elecciones nacionales de ATE celebradas el 6 de noviembre de 1984. Su agrupación, ANUSATE, venía desarrollando actividades de defensa de los derechos humanos desde su creación en diciembre de 1977 (Paredes, 2014). Entre ellas estaba la averiguación de paradero de los dirigentes de ATE secuestrados, lo que llevó a De Gennaro y Germán Abdala, otro de los miembros relevantes de ANUSATE, a establecer vínculos con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (1980) y dirigente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).[6] Esa relación será muy estrecha, ya que Pérez Esquivel participó en varios plenarios de ANUSATE y De Gennaro escribió una columna gremial en la revista Paz y Justicia del SERPAJ,[7] y en particular por los intentos compartidos de acercar al movimiento sindical y a las ODDH, que mantuvieron una relación muy tensa y una difícil convivencia durante veinte años.[8]
La articulación entre ellos debió esperar mucho tiempo por razones sociales, ideológicas y discursivas: por un lado, la demanda de justicia por las violaciones a los derechos humanos fue presentada de modo predominante por aquellos ODDH integrados por familiares y víctimas de las desapariciones, fusilamientos y detenciones ilegales, lo que dejaría en un lugar marginal a otros organismos, como la APDH, a donde se había acercado el “nuevo sindicalismo”; y, por otro lado, la forma discursiva en que fueron presentadas las demandas y la identidad de las víctimas, un vocabulario liberal – republicano que diluía el carácter militante de aquellas, redujo el campo semántico donde podía reivindicar la pertenencia sindical de aquellos (Natalucci, 2018).[9]
Un tercer elemento común era la formación político – sindical de los jóvenes activistas gremiales. Un caso que ha sido estudiado es la experiencia del Centro de Estudios de Formación Sindical, fundado por Alberto Piccinini y Victorio Paulón, entre otros. El encuentro intergeneracional entre los dirigentes de los años setenta y lxs jóvenes trabajadorxs se produjo en diciembre de 1982, cuando Alberto Piccinini y otros activistas veteranos arengaron a éstos para que adhirieran al paro general convocado por las dos CGT y al que la UOM Villa Constitución no adhería. El significado del mismo es registrado en la publicación oficial de la Lista Marrón, encabezada por aquél, 25 años de lucha:
“hay dos historias que se encuentran. La de la marrón perseguida, reprimida, prohibida, y la realidad de siete años de represión y autoritarismo patronal sobre los trabajadores. Cuando seres humanos maduros, acostumbrados a soportar y callar quiebran la barrera del llanto es porque algo muy profundo se desgarra en su interior. Cuando los viejos compañeros del setenta se enteraron en los vestuarios que el Pichi estaba afuera haciendo una asamblea con el turno tarde para adherir al paro, muchos de ellos lloraban conmovidos. Los nuevos, invadidos por la curiosidad, querían conocer directamente lo que habían escuchado en voz baja en las horas de la comida” (citado por Prospitti, 2013).
En una primera etapa, entre 1982 y 1989, la formación era parte de la estrategia para recuperar la conducción de la seccional Villa Constitución de la UOM, que habían perdido con la violenta intervención de 1974. Así desarrollaron un trabajo intenso para recuperar la memoria de los militantes sindicales caídos por la represión. Consideraban que la legitimación del gremialismo de base no debía limitarse al cumplimiento de las leyes laborales o a la negociación colectiva por salarios, sino a una conducta y a un compromiso intachables con los intereses de la clase trabajadora y con la democracia sindical. Este era un criterio de legitimidad muy extendido en la militancia sindical de las izquierdas peronistas y no peronistas de la década de 1970. No obstante, los nuevos tiempos políticos obligaron a resignificar los postulados combativos, anti-burocráticos y anti gubernamentales. Con el antecedente del apoyo que el futuro presidente Alfonsín había dado a Piccinini para reintegrarse al sindicato luego de salir de la cárcel y en el contexto de las tensiones generadas por la discusión alrededor de los proyectos de normalización sindical, la autonomía como posición irreductible fue relativizada en vista a la urgente necesidad de la democratización sindical y finalmente la seccional, ya presidida por la Lista Marrón, ofrecería su apoyo a la Ley Mucci como parte del Encuentro de Trabajadores Argentinos. (Prospitti, 2013).
Recuperada la conducción de la seccional en las elecciones de 1984, los debates en el seno del Centro de Estudios de Formación Sindical se orientaron, a fines de la década, al diagnóstico de los cambios que se estaban produciendo en la organización del trabajo de Acindar, la principal empresa de Villa Constitución, y a la definición de nuevas formas de enfrentarlos. Los resultados se pusieron en práctica durante el conflicto de 1989 – 1991 entre el sindicato y la siderúrgica, nos detendremos en el mismo porque es un caso que permite observar cómo en el “nuevo sindicalismo” se combinaron elementos del sindicalismo combativo de la década de 1970 y de la experiencia del exilio que vivieron varios de los dirigentes de la seccional.
El conflicto comenzó en 1989, cuando Acindar comenzó a cambiar sus métodos de trabajo sin consultar con el sindicato. Ante las primeras resistencias declaró un lockout patronal, comenzó a despedir personal obrero y se quitó del salario de bolsillo un 20% extra que se pagaba fuera de convenio, con la intención de cambiarlo por ticket canasta. Un conflicto de resolución favorable en otra planta de la firma ubicada en el Gran Buenos Aires alentó a la empresa para presionar a cada trabajadxr para que aceptara la modificación de su contrato de trabajo, difundiendo el rumor que estaba a punto de quebrar por problemas financieros (Basualdo, 2005). La seccional propuso y consensuó, en una asamblea de todo el personal de la fábrica, formar una Comisión Técnica entre las partes y acordar los cambios en la organización del trabajo. Dicha comisión discutió solo la propuesta empresaria, lo que significaba una actitud “defensiva” de las posiciones obreras, en comparación con la actitud más habitual del sindicato durante los años setenta. Entre diciembre de 1990 y mayo de 1991, el conflicto se endureció con despidos, suspensiones y lockout patronal, hasta que el 9 de Mayo de 1991 un acta acuerdo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso la anulación de los despidos, suspensiones rotativas y una paz social de 180 días y, lo más significativo, que la UOM Villa Constitución podría participar en las discusiones sobre la reconversión del trabajo a través de los delegados y la Comisión Interna.
Lo que observamos en este conflicto es que los dirigentes del “nuevo sindicalismo” consensuaron en un espacio de discusión democrático, como eran las asambleas de fábrica, un cambio de estrategia de lucha surgido de su experiencia en el exilio. Esa forma de consensuar medidas de acción que afectaban a todo el personal era consecuente con la prédica, sostenida por Piccinini, Paulón y otros cuadros sindicales, de recuperar las prácticas democráticas que habían distinguido a las diferentes orientaciones del sindicalismo combativo respecto de la “burocracia sindical”. Empero, la estrategia que se discutió en la asamblea no consistía en una oposición frontal a las posiciones de la patronal con toma de fábrica, como había sido habitual en el pasado reciente, sino en una actitud constructiva, abierta a la negociación y al acuerdo con la empresa sobre los cambios en la organización del trabajo.
Este cambio era resultado de los debates sostenidos en el Centro de Estudios de Formación Sindical, que habían servido para recuperar la experiencia de los dirigentes y cuadros sindicales de la seccional durante su exilio en Francia e Italia. En particular, los conflictos laborales en la terminal italiana de FIAT durante los cuales el sindicato se había enfrentado a una reconversión brutal y tuvo que elegir entre el choque frontal o la negociación organizada.[10] La opción por esta última alternativa en el conflicto con Acindar fue exitosa, en la medida que permitió frenar los despidos y consolidar la posición de los organismos sindicales de fábrica como representantes obreros en un espacio de cogestión (Basualdo, 2005).
Algunas consideraciones finales
En los primeros meses del gobierno radical predominaba una visión sobre la coyuntura económica que, como señalan Claudio Belini y Milagros Rodríguez en un artículo de este Dossier, resultaría anacrónica en el sentido de que no había registrado cabalmente los profundos cambios en el modelo de acumulación de capital acaecidos desde 1975. Mientras ese diagnóstico estuvo vigente, en rigor de verdad mientras el ministro Bernardo Grinspun se mantuvo en su cargo, parecía posible recomponer los salarios como vía para reactivar el PBI, la producción industrial y la recaudación fiscal, y mejorar la distribución del ingreso de los asalariados y el empleo. En esa línea de pensamiento el objetivo de democratizar los sindicatos era un recurso no solo ético sino instrumental para convocar las negociaciones colectivas, aunque se partiera del diagnóstico erróneo de que los votos obtenidos en la elección presidencial, por sí solos, permitiría aprobar el proyecto de Mucci sin consensuarlo con los dirigentes sindicales. Empero el incremento de la inflación, la dificultad de llegar a acuerdos con el poder económico para congelar precios y salarios, y la posición inflexible del FMI respecto del ajuste monetario y fiscal para superar el problema de la deuda externa, hicieron fracasar la política redistributiva del ministro Grinspun y volvieron superflua la democratización sindical.
El gobierno debió reemplazar el principio de democratizar las relaciones laborales por el de “modernizarlas”, que implicaba adoptar un sistema de negociación salarial por “bandas”, semejante al que había implementado la dictadura cívico – militar, y una lógica corporativa ante el movimiento sindical, que resultaría en la incorporación de un dirigente gremial al Ministerio de Trabajo. Ambas decisiones estaban lejos del discurso electoral de Raúl Alfonsín y ponían en evidencia que su pérdida de poder y legitimidad era proporcional a la adopción de políticas posibles, las que parecían adaptarse mejor a una coyuntura en que se superponían tres crisis: la deuda externa, la inflación (en 1987 ya cercana a la hiperinflación) y la forzada transición a un modelo de acumulación basado en la valorización del capital.
En el diagnóstico de sindicatos dominados por “burocracias” peronistas, que tenía Alfonsín en 1983 pero venía de muy atrás en el tiempo, subyacía la idea de que lxs trabajadorxs no podían por sí solos liberarse de ese dominio. Esto le impidió advertir que la democratización de las organizaciones gremiales, no de modo “tutelado” por el gobierno, sino desde abajo había comenzado mucho antes que Mucci presentara el proyecto de Ley de Reordenamiento Sindical en el Congreso. Quienes sí advirtieron esa situación y la amenaza que representaba sobre su poder, fueron los dirigentes que se habían beneficiado del régimen de lista única, de la extensión de mandatos que les otorgó la modificación de la ley N° 14.455 y que habían recibido la prórroga de sus mandatos de la dictadura cívico – militar. A diferencia de éstos, que apelaron a sus recursos de movilización, solidaridades internacionales y presencia en el Congreso, el gobierno confió solo en la legitimidad que le daba la reciente victoria electoral y la gestión parlamentaria. No consensuó su proyecto con los diversos núcleos sindicales que surgieron de las elecciones sindicales y apoyaban, aunque críticamente, el proyecto, lo que hubiera generado un debate con alcances insospechados en la sociedad, pero seguramente positivos para el objetivo del gobierno.
Aunque no pudo influir en ese debate, el accionar del “nuevo sindicalismo” constituyó un cambio insoslayable en la política sindical, en particular en las relaciones de las organizaciones gremiales con el Estado, los partidos políticos y los movimientos sociales no sindicales. Se pueden encontrar antecedentes de núcleos sindicales que lucharon por la democracia sindical, desde posiciones anti – burocráticas, asimismo de agrupamientos que sostuvieron posiciones contrarias a la tutela del Estado y a la identificación con los partidos políticos, y otros que fueron receptivos de la formación político - sindical. El “nuevo sindicalismo” contenía esas orientaciones, pero lo nuevo es el vínculo con los Organismos Defensores de los Derechos Humanos (ODDH).
Esta relación provenía del pasado reciente. Muchos de lxs militantes que ganaron las elecciones sindicales entre 1982 y 1984 tenían motivos para agradecer el apoyo de los organismos durante sus experiencias de cárcel y exilio en la dictadura cívico – militar, y se proyectaba al futuro, en la medida que estos confiaban en una alianza política que adquiría una nueva y potente legitimidad en la cuestión de los Derechos Humanos. Menos de diez años después, a mediados de la década de 1990, la creación de la CTA, con sus principios de autonomía del Estado y los partidos políticos, y su apertura a los ODDH y a los primeros movimientos de trabajadores desocupados, tenía sus raíces en el “nuevo sindicalismo”.
Bibliografía
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[1] Raúl Alfonsín denunció en abril de 1983 la existencia de un pacto militar sindical, que acordaba la entrega de las organizaciones gremiales a sus conducciones previas al golpe cívico – militar de 1976 a cambio del compromiso político de no investigar las políticas implementadas durante el gobierno posterior al mismo, en particular las violaciones a los DDHH.
[2] La “lógica corporativa”, una práctica utilizada por diferentes gobiernos, tenía como objetivos integrar a las organizaciones gremiales a un orden político y social que diluyera el conflicto y permitirles a éstas obtener beneficios económicos y legitimidad interna.
[3] El sindicalismo renovador es la denominación que tomó en este período la Comisión Nacional de los 25, el ala confrontacionista del movimiento obrero. El ubaldinismo reunió en torno a la figura carismática de su líder a numerosos gremios que eligieron la demanda reivindicativa como forma de relacionarse con el gobierno y una apelación directa a las delegaciones regionales de la CGT. Gaudio y Thompson [1990].
[4] Vale acotar, para comprender mejor esta maniobra sindical, que a esa altura de los acontecimientos, el radicalismo parecía candidato a vencer en las próximas elecciones de 1987; era propia de dirigentes sindicales que habían perdido las elecciones internas del Partido Justicialista a manos de la “renovación peronista” y que avizoraban la posibilidad de ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno radical. Gaudio y Thompson [1990]
[5] Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina, en septiembre de 1979, para entrevistarse con el gobierno militar, los familiares de detenidos – desaparecidos, las víctimas y las diferentes organizaciones políticas, sociales y religiosas afectadas por la represión, también recibió el testimonio de varias delegaciones sindicales. La CN 25 y la CNT dejaron testimonio que había existido “un fenómeno terrorista” antes del golpe de Estado, resultado del cual habían sido asesinados dirigentes sindicales de la corriente peronista ortodoxa. OEA – CIDH, [1984, pp. 35 y 267]
[6] El SERPAJ es una organización social de inspiración cristiano – ecuménica con alcance latinoamericano.
[7] La columna de De Gennaro abordaba la democratización sindical, incluso antes del proyecto de la ley “Mucci”. La colección de la revista Paz y Justicia del SERPAJ puede consultarse en http://serpaj.org.ar/revista-paz-y-justicia-argentina-1983-1984/
[8] De Gennaro fue consecuente con la propuesta de ampliar las alianzas del sindicalismo no ya con los partidos políticos, sino con los movimientos sociales emergentes, tanto durante la última dictadura cívico – militar como en la década de 1990, y la sostuvo como uno de los principios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), fundada en 1996.
[9] La confluencia entre derechos humanos y derechos laborales, organizaciones sindicales y defensoras de los DDHH, militancias de uno y otro campo, comenzaría a producirse a mediados de la década de 1990. Contribuyó a ello la creación de H.I.J.O.S, una ODHH que reivindicaba la militancia de las víctimas del Proceso de Reorganización Nacional y trabajaba para articular su oposición a las políticas económicas y sociales neoliberales del menemismo con organizaciones sindicales combativas, en particular la Central de Trabajadores Argentinos. Asimismo, la institucionalización de los DDHH, alentada por los gobiernos kirchneristas desde el año 2004, facilitó su inclusión en la agenda del sindicalismo peronista. Natalucci [2018]
[10] El valor de la experiencia reunida en el exilio europeo por los dirigentes de la Seccional Villa Constitución de la UOM como insumos de su nuevo ciclo al frente del sindicato es recuperado por Gordillo [2016]