CUESTIÓN MILITAR, JUDICIALIZACIÓN Y REFORMA EN EL SEMANARIO POLÍTICO EL PERIODISTA DE BUENOS AIRES. DE LA AUTODEPURACIÓN FALLIDA AL JUICIO A LAS JUNTAS (1984-1985)
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
MARCELO BORRELLI
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Buenos Aires, Argentina
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 15, N° 30, pp.164-200
Julio-Diciembre de 2022
ISSN 1853-7723
Fecha de recepción: 19/09/2022 - Fecha de aceptación: 02/03/2023
Resumen
El artículo estudia el discurso del semanario político progresista El Periodista de Buenos Aires, aparecido en 1984, sobre la “cuestión militar”, desde su inicio y hasta abril de 1985, ante la inminencia del Juicio a las Juntas. Entre las conclusiones extraídas del análisis debe señalarse que demandó al gobierno nacional avanzar decididamente en la investigación y juzgamiento de los militares involucrados en el terrorismo de Estado; que exhibió una construcción discursiva de la figura castrense connotada por su participación represiva y, ya en democracia, por su actividad “golpista”; que favoreció las reformas institucionales impulsadas desde la esfera oficial y el ámbito parlamentario y a los sectores militares minoritarios igualmente predispuestos a apoyarlos y a convalidar los juzgamientos; y, por último, que hizo de la denuncia periodística una herramienta para exponer, desde dramáticas portadas, la amenaza representada por el golpismo para la subsistencia democrática.
Palabras Clave
Prensa/Fuerzas Armadas/Política/Dictadura/Democracia.
MILITARY ISSUE, JUDICIAL PROCESS AND INSTITUTIONAL REFORM IN THE POLITICAL WEEKLY EL PERIODISTA DE BUENOS AIRES. FROM FAILED SELF-DEPURATION TO JUDGMENT OF MILITARY JUNTAS (1984-1985)
Abstract
This article focuses on the discourse of liberal political weekly magazine El Periodista de Buenos Aires -published in 1884 for the first time- about the “military issue”, from its very start to the early months of 1985, on the imminence of the so-called Juicio a las Juntas. Among the conclusions drawn by our analysis, we should mention: the magazine’s request to the national government in order to advance with the investigation and judgment of military officers involved in illegal repression operations. Also, it depicted the military character by its participation in the illegal repression and by its attempts to carry out a coup d’etat in democracy. Additionally, it favored the allegation of governmental-led and parliamentary-led institutional reforms and in support of minority military sectors, who defended the reforms and prosecutions of criminal acts in the Military forces. To conclude, the magazine made of the press denounce a tool to expose, starting in its dramatic covers, the menace represented by “golpismo” to the democratic subsistence.
Keywords
Press/Armed Forces/Politics/Dictatorship/Democracy
CUESTIÓN MILITAR, JUDICIALIZACIÓN Y REFORMA EN EL SEMANARIO POLÍTICO EL PERIODISTA DE BUENOS AIRES. DE LA AUTODEPURACIÓN FALLIDA AL JUICIO A LAS JUNTAS (1984-1985)
Introducción
El presente artículo examina el discurso del semanario El Periodista de Buenos Aires (en adelante, EP) sobre la “cuestión militar” entre las postrimerías de 1984 y los primeros meses de 1985, en los preliminares del denominado Juicio a las Juntas. Se trató de una etapa convulsionada de la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Argentinas (FF.AA.) por el fracaso de la estrategia oficial de “autodepuración” castrense, el final de la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y el accionar de la Justicia civil a partir del procesamiento de los militares acusados por los crímenes del terrorismo de Estado, entre los hechos más relevantes. En tanto medio dirigido a los sectores progresistas, desde un primer momento EP le otorgó un lugar privilegiado a la cuestión militar en su agenda temática, entendida con relación al replanteo de las relaciones cívico-militares, a la subordinación de las FF.AA. a las autoridades civiles, a la definición de un nuevo modelo de convivencia institucional (López, 1995, p. 14; Frederic, 2008, pp. 35-36), a las demandas sociales de justicia y a la superación del pasado autoritario. Tres temas, al respecto, concentraron su interés: el vínculo del nuevo gobierno con las FF.AA., sus políticas frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por aquellas en el ejercicio del poder y las seguidas para su acomodamiento subsiguiente a la vida democrática. Cabe señalar que la problematización del decurso de las FF.AA. integró la agenda mediática en la etapa precedente e inmediatamente posterior a la recuperación del orden constitucional (López, 1995, pp. 13-14). Desde este prisma, EP se constituye en estudio de un caso significativo por su relevancia particular en la época. Justifica adicionalmente nuestro interés en la etapa propuesta el que en su transcurso los sentidos sobre lo militar a la luz de su relación con la represión estatal ilegal estuvieran todavía en disputa en la escena pública, previo a la constitución de una “verdad” sobre el terrorismo de Estado a partir del Nunca Más y, en especial, del Juicio a las Juntas (Feld, 2015, pp. 310-311; Crenzel, 2008, p. 117). El corpus considerado en función de lo antedicho abarca del número inicial de septiembre de 1984 al número 29 de fines de marzo de 1985. Su análisis asume carácter cronológico, dada la frecuencia semanal de EP y la intensidad de los acontecimientos relativos a la cuestión militar producidos en estos meses. Para su tratamiento, empleamos un enfoque cualitativo de análisis de contenidos escritos y visuales. Describimos el perfil del medio, su contexto de desarrollo y sus lineamientos ideológicos. Asimismo, incluimos referencias sucintas de los y las integrantes del staff con relación a su desempeño en la revista.
El Periodista de Buenos Aires, comprometido con la democracia
Promediando 1984 apareció en los kioscos El Periodista de Buenos Aires, concebido como un semanario de análisis político integrado por periodistas profesionales y que incluiría periódicamente colaboraciones de plumas intelectuales destacadas (Ulanovsky, 2005; Raíces, 2021). Vástago de la exitosa revista Humor, EP se presentó como la “primera revista política surgida en democracia”[1] y apuntó a acompañar las vicisitudes de su consolidación a través del seguimiento crítico de la acción gubernamental, de la denuncia de los perjuicios socioeconómicos provocados por la dictadura y del acompañamiento de las demandas del movimiento de derechos humanos. Su contrato de lectura, a partir de esas coordenadas, se alimentó de los valores de justicia social, pluralismo, la defensa de las instituciones democráticas y de la participación ciudadana (Raíces, 2021, pp. 271-272), acordes al clima expectante abierto por la asunción de Raúl Alfonsín. En tal sentido, venía a inscribirse en un mercado mediático promisorio, con un público predispuesto por la apertura acentuada tras la derrota en la guerra de Malvinas (De Diego, 2007). En él se insertaban productos con un relativo grado de afinidad ideológica disidente y opositora de la dictadura, que intentaron recapitular infructuosamente auges precedentes, como la segunda etapa de Primera Plana; un diario de orientación peronista como La Voz (Ulanovsky, 2005, pp. 144-145); publicaciones no limitadas a la actualidad, como El Porteño y Caras y Caretas en su tercera etapa (Ulanovsky, 2005, pp. 127-130 y 138), o pertenecientes al campo intelectual, como Punto de Vista (surgida en 1978), Unidos (en 1983) y Debates en la Sociedad y la Cultura (en 1984) (Reano y Smola, 2011), entre otras. Ello sin contar la continuidad de la propia Humor.
Durante el periodo estudiado tuvo una extensión de 52 páginas y se organizó en secciones fijas de política nacional, economía, política internacional, reportajes, información general y cultura, e incorporó periódicamente informes especiales sobre temas de interés público. Ostentó un formato tabloide, impresión a dos colores y portadas de grandes titulares, como rasgos tomados de la prensa diaria en función de estimular su masificación discursiva. El proyecto fue inicialmente concebido por el incansable emprendedor editorial y fundador del sello Ediciones de la Urraca, Andrés Cascioli, y el periodista y escritor proveniente del exilio Osvaldo Soriano. Desavenencias posteriores determinaron que su vértice directivo quedara conformado por Cascioli con dos periodistas convocados por Soriano y provenientes del exilio europeo, Carlos Gabetta y Carlos Alfieri (Igal, 2013, pp. 170-171). La numerosa redacción se compuso de profesionales con experiencia, igualmente atravesados en muchos casos por las experiencias de la militancia política y el exilio posterior, junto a otros y otras noveles formados durante la dictadura. Entre sus integrantes más destacados se contaron intelectuales, escritores, periodistas y militantes de derechos humanos como Álvaro Abós, Osvaldo Bayer, Matilde Herrera, Mario Benedetti, Antonio Dal Masetto, Eduardo Galeano, Luis Sicilia, Mabel Itzcovich, Rogelio García Lupo, Tomás Eloy Martínez, Mirta Mántaras, Carlos Ábalo, Rodolfo Mattarollo, Julio Huasi, Norberto Colominas, Gregorio Selser, Pablo Piacentini, Ricardo Piglia, Horacio Verbisky y David Viñas. Según las fuentes consultadas, su tirada osciló entre los 80.000 y 100.000 ejemplares en los primeros años, con picos en etapas como la del Juicio a las Juntas -con un promedio de 85.000 de venta semanal- y acontecimientos como el alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987. Problemas financieros, sumados a una declinación constante de las ventas fueron parte de las razones de su cierre en 1989 (Ulanovsky, 2005, p. 194; Igal, 2013. p. 172).
Los militares en el nuevo escenario constitucional
Las FF.AA. que entregaron el poder al gobierno electo de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 enfrentaban un desprestigio ostensible, originado por distintas causas. Debe mencionarse entre ellas la incesante crisis económica, la derrota en la guerra por Malvinas en junio de 1982, la presión internacional y local por las violaciones a los derechos humanos y el malestar social ante el autoritarismo, expresado en la reactivación partidaria, sindical y la movilización ciudadana (López, 1994, p. 63).
En este contexto y ante la evidencia del proceder estatal criminal, el nuevo gobierno se vio ante el desafío de resolver un problema penal y ético de cara a la demanda ciudadana por un nuevo contrato social basado en el imperio de la ley. En tanto, al mismo tiempo, debía mantener relaciones armónicas con un poder militar desprestigiado pero con autoridad suficiente para obstaculizar su gestión (González Bombal, 1995; Jelin, 1995). Inicialmente, procuró modificar la relación entre las FA.AA. y la sociedad con diversas medidas: una reducción presupuestaria, reformas en las normativas de Defensa, reestructuraciones organizacionales, el retiro de algunos mandos identificados con la dictadura y, finalmente, el sometimiento a juicio de los delitos relacionados con las violaciones a los derechos humanos (López, 1994, pp. 71-89; Canelo, pp. 2006, pp. 90-91).
Con relación a este último aspecto, el más sensible para la política militar oficial, se diseñó una estrategia de limitación del alcance de los procesamientos a las cúpulas como responsables primarias de la represión. Con esto, se pretendían eludir las inculpaciones con sentido descendente a los subordinados y acotar, de ese modo, la extensión del escenario de conflicto potencial con la institución castrense. A inicios de 1984 el gobierno logró sancionar en el Parlamento una reforma al Código de Justicia Militar por la que los delitos denunciados quedaban sujetos a la jurisdicción castrense (la Justicia civil sería su segunda instancia en caso de demora injustificada o como instancia de apelación ante una sentencia). Asimismo, aparecía plasmada la idea de “obediencia debida” en el sentido señalado (Acuña y Smulovitz, 1995; Crenzel, 2008; Canelo, 2006) con la excepción de la comisión de “hechos atroces y aberrantes”. Esta última salvedad, incorporada en virtud del acuerdo con la oposición parlamentaria relativizaba, en los hechos, la aplicación de tal principio. Su objetivo apuntaba a la “autodepuración” militar y se complementó con la derogación parlamentaria de la ley de autoamnistía (a fines de diciembre de 1983)[2] y el decreto 158 de enjuiciamiento de las tres primeras Juntas, en principio instrumentado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA).[3] Pero el 25 de septiembre de 1984 este se negó a juzgarlas al declarar que sus órdenes habían sido “inobjetablemente legítimas”. En consecuencia, la Cámara Federal de la Capital Federal dispuso encargarse del juicio el 4 de octubre de 1984 (Acuña y Smulovitz, 1995, pp. 50-57; Aboy Carlés, 2001, p. 193). El proceso que se desarrollaría de abril a diciembre de 1985 culminaría con la condena de las cúpulas y la resolución de que se prosiguiera la persecución de los graves delitos que implicaban al resto del personal denunciado.[4]
En paralelo, el clima de apertura y de restauración de la libertad de expresión habían fomentado el interés social por el pasado reciente y en especial por las consecuencias de represión, reflejados en la atención conferida a las denuncias de los organismos de derechos humanos (Jelin, 1995). Desde el plano mediático, una de sus inflexiones se produjo en el denominado “show del horror”, centrado entre otros aspectos en la mostración sensacionalista de enterramientos anónimos relacionados con las víctimas represivas, en la exhibición de centros clandestinos de detención y en la publicación de confesiones de represores (Feld, 2015, pp. 291-294). Conjuntamente, se registró un notable consumo de literatura de ficción y ensayística ambientada en la década de 1970, evocativa tanto de la cuestión de las militancias armadas como de los efectos sociales del terrorismo de Estado (De Diego, 2007). El posterior éxito editorial del libro Nunca Más, que condensaba el informe de la CONADEP, fue también emblema de esta etapa marcada por la demanda de conocimiento sobre los hechos represivos y las expectativas de justicia (Crenzel, 2008).
Unas Fuerzas Armadas ¿democráticas?
Resultan materia fundamental para nuestro análisis los artículos de Luis Sicilia[5] y Horacio Verbitsky,[6] y las columnas de opinión de Carlos Gabetta[7] que concentraron los análisis sobre el tema, aunque citaremos también a otros y otras autores. Una característica compartida clave de su enfoque fue el tratamiento analítico e interpretativo de los hechos noticiosos respectivos, en sintonía con el perfil mediático de EP. Por su presencia en portada de modo parcial o total durante trece de las veintinueve ediciones podemos caracterizar a dichas notas, siguiendo a Leñero y Marín (1991, pp. 305-309), como “artículos editoriales” que tendieron a expresar la postura de la dirección. En particular las columnas de Gabetta, por su calidad de jefe de redacción –en 1986 sería director del medio-, cumplieron regularmente tal función (Raíces, 2021, pp. 269-270).
En la edición inaugural de EP, Sicilia mencionaba colateralmente la cuestión militar al referir a la aprobación parlamentaria de pliegos de ascenso de oficiales con denuncias ante la Justicia. Estos habían sido logrados por el gobierno con resistencias dentro de su propia bancada y la oposición de los organismos de derechos humanos. Del mismo modo, señalaba actitudes desafiantes de los uniformados frente a la investigación de la CONADEP.[8] Dos aspectos relucían en la nota: la adopción implícita del discurso sobre la culpabilidad de los denunciados como responsables de “violaciones a los derechos humanos” (Feld, 2015, p. 288), con base en la posición de los organismos de derechos humanos, y el señalamiento del retroceso que suponían los ascensos para el sistema democrático.
Pero otros dos textos del mismo número, un informe y una columna de opinión, brindaban claves específicas sobre el modo en que EP conceptualizaba al actor militar. A doble página, el informe describía la situación institucional a propósito de la influencia de los grupos ultraderechistas en su seno.[9] En él se planteaban la crisis de identidad militar y los problemas presupuestarios como fuentes de conflicto, a lo que se venían a añadir los procesamientos. Para el analista, la inadecuación de las FF.AA. al escenario posdictatorial se originaba en el revés en Malvinas, en su interpretación de la paradójica “derrota política” acarreada por el éxito en la lucha antiguerrillera –en tanto las indagatorias y procesamientos judiciales constituían una “revancha subversiva”,[10] en el fracaso del rol de vigilancia regional y en la carencia de lineamientos funcionales para la nueva etapa tras el abandono con la debacle dictatorial de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN).[11] Asimismo, se señalaba que si bien la crisis económica y la merma salarial creaban malestar en las escalas medias y bajas ante las diferencias sociales con los altos mandos, este resultaba atenuado por el efecto cohesionador de los procesamientos judiciales (Canelo, 2006, pp. 68 y 93-94). Por otra parte, la nota establecía una clasificación ideológica de las cúpulas -sin mencionarlo, refería casi exclusivamente al Ejército, tal vez bajo la influencia de su predominio tradicional- entre los “profesionalistas” o “liberales de derecha”, los “constitucionalistas” y los “nacionalistas duros”. Los “profesionalistas” eran la facción dominante y expresaban el autonomismo militar en su intención de mantener la gravitación política; los “constitucionalistas” aparecían dispuestos a negociar reformas moderadas dando cauce a la expectativa oficial de una integración paulatina de las armas a la vida constitucional, y los “nacionalistas duros” un sector minoritario, abiertamente apologético de la dictadura y eventual promotor de conatos golpistas.[12]
Esta lectura de las FF.AA. como actor político con base a sus diferencias ideológicas internas y grados de reacción corporativa, amén de corresponderse a su intervención constante en la vida política argentina desde 1930 (con un capítulo con ribetes criminales durante la última dictadura), heredaba en definitiva la practicada por antecedentes de EP como el semanario de actualidad política Primera Plana (Mazzei, 1997). Asimismo, aparecía formalizada desde la escritura académica contemporánea en obras editadas localmente como las de historiadores y politólogos extranjeros Robert Potash y Alain Rouquié, que participaban del auge de la literatura explicativa del pasado reciente ya aludida. En la evaluación del semanario, para superar el faccionalismo como amenaza al orden constitucional el gobierno requería dotar a las Fuerzas Armadas de una “doctrina de defensa de la soberanía nacional” contrapuesta a la DSN, y encarar su recomposición presupuestaria. Con ello se podría reducir el influjo de los “nacionalistas duros” y de los “profesionalistas” adeptos a un statu quo asociado al liberalismo económico.[13] Este planteo se ajustaba a los planes en curso por aquellos meses para elaborar nueva una ley de defensa en reemplazo de la impuesta durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966.[14]
Estableciendo una contraposición marcada con aquellos sectores, el texto precitado culminaba con la noticia de un inminente encuentro en Buenos Aires de “militares latinoamericanos democráticos” organizado por la Unidad Argentino Latinoamericana (UALA) con asistencia de ex oficiales locales, otros en actividad y retirados de varios países de la región, legisladores y dirigentes políticos.[15] El evento obtendría amplia cobertura del medio, en consonancia al ofrecido posteriormente a un grupo de uniformados participantes que pocas semanas después presentaron en sociedad el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA) (Mazzei, 2011). EP cubriría las principales actividades del Centro y tendría a sus representantes como fuentes de consulta. De hecho, desde el segundo número un retirado afín, el capitán Federico Mittelbach, publicó una columna regular que impulsaba la adopción de cambios doctrinarios para las Fuerzas. De esta manera polemizaba con las declaraciones públicas de algunos jerarcas dictatoriales mientras reivindicaba su procesamiento judicial y pretendía dejar sentada en general una ética profesional acorde con los principios democráticos. Dada la preeminencia pública de una figura castrense asociada a la actividad represiva (Feld y Salvi, 2019, pp. 15-16), estas referencias ofrecían visibilidad y legitimidad a sectores de conformación minoritaria pero adeptos a un profesionalismo integrado al orden constitucional y a las transformaciones institucionales que trabajosamente llevaba adelante el Ejecutivo y ponderaba el semanario.
El gobierno y la “encerrona militar”
En el segundo número, de fines de septiembre de 1984, EP dio amplia cobertura a la presentación del informe de la CONADEP (Raíces, 2022). Publicó un informe sintético de los contenidos del informe, deteniéndose en los testimonios de secuestrados y secuestradas, en la identificación de los responsables de las capturas y tormentos, y en la conformación de las áreas operativas y los centros clandestinos de detención para fundamentar el carácter planificado de la represión ilegal. Su aprobación a las iniciativas oficiales en la materia y la demanda de avanzar sin vacilaciones quedaba sentada en portada, al mostrar el rostro de un presidente atribulado bajo el titular: “Desaparecidos: la hora de la verdad”[16] (Figura Nº 1). La importancia probatoria concedida al trabajo de la CONADEP, por su parte, abonaba la narrativa humanitaria sobre la condición de víctimas de los y las testimoniantes (Crenzel, 2014, pp. 48-49; Raíces, 2022, p. 70), adoptaba su punto de vista como veraz y, por ello, contendía el discurso ambiguo sobre los perpetradores presente en buena parte del entramado mediático durante al menos los primeros meses de la posdictadura (Feld, 2015, pp. 309-310). Por el contrario los definía como tales, al señalar las extendidas responsabilidades institucionales en los secuestros, cautividades, tormentos y ejecuciones, la distribución geográfica de la represión como signo de planificación sistemática y nominar a sus responsables por localización.
Figura n°1.
EP nº 2, septiembre 22 al 28 de 1984.
La siguiente edición volvía a poner en tapa la cuestión militar al analizar el rechazo del CONSUFA a juzgar a los miembros de las Juntas. Con un título que aludía a las consecuencias de haber adoptado desde la esfera oficial una estrategia errónea, la portada de EP advertía sobre “La encerrona militar”. La caricatura ilustrativa de Carlos Nine representaba, además, el desafío castrense condensado en la figura emblemática del ex dictador Jorge Rafael Videla como verdugo de una República en la picota -plasmada con la imagen convencional francesa de Marianne como personificación nacional-. En la bajada, la revista denunciaba sin ambigüedades la “definición antidemocrática” del Consejo y conminaba a Alfonsín a responder enérgicamente en tanto de ello dependía “el curso de la historia constitucional” del país (Figura Nº2). La nota de portada de Luis Sicilia retomaba esta caracterización.[17] Ante este panorama, se describía a un gobierno “con notorias contradicciones y falencias” y reacio a convocar a las mayorías nacionales en defensa de la democracia porque los efectos económico-sociales de su reciente compromiso con el Fondo Monetario Internacional[18] le restaban legitimidad.
Figura n°2.
EP nº 3, 29 de septiembre al 5 de octubre.
Por su parte, Gabetta se pronunciaba similarmente a Sicilia, al interpretar que tanto el desgaste gubernamental en la gestión como la falta de cambios institucionales sustanciales habían favorecido la definición del CONSUFA y el “paso a la ofensiva” castrense luego de una etapa de repliegue inicial:
El poder militar muestra otra vez su garra. Es consciente de que en un país subdesarrollado, dependiente y en grave crisis, la democracia política que con tanta tenacidad ejerce el gobierno radical conduce inexorablemente a la exigencia de los requisitos materiales que la hacen realmente efectiva.[19]
El análisis se apoyaba en categorías relacionadas con los paradigmas de cambio social de las décadas anteriores (“subdesarrollo”, “dependencia”) (Terán, 2015, pp. 286-287) y desde ese encuadre mantenía a las FF.AA. provenientes de la dictadura como principal obstáculo para la implantación de una democracia concebida de modo “sustantivo”, por implicar no solo el respecto a las libertades y garantías del Estado de Derecho –la “democracia política” aludida-, sino la autonomía productiva y la redistribución del ingreso nacionales (Reano y Smola, 2014). Aunque sus supuestos analíticos en parte habían venido siendo objeto de un proceso crítico y autocrítico entre los sectores intelectuales desde la irrupción dictatorial, distinciones como la antedicha denotaban una toma de partido implícita desde la amalgama de percepciones progresistas y de izquierda del semanario por la profundización democrática dentro de los marcos procedimentales. Sus límites eran criticados mientras, a la luz de los efectos represivos, se presuponían la base indispensable de toda democratización ulterior. Gabetta culminaba llamando al gobierno a convocar al conjunto de la sociedad para enfrentar a quienes “ha[bía]n decidido refugiarse en el seno de las Fuerzas Armadas, al precio de enfrentarlas con la Nación”.[20] Esgrimía con ello la invocación permanente del semanario a la movilización y participación ciudadana para tensionar aquellos límites “democrático-políticos” establecidos en 1983 y vencer en el conflicto con el corporativismo castrense, instrumentalizado por el poder económico contra las mayorías.
Ante un panorama político sensibilizado, EP concluía que el gobierno se encontraba en su “momento más difícil”.[21] Volviendo a ubicarse como un juez crítico de los aspectos concesivos de su política militar, exponía en su visible contraportada los antecedentes represivos de los militares propuestos por el Poder Ejecutivo para su ascenso, a tono con las denuncias de las organizaciones de derechos humanos.[22] La exposición de información sensible fue refrendada en su edición de principios de noviembre cuando publicó como nota de tapa la lista de represores recabada por la CONADEP -con personal de seguridad, civil y eclesiástico-, parte integrante del informe presentado a Alfonsín pero omitida deliberadamente de la difusión pública y del libro Nunca Más para prevenir una presunta irritación militar (Raíces, 2022) (Figura nº 3).[23] Esta explicitación provocaría una reacción gubernamental destemplada pero, en la óptica del medio, probaba la extensión de la nómina represiva, su distribución nacional, la participación cómplice de instituciones cuestionadas como la Iglesia Católica y la sistematicidad del accionar represivo.[24]
Figura nº 3,
EP nº 8, noviembre 3 al 9 de 1984.
Pocos días después, con la renuncia de los miembros del CONSUFA y la intensificación de los atentados contra locales partidarios y de organismos de derechos humanos, EP volvió a alertar sobre la “contraofensiva de la derecha” y a exigir la convocatoria al arco político detrás del gobierno para afrontarla.[25] Al mismo tiempo, EP denunciaba, en cercana sintonía con la posición relativamente intransigente de varios de los organismos –como las Madres y otros-, las derivaciones probables de la estrategia oficial concesiva en el tratamiento de las inculpaciones sobre los hechos represivos:
Las autoridades han ofrecido el beneficio de la obediencia debida, al cual sin duda seguirá alguna forma de amnistía para el grueso del inquietante cuadro de oficiales, poniendo como condición el castigo más o menos ejemplarizador de las cúpulas y de los responsables autores de hechos ‘groseros’ (los Camps, Menéndez, Chamorro, etcétera…). Pero aun ese mínimo -e injusto precio- sigue siendo resistido.[26]
La acechante amenaza del “golpismo”
En adelante, la cobertura de la cuestión militar comenzó a plantearse decisivamente en torno a la figura de la conspiración, entendida como la prolongación en democracia de la actividad militar clandestina e ilegal de la dictadura. Desde una sección de notas breves denominada “Prisma”, se reiteraron trascendidos de fuentes anónimas sobre la difusión de propaganda antidemocrática en unidades militares y se mencionaron actividades de recolección de datos de los servicios de inteligencia del Ejército.[27] Para entonces, los rumores de intentonas golpistas poblaban la escena pública (Mazzei, 2011, p. 41)[28] a partir de recurrentes manifestaciones de militares en activo y retirados -traducidas desde la esfera oficial como “desestabilizaciones” “por derecha” del orden constitucional-, que llevaron a la realización de una marcha en defensa de la democracia a fines de diciembre de 1984. Motorizada por los sectores políticos y de los organismos de derechos humanos más cercanos al oficialismo, la marcha fue promovida enfáticamente por EP, lo que se correspondía con su insistente interpelación sobre la movilización ciudadana.[29]
A mediados de diciembre, el encadenamiento noticioso pareció albergar cierta expectativa, informándose en portada sobre la convocatoria a declarar al teniente de navío Alfredo Astiz, requerido por la justicia federal por el secuestro y desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin. Entretanto, la contratapa detallaba el proyecto gubernamental de ley de defensa, elogiado por el cambio de orientación respecto a la Doctrina de Seguridad Nacional.[30] El acompañamiento gubernamental a la actuación judicial en el caso de Astiz era interpretado auspiciosamente como un nuevo impulso en la confrontación del golpismo -el número siguiente, al filo del fin de año, calificaba el alza súbita de las tasas de interés como “El Golpe de la Recesión” y sugería de ese modo la relación de los movimientos especulativos del mercado financiero con las maquinaciones castrenses y, por derivación, el encadenamiento del primero con la dictadura-.[31]
Durante esta etapa, el periodista Horacio Verbitsky se convirtió en uno de los principales analistas de la actividad conspirativa. En ediciones sucesivas se dedicó a denunciar las operaciones de inteligencia para desacreditar los testimonios de antiguos represores arrepentidos, a señalar núcleos ideológicamente reaccionarios en el seno castrense y a documentar la participación de sectores eclesiásticos ultramontanos en los hechos represivos.[32] Todo esto se produjo en un escenario en que EP, con creciente insistencia, fustigaba la “parálisis” gubernamental derivada no solo de la amenaza golpista sino de las contradicciones intrapartidarias, mientras promovía un viraje en la política económica por la adopción de medidas nacionalizadoras en los planos financiero y del comercio exterior. La contención de los conatos rebeldes y el avance en el control de las variables económicas clave convergían en la lectura del semanario como pasos necesarios para asegurar un desarrollo nacional revertido por las políticas heredadas de la dictadura y, a la vez, para asegurar la vigencia del Estado de Derecho.[33]
Con el despuntar del nuevo año EP mantuvo en portada la cuestión militar, tematizando los trascendidos sobre el reemplazo del jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), general Ricardo Pianta. La nota respectiva brindaba los perfiles de cada candidato en términos de su trayectoria profesional, personalidad y antecedentes con relación a sus posiciones políticas y responsabilidades en la represión ilegal. La información suministrada, que demostraba el acceso del medio a fuentes reservadas –como las opiniones de pares anónimos sobre los nombrados-, propio de una producción periodística profesional, indicaba las preferencias del medio respecto a las opciones vistas como más acordes al respeto al orden constitucional, ante un clima político de creciente insubordinación castrense a las autoridades constitucionales. Esta última era, precisamente, la tesis de otro artículo extenso de la edición, originado en declaraciones a la prensa del secretario general del Ejército, coronel Abbate, que con las de otros mandos retirados y en activo demostrarían la relatividad de las divisiones internas en las FF.AA. frente al “consenso antisubversivo” (Canelo, 2006, p. 68) y su correlativa adscripción bajo la lógica de la Guerra Fría a la égida estadounidense.[34] Una tapa posterior anunciaría revelaciones sobre el reequipamiento de las Fuerzas Armadas luego de Malvinas -presentado como “herencia maldita”, al no poder ser suspendido- y el tráfico internacional de armas, que revelaban la conexión argentina en una madeja de intereses cruzados entre empresarios y mandos dictatoriales (Figura nº 4).[35] Las notas que desarrollaban la denuncia demostraban las gravosas prolongaciones irresueltas del pasado reciente como parte de la valoración crítica de la acción gubernamental.
Figura nº 4.
EP nº 20, 25 al 31 de enero de 1985.
A tono con la agitación subsistente durante febrero, las ediciones siguientes devolvieron a la portada la cuestión del “golpismo” bajo la figura de la conspiración orquestada en acuerdo con sectores civiles (Figura nº 5). Distintas declaraciones de mandos y de voceros del sector financiero alertando en torno a un “rebrote subversivo” aparecían conectadas al documento de un supuesto Centro de Estudios ligado a las esferas militares obtenido por el semanario.[36] Si a fines de año había alarmado sobre el surgimiento de un “polo conspirativo”[37], escasos meses después la figura de la conjura como capa de sentido añadida a la cualidad represiva ganaba espesor argumentativo y dramatismo discursivo, a través de los datos sobre planes y articulaciones cívico-militares anunciados en los gruesos titulares del medio.[38]
Figura nº 5.
EP nº 22, 8 al 14 de febrero de 1985.
En esa línea, EP acusaría al dirigente sindical y titular del Partido Justicialista bonaerense Herminio Iglesias -retratado con escasa sutileza en la tapa como un Frankenstein con uniforme de las SS- de ser referente de la “Operación Capricornio”, destinada como estrategia de “acción psicológica” a desalentar la indagación de los hechos represivos y desacreditar la autoridad gubernamental hasta lograr el reemplazo del presidente por su vice, considerado un exponente de los sectores conservadores de la UCR (Figura n°6).[39] Se señalaba, así, a un dirigente peronista ortodoxo, asociado a prácticas políticas violentas, a mandos militares retirados y en activo del nacionalismo “duro” y a sectores afines del Movimiento de Integración y Desarrollo. Iglesias había sido, asimismo, denunciado por Alfonsín en los albores de la campaña electoral por alentar un supuesto “pacto-militar sindical” (Aboy Carlés, 2001, pp. 189 y 271).[40] De esta forma, el semanario indicaba que, tras la escena aparentemente caótica de declaraciones desafiantes y atentados y de renovadas acusaciones oficiales de “desestabilización democrática” se descubría, en efecto, una trama cívico-militar organizada y concreta.
Figura n°6.
EP n°23, 15 al 21 de febrero de 1985.
En este contexto desafiante, a inicios de marzo el relevo y pase a retiro de los generales Pianta y Fernández Torres fue aprobado por EP, en tanto probaba que el Poder Ejecutivo retomaba la iniciativa con “una energía superior a la de cualquier otro gobierno civil en el pasado”.[41] La nota de tapa de Verbitsky reconstruía parte del suceso y afirmaba que la medida había interrumpido un nuevo plan golpista, denominado “Aurora”, que contemplaba atentados a medios y periodistas. Pero su análisis cuestionaba la ambivalencia oficial, en tanto los militares designados habían ocupado posiciones comprometidas en el aparato represivo durante la dictadura, y se referenciaba en las críticas de uno de los más destacados dirigentes del movimiento de derechos humanos, premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel.[42] En vísperas del juzgamiento a las Juntas, Verbitsky repetía el cuestionamiento al establecimiento de los niveles de responsabilidad y fustigaba los trascendidos de una eventual amnistía que dominaron los primeros meses del año (Aboy Carlés, 2001, pp. 196-197). Con todo, admitía la posibilidad de que los nuevos mandos se adecuaran a un “proyecto nacional” que en materia de defensa se relacionaba con las concepciones doctrinarias del proyecto de ley en tratamiento parlamentario -valorado positivamente en el semanario-, mientras reconocía la necesidad de dotar a las FA.AA. de un presupuesto adecuado para aliviar el malestar institucional en términos remunerativos.[43]
Conclusiones
Del corpus analizado se desprende con mirada retrospectiva que el protagonismo dado al actor militar en la agenda de un medio progresista de la inmediata postdictadura como El Periodista de Buenos Aires derivaba de las condiciones de época, que hacían de aquel (junto a los problemas económicos) los principales escollos al establecimiento pleno del Estado de Derecho. En ese marco, EP sostuvo en torno a la cuestión militar la demanda hacia el gobierno de Alfonsín para que, tras un año de gestión, abandonara un proceder calificado de ambiguo y excesivamente contemplativo. De sus crónicas, análisis y denuncias se deducen los imperativos –que retomaban en general los reclamos del movimiento de derechos humanos, incluso en sus diferencias internas, a partir de los nexos de los integrantes del medio con él- de concretar el juzgamiento a los implicados en la represión, contener con energía los atentados, manifestaciones de insubordinación y conatos rebeldes golpistas y, a la vez, realizar las reformas pendientes que aseguraran, en suma, el control civil efectivo de las fuerzas de seguridad e inteligencia.
La figura castrense predominante en sus páginas se revelaba fundamentalmente connotada, a pesar de registrarse diferenciaciones ideológicas internas respecto a grados de afección por el sistema democrático y percepciones corporativas, por su participación en la represión dictatorial, por su permeabilidad a las dinámicas fracciones del nacionalismo “duro” y por su instrumentalización por parte de los sectores económicamente dominantes. Como tal resultó estrechamente ligada a la forma en que se había ido delineando en los organismos de derechos humanos la narrativa humanitaria para fundamentar en la escena pública las demandas de esclarecimiento y justicia. Ella fue, de hecho, esgrimida como apuesta por instalar una “verdad” sobre los hechos represivos, en un marco en que la disputa semántica social sobre el pasado reciente como represión ilegal o “guerra antisubversiva” no estaba tendencialmente saldada en favor de la primera acepción (Franco, 2018, pp. 344-347; Feld, 2015). Tal efigie quedó en el agitado clima político de 1984 asociada a actitudes públicas de insubordinación y desafío a las autoridades electas, y clandestinas violentas y de intimidación. Asumió, de tal forma, sentidos negativos añadidos a los de su participación represiva, condensados en el discurso de la época en términos como “mano de obra desocupada” y “desestabilización democrática” –este último, como evidenciara un episodio que implicó a EP, de alcance más impreciso y oportunista por parte de una conducción estatal que calibraba eventualmente distintas expresiones de disenso como ataques al orden constitucional-. En términos editoriales, por último, su silueta amenazadora propulsó un fuerte dramatismo discursivo. Varias de las portadas relevadas buscaron transmitir la sensación de un desafío al sistema democrático atizado por núcleos extremistas con participación civil -con la personalidad del dirigente Herminio Iglesias como representación del estigma fascista y filomilitar impregnado en la ortodoxia peronista- a través de declaraciones, “acciones psicológicas” e intentonas conspirativas, sobre los que EP cumplía en dar la voz de alerta.
Las presentaciones de planes de conjura y nóminas de sus probables responsables y de documentos oficiales reservados como el listado completo del personal asociado a la represión de la CONADEP resultaron, desde la óptica profesional comprometida con el sistema democrático del medio, iniciativas acordes al reclamo social por la plena consecución de justicia como base indeclinable de su vigencia, frente a la cauta realpolitik gubernamental. Asimismo, deben reconocerse como suma de incipientes aportes periodísticos “de investigación” -desde su definición como factor fundamental de la transparencia informativa en las sociedades democráticas-. Se trataba de una vertiente que, bajo el presupuesto de la facultad periodística para indagar y exponer a la luz pública las maquinaciones ocultas de los poderes –fueran castrenses, políticos o económicos (Raíces, 2021, p. 281)- alcanzaría auge local en la década posterior con autores como Horacio Verbitsky, destacado articulista de tapa con el correr de los números en EP (Ulanovsky, 2005, pp. 170).
Desde otro plano, el respaldo a las iniciativas que desde la labor parlamentaria y el discurso público impulsaban reformas normativas e institucionales para las FF.AA. ratificaba en la materia una línea editorial que, lejos de alentar una postura antimilitar, cifraba en la profundización de aquellas una de las claves de la consolidación democrática. Se explica en esa dirección la cobertura de las actividades de militares retirados -y contados en actividad- del CEMIDA y la integración a sus contenidos de una columna de opinión firmada por uno de sus adherentes. Aunque minoritario, este sector demostraba simbólicamente la existencia de un pensamiento y un perfil militar alternativos a los del binomio represor-golpista, acorde a un profesionalismo integrado a la vida democrática.
Entre la expectativa de justicia y la de un cambio institucional profundo; entre el “golpismo” como acechanza de un pasado ominoso y la democracia como horizonte de respeto de derechos y de justicia social dentro de las reglas del marco institucional; y entre las interpelaciones al Estado y a la ciudadanía en defensa de aquella se organizaron, en consecuencia, los principales núcleos de la elaboración temática y configuración discursiva de EP sobre la cuestión militar. Propia de un periodo de singular intensidad en que los logros entonces recientes de derechos y libertades no se daban aún por asegurados y prefiguraban límites tajantes a las demandas de una “primavera democrática” que, en sus vetas más progresistas, aspiraba a representar EP.
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