Sueños de liberación nacional. El ideario liberacionista en la experiencia estudiantil de la Universidad Nacional de La Pampa en la década de 1980

 

Elvio Monasterolo

Instituto de Estudios Socio Históricos/Universidad Nacional de La Pampa

Santa Rosa, La Pampa, Argentina

 

 

PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,

Año 15, N° 30, pp. 48-76

Julio-Diciembre de 2022

ISSN 1853-7723

 

Fecha de recepción: 02/08/2022 - Fecha de aceptación: 22/12/2022

 

Resumen

En la década de 1970, las ideas de liberación nacional tuvieron una amplia presencia entre las agrupaciones universitarias de orientación izquierdista. En cierta forma, el ideario liberacionista funcionó como crisol de una cultura política que tiñó la experiencia cotidiana de los jóvenes universitarios, cuyas expectativas coincidieron, en términos generales, en la necesidad urgente de transformación social y/o revolucionaria.

A partir de 1983, la recuperación democrática mostró un notorio cambio en los marcos interpretativos y de sentido de la militancia estudiantil universitaria, atravesados por la necesidad de defender y consolidar el estado de derecho y la democracia. En ese sentido, las ideas de liberación nacional aparecieron resignificadas bajo nuevos registros interpretativos. Nuestra propuesta busca explorar los puentes, continuidades y rupturas del ideario liberacionista en la militancia estudiantil de la década 1980, a partir del examen de las prácticas, los discursos y los comportamientos políticos. En términos metodológicos, la investigación asume una perspectiva en clave local/regional para abordar la militancia estudiantil en la Universidad Nacional de La Pampa, que nos permita un punto de entrada tanto a las dinámicas regionales como a la escena nacional. Respecto de las fuentes documentales, apelamos a un corpus de revistas estudiantiles locales, prensa escrita regional y nacional, y el uso de bibliografía secundaria. 

 

Palabras Clave Estudiantes – democracia – militancia..

Dreams of national liberation. The liberation theory ideology in the National University of La Pampa student's experience of in the 1980s

 

Abstract

In the 1970s, the ideas of national liberation had a wide presence among left-leaning university groupings. In a certain way, the ideas of liberation functioned as a crucible of a political culture that tinged the daily experience of young university students, whose expectations coincided, in general terms, with the urgent need for social and/or revolutionary transformation.

As of 1983, the democratic recovery shows a notorious change in the interpretative frameworks and the meaning of the university student militancy, crossed by the need to defend and consolidate the rule of law and democracy. In that sense, the ideas of national liberation appear redefined under new interpretive registers. Our proposal aims to explore the bridges, continuities and ruptures of the ideas of liberation in the student militancy of the 1980s, based on the examination of political practices, discourses and behaviors. In methodological terms, the research proposes a local/regional perspective to address student militancy at the National University of La Pampa, which allows an entry point to both regional dynamics and the national scene. Regarding the documentary sources, we appeal to a corpus of local student magazines, regional and national written press, and the use of secondary bibliography.

 

Keywords: students – democracy – militancy

SUEÑOS DE LIBERACIÓN NACIONAL. EL IDEARIO LIBERACIONISTA EN LA EXPERIENCIA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA EN LA DÉCADA DE 1980

 

Introducción

En Argentina, los últimos años muestran una consolidación de los estudios centrados en las militancias estudiantiles que han permitido complejizar la mirada sobre su experiencia histórica, así como los vínculos con otros actores sociales (Bonavena, Califa y Millán, 2007; Califa, 2014; Dip, 2016; Luciani, 2017; Monasterolo, 2018; Cristal y Seia, 2018; Seia, 2020). Nuestro artículo se enmarca en los esfuerzos por ofrecer una aproximación a diversas prácticas, discursos y comportamientos de ese actor en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa, en el periodo comprendido entre los años finales de la última dictadura militar y los inicios de la democracia. En ese sentido, consideramos que cualquier historia de las militancias estudiantiles de posdictadura no puede desapegarse de los alcances que la implantación del terrorismo de Estado produjo en la trama social argentina. En efecto, nos interesa explorar los diversos modos en que los jóvenes estudiantes de los años '80 del siglo XX reconstituyeron sus espacios de intervención pública, modularon diversos discursos y articularon prácticas y comportamientos políticos, tanto hacia el interior del espacio universitario como en el más amplio campo de la arena social. Bajo ese horizonte, nuestra propuesta explora los puentes, continuidades y rupturas que los estudiantes pampeanos de los años '80 establecieron respecto del ideario liberacionista de la década previa, en el marco de una amplia reconfiguración social en clave democrática. En términos metodológicos, la investigación asume una perspectiva en clave local/regional para abordar la militancia estudiantil en la Universidad Nacional de La Pampa, que nos permita un punto de entrada tanto a las dinámicas regionales como a la escena nacional. En términos de uso de fuentes documentales, apelamos a un corpus de prensa escrita regional y nacional, y revistas estudiantiles complementadas con el uso de bibliografía secundaria. 

Los años '60/'70 en Argentina y la cuestión de la liberación nacional

La vastedad y complejidad de la experiencia histórica de los años '60 y '70 del siglo XX en Argentina difícilmente pueda ser reducida a la influencia determinante de algún elemento en particular —aunque podamos identificar una gravitación apreciable de algunos de ellos—, en la medida que marca un punto de entrelazamiento de dinámicas a escalas global, latinoamericana y nacional. En Argentina, el “Cordobazo” y los sucesivos “azos” ocurridos a fines de los sesenta y primeros setenta configuraron un momento decisivo para el creciente proceso de radicalización social, al tiempo que expresaron una diversidad de proyectos políticos y manifestaciones del campo popular.

En ese marco, la pluralidad de vínculos que los protagonistas desplegaron contribuyó a que fueran percibidos —y se percibieran a sí mismos— como partes de una misma trama: la del campo del "pueblo" y de la "revolución". Ese universo de experiencias tuvo como protagonista mayoritario a un conjunto de fuerzas sociales y políticas que podríamos adscribir al significante de “Nueva Izquierda” (NI) y que, según María Cristina Tortti, “contribuyó decisivamente a producir el intenso proceso de protesta social y radicalización política que incluyó desde el estallido espontáneo y la revuelta cultural hasta el accionar guerrillero” (2007, p. 13).

Sin embargo, la presencia de la NI estuvo signado por un actor preponderante de la época: la emergencia de una cultura juvenil contestataria que, en sus derivas, expuso el ascenso de la dinámica de radicalización política, otorgándole volumen y sentido a las disputas políticas del periodo. En efecto, entre las décadas de 1960 y 1970, “la juventud devino una categoría cultural y política crucial de Argentina”, portadora de las dinámicas de modernización sociocultural y también de sus descontentos, “expresados bajo la forma de rebelión cultural y radicalización política” (Manzano 2017, p.17).[1] En tanto fenómeno colectivo inédito en el país, los jóvenes engrosaron las filas de organizaciones estudiantiles, políticas y guerrilleras, siendo los espacios de cuño peronista los mayores beneficiados de ese movimiento. Valeria Manzano subraya el papel protagónico que para los jóvenes tuvo la formación de un ideario tercermundista, en tanto “zona de conjunción entre grupos políticos e ideológicos divergentes” (2017, p. 248). En ese sentido, la asimilación política y cultural de nuestro país al Tercer Mundo generó una igualación de la situación argentina con sus pares de Asia y África, inmersos en las luchas de descolonización, al resaltar el carácter dependiente de los países de América Latina respecto de los centros imperialistas.[2]

En efecto, entre fines de los años sesenta y principios de los setenta, la socialización política de los jóvenes argentinos transcurrió y se forjó al calor de “una novedosa trama ideológica cuyo componente clave era la asimilación de nuestro país al Tercer Mundo” (Manzano 2017, p. 263). El lenguaje tercermundista y liberacionista, dominado por palabras como “dependencia”, “opresión social”, “violencia”, fue corriente entre las agrupaciones estudiantiles de izquierda, un abanico amplio que incluía a los sectores de la izquierda partidaria, peronistas, católicos e incluso a los grupos considerados “reformistas”, como algunas expresiones del socialismo y del radicalismo.

En ese marco, no debe sorprender la forma masiva en que jóvenes de clases medias, estudiantes y profesionales —imbuidos del imaginario tercermundista— se “peronizaron” o, de mínima, simpatizaron con las posiciones peronistas (Barletta, 2001; Califa, 2017; Dip ,2016; Reta, 2010). Resulta oportuno señalar que el espacio universitario, y específicamente el ámbito de la militancia estudiantil, se hallaba en transformación desde los inicios del Onganiato, cuando comenzó a producirse una reconfiguración de las corrientes, tendencias y agrupaciones a partir, en buena medida, de la trama de relaciones forjadas con otros actores del campo social y popular, como el sindicalismo combativo, los sectores católicos radicalizados y trabajadores en general. La presencia peronista en la militancia estudiantil —en 1973 cristalizaría, en buena medida, con la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en el marco de la Tendencia Revolucionaria (TR)— se inscribía en una cartografía estudiantil que abarcaba corrientes de orientación maoísta, trotskistas y reformistas.[3]

A partir de 1973, el triunfo del Frente Justicialista de Liberación (FreJuLi) a nivel nacional fortaleció la presencia de la izquierda peronista en distintos espacios universitarios. Para los referentes de la TR y de la JUP, quienes impulsaron y sostuvieron la presencia de rectores y decanos afines, la intervención del Estado en la orientación de las universidades resultaba un elemento decisivo en el proceso de liberación nacional. El caso más emblemático resultó la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la asunción del rector Rodolfo Puiggrós. En otros lugares del país se dieron pujas para el nombramiento de rectores afines a la TR y al proyecto liberacionista. En el caso de la UNLPam, luego de duras negociaciones entre sectores estudiantiles, docentes, no docentes e incluso el gobernador de la provincia, el 28 de diciembre de 1973 fue nombrado Jorge Bragulat como rector interventor, función que ocupó hasta abril de 1974, cuando fue reemplazado por Alfredo Domínguez. Ambos funcionarios conformaron un equipo de gestión que sumó, entre otros, a Hugo Chumbita al frente de la secretaría académica, un experimentado historiador y abogado con amplia trayectoria en el peronismo. Según Norberto Asquini, el equipo conformado “no tuvo un carácter revolucionario ni se inscribió decididamente en la izquierda del movimiento”, un aspecto que, paradójicamente, jugó a favor para llevar adelante una serie de iniciativas orientadas a una universidad de “puertas abiertas” y “al servicio del pueblo” (2005, p. 273).

En el plano estudiantil, los grupos de militancias formaron parte de las dinámicas de politización social con sus propios ritmos y especificidades. La Universidad Provincial —nacionalizada en abril de 1973— resultó el escenario de intervención para pequeños grupos de activistas que, algún tiempo después, se identificaron como adherentes del FAUDI, de la TUPAC, el MOR, el MNR, la FM y, desde 1973, la JUP (Asquini, 2008). Si a fines de los años '60 esos grupos contrastaban con una mayoría de alumnos que se reconocía como apolítica o, en su defecto, restringía las actividades estudiantiles al plano académico, la situación comenzó a modificarse a inicios de la década siguiente, en el marco de la reconfiguración e inscripción del activismo estudiantil en la trama de relaciones que adscribían al significante de la NI. Entre 1969 y 1973, los grupos de militancia estudiantil participaron de un conjunto de iniciativas que involucraban a diversos núcleos de trabajadores inscriptos en el peronismo y sectores de izquierda. De ese modo, los estudiantes se integraron a la “Comisión Local de Solidaridad a los Presos Políticos” en junio de 1969,[4] en 1971 fueron parte de la “Comisión de Lucha contra la Legislación Represiva y por la Libertad de los Presos Políticos Gremiales y Estudiantiles”[5] y, tiempo después, participaron de la extensa lucha de salineros en el sureste de la provincia, una de las huelgas más larga del periodo.[6] En ese devenir, fueron construyendo una experiencia de participación política a partir del vínculo con agrupaciones y gremios con cierto perfil clasista y combativo, al mismo tiempo que disputaron entre sí los espacios políticos propios de la universidad. Su constancia militante y los saberes incorporados a través de sus intervenciones y vínculos con otras organizaciones fueron permeando y mediando la relación con otros estudiantes que, de manera paulatina, se fueron politizando. Justamente, esa politización se volvió más amplia cuando los activistas mostraron capacidad de integrar reivindicaciones propias del espacio universitario, muchas de ellas referidas a los reclamos de adecuación curricular a las necesidades regionales.

La Universidad Provincial de La Pampa, creada en 1958 bajo el impulso ampliatorio del novel estado provincial, se nutría de un gran contingente de profesores viajeros, muchos de ellos de las Universidades Nacional de La Plata y de Buenos Aires, situación que se expresaba en la extrapolación de programas curriculares y perfiles docentes y técnicos. En ese sentido, desde 1970 comenzó a articularse entre los estudiantes un clima de demanda en torno a una mirada regional de la universidad provincial. Entre mediados de 1972 y abril de 1973 se espiralizaron los reclamos por la nacionalización de la casa de estudio, que fueron adquiriendo un pulso inédito de movilización y politización estudiantil, al entrelazarse con la comunidad santarroseña y diversas localidades de la provincia.[7] El proceso de nacionalización de la casa de estudio abrió un abanico de posibilidades, debates e intervenciones que, no exentos de fricciones y luchas intestinas, dio paso a experiencias novedosas para el espacio pampeano, como la formación del Instituto de Estudios Regionales (IER), la apertura de nuevas carreras y cierta renovación curricular.[8] De ese modo, las demandas específicas del espacio pampeano entrelazaron el clima de expectativas más o menos generalizado que relacionaba la necesidad de transformaciones sociales con las ideas de liberación nacional y/o social. 

En efecto, los años que median entre el Cordobazo y los procesos de contraofensiva ideológica que consolidados desde 1975 muestran una politización creciente de las militancias estudiantiles en todo el país, cuya radicalización modula diversas intensidades según las circunstancias y localizaciones geográficas.[9] En ese contexto, es posible afirmar que los cambios operados en la cultura juvenil fueron parte de una subjetivación contestataria más amplia que estimó posible la transformación de la sociedad argentina. En ese tránsito, el ideario tercermundista y los anhelos emancipatorios de la liberación nacional y social tiñeron las prácticas y los discursos de buena parte de la militancia estudiantil, mientras participaban de experiencias inéditas en las instituciones universitarias que buscaban poner las casas de estudios “al servicio de la liberación nacional”. En un plano más amplio, puede considerarse que el vasto universo que designaba la NI — y en la que se inscribía gran parte de las militancias estudiantiles— intervino y modificó sustancialmente la configuración de la escena política argentina, generando una intensa sensación de “amenaza” al orden social que, a nuestro juicio, estuvo en la base misma de las diversas iniciativas y fórmulas políticas ensayadas entre 1969 y 1976 desde el Estado, los sectores dominantes, las Fuerzas Armadas, y los líderes y fuerzas políticas tradicionales, desde el Gran Acuerdo Nacional a la salida dictatorial del terrorismo de Estado (Franco, 2012).

En efecto, desde 1975 la avanzada represiva y la intervención del terrorismo de Estado produjeron una marca profunda en las cadenas de transmisión generacional de las tradiciones y saberes de la militancia estudiantil, que solo parcialmente pudieron ser restituidas y resignificadas en el tránsito a la democracia como sistema social y político.[10] A pesar de las transformaciones en las instituciones universitarias, los cambios de los programas de estudios, los cupos de ingresos y arancelamientos, los modos aceptables de transitar el espacio universitario, el intento del poder dictatorial de forjar una nueva generación de jóvenes estudiantes ajenos a las ideas y prácticas consideradas “subversivas” no llegó a fundar una ruptura definitiva. Por el contrario, los estudiantes sostuvieron mínimas formas de instancias organizativas, en mayor o menor medida según los espacios y circunstancias, que poco tiempo después funcionaron como reservorio de saberes y tradiciones sobre los que se asentaron nuevas prácticas, discursos y modalidades de politización.

El tiempo de la democracia ¿Qué democracia?

En la última década, diversos estudios han centrado su atención en el proceso de crisis de la dictadura militar que dio paso a la recuperación de la democracia, buscando mostrar las complejidades de un periodo que se aceleró a partir de la derrota bélica en las Islas Malvinas. En ese sentido, existe cierto consenso respecto de que ese pasaje no fue abrupto, sino que se alimentó de las dinámicas que diversos actores sociales le imprimieron al periodo desde fines de la década de 1970.[11]

En el caso las militancias estudiantiles, algunas investigaciones centradas en la UBA, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) o en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) muestran iniciativas de reorganización desde fines de la década de 1970 (Cristal y Seia, 2018; Luciani, 2017; Seia, 2020; Vicente, 2018), cuya presencia funcionó de superficie para una mayor politización y movilización estudiantil a partir de 1982. En el caso de la UNLPam, la coyuntura de Malvinas resultó determinante en la reorganización de las militancias estudiantiles, que rápidamente avanzaron en agrupamientos en línea con la partidización de la vida política nacional y provincial.[12] De ese modo, se reorganizaron la FM, la JUP, el MNR y el MOR, y nacieron la Juventud Universitaria Intransigente (JUI), vinculada al Partido Intransigente (PI), y el Movimiento Reformista 15 de junio (MR-15), expresión del Partido Socialista Autentico (PSA).

Un aspecto específico a señalar de la UNLPam es que todas las agrupaciones se inscribieron en el espacio del centro a la izquierda, a diferencia de otras universidades donde surgieron agrupaciones autodefinidas como “independientes” que se movían por el espectro del centro hacia la derecha, y que en el devenir de la década fueron consolidándose como fuerzas políticas de peso en el mapa universitario (Touza, 2007; Moyano y Abratte, 2013; Seia, 2020).

A pesar de cierta imagen de la transición a la democracia que destaca la producción de un nuevo lenguaje común, dominado por la valorización del estado de derecho y su impronta normativista, la cuestión de la liberación nacional fue un aspecto relativamente presente en los discursos del campo político regional y nacional que se identificaba con posiciones de (o cercanas a la) izquierda.[13] En julio de 1982, la Multipartidaria provincial —homónima de su versión nacional— expresó su acuerdo para consensuar un “programa de liberación nacional” que diera fuerza a la futura democracia.[14] En abril de 1983 Guillermo Pérez Funes, dirigente provincial del PSA, sostenía que la contradicción fundamental “es liberación o dependencia”, a pesar de que “hay sectores que hacen prevalecer la contradicción capital-trabajo, que sin dudas existe, pero hay cosas que no se pueden dejar de lado”.[15] En octubre de 1984 el diputado nacional Augusto Conte, adscripto a la corriente Humanismo y Liberación (Partido Demócrata Cristiano) explicaba que “el tema de la defensa de la democracia, en vigencia de la justicia social y de la vida democrática pasa por levantar las banderas de la liberación nacional, sin la cual nada del resto será posible”.[16] En diciembre de 1986, la ciudad de Rosario fue anfitriona del “Encuentro de intelectuales por la democracia y la liberación”, donde más de 500 personalidades de 15 provincias del país debatieron sobre “la crisis orgánica que atraviesa al país y a la sociedad civil argentina” y la incidencia que sobre la misma tenía “la propia crisis internacional del capitalismo, por nuestro carácter de país dependiente y por las exigencias del nuevo modelo de acumulación a escala mundial”.[17] En junio de 1986, en el marco del lanzamiento de la campaña por la Paz y la Justicia por parte del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), Adolfo Pérez Esquivel declaraba que “el proceso de liberación en Argentina será una obra de todos o no se libera ninguno”.[18]

Sin dudas, el Partido Intransigente extrajo del ideario liberacionista sus principales consignas y argumentos. A inicios de la década, y bajo la conducción de su veterano líder Oscar Alende, el PI reeditó el documento “Aportes para un Proyecto Nacional”, originalmente aprobado en diciembre de 1975. Una parte sustancial del mismo refería a un detallado “Programa contra la Dependencia y por la Liberación", y fue la base programática para las elecciones presidenciales de 1983. En el caso del Partido Justicialista, el movimiento de la Renovación Peronista (RP) entrelazó en sus debates la cuestión de la democracia y sus posibilidades de realización en términos de justicia social, aspectos que su militancia de base podía relacionar, relativamente sin contradicciones, con la retórica liberacionista. De hecho, en 1986 el propio Carlos Menem lanzó su corriente interna denominada “Federalismo y Liberación”.[19] En efecto, la retórica liberacionista atravesó, con distintas intensidades, los discursos políticos del campo de la izquierda y adyacencias. Un rasgo que, conforme el avance de la década, fue perdiendo vigor y capacidad de interpelación social, al tiempo que se reponían y aggiornaban discursos políticos con foco en los problemas de la gobernabilidad, la modernización y la eficiencia estatal.

En ese marco, resulta interesante explorar los modos en que los grupos de activistas estudiantiles de la UNLPam —jóvenes veinteañeros con pocas o escasas experiencias organizativas— se inscribieron en las dinámicas experienciales del movimiento estudiantil. En el laborioso trabajo de reconstruir tradiciones políticas y marcos de sentido, la militancia estudiantil rescató parcialmente el imaginario liberacionista de dos décadas previas, saltando por encima de los años dictatoriales y sus legados de orden, disciplina y status quo.  En efecto, el tema de la liberación nacional fue paulatinamente incorporado, desde 1982, a los discursos del grueso de las agrupaciones políticas. Nos referimos a la FM, JUI, MR-15, el MOR y la JUP.  El MNR no asumió de manera directa el discurso liberacionista, aunque en ocasiones compartió actos, declaraciones conjuntas, comunicados de prensa o ámbitos gremiales que enfatizaban el ideario liberacionista.

En mayo de 1984, la propia reorganización de la Federación Universitaria Pampeana (FUP) estableció entre sus principios estatutarios la “participación de la UNLPam en las luchas por la Liberación Nacional y Justicia Social de nuestro pueblo”.[20] Allí, todas las agrupaciones estudiantiles coincidieron programáticamente en el horizonte liberacionista como elemento de cohesión política.

¿Cómo era significada la liberación nacional por esa militancia estudiantil? En principio, remitía a una de las contradicciones fundamentales, según los enunciatarios, que atravesaba el país: la cuestión de la dependencia de las estructuras económicas al imperialismo, encabezado principalmente por los Estados Unidos de América.

Para Eduardo Aguirre, dirigente provincial del PI, “la idiosincrasia de nuestro país hace que el proceso de liberación sea posible solo con la unión de grandes sectores, trabajadores, clase media, burguesía, que incluye a pequeños y medianos comerciantes, productores industriales, quienes deben integrarse al movimiento liberador”.[21] En esa línea de análisis, la JUI  emitió un documento en diciembre de 1983 donde consideraba fundamental reclamar “una política de apoyo al sistema democrático” recién instaurado, lo que no significaba “inmovilidad y verticalismo” sino “una mirada crítica que aplauda y reafirme” los aciertos y “ejerza un papel impulsor y orientador de aquellas que deban ser corregidas o profundizadas”, aspectos indispensables para lograr una superación de “las estructuras tradicionalmente dependientes de nuestra sociedad”. En sintonía, la JUI insistía en la unidad del movimiento estudiantil, “sin caer en los sectarismos partidistas, que introducen falsas divisiones entre los sectores populares y que deben estar más aliados que nunca para enfrentar al enemigo común: el imperialismo, la oligarquía nativa y las dictaduras militares”.[22]

En mayo de 1984 el dirigente estudiantil Rubén Levenberg, secretario general del MR-15 a nivel nacional, señalaba a la prensa santarroseña que “nosotros entendemos la Reforma Universitaria no como un fin en sí mismo sino como una proyección de justicia social, de universidad al servicio del pueblo. Es una herramienta para la transformación, para alcanzar la liberación nacional en camino al socialismo”.[23] Su presencia en la ciudad obedecía al plenario llevado a cabo por la regional pampeana del MR-15, que en su declaración final convocaba a “estudiantes, docentes, graduados y trabajadores no docentes" a sumarse a la tarea emprendida  en la lucha por "una universidad reformista, humanista, científica y popular al servicio de la liberación nacional en camino a la construcción de una libre e inteligente sociedad humana basada en la justicia económica y social”.[24] En 1983, un comunicado de la Juventud Peronista Universitaria (luego JUP) afirmaba que “los pueblos del continente latinoamericano están de pie luchando por su liberación, aunque algunos países en mano de gobiernos cipayos traicionen la causa más sagrada para los pueblos: SU SOBERANIA”.[25]  

Por el lado de la FM, La contradicción fundamental fue uno de los principales materiales de estudio y formación de la militancia franjista desde 1973 y que, actualización mediante, se mantuvo hasta bien avanzados los años '80.[26] En el documento, los protagonistas son “el pueblo argentino por un lado, y el complejo antinacional oligárquico-monopólico-antimperialista por el otro”. Dentro del campo del pueblo, se ubicaba a las clases trabajadoras (urbanas y rurales), las clases medias (pequeña burguesía comercial, industrial, rural), los profesionales, la intelectualidad progresista y el movimiento estudiantil constituyendo, como conjunto, más del 95% de la población. En el espacio antagónico, el campo del antipueblo, se situaba a los grupos económicos y empresarios vinculados al imperialismo norteamericano, inglés, europeo y multinacional, la oligarquía terrateniente, los monopolios exportadores e importadores y de la intermediación, y la oligarquía financiera. De este modo la contienda fundamental no se ubicaba por el lado del reparto entre capital y trabajo sino en el manejo de los resortes económicos claves de la economía del país. El carácter expoliador de esa minoría parasitaria podía observarse a partir de las condiciones de atraso del país, además de la exorbitante y fraudulenta deuda pública. La resolución de la contradicción fundamental solo podía materializarse a partir del triunfo de las fuerzas populares, la destrucción de la oligarquía y el imperialismo como factores de dominación actuantes en el país y la realización de la liberación nacional que rompiese los lazos de dependencia y comenzara “la construcción de un sistema político, económico y cultural independiente, integrado y autosuficiente sobre el que se asiente una sociedad justa, libre e igualitaria”.[27]

En el caso de la UNLPam, la FM fue la agrupación que mayor volumen mantuvo durante la década de 1980, al dirigir la mayoría de los centros de estudiantes y sostener la presidencia de la FUP. Sin embargo, desde su propia constitución local, la FM estuvo marcada por disidencias internas respecto del vínculo con el partido y la Juventud Radical (JR), situación que derivó, en la segunda mitad de la década, en su inscripción en la Corriente Nacional de Liberación (CNL), un desprendimiento interno de la FM que congregó a contingentes de activistas de las universidades de Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Chaco, Bahía Blanca y grupos menores de la UBA y la UNR.[28] La particularidad de la FM pampeana —a cierta distancia de la línea partidaria y de los sectores vinculados a la JCN— los colocaba en un lugar de amplia coincidencia con el resto de las agrupaciones, especialmente aquellas de mayor peso, como la JUP y la JUI. Esa mayor cercanía y coincidencia programática permitió que las agrupaciones estudiantiles de la UNLPam funcionasen como bloque —más allá de las disputas en los espacios de representación— en determinados aspectos y asuntos de la agenda estudiantil, como las luchas por la recuperación de los espacios gremiales y contra los aranceles, las disputas en torno a los concursos docentes y las continuidades de las “herencias” del Proceso, el reclamo de restitución de edificios públicos, entre otros. Sin embargo, dos aspectos marcaron los alcances de esa coincidencia programática: la capacidad para sostener una posición unificada que resultó determinante en la llegada al rectorado de Raúl Esteves Leyte, el primer rector de la democracia, y la participación de numerosos referentes estudiantiles en el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos (MPPDH).[29]

En términos generales puede sugerirse que, en el caso de la UNLPam, el imaginario tercermundista y de la liberación nacional operó como una instancia constituyente de la subjetividad estudiantil y militante, en tanto resultaba una forma particular de cohesionarlos como sujetos políticos, es decir, como comunidad. Eran, también, discursos heredados de la década previa pero resignificados en tanto efectos de la intervención dictatorial. Repetición con diferencia, podríamos sugerir, en la medida en que la clausura de las expectativas de transformación revolucionaria devino en la lucha y anhelos de una democracia profunda y sustantiva, capaz de poner en acto el derecho a la vida digna. En efecto, si liberación nacional podía organizar y significar expectativas y anhelos de transformación de la militancia de izquierda, nacional y popular, la democracia funcionó como el marco regulatorio donde dirimir las luchas por su obtención. Si desde 1983 el binomio dictadura/democracia funcionaba como elemento de corte respecto del pasado, democracia y liberación nacional podía traccionar ciertos presentes democráticos en construcción, funcionando como horizontes de expectativas.

En ese sentido, la militancia de la JUI reclamaba un rol más activo de las fuerzas populares y, en el caso del movimiento estudiantil, se reclamaba un rol “más político”, de modo de “ir desarrollando, a través de la organización, nuevas formas organizativas que generen con la reivindicación del elemento democrático, la presencia activa del grueso de los estudiantes”. La posibilidad de construir formas dinámicas de democracia requería la elaboración de objetivos conjuntos sobre la base de una movilización permanente, de modo que el horizonte de expectativas pugnaba por una “democracia real” que pudiese “romper” las viejas estructuras, es decir, los tentáculos de la oligarquía y el imperialismo. Para la JUI, el movimiento estudiantil debía ser parte de un frente de Unidad Nacional que diera salida a la crisis del país y que abriese el camino definitivo a la liberación nacional. Sin embargo, esa unidad debía ser “posible y concreta”, que se definiera “a favor de las libertades individuales, la vigencia plena de los derechos humanos y repudie los mecanismos autoritarios y represivos”, pero que también profundizase “los canales democráticos formales dentro de una concepción participativa y autogestionaria”.[30]

A partir de 1983, democracia actuó por oposición a dictadura, pero la tradición liberal de la representación política no parecía suficiente para una militancia que reclamaba y ponía en juego instancias de participación democrática en el sentido originario del término. En ese sentido, cierta percepción temprana del carácter fragmentado del campo popular y social, en tanto efecto directo de la desarticulación impuesta por la dictadura, apuntaló una genuina disposición política y militante al trabajo común, que hallaba en las asambleas y en la apuesta por consensuar posturas conjuntas una metodología apropiada para la resolución de problemas.[31] En efecto, la militancia estudiantil apostaba a una práctica política que demandaba ampliar constantemente las formas representativas. De ahí que en muchos casos la palabra democracia necesitara complementarse con algún adjetivo: real, participativa, profunda, sustancial, que permitiese dar cuenta del carácter acotado y limitado de la representación política.

En ese contexto, liberación nacional y democracia operaban como significantes que podían ser congruentes en la medida que ésta se constituyera como instancia plausible de la lucha por la igualdad y la justicia, lo que solo puede ser entendido como una petición de significación excedente para la “política” de la representación, un excedente que solo podía sostenerse en las expectativas ancladas en la capacidad de participación, organización y movilización de los estudiantes y la sociedad en general.

En efecto, ¿cómo se articulaba la petición de una democracia profunda en tanto herramienta para la liberación nacional? A partir de una significación que reclamaba al estado de derecho una política de derechos en términos sociales, es decir, una política que garantizase el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, a la justicia. Con distintas modulaciones, la militancia estudiantil compartía la noción respecto de quienes conformaban el pueblo, como parte del nosotros que configuraba sus prácticas y estrategias de acción. De ese modo, podían apoyar iniciativas del gobierno nacional —la decisión de avanzar con la investigación sobre los crímenes y vejaciones perpetradas por las FF.AA.— que empalmaban con sus reclamos por la desarticulación del aparato represivo, la demanda de restitución de edificios públicos en manos del Ejército, o la creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Al mismo tiempo, podían mantener una cerrada oposición y distancia respecto del mismo gobierno nacional, como ocurriese con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida o los ajustes económicos y privatizaciones que campearon el horizonte nacional a partir de 1985. La militancia podía funcionar como aliado de los sectores que impulsaron el divorcio vincular y la patria potestad compartida,[32] sostener la posición del en el plebiscito no vinculante respeto del conflicto limítrofe con Chile por el Canal de Beagle[33], pero rechazar la injerencia de la Iglesia en cuestiones de salud y educación.

En fin, una mirada amplia permite advertir los modos particulares en que la militancia pampeana moduló su propia experiencia estudiantil, en la dinámica de una democracia en curso en sí misma atravesada por debates e interrogantes acerca de cómo construirla socialmente. Sin embargo, así como el activismo se alimentó del clima de confianza abierto a partir de 1983, rápidamente las expectativas comenzaron a desmoronarse al promediar la década. Las elecciones de medio término de 1987 conjugaron y expresaron la crisis del radicalismo, y también los límites de los sueños democráticos: la ingobernable economía, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los levantamientos carapintadas y “la casa está en orden”, fueron mojones que trazaron el derrotero de una democracia que, en los años siguientes, dio cuenta del deslizamiento hacia formas de funcionamiento relativamente prescindentes de su dimensión más movilizadora y popular.

En el caso de la experiencia estudiantil de la UNLPam, su correlato fue la desmovilización social y la pérdida de sinergias colaborativas. En ese marco, el ideario liberacionista perdió su capacidad movilizadora para sostener instancias de producción política que aglutinaran proyectos sociales y colectivos, es decir, que produjeran comunidad. Las agrupaciones fueron acentuando su organicidad partidaria y un perfil orientado a la gestión académica y de servicios al estudiante, a tono con un clima social marcado por el desencanto.

Consideraciones finales

Los estudiantes que ingresaron a las universidades nacionales a partir de 1980 participaron, en mayor o menor medida, de la gestación y ampliación del clima de ideas sobre la democracia. En el caso de la UNLPam, romper el cerco del temor a la participación pública y a la apropiación de problemas para su resolución por parte de jóvenes veinteañeros casi sin experiencias organizativas ni tradiciones políticas relativamente estables, fue uno de los mayores desafíos de los activistas políticos y de todas las agrupaciones que fueron definiéndose como progresistas, populares y de izquierda. Como hemos referido, esa orientación no fue una decantación natural de la militancia estudiantil, sino que se cimentó sobre una construcción política que percibió la necesidad y relevancia de apostar al trabajo común, por sobre las diferencias específicas de orientación política.

En la UNLPam, la militancia universitaria de la década de 1980 mostró una enorme capacidad de reconstrucción e intervención en los asuntos públicos, tanto de la institución universitaria como en la más amplia arena social, desplegando múltiples esfuerzos organizativos para recuperar ámbitos de participación política, apuntalar reclamos por la ampliación de derechos y proyectar futuros posibles. Ello implicó —necesariamente— el desenvolvimiento de una praxis que pretendió estar en sintonía con la tradición de lucha que precedía al movimiento estudiantil, pero al mismo tiempo, careciendo de los vínculos generacionales que pudieran sostenerla.

En los años 80, en el tránsito de un imaginario de la revolución a la construcción de un horizonte democrático, se fue gestando un lenguaje común centrado en la defensa del estado de derecho, las garantías individuales y la demarcación de ciertas reglas claras de convivencia. Esa afectación significante transmutó las palabras, y algunas de ellas se volvieron innombrables durante el decenio: revolución, lucha de clases, burgueses, socialismo. Solo podían nombrarse en tanto sinécdoque de la violencia política de la década previa. No fueron prescriptas pero la magnitud de la derrota llevó a su inutilización pública, funcionando como una limitación del discurso. Sin embargo, muchas de ellas mantuvieron un reservorio de sentidos contestatarios—en nuestro caso, la liberación nacional—, arropados bajo nuevos registros, que permitió disputar sentidos y significados sobre las posibilidades de pensar el derecho a diversas formas de vida en común.

En ese marco, es posible sugerir que la militancia estudiantil de los años ochenta hibridó prácticas políticas y restos discursivos de la cultura de izquierda argentina y que recuperó, en las particulares condiciones que legó el terrorismo de Estado, el imaginario liberacionista como una herramienta para pensar los nuevos tiempos democráticos. Ese proceso se vio alimentado por el conjunto de debates, discursos y representaciones sobre la democracia que atravesaron gran parte de la década. También es, al mismo tiempo, su propia aparición como sujetos políticos, con narraciones que, aún con un lenguaje de referencias “setentistas” —el ideario del tercer mundo y la liberación nacional, la contradicción Pueblo/Antipueblo, etc.—dieron contenidos a sus propios sentidos y figuraciones.

El año 1987 muestra la desarticulación veloz y progresiva de los anhelos de liberación nacional, construidos desde la década de 1960 y que, dictadura mediante, habían sido parcialmente restituidos.[34] En el plano más amplio de lo público, se asistió a una clausura paulatina de las posibilidades de edificar una democracia de corte más social, en cualquiera de sus versiones, en la medida en que la crisis económica y la preocupación por la gobernabilidad reforzaron la mirada tecnicista de la gestión gubernamental.

 

Fuentes documentales

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[1] La juventud contribuyó a cambiar, como nunca antes, prácticas políticas, estereotipos sociales, patrones de consumo, relaciones de género y comportamientos sexuales. En su dinámica, tanto en conjunto como aisladamente, los jóvenes resignificaron aspectos tan variables como los sentidos sobre la política, la familia, el erotismo, el sexo, las drogas o la música, generando situaciones de conflictividad en los ámbitos de la familia, la cultura y la sociedad.

[2] Huelga aclarar que el fenómeno no fue común a toda la juventud. Muchos jóvenes del periodo se mantuvieron dentro de los parámetros de juventud “correcta”, reproduciendo las pautas y mandatos sociales esperables por los valores vigentes de su tiempo. Sin embargo, una porción considerable de los jóvenes se vio atravesada por las transformaciones mencionadas.

[3] Algunos de los grupos referenciales del periodo fueron la Tendencia Universitaria Popular Antimperialista y Combativa (TUPAC), ligada a Vanguardia Comunista (VC); el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (FAUDI), expresión estudiantil del Partido Comunista Revolucionario (PCR); el Movimiento de Orientación Reformista (MOR), del Partido Comunista (PC); la Franja Morada (FM), como expresión de la Unión Cívica Radical (UCR); el Movimiento Nacional Reformista (MNR), ligada al Partido Socialista (PS). En el caso del trotskismo, las agrupaciones se relacionaron con organizaciones como el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) o el PRT-La Verdad.  

[4] Luego del Cordobazo, diversos presos políticos fueron trasladados transitoriamente a distintas cárceles del país. Una de esos destinos fue la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Entre los contingentes de detenidos que arribaron a la ciudad entre el 31 de mayo y las dos semanas siguientes se encontraban Agustín Tosco y Elpidio Torres. El 14 de junio, en el máximo sigilo, los detenidos fueron trasladados a las cárceles de Rawson y Neuquén, respectivamente.

[5] La Comisión se había formado en el marco de una huelga de colectiveros locales, coincidente con la detención de otros activistas políticos. Por entonces, los estudiantes habían comenzado sus reclamos por la nacionalización de la universidad, siendo detenidos varios de ellos en algunos actos públicos. 

[6] La huelga de los salineros, al sureste de la provincia, se extendió desde fines de octubre de 1971 a fines de febrero de 1972. Su sostenimiento congregó al grueso de las militancias sindical y estudiantil. Al respecto, véase Asquini (2005).

[7] Fundamentalmente la ciudad de General Pico, sede de algunas carreras de la universidad provincial. Por otro lado, el reclamo por la nacionalización se replicó en otras localidades de la provincia, lugar de procedencia de muchos estudiantes, lo que fue imprimiéndole un tono de reclamo generalizado que coadyuvó a la fuerza y al peso de la lucha por la nacionalización.  

[8] Sobre la nacionalización de la UNLPam, véase Asquini (2008) y Monasterolo y Pittaluga (2018). Sobre el IER, véase Huarte y Pittaluga (2018).

[9] Referimos como contraofensiva ideológica a los procesos abiertos a partir de la muerte de Juan D. Perón y los avances en la “depuración ideológica” del peronismo, que funcionaron como soporte para una intervención más amplia sobre el conjunto de la sociedad. En el plano universitario, un punto de quiebre resultó la forzada renuncia de Jorge Alberto Taiana como ministro de Cultura y Educación del país, en agosto de 1974. Su lugar fue ocupado por Oscar Ivanissevich, quien se propuso llevar adelante la “depuración ideológica” de las universidades, generalizándose en 1975 la impronta ideológica de la gestión gubernamental. Al respecto, véase Rodríguez (2015). Para el caso pampeano, véase Asquini (2005).

[10] Desde octubre de 1975 se registró en la UNLPam una avanzada represiva que desarticuló, en gran medida, la trama de relaciones e iniciativas que diversos grupos sociales —gremiales, estudiantiles, profesionales— venían desplegando desde algunos años antes. Al respecto, véase Asquini (2005).

[11] Para una mirada general del periodo véase Quiroga (2004). Para los años de la “transición” a la democracia véase Franco (2018). Para el caso del movimiento de Derechos Humanos, véase Alonso (2022).

[12] En el tránsito a la democracia, los partidos políticos se constituyeron en canales privilegiados de la representación política. En esa línea, los partidos conformaron las juventudes y las agrupaciones estudiantiles respectivas. Esa partidización de la política estudiantil universitaria, que la dictadura buscó desmembrar, restituyó un continuum con el periodo previo al golpe de Estado de 1976.

[13] Nos interesa matizar esa imagen de la democracia como portadora de un nuevo lenguaje que se desprende de su pasado más inmediato, casi sin mediaciones. En ese sentido, resulta oportuna la revisión de los lenguajes que dieron forma a la transición, en la medida que expresa la búsqueda por otorgarle sentido y significación a la nueva realidad social que se construyó a partir de 1983. Al respecto, véase Lesgart (2003); Reano (2010).

[14] Archivo Histórico Provincial (AHP), Diario La Arena, 6 de julio de 1982. En términos metodológicos, apelamos a la consulta en archivo de La Arena, el diario de mayor tirada y circulación provincial de la época.

[15] AHP, Diario La Arena, 29 de abril de 1983.

[16] Las declaraciones fueron en el marco de su visita a la ciudad de Santa Rosa con motivo de la “Marcha por la democracia y la vida y contra el aparato represivo”, un año después de las elecciones presidenciales de 1983. AHP, Diario La Arena, 31 de octubre de 1984.

[17]Revista Crisis, n° 50, enero de 1987, p.63.

[18] AHP, Diario La Arena, 20 de junio de 1986.

[19] Una aproximación a la trayectoria de la renovación peronista véase en Garategaray (2018).

[20] Revista Universitaria (RU) n° 8: “Se conformó la FUP”. Junio de 1984. La RU fue una publicación regular (3-4 números por año) de un colectivo de estudiantes que funcionó entre 1982 y 1988, y que se constituyó como un espacio de gravitación de la militancia estudiantil. Sobre la RU, véase Monasterolo (2013).

[21] AHP, Diario La Arena, 19 de mayo de 1983.

[22] AHP, Diario La Arena, 4 de diciembre de 1983.

[23] AHP, Diario La Arena, 2 de mayo de 1984.

[24]AHP, Diario La Arena, 3 de mayo de 1984.

[25] RU n° 6, año I, noviembre de 1983, “Unidad Nacional”. La nota corresponde a un comunicado enviado por la JPU a propósito del llamado a la unidad de las fuerzas populares y democráticas realizado por Adolfo Pérez Esquivel en ocasión de su visita a la ciudad de Santa Rosa el 30 de septiembre de 1983.

[26] El documento fue material de estudios para cientos de activistas de Franja Morada de todo el país. Las correcciones introducidas en 1983 alcanzaron a palabras como “clases sociales” y “revolución”, reemplazadas por expresiones aggiornadas al nuevo tiempo que se iniciaba tras el paso de la dictadura militar. No obstante, el espíritu y el tono se mantuvo, funcionando como un lente de análisis que solo avanzada la década fue abandonado. La contradicción fundamental. Documento interno de la Junta Coordinadora Nacional. Juventud Radical. Cuadernos de formación política n° 1. Argentina 1984.

[27] La contradicción fundamental. Documento interno de la Junta Coordinadora Nacional. Juventud Radical. Cuadernos de formación política n° 1. Argentina 1984.

[28] La CNL se constituyó como punto de encuentro, en 1987, de las militancias disidentes dentro de la FM, sobre todo aquellas externas al eje Buenos Aires-La Plata-Rosario-Santa Fe, que constituía el núcleo de la vieja Junta Coordinadora Nacional (JCN), y cuyos dirigentes principales —Enrique Nosiglia, Federico Storani, Changui Cáceres— tenían destacados lugares en el funcionamiento del gobierno de Raúl Alfonsín. Sobre la historia de la FM, véase Beltrán (2013). Sobre la experiencia de la CNL, véase Monasterolo (2018). 

[29] “El rector de los estudiantes”, como se lo bautizó a Esteves Leyte, se impuso por mayoría simple en abril de 1986, luego de una extensa Asamblea Universitaria marcada por la imposibilidad de destrabar la situación de empate técnico entre distintos aspirantes, entre ellos el entonces rector interventor Leopoldo Casal, dirigente de la UCR designado por el presidente Raúl Alfonsín, y Carlos Sáez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Ante esa situación, los representantes estudiantiles nucleados en la FUP propusieron la candidatura de Esteves Leyte, que días antes había perdido las elecciones a decano de la Facultad de Agronomía. La posición unificada de los estudiantes, junto a un conjunto de docentes y graduados que brindaron su apoyo, modificó la relación de fuerzas, logrando el acceso al rectorado de Esteves Leyte. Al respecto, véase Monasterolo (2018). Una experiencia con aspectos en común puede constatarse en la UNC, donde los estudiantes resultaron decisivos en el mapa de alianzas que permitió la llegada al rectorado del arquitecto Luis Rébora (Moyano y Abratte, 2013). Sobre el vínculo entre el activismo estudiantil y el MPPDH, véase Monasterolo (2021).

[30] RU n°9: “La Universidad necesaria”. Agosto de 1984.

[31] Por supuesto, esa praxis no estaba exenta de intentos de manejos personalísticos por parte de dirigentes estudiantiles, o de aparateadas por parte de las agrupaciones, pero la dinámica y el volumen de la participación estudiantil limitaba esas conductas, en la medida en que el propio movimiento traccionaba conjuntamente o, en su defecto, les restaba representatividad. En todo caso, como sugiere Judith Butler, el carácter performativo de la reunión asamblearia produce un tipo de poder que no puede ser apropiado individualmente; es un poder soberano y específico que, en todo caso, limita la brecha entre representantes y representados (2014, p. 50). 

[32]En 1985 el gobierno de Alfonsín estableció la patria potestad compartida mediante la Ley 23.264, un derecho reclamado especialmente por las mujeres. En junio de 1987 se sancionó la Ley de Divorcio Vincular. En ambos casos, frente a una fuerte oposición de sectores conservadores y de la Iglesia Católica.

[33] El plebiscito ponía a consideración de la ciudadanía la aceptación de la mediación papal como árbitro del diferendo con Chile. En cierto modo, el SI podía expresar una apuesta a la resolución pacífica de los conflictos, no dando lugar al peso protagónico de las FF.AA. En noviembre de 1984, el Tratado de Paz y Amistad firmado por Chile y Argentina fijó el límite entre los dos países desde el canal Beagle hasta el pasaje de Drake al sur del Cabo de Hornos, a propuesta del Papa Juan Pablo II.

[34] Entendemos que el año 1987 funciona como punto de contacto de una serie de acontecimientos que van desde la sanción de la Ley de Punto Final (diciembre de 1986) al primer levantamiento carapintada de abril de 1987. Al mismo tiempo, los efectos de ese eslabonamiento se expresan en la sanción de Ley de Obediencia Debida y el segundo levantamiento carapintada de 1988. En el plano estudiantil, la hegemonía de la FM a nivel nacional se recompone luego de sostener la dirección de la FUA en el congreso realizado en marzo de 1987, al mismo tiempo que modifica y reordena una serie de alianzas y funcionamientos al interior del movimiento estudiantil.