El movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) entre finales de la dictadura y la primera gestión normalizadora
Laura Luciani
Centro Latinoamericano de Investigaciones en Historia Oral y Social, Universidad Nacional de Rosario; Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Rosario, Santa Fe, Argentina
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 15, N° 30, pp.16-47
Julio-Diciembre de 2022
ISSN 1853-7723
Fecha de recepción:01/08/2022 - Fecha de aceptación:06/12/2022
Resumen
El artículo explora las dinámicas del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Rosario en el contexto de finales de la dictadura, período en que se configuraron acciones contra la política educativa, especialmente la ley 22207, la reactivación de los centros y el cupo restringido. Si bien el movimiento articuló sus demandas en torno a consignas que fueron generales a otras universidades, incorporó algunas problemáticas específicas.
El artículo enfatiza en dos ejes. Por un lado, la conflictiva relación del movimiento estudiantil con la gestión del rector Humberto Riccomi que llevó a un proceso de temprana y vivaz agitación política. Por otro lado, los lazos generados con distintos espacios de la sociedad civil habilitaron un debate en torno a la universidad y su democratización que trascendió los claustros.
Palabras Clave
Movimiento estudiantil, Universidad, Rosario, dictadura, democratización.
The student movement at the National University of Rosario (Argentina) between the end of the dictatorship and the first normalizing administration
Abstract
The article explores dynamics of the student movement at the National University of Rosario at the end of the dictatorship. This period was characterized by the emergence of actions against the educational policy, especially the law 22207, the reactivation of the centers and the restricted number of places. Although the movement articulated its demands around slogans that were general to other universities, it incorporated some specific issues.
The article emphasizes two areas. On the one hand, the problematic relationship of the student movement with Rector Humberto Riccomi’s administration, which led to a process of an early and lively political agitation. On the other hand, the ties, established with different spaces of civil society, enabled a debate around the university and its democratization that transcended the cloisters.
Keywords
Student movement, University, Rosario, dictatorship, democratization
El movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) entre finales de la dictadura y la primera gestión normalizadora[1]
Introducción
"Alguien miente, o el general Bignone que aspira a ser el último presidente de un gobierno militar, o las autoridades universitarias que siguen trabando la acción de organismos estudiantiles que parecieran querer perpetuar la universidad del proceso."[2] Estas palabras fueron expresadas por el referente nacional de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Roberto Vázquez, en la reunión plenaria de septiembre de 1982 en Rosario. El objetivo era visibilizar el movimiento estudiantil, pujar por el reconocimiento de la vida política del claustro y avanzar en el cuestionamiento a la política educativa en dictadura. En los términos vertidos, significaba desarticular el "Proceso" en la universidad.
No era menor ni casual que Rosario fuera sede de ese encuentro. Ese mes se realizaba en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) la primera elección de centro de estudiantes del país, luego de una sucesión de conflictos que habían movilizado al estudiantado desde 1981. El artículo se propone profundizar y analizar ese proceso mediante el cual el movimiento estudiantil rosarino acumuló experiencia organizativa y articuló su lucha en torno al cupo restrictivo, el arancelamiento y problemas locales específicos. Demandas generales al movimiento estudiantil argentino pero que fueron resignificadas al calor de conflictos situados, permitiendo un proceso de rápida radicalización y acción estudiantil. Por otra parte, la articulación con dinámicas locales planteó una agenda que generó vasos comunicantes con la sociedad rosarina en su conjunto.
Los años que median entre la primera protesta pública del estudiantado rosarino en dictadura y la asunción de la gestión normalizadora de la UNR fueron intensos, tanto en la gestación del movimiento como en el debate en torno a la estructura organizativa y académica de la universidad. Ello se reponía en un marco de discusiones sobre el fin de la dictadura y la transición democrática alentada por diferentes sujetos sociales. En esa línea, es posible pensar que la lucha encabezada por el movimiento estudiantil transversalizó una polémica más general en torno a la democracia.[3] Ese proceso habilitó canales de comunicación entre ese actor social y la sociedad rosarina, y permitió un paso más: provocar la renuncia del rector Humberto Riccomi y su salida anticipada de la casa de estudios.
Si bien la indagación en torno a la activación de la vida estudiantil y la emergencia del movimiento a finales de la dictadura cuenta ya con análisis para diferentes casos (Cristal, 2017; Cristal y Seia, 2018; Seia, 2020 y 2021; Vega, 2022; Monasterolo, 2020) así como para la experiencia local (Águila, 2008; Luciani, 2017), interesa reflexionar sobre algunos aspectos específicos y comprender cómo esa dinámica rearticuló la experiencia del estudiantado. Este trabajo focaliza en los matices, tensiones y complejidades de ese proceso para comprender la temporalidad, temprana, del caso local y sus singularidades. Un escenario que, aun cuando era parte de dinámicas globales que estaban viviendo las universidades argentinas, también las anticipaba y señalaba sus diferencias.
El inicio del ciclo de luchas, 1981
Una situación distintiva de la UNR[4] se asentaba en la continuidad de la gestión de Humberto Riccomi como interventor durante toda la dictadura. Dicha permanencia se sostenía en dos planos: las dinámicas de disciplinamiento y represión, arraigadas en los primeros años de la dictadura, y una serie de cambios en las segundas líneas de la gestión y en elencos de decanos que se desencadenaban con las transformacionesministeriales (Águila, 2014, Luciani, 2017, Grimi, 2021). Esta particularidad le permitió a Riccomi presentarse como una figura fuerte y persistente dentro de la universidad, aun cuando dependía de una de las carteras que había presentado importantes cambios de gabinete durante el régimen (Rodríguez, 2015 y 2017).
Tal condición revelaba, hacia inicios de los ochenta, ciertos resquebrajamientos que permiten definir a estos años como una coyuntura de apertura, pero todavía incierta (Franco, 2018). La propiciaba un escenario de modificaciones al interior del régimen. A principios de 1981 el general Roberto Viola asumió como presidente de facto, en un contexto de fuertes internas entre las Fuerzas Armadas (Canelo, 2015) y a final del año fue reemplazado por el general Leopoldo Galtieri. Iniciaba, además, una fase de crisis económica que pondría a este tema como central en la agenda política. En otros ámbitos, también, se verificaban cambios. La acción gremial se revitalizó y la CGT convocó al segundo paro general en dictadura –el primero había sido en 1979–. Se creó la Multipartidaria que propiciaba, desde sus prácticas y discursos, la transición a un gobierno democrático.
En política universitaria se definieron transformaciones a partir de la gestión de Llerena Amadeo. Se promulgó la ley 22207, en el marco de la cual se destacaban la creación de estatutos, la mayor intervención del Ministerio de Educación en la designación del personal docente, la realización de concursos conforme a dicha ley y el arancelamiento de la universidad.[5] De todas estas disposiciones, la última fue la que concitó más resistencias. Rearticuló la demanda estudiantil a nivel general (Seia, 2020), que imprimió matices y diferencias en cada universidad amplificando, en algunos casos, los cuestionamientos a la gestión interventora.
En Rosario, los ecos a favor y en contra de la nueva normativa se escucharon tempranamente, pero fue su implementación en 1981 aquello que congregó posicionamientos vivaces. En el inicio del ciclo lectivo, el rector Riccomi sostenía que “será un año pleno de realidades, ya que el principio de solidaridad será llevado a su más alta cumbre”. En consonancia con los argumentos ministeriales, sostuvo que el arancelamiento igualaba oportunidades y ampliaba el presupuesto.[6]
En las antípodas de este discurso se encontraba la Federación Universitaria de Rosario (FUR)[7], regional local que, si bien mantuvo su estructura luego del golpe de estado, lo hizo de manera clandestina.[8] Su presidente, elegido en 1975, era Miguel Zamarini (MNR) quien se mantendría en ese cargo hasta 1983. Según el relato de Ángel Elías, militante de Franja Morada, su reactivación se produjo hacia 1978:
En la FUR quedó Zamarini (Miguel), él convocaba a las reuniones que la hacíamos en una farmacia que era del padre o de los padres de un militante del MNR (…). Allí fuimos diseñando toda una serie de actividades, pero hacíamos picnics o peñas que eran en realidad una manera de reunirnos, de discutir política y de generar algunas acciones, ya para el 78/79 la FUR tenía un funcionamiento en donde en casi todas las facultades había centros funcionando (citado en Galassi, 2020 p. 34).
El escenario que se abrió en 1981 revelaba notorias diferencias con esos años de reorganización. La lucha contra el arancelamiento planteó la exposición pública de las demandas y el desafío de concretar lazos con otros espacios. Mientras el rectorado esgrimía los argumentos para sostener el arancelamiento, referentes de la FUR y padres de aspirantes se acercaron a un semanario local a cuestionar la medida. Sostuvieron: “Si seguimos así, a corto plazo va a ser el estudiante y su familia los que mantengan la Universidad como si esta fuera privada y no estatal.”[9] La FUR anudaba esa demanda a la oposición a los cursillos de ingreso y el cupo, considerando que ambos eran “vallas” entre los estudios secundarios y universitarios.[10]
La presentación de documentos, participación en conferencias y encuentros –como la mesa del Congreso Nacional de Educación–, la instalación del tema en la prensa local, fueron algunas de las primeras estrategias desplegadas por la FUR en consonancia con la FUA. En esa tarea estuvo acompañada por agrupaciones estudiantiles que retomaban sus actividades públicas y por otros espacios de la sociedad civil. La Agrupación Rosarina de Unidad Estudiantil (ARUE) vinculada al PC, las Juventudes Universitarias Socialistas, centros de estudiantes de las diversas facultades –que habían sobrevivido como estructura– y asambleas estudiantiles, agitaron los claustros.[11] Por fuera de la universidad, la Comisión Permanente de Educación (COPEDE) filial Rosario acompañó y reafirmó su compromiso con el ingreso libre y contra el arancelamiento.[12]
A mediados de año, con las chequeras en circulación, los pronunciamientos contra el arancelamiento cobraron otra dimensión. En julio, actos de protesta callejera se sumaron a las declaraciones. El día 8 se produjo el primero que concentró a casi dos centenas de estudiantes.[13] Frente a una emisora radial y el diario de mayor tirada, La Capital, el cuerpo de universitarios se expresó en disconformidad con la medida y sostuvo que el Estado “tiene la obligación de garantizar la educación de todos los sectores de la sociedad.” En el relato periodístico se refrendaba que era una acción sin partidismo político y que se “manifestaron en todo momento con corrección y sin estridencias”.[14]
Diez días después la FUR se movilizó frente a rectorado con el objetivo de hacer entrega al ministro Carlos Burundarena de un documento con 3500 firmas. El acto no se concretó ya que “fueron invitados por efectivos policiales allí destacados, a desconcentrar (sic)”.[15] Nuevamente, como en la ocasión anterior, se dirigieron hacia las instalaciones de La Capital donde expresaron su cuestionamiento a la política universitaria.[16] El documento presentado públicamente discutía los argumentos de rectorado en torno al carácter solidario del arancel y lo consideraba un escaso paliativo frente al achicamiento del presupuesto. Por último, exhortaba a no pagar como expresión de repudio,[17] en consonancia con los planteos de la FUA (Seia, 2020, p. 13)
Los sucesos de julio merecen un tratamiento específico. En primer lugar, porque se verifica el crecimiento de posiciones contra la ley 22207 y en particular el arancelamiento. Una activación que se fue gestando en la primera mitad del año en asambleas y reuniones de centros de estudiantes y tibiamente fuera de la universidad. Se trató de un proceso que marcó la tónica de las acciones de la FUR en esos días de invierno, tanto en el carácter más contundente del documento, el no pago, como en las acciones públicas. Ambas protestas culminaron frente al edificio donde se imprimía el periódico más leído de la ciudad.[18]
Aun cuando no es el objetivo central de este artículo analizar el modo en que la prensa cubrió la acción estudiantil, nos detendremos brevemente en ello. Ambas notas periodísticas hacen referencia a la situación en términos de demanda pacífica, apolítica y de forma ordenada, enfatizando la acción estudiantil por sobre el control policial. A ello se suma que incluyeron fotos, las primeras que se registraron en un diario de la ciudad sobre este tema.
Los jóvenes que ayer se concentraron frente a La Capital (Hubo una protesta por los aranceles. 8 de julio de 1981) Archivo Diario La Capital, Rosario.
El grupo de universitarios frente a La Capital. (Reclamo
estudiantil por los arancelamientos. 18 de julio de 1981) Archivo Diario La
Capital, Rosario.
Un recorrido por la prensa local en dictadura permite advertir que no era habitual, al menos hasta entonces, que el diario validara noticias de este tipo con fotografías.[19] En este caso, quizás porque ambas acciones se trasladaron frente al edificio de La Capital, las fotos tuvieron otras actrices y actores. No obstante, la decisión de incluirlas en la edición supone otras consideraciones. Situar en imágenes a las y los estudiantes establece una diferencia con el resto de las noticias publicadas hasta el momento, incluía el retrato y la voz de manifestantes e incluso connotaba cierta carga positiva sobre el suceso. Cora Gamarnik plantea que, para 1981, es posible advertir en algunos medios de prensa cierta expresión, tibia, de descontento y ello se verificó en la cobertura de manifestaciones, donde la fotografía cumplió un rol fundamental (2011, pp. 7 y ss.). Ese pareciera ser el sentido expresado por el medio rosarino, ya que estas y sucesivas notas tuvieron un papel central en la difusión de las problemáticas del estudiantado y refrendaron un discurso que, si bien no era de apoyo explícito, tampoco era crítico a las movilizaciones.[20]
Retomando las acciones realizadas por la FUR, cabe aclarar que el no pago de los aranceles fue una consigna que duró apenas mes y medio. Cuando rectorado anunció sanciones para quienes no abonaran, la FUR revisó su posicionamiento. En septiembre se realizó una conferencia de prensa donde Zamarini reivindicó la acción desplegada. Según consignaba, la medida de no pago había tenido un alto acatamiento al punto que “obligó a las autoridades... a postergar la fecha de vencimiento de la primera cuota y, ahora, a conminar masivamente al pago”. Sostenía que había sido exitosa: “la FUR puede señalar con orgullo que sus integrantes han triunfado. Los estudiantes rosarinos, en su firme actitud de resistencia al arancel han señalado un camino como abanderados de los ideales de educación de la justicia y el progreso”.[21] El discurso culminaba con el llamado al pago bajo protesta.[22]
Es posible pensar que el cambio en la definición estuvo supeditado a las presiones ejercidas desde las autoridades universitarias, aunado a una experiencia de movilización que había tenido un ascenso rápido, breve e impedía medir la capacidad de fuerza de la FUR en ese contexto aún represivo. La decisión recayó sobre todas las fuerzas representadas pero con mayor magnitud en el MNR que la conducía. Así el pago bajo protesta se convirtió en la consigna oficial que se mantuvo al menos hasta 1983, cuando las condiciones hicieron posible asumir otra estrategia. En ese año, el centro de estudiantes de Ciencia Política y Comunicación Social habilitó urnas de retención para la “entrega de chequeras”.[23] Medidas similares parecen haberse desarrollado en otras instituciones.
No obstante, las memorias de las y los entrevistados ocluyen tanto esa temporalidad como las variantes que se desplegaron, persistiendo una imagen: “nadie pagó”, cuestión que al menos requiere una periodización que involucre las diferentes estrategias que se sostuvieron. El otro recuerdo recurrente remite a las “fogatas” donde se habrían quemado los talonarios para el pago, modo de protesta que se verifica en la UBA (Seia, 2020), pero no pareciera tener la misma significación en Rosario. Gustavo Brufman relata:
Yo fui parte en la Facultad de Ingeniería entre el ‘82 y el ’83 en las primeras asambleas contra los aranceles, donde convocábamos a los estudiantes a recoger las chequeras de aranceles para hacer una gran fogata… en realidad se debatían entre pagar y no pagar.[24]
Laura Ferrer Varela, estudiante de ingeniería, asegura que la quema fue en el mástil de La Siberia.[25] De igual modo esta evocaciónes común a experiencias de jóvenesen Humanidades y Artes donde también se habría realizado un acto similar, pero ante la pregunta sobre dónde se quemaron las chequeras, la rememoraciónes menos definida, fue el hall o el patio de la facultad.[26] Lejos de menoscabar esas memorias, o pretender chequear su veracidad, es importante recuperarlas impregnadas de su carga simbólica. El recuerdo en torno a la lucha contra el arancelamiento constituye un momento bisagra en la movilización estudiantil rosarina que tuvo diferentes momentos. Fue la primera demanda que convocó documentos, firmas, declaraciones, salir a la calle nuevamente, la concentración frente a rectorado. En ese sentido, condensó en un momento – la quema de las chequeras–, y en una acción – el no pago– la memoria de un proceso que tuvo una cierta permanencia, pero también tensiones y cambios.
Las primeras elecciones del país, la renovación de centros de estudiantes en la UNR
Es posible pensar que la lucha contra el arancelamiento cedió hacia otras demandas, entre ellas, la renovación de centros de estudiantes, proceso que comenzó a plantearse hacia mediados de 1982 y se concretó unos meses después. Pero el escenario era otro, el de la Guerra de Malvinas y la posterior derrota, que constituyeron un punto de inflexión, tanto en las condiciones internas del régimen como en las dinámicas sociales (Lorenz, 2006; Rodríguez, 2022). Entre abril y junio las agrupaciones estudiantiles y federaciones gestaron acciones públicas en apoyo a los soldados y, en ese proceso, se visibilizaron. Festivales, colectas, donación de sangre fueron algunas de las iniciativas planteadas (Águila, 2008; Luciani, 2017). Con la derrota, la posibilidad mucho más cercana, aunque también endeble e incierta, de la apertura democrática, se sostuvo dentro y fuera del movimiento estudiantil y repuso los lazos con los partidos políticos, la Multipartidaria y el Movimiento de Juventudes Políticas, habilitando rasgos distintivos de la militancia juvenil en los primeros ochenta (Blanco y Vommaro, 2017; Vázquez y Larrondo, 2020). De allí que muchas de las iniciativas desplegadas en la universidad estuvieran definidas en claves más generales.
En ese gran marco se gestaron los primeros espacios para debatir sobre los centros de estudiantes. En septiembre, Rosario se convirtió en el escenario de los primeros comicios universitarios de todo el país: Derecho primero, Ciencia Política y Comunicación Social, Medicina e Ingeniería después. Si bien pueden inscribirse en un proceso general, para comprender por qué fueron puntales en ese camino es necesario volver a la trama local. Recordemos que a principios de 1982 Riccomi fue ratificado por tres años. Siguiendo la tónica de toda su gestión planteó una serie de modificaciones. Las dos más importantes se sucedieron entre mayo y junio. Por un lado, la reforma del plan de estudios de la carrera de Ingeniería, que se sumaba a la reestructuración emprendida el año anterior.[27] Por otro, una pretendida fusión de las Facultades de Derecho y Ciencia Política que convivían en un mismo edificio. Ambas medidas fueron resistidas por estudiantes y acompañadas por diferentes sectores de la sociedad. A los pocos días el rectorado rectificó la medida.
El fin del conflicto, lejos de apaciguar los ánimos, abrió el debate respecto a la recuperación los centros de estudiantes como herramienta de lucha, una demanda común que confrontaba lecturas. Un volante de la Juventud Universitaria Socialista Argentina (JUSA) que circulaba en torno a este conflicto planteaba que “el centro es de todos los estudiantes al margen de quienes sean sus actuales autoridades”, reclamando la unidad en la lucha.[28] En la puja por la dirección del movimiento, un eje de discusión refería a la legitimidad de la federación y los dirigentes de centros elegidos en 1975, así como la necesidad de renovarlos.[29] Para quienes ostentaban lugares de dirigencia, se promovía el sostenimiento de la estructura de centros constituida previa al golpe hasta la renovación completa de representantes. Otras agrupaciones alentaron la creación de las comisiones pro centro y cuerpos de delegados a fin de ampliar el debate. En un informe del PST/MAS se señalaba que:
En Derecho se conformó el cuerpo de delegados de 106 estudiantes que funcionó semanalmente el mes del conflicto. Este cuerpo votó elecciones de centro a dos meses para renovar autoridades (MNR)… el sentimiento de los estudiantes independientes era de mucha bronca contra el centro por frenador.[30]
Se destacaba la crítica al MNR por su moderada actuación en el conflicto y el descontento que se tradujo en una asamblea que convocó a las elecciones. En Ciencia Política y Comunicación Social, la definición de las elecciones articuló una dinámica mixta, siguió funcionando el centro de estudiantes a la par de un cuerpo de delegados. En julio, ambas instancias de organización estudiantil acordaron: “Que era necesario elaborar un reglamento provisorio que establezca el sistema de elección de las nuevas autoridades del Centro y regule el funcionamiento de las Asambleas hasta tanto se promulgue el estatuto definitivo.”[31]
Las experiencias que habilitaron la renovación del centro de estudiantes difirieron en cada caso, pero tuvieron un eje común, la realización de asambleas y reuniones. En algunas facultades se vieron condicionadas. En Arquitectura, la asamblea para elección de delegados fue impedida por el decano Arq. Hugo Caggiano quien esgrimió la ley 22207 y alegó: “si se quedan sentados aquí traemos mangueras y los mojamos, o si se quedan a hablar conectamos altoparlantes con música a todo volumen.”[32] En Humanidades y Artes, la decana Nancy Piero de Warr había aplicado una sanción a tres estudiantes, dos mujeres y un varón, militantes de agrupaciones de izquierda (MAS, PC y PCR), por actividades consideradas “como agitación de carácter político, partidario y gremial.”[33] A principios de septiembre, se convocó a una protesta de repudio en el hall. La decisión de cerrar las puertas con estudiantes dentro amplificó la acción. La FUR y representantes de otros centros se solidarizaron y marcharon juntos (unos 400 estudiantes) hacia la sede local de la Multipartidaria.[34] El cuerpo de delegados, experiencia de organización que surgió en esa coyuntura, ocupó un lugar central en la visibilización de las demandas y el conflicto que continuó posteriormente (Aguila, 2000, p. 193).
En paralelo, se realizaban los primeros comicios en otras facultades y centenares de jóvenes votaron por primera vez. A finales de setiembre fueron las elecciones en Derecho y si bien no estaban autorizadas tampoco fueron prohibidas, presentándose siete listas. La lista Mariano Moreno (MNR) y la lista de Franja Morada no conformaron frentes. Sí lo hicieron otras, como la lista Naranja que incorporaba sectores de la Juventud Universitaria Intransigente, ARUE-MOR e independientes. También se encontraba el Frente Universitario Justicialista; la lista Estudiantes de Derecho Independientes, la Unión Nacional de Estudiantes y Lista Patriótica. La convocatoria fue significativa y de 1.500 personas habilitadas votaron poco más de 1.000, duplicando las estimaciones estudiantiles.[35] Las elecciones dieron como ganadora a la lista independiente[36] que se presentaba como apolítica, aunque era identificada por otras como una agrupación cercana a los posicionamientos de derecha, tal como ocurrió en la UBA (Seia, 2021). Sus integrantes sostenían que: “dentro de este movimiento si bien existen algunos miembros con definiciones políticas, la característica fundamental radica en que el centro o sus miembros… no podrán… efectuar ningún tipo de política partidista.”[37]
Al mes siguiente, y casi en simultáneo, se concretaron los comicios estudiantiles en las Facultades de Medicina, Ingeniería y Ciencias Exactas, así como en Ciencia Política y Comunicación Social, no exentos de desafíos, como por ejemplo, la ausencia de padrones oficiales. Las elecciones permitieron registrar la activa participación estudiantil, la existencia de al menos cuatro listas en cada caso, entre ellas de independientes cercanos a posiciones de derecha o como las definían en aquel entonces “reaccionarias”.[38] Se verificó además que el MNR perdió presencia, probablemente fruto de sus posiciones moderadas en los conflictos. En tres de cuatro facultades Franja Morada consolidaba su lugar, incluso días antes de que las elecciones nacionales dieran como ganadora a la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez.[39]
Mas allá de los resultados, la creación de cuerpos de delegados y la práctica asamblearia cumplieron otro papel, hicieron a las y los estudiantes plenamente conscientes que su experiencia universitaria se anudaba a un escenario más amplio de democratización. En un volante de la agrupación Mariano Moreno de Ciencia Política se planteaba: “El centro de estudiantes es un organismo democrático que puede tener diferentes conducciones, debido a que no todos pensamos igual, a que no todos queremos lo mismo para la universidad.”[40] Expresiones similares esgrimieron estudiantes de Derecho que entendían que los comicios se relacionaban “con la necesaria participación de los jóvenes en la vida nacional en el marco de las libertades democráticas”.[41] El plenario de la FUA de septiembre de 1982, aquel donde se demandaba la democratización de la universidad en el marco de la transición, reponía una lectura acorde a los debates que se planteaban en torno a la agenda política del país.[42] Gabriel Riestra, quien participara del centro de estudiantes de Humanidades y Artes desde 1984, recuerda que ese mismo clima se vivía durante los primeros meses de gobierno democrático:
el tema era profundizar la democratización de la facultad y de la universidad … Discutir con las nuevas autoridades qué hacemos con las carreras, qué hacemos con los docentes, cómo resolvemos estos problemas, a dónde íbamos con los concursos.[43]
Algunas investigaciones enfatizan en el cambio generacional como un factor que modificó las prácticas político-partidarias y sostuvo una “nueva manera de militar asociada con el valor de la democracia” (Vázquez y Larrondo, 2020, p. 95). Ese recambio debe tenerse en cuenta especialmente en la militancia universitaria de los primeros ochenta. Sin embargo, es necesario recordar, como sostiene para el caso pampeano Elvio Monasterolo, que “los y las estudiantes disponían de marcos de sentidos ambiguos respecto de la democracia como sistema político” (2020, p. 65). A su vez, Cristal ha planteado que las prácticas políticas de la mayoría de las agrupaciones estudiantiles de la UBA colaboraron en afianzar un nuevo “ideal democrático” (2017, p. 12). Es posible pensar que, más que un modelo o valor especifico de democracia, lo que allí estaba en juego era la configuración de dinámicas entendidas en clave democrática, redefinidas al calor de los acontecimientos en modo diverso y reponiendo tradiciones y anclajes políticos disímiles para las nuevas generaciones.
Del cupo restringido a la renuncia (obligada) de Riccomi
Otra de las demandas centrales del movimiento estudiantil fue contra el cupo restringido. Desde 1977 la UNR lo establecía dejando fuera a gran cantidad de jóvenes que aprobaban exámenes de ingreso. Las y los estudiantes apelaron a diversas estrategias, individuales –la revisión de situaciones, acceder a carreras de menor demanda– o colectivas. La FUR potenció diferentes acciones, la realización de cursillos gratuitos de acompañamiento y el reclamo por el fin del ingreso restringido. Los cursillos tenían un horizonte práctico e inmediato, aunque aclaraban que “no constituyen en modo alguno la aceptación del sistema de ingreso.”[44] La demanda se reactivaba año a año. En los primeros meses se solicitaba el fin del cupo restringido y cuando esto era desoído, se presionaba por la ampliación de ingresantes.
En 1983 esta consigna ocupó un lugar central. En febrero se realizó una gran marcha organizada por la FUR y la recientemente creada Comisión de Ingresantes. La movilización recorrió desde la plaza 25 de Mayo hasta sede de rectorado con el lema “queremos estudiar”, en ella se sostuvo que los exámenes eran irracionales, injustos y elitistas. Al finalizar, una delegación de representantes ingresó a rectorado y entregó a autoridades un petitorio donde se demandaba: ingreso a quienes aprobaban con 40 puntos, fin de los cupos y la postergación del examen de ese año.[45] En semanas siguientes se sucedieron marchas similares reclamando una respuesta.
Las manifestaciones tuvieron, desde principios de año, el acompañamiento de diferentes organizaciones sociales y políticas. La COPEDE, partidos políticos, la CGT (calle Italia) y su referente local, Hugo Ortolan, [46] la Comisión de padres de ingresantes, la Comisión de padres del colegio preuniversitario Instituto Politécnico, la Coordinadora de estudiantes secundarios, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Centro de ex combatientes de Malvinas, fueron los primeros. Rectorado osciló en su actitud y pasó de considerar que el pedido excedía sus funciones a aplazar el examen y flexibilizar los cupos de algunas carreras, ampliándolo en algunos casos –como Medicina–, incorporando al total de quienes habían aprobado, en otro –Humanidades y Artes–.
Esta política de las autoridades no segmentó la demanda, especialmente porque no se contemplaban modificaciones sustanciales en las más numerosas, Derecho y Medicina. La situación adquirió otras proporciones a mediados de septiembre cuando un grupo de jóvenes no ingresantes que cursaban como oyentes en Medicina, Derecho y Odontología inició una huelga de hambre. La medida fue alentada y acompañada por la FUR y las diferentes fuerzas políticas, especialmente la FJC y Franja Morada.[47] Sergio Montserrat, quien fuera uno de los huelguistas y propiciador de la medida, recuerda que la “surge a partir de que en Córdoba los estudiantes hacen una huelga de hambre y entonces yo digo, acá tenemos que hacer lo mismo porque si no, no pasa nada”.[48] Un mes antes, su hermano que era militante de la Juventud de la Democracia Cristiana había participado de una medida similar.[49] La huelga de hambre como método se inscribía en un escenario común de experiencias que se desarrollaron en meses previos en la ciudad y otras regiones del país.
Frente a las puertas de rectorado y por tiempo indeterminado se llevó a cabo la huelga de hambre que reactivó otras demandas estudiantiles y el apoyo solidario de gran parte de la sociedad. Tres días después, quienes ayunaban declaraban que “seguiremos hasta lograr ingresar” e incorporaban un punto nuevo: “la renuncia del rector (…) o su destitución”, marcando una variante significativa. Ese mismo día un grupo de padres y madres se unió a la huelga y reclamó la renuncia de Riccomi con un documento que lo identificaba como “extraño antiquijote trasplantado desde el oscurantismo medieval al siglo XX, espera en soledad que toda una comunidad se incline ante su filosofía.”[50] Quedaba en evidencia que el reclamo se ampliaba en un doble sentido, en los apoyos recibidos y en las consignas. La dimisión de Riccomi se convirtió en un punto central de la demanda estudiantil, máxime frente a sus declaraciones donde sostenía que en el país hay “un exceso de médicos y abogados y no están dadas las condiciones ni los medios para que más jóvenes sean médicos o abogados.”[51] Al sexto día era evidente el acompañamiento de gran parte de la sociedad rosarina. Se sumaban sectores profesionales, la Asociación Empresaria, el gremio nodocente (APUR), trabajadores de prensa, municipales,[52] al tiempo que la crítica se redireccionó hacia el rector.
Poco después del día del estudiante, los huelguistas recibieron la noticia: Riccomi había renunciado y las autoridades nacionales habían decidido incorporar a quienes habían aprobado el examen de ingreso. Ello marcó el final del conflicto y un punto de inflexión. La salida del rector, el mismo que se había mantenido imperturbable en su cargo desde 1976, fue leída no solo en clave de triunfo estudiantil sino de conquista de la sociedad rosarina contra la dictadura y en favor de la democratización. Ello se verifica en las diversas declaraciones de quienes apoyaban la lucha.[53] Esta situación amplió y potenció al movimiento estudiantil rosarino, aun cuando ello no significó el desmantelamiento de la política educativa de la dictadura ni la derogación de la ley 22207. Mas bien lo reposicionó frente al nuevo escenario abierto desde diciembre de ese año.
El retorno de la democracia implicó en el ámbito de la universidad una serie de desafíos significativos. Desde el gobierno nacional se tomaron medidas que modificaron paulatinamiente la normativa existente, como el decreto-ley 154/83 y la ley 23068/84. Con ellas se dispuso la intervención de las universidades y la vigencia de los estatutos previos a 1966, la creación de los Consejos Superiores y Académicos Provisorios con representación estudiantil, la suspensión de concursos y la revisión de aquellos realizados bajo la ley 22207, el reconocimiento de los centros de estudiantes y de la federación. Años después se completaría con la ley 23569/88 sobre el régimen financiero de las universidades.
La UNR asumió como propio el estatuto de la UNL previo a 1966;[54] fue designado como rector normalizador al radical Artemio Luis Melo, quien había sido docente en la Carrera de Ciencia Política. Su gestión no estuvo exenta de conflictos ni de activa participación estudiantil. Las primeras demandas fueron contra el ingreso restrictivo y se produjeron en el ámbito de Rosario en el verano de 1984. Sobre el tema, el rector señalaba que su gestión estaba condicionada por disposiciones ministeriales y las condiciones materiales de cada facultad. A su vez, cuestionaba las movilizaciones “ya que les ofrecemos (a los estudiantes) nuestras instituciones para que se expresen.”[55]
La demanda de ingresantes fue acompañada no sin retaceos por Franja Morada y la FUR. Así, representantes de la agrupación radical enumeraban los logros que, “con firmeza” y “sensibilidad”, había emprendido el nuevo gobierno. Además, recordaban que: “A esta misma sensibilidad y firmeza apelamos los estudiantes radicales al reclamar el ingreso irrestricto como un requisito indispensable para el logro de una universidad popular como la que todos aspiramos”, inscribiendo su definición en la propia historia del movimiento estudiantil. Aquello que los dirigentes estudiantiles remarcaban era la historia de un movimiento que, pocos meses antes, había logrado remover al rector de la dictadura con estos mismos argumentos.[56] En febrero de 1984, con el voto mayoritario de los decanos y de los representantes de la FUR y oponiéndose el propio rector, el Consejo Superior aprobó la suspensión de los exámenes hasta tanto el ministerio se expidiera. El petitorio presentado por la FUR era mucho más radical que la determinación: planteaba ingreso irrestricto para todos aquellos que tuvieran aprobado el ciclo secundario. Este punto generó fricciones entre Franja Morada y los funcionarios del gobierno, incluso con el rector en esos primeros meses. Ni FUR ni Franja podían desconocer la fuerza de un movimiento estudiantil que había capitalizado la renuncia de Riccomi en su haber.
Si el ingreso fue, en los primeros meses, el eje central de lucha, otras demandas se enlazaron, tales como la realización de nuevos concursos, la incorporación de docentes cesanteados en la dictadura, la remoción de aquellos que habían ingresado a partir de la ley 22207. En todo ese andamiaje normativo e institucional, las y los estudiantes participaban activamente con optimismo (Buchbinder, 2010, p. 217) y no sin tensiones. Parte de esos impulsos tuvieron éxito y el estudiantado participó activamente en la conformación de comisiones asesoras para concursos y en el proceso de normalización de cada facultad. En otros fueron menos efectivos. En 1984, por ejemplo, la FUR y el centro de estudiantes de Ciencia Política plantearon la impugnación de los concursos realizados durante la dictadura. Entre los argumentos esgrimidos en un documento de cinco apartados, sostenían el carácter “continuista, antipopular y desestabilizador de la democracia universitaria”[57] de tales concursos. Frente a ese pedido la respuesta del Consejo Superior Provisorio fue moderada, sin impugnarlos, solicitaba la revisión de cada caso.[58]
Es posible pensar que el final de la dictadura no implicó necesariamente el éxito de todas las demandas estudiantiles, aún cuando estas impulsaron gran parte de las consignas democratizadoras. Sin detenernos en los debates que se avivaron en ese primer año de recuperación democrática, es posible advertir que no fueron pocos los frentes de acción estudiantil. No obstante, las estrategias de lucha se habilitaron en doble sentido: la movilización en las calles y la acción dentro de órganos representativos, nuevos –como el Consejo Superior Provisorio y los Consejos Académicos de cada facultad– y viejos –como el centro de estudiantes–. En paralelo, alentaron redes de comunicación con otros miembros de la comunidad educativa e incluso por fuera de ella, que enlazaron su condición universitaria con los debates de su tiempo: la construcción de la democracia.
A modo de conclusiones
Se ha indagado en los cambios operados en el movimiento estudiantil rosarino entre finales de la dictadura y los inicios de la primera gestión normalizadora. Se identificaron momentos claves en el proceso de movilización estudiantil tomando como punto de partida 1981. Se ha puntualizado en algunas de las demandas que se constituyeron en llaves para la activación estudiantil: la lucha contra el arancelamiento, los comicios, los cupos de ingreso. No es que fueran las únicas, sino que estas concitaron la movilización y el apoyo social de manera efectiva. El arancelamiento fue el puntapié inicial de ese proceso. Cuando esta fue considerada una lucha ganada, otras demandas ocuparon la agenda estudiantil. La recuperación de los centros de estudiantes fue una consigna materializada rápidamente, producto de los conflictos y situaciones locales expuestos. Los resultados evidencian los cambios en la dirección del movimiento estudiantil, donde el MNR, agrupación que había liderado la regional y la mayoría de los centros de estudiantes hasta entonces, perdía preeminencia frente a Franja Morada al menos hasta 1986 cuando una alianza entre ambos consolidaría su lugar en la FUR.
Por último, se ha destacado la importancia que adquirió el ingreso irrestricto como demanda. Este punto concitó mayor apoyo social y mutó de una lucha por el ingreso al pedido derenuncia del rector, el único que dejó sus funciones en el marco de una profunda movilización social. La salida de Riccomi fue un triunfo y un punto de inflexión para el movimiento estudiantil, mucho más que la recuperación democrática y la designación de la gestión normalizadora. Fue un momento de acumulación de fuerzas significativo para las diversas agrupaciones estudiantiles que recuperaban sus prácticas políticas: lo hacían en el contexto en el cual la sociedad rosarina debatía en torno a la democracia. Ambos procesos se vieron mutuamente apuntalados. Por último, es evidente que el movimiento estudiantil no agotó allí sus demandas y la asunción de la intervención normalizadora planteó viejas y nuevas banderas de lucha. Sin adentrarse en este último aspecto, el artículo convoca a proyectar una mirada matizada sobre ese proceso.
Bibliografía
Aguila, G. (2008). Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura. Buenos Aires: Prometeo.
Aguila, G. (2014). La Universidad Nacional de Rosario en dictadura (1976-1983): depuración, “normalización” y reestructuración institucional. PolHis. Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política, (14), 145-178. https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/89
Blanco, R. y Vommaro, P. (2017) Otros caminos, otros destinos. Transformaciones en los espacios y prácticas cotidianas en la participación juvenil en los años ochenta. En Vazquez, M.; Vommaro, P.; Nuñez, P. y Blanco, R. (Comps) Militancias juveniles en la Argentina democrática. Trayectorias, espacios y figuras de activismo. Buenos Aires: Imago Mundi.
Buchbinder, P. (2005) Historia de las universidades argentinas, Buenos Aires: Sudamericana.
Canelo, Paula Vera; La descomposición del poder militar en la Argentina: Las Fuerzas Armadas durante las presidencias de Galtieri, Bignone y Alfonsín (1981-1987). En Dossier de difusión número 62 Historizar los ochenta en Argentina, Plataforma del Programa Interuniversitario de Historia Política, octubre de 2015. Recuperado de http://www.historiapolitica.com/dossiers/digitales/
Cristal, Y. (2017). El movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires en el final de la última dictadura (1982-83). Sociohistórica, 40, DOI: /10.24215/18521606e031
Cristal, Y., y Seia, G. (2018). La izquierda estudiantil de la Universidad de Buenos Aires en la transición democrática (1982-1985). Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, 12, 97-118. DOI: /10.46688/ahmoi.n12.40
Franco, M. (2018). El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición: Argentina, 1979-1983. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Galassi, J. (2020) El movimiento estudiantil universitario rosarino en los albores de una democracia en recuperación. Análisis de coyuntura de las primeras elecciones a centro de estudiantes en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la ciudad de Rosario tras el bloqueo institucional de la última dictadura cívico militar (Tesis de licenciatura). Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Rosario. Recuperado de http://hdl.handle.net/2133/19241
Gamarnik, C. (2011). Acciones e imágenes de los fotorreporteros durante la dictadura argentina. Ponencia presentada en las VI Jornadas de Jóvenes Investigadores. Buenos Aires, 10, 11 y 12 de noviembre, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires Recuperado de https://www.aacademica.org/000-093/110.pdf
Garretón, M. (1997) Revisando las transiciones democráticas en América Latina. Nueva sociedad, 148, 20-29. Recuperado de https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2575_1.pdf
Grimi, S. (2021). Control, disciplinamiento y reordenamiento académico (1975-1981). En Viano, C. y Luciani L. (dirs.) La Facultad de Filosofía y Letras: de la Universidad Nacional del Litoral a la Universidad Nacional de Rosario. Estudios sobre su historia. Rosario: HyA.
Lesgart, C. (2002) Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la década del ochenta. Estudios Sociales 22-23, 163-185. Recuperado de https://doi.org/10.14409/es.v22i1
López, R. (2018). El movimiento obrero en Rosario: estrategias, prácticas y actitudes político-sociales (1981-1984). [tesis de Licenciatura], Universidad Nacional de Rosario, Rosario.
Lorenz, F. (2006). La guerra por Malvinas. Buenos Aires: Edhasa.
Luciani, L. (2014). La ciudad en orden. El diario La Capital frente a la gestión municipal de Rosario en dictadura (1976-1983). ReHiMe. Red de Historia de los Medios. Recuperado de https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/15030
Luciani, L. (2017). Juventud en dictadura: representaciones, políticas y experiencias juveniles en Rosario: 1976-1983. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Posadas: Universidad Nacional de Misiones; Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. http://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/80
Monasterolo, E. (2020). La democracia en tensión. Prácticas y estrategias de la militancia estudiantil en la década de 1980, el caso de la UNLPam (1982-1988) (Tesis de Maestría). Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de la Pampa. Recuperado de https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/7228
O’Donnell G., Schmitter, P. y Whitehead, L. (1988). Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina. Buenos Aires: Paidós.
Rodríguez, A. (2022). Sociedad civil y guerra de Malvinas. Aportes a la agenda de estudios de las actitudes sociales frente al conflicto a partir del estudio de la Iglesia católica neuquina. Pasado Abierto, 8 (15), 117-147. Recuperado de https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/article/view/5521/6176
Rodríguez, L. (2015). Funcionarios y políticas educativas e Argentina (1976-1983). Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación, 4, 62-85. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9188/pr.9188.pdf
Rodríguez, L. (2017). Los ministros de educación en Argentina (1854-2015): análisis de los perfiles profesionales de las elites políticas. História da Educaçao, 21 (52), 97-417. Recuperado dehttp://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9150/pr.9150.pdf
Seia, G. (2020). “La educación es un derecho, no un privilegio”: la lucha estudiantil contra el arancel universitario durante la última dictadura en Argentina (1980-1983). Revista Paginas, 12 (30),DOI:/10.35305/rp.v12i30.451
Seia, G. (2021). El movimiento estudiantil contra la política universitaria de la última dictadura en Argentina. El caso de la Universidad de Buenos Aires. Izquierdas, 50, 2213-2247. Recuperado de https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492021000100208
Suárez, F. M. (2021). Un nuevo partido para el viejo socialismo: El Partido Socialista Popular. Orígenes, organización y tradiciones políticas (1972-1982). La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Posadas: Universidad Nacional de Misiones; Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. Recuperado de https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/ 181
Vázquez, M., y Larrondo, M. (2020). Transiciones. Las transformaciones de los compromisos juveniles partidarios en la posdictadura en Argentina. Desarrollo Económico, 60 (230), 88–117. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/26976100
Vega, N. (2022) El movimiento estudiantil santafesino y su rol en la normalización de la UNL (1979-1986). Ponencia presentada en X Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, 30 y 31 de marzo y 1 de abril, Universidad Nacional del COMAHUE.