SIGNIFICADOS Y USOS DE LA CORRUPCIÓN EN LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EN LA ARGENTINA
MARTIN ASTARITA
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Buenos Aires, Argentina
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 14, N° 28, pp.134-158
Julio- Diciembre de 2021
ISSN 1853-7723
Fecha de recepción: 15/09/2021 - Fecha de aceptación: 25/11/2021
Resumen
El presente artículo tiene como tema principal las variaciones en los registros de la palabra corrupción durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983); se propone analizar los distintos significados y usos que le asignaron al término quienes formaron parte del gobierno dictatorial. La corrupción es una categoría compleja y polisémica, asociada con valores políticos más amplios e inteligible únicamente al ser situada históricamente. En esa dirección, se evidenciará el vínculo de los distintos registros de la corrupción empleados por la dictadura y su vocación refundacional. En cada uno de sus significados particulares, la corrupción permite visualizar el ideal perseguido en las distintas esferas a ser reformadas: el peronismo, el sistema de partidos, la democracia, el Estado, las organizaciones intermedias, el empresariado, la sociedad argentina como tal. Todo ello de una manera atrozmente violenta, enarbolando principios morales como la única posición política posible.
Palabras Clave
Corrupción - dictadura militar - Estado - neoliberalismo - moral
meanings and uses of corruption In the last military dictatorship In argentina
Abstract
This paper explores the different meanings of the word “corruption” that are present in the records from the last military dictatorship in Argentina (1976-1983). It seeks to analyze the way in which they were assigned to the term by the dictatorial government. Corruption is a complex and polysemic category: it is associated with broader political values and can only be intelligible if historically situated. In this regard, the link between the different records of the word used by the dictatorship and its re-foundational intention will be shown. In each of its meanings, “corruption” allows us to picture the ideal model of the different spheres that were to be rebuilt: Peronism, the party system, democracy, the state, intermediate organizations, the business sector, and the Argentinian society as such. This was to be done in a terribly violent way, upholding moral principles as the only possible political position.
Keywords
Corruption - military dictatorship - State - neoliberalism - morality
significados y usos de la corrupción en la última dictadura militar en argentina
No existe un golpe de Estado digno de ese nombre sin denuncia de la corrupción desenfrenada de los medios gubernamentales.
(Alain Rouquié, 1981, p. 205)
La corrupción administrativa y las estafas cometidas o promovidas por las autoridades, en las que se halla involucrada la misma presidente, eran el lema obligado de todos los periódicos.
(El País de España, 1976)
Introducción
El presente artículo tiene como tema principal las variaciones en los registros de la palabra corrupción durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983); se propone analizar los distintos significados y usos que le asignaron al término quienes formaron parte del gobierno dictatorial.
La cuestión merece reflexión por varias razones. En primer lugar, aunque la frase de Rouquié en el epígrafe no se refiere a la última dictadura militar (su estudio termina en 1973), resulta premonitorio sobre lo acontecido en este período. Como bien refleja la nota de aquel año del diario español El País, la corrupción se invocó como causa primordial del golpe y, una vez consumada la caída del gobierno constitucional, siguió en la agenda de los militares.
Esta centralidad que la dictadura confirió al tema es reconocida, aunque de forma parcial, por la literatura especializada. Así, comúnmente se hizo referencia al intento por vincular la corrupción con la demagogia populista o con la subversión, aunque estos planteos, hay que decir, no involucraron mayor esfuerzo exegético que el requerido por una lectura directa de los propios discursos del gobierno militar. Sin embargo, fueron más complejos y prolíficos los significados y usos que la dictadura le dio a la corrupción. Bajo esa común etiqueta, además de la lucha contra el populismo y la subversión, se promovieron desde la cúpula dictatorial denuncias por irregularidades administrativas; expropiaciones de empresas y secuestros de empresarios; reformas pro-mercado de signo neoliberal y, paradójicamente, objeciones a esas mismas reformas; cuestionamientos a la degeneración del sistema político; y más en general, un diagnóstico crítico según el cual la sociedad misma se había corrompido y que fue utilizado para legitimar una feroz y extendida represión estatal.
Esta pluralidad de sentidos en un mismo período gubernamental muestra por sí misma que la corrupción es una categoría compleja, multidimensional y polisémica, asociada con valores políticos más amplios e inteligible únicamente al ser situada históricamente. Ese entendimiento previene la tentación de hacer análisis diacrónicos sin consideración del contexto como, por ejemplo, indagar la etapa en cuestión tomando como referencia pura y exclusivamente el significado actualmente dominante, asociado a la idea de abuso de un cargo público para fines privados. Del mismo modo, identificar, como lo hace Rouquié, las denuncias de corrupción como invariante causa justificadora de los golpes de Estado es tan solo un punto de partida para un análisis ulterior sobre el sentido de esa repitencia, a través de la indagación sobre los registros específicos que primaron en cada momento histórico.
La indagación sobre los significados y usos de la corrupción por parte de los integrantes de la última dictadura militar puede ser un nuevo insumo, además, para interpretar sus pujas internas. En el contexto de un gobierno presidido por una Junta Militar de composición tripartita (Ejército, Aeronáutica y Marina), se analizarán las distintas nociones de corrupción que se invocaron para legitimar (en el caso del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz) o criticar (el almirante Eduardo Massera) la orientación pro-mercado del programa económico dictatorial.
Este tipo de lectura es también una forma de acercarse al debate entre las visiones, así caracterizadas, “economicistas” y “políticas” (Canelo, 2016). ¿Fue el gobierno militar, en esencia, un proyecto económico neoliberal que buscó, con relativo éxito, imponer los intereses de los sectores dominantes, por ejemplo, de los grandes grupos económicos? ¿O es esta una mirada en exceso instrumentalista del Estado que eclipsa injustamente la autonomía de los militares en la persecución de sus propios intereses, no del todo reductibles a un sector específico de la sociedad civil?
Una alternativa ante estas opciones dicotómicas en las que lo económico y lo político aparecen como dos dimensiones separadas en forma artificialmente tajantes, es tomar como punto de partida las nociones de corrupción de quienes ocuparon el poder entre 1976 y 1983 (militares, pero también civiles como Martínez de Hoz), con la hipótesis de que muchos de los valores, ideas y creencias contenidos en dichas nociones no son sino la internalización (en el sentido de un activo proceso intelectual, no mera reproducción acrítica) de valores, ideas y creencias de los sectores sociales dominantes.
Finalmente, el estudio de esta etapa, en la que se da el primer ciclo neoliberal en la Argentina, puede contribuir a profundizar desde un punto de vista histórico el vínculo entre neoliberalismo y corrupción, ya explorado en otros trabajos (Astarita, 2014; Bukovansky, 2006; Kajsiu, 2014). Cabe recordar que, de manera incipiente en los años 1970, estimulados por el escándalo Watergate en Estados Unidos, y sobre todo en la década de 1990, proliferaron estudios con una marcada impronta empirista y economicista sobre las causas y consecuencias de la corrupción, consolidándose una concepción con un sesgo anti-estatista (World Bank, 1992; Rose-Ackerman, 1996).
La investigación propuesta se inscribe en un nuevo enfoque historiográfico, denominado nueva historia de la corrupción, cuya premisa es reconocer que el término corrupción posee distintos significados, comprensibles únicamente al analizar el contexto particular en el que se insertan. En ese marco, se han hecho en los últimos años relevantes estudios, tanto en el ámbito europeo (Jens Ivo Engels, 2019), latinoamericano (Rosenmüller y Ruderer, 2016) y argentino (Peña Guerrero y Bonaudo, 2019: Ferreyra, 2019).
Notas metodológicas: contexto histórico y lingüístico
Esta investigación, inscripta en el área del análisis del discurso, se basa en una selección, de tipo cualitativa, sobre algunos discursos y prácticas de los integrantes del régimen militar vinculados ¾directa o indirectamente¾ con la corrupción, y que contribuyeron a plasmar en el terreno político, económico y social la vocación refundacional que imperó en el período 1976-1983.
El contexto histórico importa. Pero la historia factual no se presenta como un cúmulo de hechos y acontecimientos desordenados, sino bajo un encadenamiento lógico únicamente accesible tras un proceso de abstracción. En esa dirección, se privilegiará un enfoque centrado en la dimensión moral que puso en juego el gobierno de facto. En términos teóricos, sirve como aproximación lo señalado por Norbert Lechner, acerca de la tensión entre política y moral que caracteriza a los regímenes dictatoriales, al pretender una total identificación entre una y otra, en el sentido de que “el principio moral es frecuentemente la única posición política posible” (1982, p. 35). Aparece en primer plano el carácter refundacional de la dictadura, anticipado en la ambiciosa autodenominación “Proceso de Reorganización Nacional”, y que se tradujo en un no menos ambicioso propósito: reestructurar el orden social vigente, afectado ¾según el diagnóstico¾ por una profunda crisis moral.
Tal restructuración exigía, ante todo, eliminar la subversión. Pero como se verá más adelante, este término era entendido en un sentido primordialmente moral, como sinónimo de corrupción, de una degeneración de valores que afectaba a la sociedad en su conjunto. En consecuencia, los enemigos a combatir (corruptos y subversivos), lejos de reducirse a la acción guerrillera, se habían diseminado por todo el cuerpo social.
Además del contexto histórico, será necesario considerar también el contexto lingüístico, esto es, los universos de sentido posibles, compuestos por los distintos significados que adquirió a través del tiempo el concepto de corrupción y que estaban en circulación a mediados de los años 1970 en la Argentina. Estos universos, así como posibilitan usos diversos, a la vez limitan los grados de discrecionalidad o arbitrariedad con los que la dictadura pudo emplear la palabra corrupción.
Un primer significado es lo que se considera la variante clásica, cuyo origen se remonta a la antigüedad clásica (Aristóteles) y que, ligeramente modificada, mantiene vigencia. En este caso, y a diferencia del significado estrecho hoy dominante que apunta a comportamientos individuales, la corrupción se relaciona con un vicio en el diseño institucional que produce la decadencia o degeneración de los sistemas políticos. Reformulaciones posteriores, con una impronta más moralista, supondrán que es la falta de virtud de los gobernantes la raíz de la corrupción de los sistemas políticos.
Un segundo significado, que profundiza el contenido moralista, proviene de la variante cristiano-teológica, y alude a las conductas corruptas de la vida social en sentido amplio, no solo a las acaecidas en la esfera política (del funcionario público, como en su sentido actual). Aquí la corrupción indica el estado del individuo desde el momento del pecado original.
En tercer lugar, en la versión moderna, que aparece consolidada en sus rasgos esenciales a principios del siglo XIX, la corrupción pasa a adquirir un sentido más preciso y específico, al aludir al comportamiento individual de funcionarios públicos que abusan de su posición para fines privados.
A estos tres significados, rastreados por el historiador alemán Jeans Ivo Engels (2019), se agrega para este trabajo un cuarto significado, emparentado con la versión moderna (tercer significado) aunque actualizado por el decisivo influjo del neoliberalismo como fuerza político-ideológica dominante en el último cuarto del siglo XX. De ello resulta la idea de la corrupción con una impronta anti-estatal. Aunque replica la definición moderna, o sea, la corrupción entendida como abuso de un cargo público para fines privados, el centro del análisis no es tanto el comportamiento individual, sino algo más impersonal, la mecánica de funcionamiento del Estado, identificada como la fuente de comportamientos corruptos y que requiere para su superación, por ende, la limitación al máximo posible de las intervenciones estatales.
La corrupción como delito administrativo
Lo odian (al gobierno de Yrigoyen) con un odio de clase, aunque no se den cuenta.... Están convencidos de que, empezando por Yrigoyen, los radicales son ladrones y no se bañan.
(Manuel Gálvez, citado en Roquié, 1982, p. 202).
Un primer registro de la corrupción durante el régimen militar es el vinculado con las acusaciones y denuncias contra exfuncionarios del gobierno peronista y dirigentes políticos y sociales por supuestos delitos e ilícitos administrativos. En la preparación “psicológica” del golpe, que apuntaba a desprestigiar y deslegitimar la presidencia de Isabel Perón, este tipo de denuncias jugó un papel relevante. Se destaca, en ese sentido, la denominada causa “Cruzada de la Solidaridad”, mediante la cual la propia mandataria fue acusada y encarcelada por supuesta malversación de fondos.[1] El escándalo comenzó en agosto de 1975, ocupó gran espacio en la prensa y generó incluso divisiones en el bloque peronista (entre verticalistas, que apoyaban al gobierno, y los rebeldes, que exigían investigar el tema).
De manera progresiva, se fue delineando un clima de generalizada sospecha hacia el comportamiento ético de la administración peronista, que será incentivado y aprovechado por los militares ¾con el imprescindible apoyo mediático¾ para legitimar no solo el golpe sino también al nuevo gobierno. Así, esta impronta de la corrupción como delito administrativo estará presente en discursos y documentos oficiales. En la “Proclama” publicada el 24 de marzo de 1976, la Junta Militar realizó un crítico diagnóstico en el que señalaba, entre otros aspectos, “la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado ...; la especulación y la corrupción generalizadas”.[2] En el mismo sentido, al asumir la presidencia, el 29 de marzo de 1976, Videla afirmó en su primer discurso al país: “ Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia”. (de Privitellio y Romero, 2000, p. 46).
Pero no fueron solo declamaciones. En junio de 1976, la Junta Militar estatuyó, por medio del “Acta de Responsabilidad Institucional”, la prohibición, para exfuncionarios públicos, de “administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de los mismos”, disposición que luego se extendió a empresarios y personas jurídicas.[3] De igual modo, a través del decreto N.º 3245 del 21 de octubre de 1977, se creó una comisión investigadora, la CONAREPA, para “investigar con las más amplias facultades la composición del patrimonio de las personas físicas o jurídicas afectadas por la Ley N.º 21.670”.[4] Amparado en este marco normativo-institucional discrecional, el gobierno militar dispuso los bloqueos de fondos y la transferencia de bienes al Estado a través de la CONAREPA de una larga lista de dirigentes políticos y exfuncionarios acusados de no haber justificado adecuadamente su patrimonio.
En sentido estricto, este registro remite a la noción moderna de corrupción, ya que apunta a castigar delitos administrativos cometidos por funcionarios públicos. Pero al observar su magnitud y extensión, se percibe más bien una pretensión por impugnar éticamente no ya a un determinado dirigente político o funcionario sino a una fuerza política. Los casos individuales de corrupción, en todo caso, solo sirven para confirmar algo que ya se sabe: los peronistas son todos corruptos.
Esta propensión de demonización sobre el peronismo, calificado como corrupto por su propia naturaleza constitutiva, abandona entonces su declamado cariz moral y adquiere su verdadero ropaje político: el cuestionamiento de fondo es que el peronismo, con su demagogia y afán totalitarista, desvirtúa el sentido y la naturaleza de la democracia. Hace su aparición entonces una concepción más amplia de la corrupción, asociada con la idea de degeneración del sistema político. En la visión del régimen militar, ya no solo el peronismo sino también el radicalismo, están atravesados por la demagogia populista, que es en última instancia otra forma de corrupción, al desvirtuar la esencia misma de la democracia. Ante el populismo y la demagogia bipartidista, era necesaria la refundación del sistema de partidos sobre nuevas bases (Sidicaro, 2006, p. 40). Este diagnóstico, cabe aclarar, no impidió que el régimen militar recibiera la colaboración, incluso con cargos oficiales, de una gran cantidad de dirigentes partidarios, sobre todo del radicalismo.
Cobra sentido la pretensión refundacional, que se advierte en el “Acta” publicada el mismo 24 de marzo, donde se explicita que, a futuro, una vez garantizadas las adecuadas condiciones, el objetivo es la “instauración de una democracia republicana, representativa y federal”.[5]
Dicha concepción, en la visión de los militares convive y hasta cierto punto se fusiona, de todas maneras, con la concepción de la corrupción en sentido moderno y restringido (como delito administrativo). Así, se lee en la “Proclama” de la Junta Militar ya citada del 24 de marzo, la intención de “terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo y sólo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder”. Y más adelante, “[se] rechaza ... la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia”.[6]
En síntesis, la acusación de corrupción por delitos administrativos, dirigida principalmente contra exfuncionarios del gobierno anterior, es tan solo el preludio de una impugnación mucho más vasta que alcanza a los dos grandes partidos y al sistema político como tal. Es una combinación de lo que, en materia de corrupción, suele diferenciarse entre reproche táctico, que busca disputar el poder al círculo de gobernantes de turno, y la crítica estratégica, orientada a un cambio institucional más profundo que conllevaba la transformación del sistema político en sí (Asch, Emich y Engels 2011, p. 22).
Cabe decir que esta cruzada moralizadora emprendida contra una fuerza política no es nueva en la historia argentina. En efecto, tras el golpe militar de 1930, curiosamente, se constituyeron comisiones para investigar actos de corrupción del gobierno depuesto. La presunción, como expresara por entonces el escritor Manuel Gálvez, era que “los radicales son todos ladrones” y, por ende, había que investigarlos y castigarlos. Sin embargo, con esas comisiones, “se logra un magro balance que no responde para nada a las intenciones políticas de los moralizadores” (Rouquié, 1981, p. 226).
Un cuarto de siglo después la historia desembocará una vez más en la creación de la Comisión Nacional de Investigaciones, en este caso, bajo el impulso de la autodenominada Revolución Libertadora, con el propósito de investigar supuestos delitos de corrupción por parte de exfuncionarios del gobierno peronista recientemente derrocado. Como sostiene Ferreyra (2019), el golpe militar de 1955 se propuso la “desperonización” de la Argentina, esto es, la eliminación del peronismo como identidad política, y para ello, entre otras técnicas, recurrió a investigar supuestas irregularidades administrativas.
En esta continuidad, se aprecian, por un lado, ciertos imaginarios por parte de quienes perpetran los golpes de Estado (en 1930, en 1955 y en 1976) sobre determinadas fuerzas políticas, consideradas corruptas por su propia naturaleza constitutiva y, en consecuencia, nocivas ¾corruptoras¾ del régimen democrático. Emerge aquí la versión clásica de la corrupción, en su variante más moralista, que identifica en el mal comportamiento de los gobernantes el germen de la desvirtuación de la democracia. Por otro lado, y en forma complementaria, se evidencia una autopercepción de los militares de ser, frente a la corrupción de los políticos, el único cuerpo puro e incontaminado capaz de poner remedio a la crisis.
La corrupción en clave anti-Estado
La alternancia entre gobiernos civiles y militares había sido un sello característico desde 1930, pero ese movimiento oscilante de marcada inestabilidad política, acompañado a su vez de recurrentes crisis en la balanza de pagos, se reproducía dentro de un modelo económico de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) en el que el Estado cumplía un rol fundamental y sobre el cual no había mayores objeciones por parte de los actores protagónicos.
Esta matriz Estado-céntrico (Cavarozzi, 2009) comenzó a resquebrajarse en la Argentina a partir de mediados de la década de 1970, producto de un conjunto variado de causas internacionales y nacionales, entre las cuales debe contarse la ambición refundacional de la dictadura militar de modificar estructuralmente el funcionamiento y el modo en que se relacionaban hasta ese momento el Estado, visto como populista, ineficiente y corrupto, y la sociedad, percibida como conflictiva y en permanente movilización (Novaro y Palermo, 2003).
En esta propensión a la reconfiguración estatal, expresada con claridad en el programa económico de la dictadura militar y que tuvo al ministro de Economía Martínez de Hoz como uno de sus máximos exponentes, la corrupción jugó un importante papel, al ser identificada como un problema vinculado con la matriz estado-céntrica y que solamente podía encontrar solución con la introducción de mecanismos de mercado que redujeran los ámbitos de intervención estatal. Aunque de manera incipiente, la última dictadura militar dio inicio al establecimiento de un vínculo entre neoliberalismo y corrupción en clave anti-Estado que se profundizará en los años 1990.
El principio de subsidiariedad, la desregulación económica y la apertura comercial fueron tres elementos troncales del programa económico de Martínez de Hoz. Todos ellos, cabe subrayar, implicaban reducir o eliminar distintas funciones estatales. Además de los tradicionales argumentos liberales de tipo económico, centrados en las nociones de eficiencia y de competitividad, la dictadura justificó este programa apelando a razones de índole política y moral, con explícitas y constantes referencias a la corrupción.
Al respecto, los controles de precios, según Martínez de Hoz, no solo generaban “arbitrariedad y corrupción” (corrupción en el sentido de delito administrativo de funcionarios públicos), sino también, más profundamente, distorsionaban los criterios de competencia, haciendo posible “que las empresas prosperaran o se perjudicaran según fuera su capacidad de influir sobre los funcionarios y gobiernos” (Martínez de Hoz, 1981, p. 28). Aparecen fusionadas dos nociones distintas de corrupción. Por un lado, la idea de que los fines empresariales naturales se ven desvirtuados producto de la intervención estatal. Por otro lado, se entrevé la idea de la corrupción empresarial, entendida como la obtención de beneficios indebidos producto de relaciones políticas. Con este fundamento se emprenderá la denominada lucha contra la subversión económica (ver próxima sección).
Similares justificaciones surgen en otro tipo de medidas, como por ejemplo, la necesidad de reducir los niveles de protección arancelaria, con el objeto de suprimir “privilegios sectoriales” y desalentar “influencias y presiones de intereses personales y sectoriales”, creando “un marco de referencia neutro y objetivo con el fin de que los agentes empresarios adoptasen sus decisiones en función de las mejores oportunidades que detectasen en los mercados y no en relación con los subsidios estatales que podían recibir” (Martínez de Hoz, 1991, p. 102).
Esta contraposición entre un Estado que asigna recursos de manera ineficiente y discrecional y crea con ello privilegios, frente a supuestos mecanismos de mercado que aseguran neutralidad y transparencia, se repite en distintas áreas y sectores de la economía. La noción de corrupción no está centrada en delitos de tipo administrativo por parte de un funcionario público. Hay un cuestionamiento más impersonal, dirigido a la mecánica misma de funcionamiento de un sistema que tiene como eje fundamental al Estado.
El tránsito desde el intervencionismo estatal hacia una economía libre y abierta implicaba, para el ministro de Economía, que los actores económicos se guiaran por “principios generales y … reglas del mercado en lugar de depender de resoluciones discrecionales y casuísticas de funcionarios” (Martínez de Hoz, 1981, p. 125).
Ahora bien, la corrupción también fue utilizada por sectores militares opuestos a esta orientación pro-mercado. Emerge en este punto la figura de Massera, que tenía ambiciones y proyecto político propios, y que, en repetidas ocasiones, expresó su disconformidad con la política económica del gobierno de facto, confiriéndole un lugar preponderante a las cuestiones de índole moral e invocando una peculiar noción de corrupción.
La política económica del gobierno militar, según Massera, privilegiaba la especulación financiera en lugar de la producción, apartándose de los objetivos explicitados en los documentos fundacionales del Proceso. La crítica de Massera era de índole moral:
Cuando la economía ha pasado a ser la única política, cuando el sector financiero ha sido convertido en cáncer; cuando por complacencia o por capricho se destruye la industria nacional; … cuando la especulación es la conducta alentada por el gobierno; cuando la insuficiencia del salario obliga a la desintegración de la familia: el problema es moral (Massera, en Uriarte, 1991, p. 245).
Por medio de un enrevesado pensamiento, Massera juzgaba la política económica bajo un prisma moral, asociando al liberalismo y al marxismo (o intervencionismo estatal) bajo la común etiqueta del materialismo: “juzgo a la conducción económica, no por sus errores o por no haber alcanzado los objetivos propuestos [sino] porque es la herramienta del materialismo penetrando en lo más íntimo de nuestro tejido social … La juzgo, porque pretende destruir nuestros valores” (Massera, en Uriarte, 1991, p. 244) El materialismo, según Massera, corrompe y desvirtúa los valores fundamentales de la sociedad. Y es el sustrato, no siempre perceptible, sobre el cual se asientan dos modelos que aparentan ser completamente diferentes: el intervencionismo estatal y el liberalismo “tecnocrático” (representado por Martínez de Hoz). Massera se lamenta de que por culpa del materialismo se ha entronizado “un dios-destrucción o un dios-dinero, que no podrán nunca satisfacer la necesidad de trascendencia ... de la persona humana” (Massera, citado en Canelo, 2008, p. 83).
El pensamiento de Massera aparece imbuido de cuestiones religiosas, en las que emerge la idea de corrupción del espíritu, ante el avance del materialismo: “Queremos un país en donde la economía no sea un fin, ni el dinero un ídolo, porque queremos un país en el que sólo Dios sea más importante que el hombre” (Massera, citado en Canelo, 2008, p. 82).
En resumen, en sus críticas a la orientación económica del gobierno, Massera recurrió a una noción amplia de corrupción, emparentada con la versión católica, poniendo en tela de juicio prácticas sociales referidas no a delitos o irregularidades administrativas, sino a una degeneración o corrupción de valores.
Lo curioso es que Martínez de Hoz, antagonista directo de Massera, afirmará también la primacía de la dimensión moral: “Como en los demás aspectos de la vida humana, la economía debe estar orientada por la ética” (Martínez de Hoz, 1991, p. 16). No se trata de una frase aislada; encerraba un pensamiento que, como se vio en este apartado, se expresó a la hora de elegir argumentos extraeconómicos para justificar políticas pro-mercado.
La corrupción empresarial
La corrupción empresarial fue otro de los registros de uso por parte de la última dictadura cívico-militar. Esto puede resultar paradójico, a primera vista, si se tiene en cuenta la orientación pro-mercado del programa económico implementado entre 1976 y 1983 y más aún, la concepción antiestatal que se promovió por aquellos años en materia de corrupción. Interesa entonces revisar más en profundidad, con casos concretos, la manera en que se desplegó este registro de corrupción empresarial.
El régimen militar llevó adelante lo que sus propios integrantes definieron como lucha contra la subversión económica, calificación íntimamente ligada con el concepto de corrupción. El término “subversivo”, como se analizará con más detalle en la próxima sección, fue empleado de manera vaga e imprecisa, con un alcance tan vasto como imprevisible, y sirvió así para incluir en la lista de víctimas a gran cantidad de empresarios y empresas que, acusados de supuestos delitos económicos, sufrieron no solo los característicos métodos represivos del régimen (secuestro y desaparición-asesinato), sino también, con frecuencia, la expropiación y el desapoderamiento de sus empresas. Esta cruzada contra la corrupción económica adquirió una lógica propia y específica, que debe diferenciarse ¾en su planificación, metodología y objetivos¾ del habitual saqueo de bienes perpetrado por los grupos de tareas en las casas de los secuestrados.
La lucha contra la subversión económica buscó amparo en un marco normativo lo suficientemente amplio, capaz de conferir una gran cuota de discrecionalidad a sus ejecutores y, al mismo tiempo, ofrecer un viso de legalidad. Así, por ejemplo, la dictadura apuntó a quienes manejaban dinero de organizaciones “guerrilleras” o “subversivas” o que, con sus operatorias, habían atentado contra la economía argentina, tal como prescribía la imprecisa fórmula contenida en la ley 20.840 de seguridad nacional, más conocida como ley de subversión económica.[7] Además, al igual que lo establecido para exfuncionarios del gobierno peronista, en febrero de 1977 la Junta Militar “amplió la responsabilidad por causar daños a los superiores intereses de la nación a las personas jurídicas que, mediante la ilicitud de los procedimientos, han contribuido o favorecido el desarrollo de la subversión disociadora” (CELS, 2015, p. 163) ”. Meses más tarde, la ley 21.670 invirtió la carga de la prueba: los acusados debían probar la legitimidad de los bienes que habían adquirido en los últimos diez años.[8] Finalmente, como fuera dicho anteriormente, en octubre de 1977 se creó la CONAREPA, para “investigar con las más amplias facultades la composición del patrimonio de las personas físicas o jurídicas afectadas por la Ley N.º 21.670” y “dictar resolución ordenando la transferencia de los bienes interdictos al patrimonio del Estado Nacional”.[9]
La lucha contra la corrupción económica destaca por su sistematicidad, al abarcar un gran número de empresas y empresarios. Al respecto, más de 800 empresas quebraron o desaparecieron tras la intervención de la CONAREPA entre 1977 y 1983. Esta sistematicidad también aparece reflejada en el informe realizado en 2013 por la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el cual se contabilizaron 143 empresarios y financistas secuestrados y/o desapoderados durante la última dictadura cívico-militar. Asimismo, en dicho informe queda claro que, en su ejecución, y a diferencia de los saqueos de casas particulares, participaron distintos organismos estatales: los grupos de tareas eran asistidos durante los interrogatorios por abogados y contadores de la CNV y del Banco Central.
Otro aspecto para destacar es que, mientras los saqueos a casas particulares se dieron desde el comienzo mismo del régimen militar, acompañando la lucha contra la subversión “política”, la lucha contra la denominada subversión económica, aunque reconoce algunos casos ya en 1976, tuvo su pico a partir del año 1978. Todo parece indicar que una vez completada la tarea de la lucha contra la subversión “política”, en los primeros dos años del golpe, los militares se concentraron entonces en la lucha contra la subversión económica.
La sistematicidad en el combate contra la corrupción económica, por otra parte, también puede hallarse en cuáles fueron las empresas y empresarios objeto de persecución. Un criterio político se distingue ya en la letra de la ley 21.670, que se interesaba en los bienes de los empresarios adquiridos en los últimos diez años. En tal sentido, la dictadura persiguió no sin cierta obsesión la ruta del dinero que ligaba, supuestamente, a organizaciones armadas subversivas con determinadas empresas y empresarios. El caso Gravier, que más abajo se expone, fue uno de los objetivos dictatoriales, por su ligazón con Montoneros. El secuestro de los hermanos empresarios Iaccarino, seguido del desapoderamiento de sus bienes y empresas, también ha sido explicado por razones políticas (Russo, 2018).
Sin embargo, primaron las motivaciones económicas, muchas de ellas de tipo estratégicas. Industrias Siderúrgicas Grassi y Papel Prensa son casos representativos. Sus dueños, bajo la acusación de vinculaciones con la subversión, fueron perseguidos, amenazados, secuestrados y finalmente expropiados. En el caso de Industrias Siderúrgicas Grassi, todo parece indicar que el objetivo fue beneficiar a la siderúrgica rival, ACINDAR, que había sido presidida por Martínez de Hoz antes de ingresar a la función pública en 1976. En cuanto a Papel Prensa, el móvil fue promover a los tres grandes diarios de ese momento. El resultado de estas violentas intervenciones fue, en definitiva, una reestructuración y concentración de dos sectores clave de la economía argentina.
Por último, en la lucha contra la subversión económica hubo también emprendimientos relativamente autónomos por parte de distintos sectores militares, donde se entremezclaban motivaciones personales (CNV, 2013). En este punto, viene a la memoria lo sucedido con la autodenominada Revolución Libertadora:
Muchos militares se vieron atraídos por el mundo de los negocios debido al nuevo papel asumido y a través de los laberintos de los legajos sobre ‘bienes mal adquiridos’, expropiaciones y otras actividades conocidas por las comisiones investigadoras. Un clima mercantilista acompañaba la trayectoria pura y dura de la Revolución Libertadora (Rouquié, 1982, p. 140).
Para concluir esta sección, hay que decir que el reverso de estas empresas intervenidas y perjudicadas lo constituyen un núcleo reducido de grandes ganadores que, como en los casos ya citados (ACINDAR, Clarín), a partir de precisas ayudas y beneficios estatales, experimentaron un crecimiento significativo en el período 1976-1983 (ver, al respecto, los trabajos de Basualdo, 2006; y de Castellani, 2004 y 2006). En síntesis, en nombre de la lucha contra la subversión económica, la dictadura intervino empresas y con ello, reestructuró importantes sectores y áreas de la economía, negando en los hechos la idea pregonada en aquel momento de que era el mercado ¾y no el Estado¾, con sus impersonales mecanismos de oferta y demanda, quien debía regular los equilibrios sociales.
La corrupción social
Un último registro de la corrupción a revisar tiene que ver con lo que aquí se denominará corrupción social, y que contiene un juicio negativo por parte de la dictadura militar no ya meramente sobre el comportamiento de funcionarios públicos, dirigentes políticos o empresarios, o sobre el funcionamiento del Estado o del sistema político. Todas estas acepciones particulares, ya se expuso, tuvieron un lugar propio y específico, pero, al mismo tiempo, formaron parte de una evaluación crítica más general según la cual, era la sociedad misma la que se había corrompido.
El diagnóstico era que la Argentina sufría un prolongado declive, iniciado en los años 1940, con el surgimiento del peronismo. Esta visión decadentista (Canelo, 2008), en cierta forma emparentada con la versión clásica de corrupción (como degeneración), remitía a una interpretación moralista, en la que la sociedad enfrentaba una profunda crisis de valores. Era necesario entonces reformar el ethos social (Palermo y Novaro, 2003). De allí la apelación de la Junta Militar, en la “Proclama” del 24 de marzo de 1976, a “restituir los valores esenciales”.[10]
Desde esta óptica, se comprende el sentido y la profundidad de luchar “solamente” contra los corruptos y los subversivos, objetivo proclamado con insistencia por la Junta Militar. En principio, la subversión era identificada con la guerrilla, que era necesario aniquilar en forma urgente. Pero el “virus” de la subversión se había propagado por todo el cuerpo social, poniendo en jaque los mandos de autoridad en la micropolítica (lugares de trabajo, empresas, sindicatos, escuela, familia):
De ese diagnóstico nació un pathos microscópico, apuntado a penetrar capilarmente la sociedad para “reorganizarla” en forma tal que quedara garantizada, para siempre, una meta central: que nunca más sería subvertida la autoridad de aquellos que, a imagen y semejanza de los grandes mandones del régimen, tenían en cada microcontexto, según esta visión, el derecho y la obligación de mandar (O’Donnell, 1982, p. 4).
En definitiva, el peligro de la subversión se extendía a todo aquel con pretensiones de “corromper los valores nacionales”. Así lo expresa el general Benjamín Menéndez: “No es la lucha militar la más importante sino la acción civil, defendiendo los valores tradicionales de nuestro pueblo” (1977, p. 9). Esta impronta moral explica la identidad que propone la dictadura entre subversivos y corruptos. En palabras de Videla:
Esa demagogia, además, por ser complaciente, dio origen a la corrupción, concebida ésta en la más amplia acepción de la palabra, que llegó a generalizarse en todos los estamentos del Estado. Esa corrupción ¾justamente por ser generalizada¾ motivó el trastocamiento de los valores tradicionales, es decir, subversión. Porque subversión, no es ni más ni menos que eso: subversión de los valores esenciales del ser nacional (Videla, en Cavarozzi, 2009, p. 130).
La corrupción aquí denominada social se identifica en un plano más general con la idea de que es necesario restituir las jerarquías en la sociedad: “Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales” (Videla, en Reato, 2012, p. 36). Bajo esta óptica, la corrupción tiene lugar cuando los actores y organizaciones sociales se involucran en fines ajenos a su propia naturaleza.
El principio de subsidiariedad es la forma de conjurar este tipo de corrupción. Ya se ha analizado su aplicación al Estado; el involucramiento en funciones ajenas a su naturaleza es fuente y sinónimo de corrupción. Su uso se hace extensivo a otros actores; es una guía para el ordenamiento social. Así, en los “Documentos básicos”, se dispone la disolución de “todo agrupamiento gremial que desarrolle actividades políticas”, pues inmiscuirse en reclamos no gremiales (de carácter político) es una forma de corromperse. Lo mismo ocurre con los empresarios que, en lugar de preocuparse por mejorar la eficiencia productiva, buscan sacar provecho de sus relaciones con funcionarios estatales, y en las escuelas, donde es necesario suprimir “toda actividad política partidaria”.[11]
Es necesario, en definitiva, que el Estado, los sindicatos, los empresarios, vuelvan a sus cauces naturales, y así figura entre los objetivos del régimen militar: “Relación armónica entre el Estado, el capital y el trabajo, con fortalecido desenvolvimiento de las estructuras empresariales y sindicales, ajustadas a sus fines específicos”.[12] Se observa aquí el contenido de clase de esta cruzada moralizadora; los valores del ser nacional que la dictadura declama defender no son otros que los asociados a lo que constituye ¾en su visión¾ la normalidad capitalista, con nítidas jerarquías naturales. Se trata, en resumen, de una profesada ética cuyos valores no son sino el producto de la internalización de valores fundamentales de la clase dominante capitalista. No es casual, en este sentido, que el sector social con más víctimas del terrorismo de Estado ¾bajo la bandera de la lucha contra los subversivos y los corruptos¾ haya sido el de los trabajadores.
Esta vuelta a los cauces naturales es un prerrequisito para la restauración de la democracia, que se avizora para un impreciso futuro. Primero se requiere “promover el desarrollo armónico de la vida nacional basándolo en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores” [13].
Lo que aquí se denomina corrupción social posee una clara impronta de la concepción católica, en el sentido de que es entendida como la corrupción del hombre, ya no en la esfera política, sino en su vida social, y obedece a la desviación de los fines que le corresponden naturalmente. De hecho, la dictadura militar declamó continuamente su apego a los valores cristianos como el fundamento de la identidad nacional: “Será preciso simultáneamente impulsar un nuevo ciclo de desarrollo integral, político, social y económico, sustentado en los dos pilares inconmovibles de nuestra nacionalidad: la concepción cristiana de la vida y las tradiciones de nuestra cultura”. [14] Del mismo modo, Videla, en 1977, declaraba: “la Argentina es occidental y cristiano porque viene de su historia. Es por defender esa condición como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida”.[15]
En síntesis, en este registro de la corrupción social se observa la importancia de enfocar desde una óptica moral la pretensión refundacional de la dictadura militar de 1976.
Conclusiones preliminares
Las distintas nociones de corrupción analizadas en este trabajo oficiaron de prisma privilegiado para definir con mayor precisión la naturaleza de la última dictadura militar.
Al respecto, las denuncias contra supuestos actos de corrupción administrativa perpetrados por el gobierno depuesto fueron tan solo el preludio para una impugnación mucho más vasta contra el peronismo y los partidos políticos como tales, conectada a su vez con una determinada cosmovisión por parte del régimen militar acerca de cómo debía funcionar idealmente un régimen democrático (en un futuro lejano e impreciso).
Del mismo modo, la cruzada contra la denominada corrupción económica, más allá de habilitar negocios personales a partir de la desaparición de empresarios y el desapoderamiento de empresas, sirvió de base para delinear, desde el Estado, un conjunto de ganadores y perdedores en el terreno productivo, a contramano de la tan mentada prédica pro-mercado.
El estudio abordó también las pujas internas del gobierno dictatorial. En primer término, se dio cuenta de la novedad que inaugura Martínez de Hoz, al fundamentar su programa económico con criterios morales (extraeconómicos), anticipando el sesgo anti-estatal de la concepción sobre la corrupción que predominará en los años 1990. En segundo término, se hizo hincapié en el carácter moral de las críticas al programa neoliberal realizadas por Massera, quien promovió una concepción de la corrupción con reminiscencias a la versión del catolicismo.
Finalmente, el análisis de lo que aquí se denominó corrupción social posibilitó también vislumbrar el alcance y la intensidad de la violencia perpetrada por el terrorismo de Estado.
En síntesis, se ha puesto en evidencia el vínculo de los distintos registros de la corrupción empleados por la dictadura y su vocación refundacional, lo que robustece la idea de conferir centralidad a la dimensión moral en el análisis de este período. De igual manera, el encuadre moralista mostró la interrelación de los objetivos económicos y políticos del régimen militar. En efecto, sus valores, ideas y creencias no eran sino expresión de la internalización de valores, ideas y creencias de los sectores socialmente dominantes.
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[1] Videla reconocerá tiempo después el objetivo político de encarcelar a Isabel Perón (Reato, 2012).
[2] Junta Militar, “Proclama”, 24 de marzo de 1976.
[3] Junta Militar, “Acta de Responsabilidad Institucional”, junio de 1976.
[4] Junta Militar, “Decreto de creación de la CONAREPA (Nº 3.245/77), 21 de octubre de 1977.
[5] Junta Militar, “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional”, 24 de marzo de 1976.
[6] Junta Militar, “Proclama”, 24 de marzo de 1976.
[7] Ley de Seguridad Nacional. Subversión Económica (N 20840), sancionada el 28 de septiembre de 1974.
[8] Ley de Administración y Disposición de bienes (N 21.670), sancionada el 24 de octubre de 1977.
[9] Junta Militar, “Decreto de creación de la CONAREPA (Nº 3.245/77), 21 de octubre de 1977.
[10] Junta Militar, “Proclama”, 24 de marzo de 1976.
[11] Junta Militar, “Documentos Básicos y Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, 24 de marzo de 1976.
[12] Junta Militar,” Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el Proceso Nacional, 24 de marzo de 1976.
[13] Junta Militar, “Proclama”, 24 de marzo de 1976.
[14] Junta Militar, “Acta fijando las Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional, 1979.
[15] Revista Gente, Buenos Aires, no. 648, 22 Dic. 1977. Videla, Jorge Rafael (teniente general), “Videla frente a 7 periodistas ingleses”.