Presentación.
Juntos pero separados. Estado y organizaciones sociales en la provincia de Buenos Aires (fines del siglo XIX-primera mitad del XX).
Mabel N. Cernadas
María de las Nieves Agesta
Centro de Estudios Regionales “Prof. Félix Weinberg” (CER)
Depto. De Humanidades, Universidad Nacional de Sur (UNS)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET)
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 13, N° 26, pp. 377-388
Junio- Diciembre de 2020
ISSN 1853-7723
Los vínculos entre el mundo asociativo y el Estado en la provincia de Buenos Aires desde las últimas décadas del siglo XIX y durante la primera mitad del XX han concitado la atención de algunos investigadores, tanto de la historia política como de la socio-cultural, que encontraron en este cruce un terreno fecundo para explorar la politicidad de lo cotidiano y la experiencia de lo político en el interior del país (Pasolini, 2007; Bisso, 2009; Cernadas, Bracamonte, Agesta y de Paz Trueba, 2016; Cernadas, Agesta y López Pascual, 2018).
La propuesta del presente dossier se inscribe en esta línea que focaliza los roles de las organizaciones civiles en el desenvolvimiento y las representaciones de lo público y se sustenta en una noción dinámica y difusa del poder y sus formas de ejercicio que incluye pero excede la esfera estatal. En tal sentido, se sostiene en un marco teórico que se nutre de lo que Jean-François Sirinelli (1993) define como la historia cultural de lo político, la cual se ocupa del hecho político, abarcador y multiforme, permeable a todas las manifestaciones de la realidad y a las relaciones de poder que en ella se efectivizan. Siguiendo este derrotero, Pierre Rosanvallon reflexiona con más profundidad sobre el concepto estableciendo que alude, en definitiva, a una forma de vida comunitaria que remite “al proceso siempre conflictivo de la elaboración de las reglas explícitas o implícitas de lo participable y lo compartible y que dan vida a la forma de la polis” (Rosanvallon, 2003, pp. 19-20). Constituyéndose en una manera de volver inteligible un espacio social, la observación de lo político trasciende lo puramente institucional para entender el poder y la ley, la identidad y la diferencia, el Estado y la Nación, la ciudadanía y la civilidad, abarcando también los principios, creencias, representaciones y procedimientos no exentos de conflictos, en base a los cuales los grupos humanos fundan su vida en comunidad.
Los artículos aquí reunidos no dejan de lado la consideración de la política como actividad, pues incluyen en sus análisis al Estado y los elencos dirigentes y reconocen la relevancia de los partidos como vía de representación y de las ideologías como expresión de los valores, ideales y proyectos políticos. Sin embargo, visibilizan y colocan también en primer plano los intereses, las prácticas y las concepciones de sectores relegados por aproximaciones más restrictivas. De esta manera, aportan a la comprensión de los aspectos vitales o dinámicos de una sociedad en los que se despliega ampliamente lo político (Prelot, 2002).
Durante el periodo considerado la provincia fue protagonista de importantes transformaciones de toda índole que fueron definiendo sus límites administrativos así como su perfil socioeconómico, cultural y político, otorgándole una posición central en el concierto nacional. En efecto, la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880 y la incorporación paulatina de las zonas expropiadas a los pueblos originarios iniciada previamente, exigieron una reorganización del gobierno bonaerense y de su territorio que se produjo de manera paralela al proceso de configuración y consolidación del Estado argentino. La conformación de un sistema burocrático, legislativo y tributario propios (Barandiarán y D'Agostino, 2016) estuvo acompañada por fuertes debates referidos a las orientaciones de las políticas oficiales (Caravaca, 2011) y a las competencias jurisdiccionales (Ternavasio, 1991; Cortabarría, 2008). Al mismo tiempo la afluencia inmigratoria, el desarrollo productivo y la renovación técnica fueron modificando el paisaje del interior bonaerense al ritmo del crecimiento urbano y complejizando su entramado demográfico y social (Palacio, 2013). En ese contexto, la sociedad civil y sus agrupaciones se convirtieron en actores fundamentales que, junto a las instancias estatales, encabezaron -no sin conflictos- el proceso de modernización provincial.
Ciertamente, las ciudades provinciales, como Bahía Blanca, participaron de la “explosión asociativa” que Hilda Sábato (1994) ha señalado como característica de esta época.[1] En coincidencia con esta autora, se considera que el concepto de esfera pública, a pesar de las críticas de las que ha sido objeto (Bosch y Solari, 1997), resulta adecuado para comprender la autoorganización de la sociedad civil con miras a instrumentar mecanismos y canales que no constituyen el sistema político formal. De esta manera las bibliotecas populares, las corporaciones, las entidades benéficas, los conservatorios, las organizaciones fascistas y las sociedades de fomento bonaerenses que analiza este dossier pueden ser entendidas como parte del entramado de asociaciones e instituciones que se conectaba de diversas maneras con otras tantas manifestaciones informales de la sociabilidad.[2] No es posible ignorar, sin embargo, que en las últimas décadas el uso de la noción de sociedad civil ha suscitado cuestionamientos desde diferentes perspectivas con la intención de superar la dicotomía planteada desde la teoría liberal clásica en la que se la oponía al Estado (Cohen y Arato, 1992; Gorelik, 1999; Acha, 2004). Aun así, creemos que el concepto continúa siendo fructífero para abordar fenómenos de la vida social que trascienden las instancias partidarias y gubernamentales. Como señala Homero R. Saltalamacchia, la diferenciación es válida por “razones funcionales” pero no por “separaciones esenciales”, ya que sus fronteras son “porosas, permeables, débiles y es por ello que las relaciones de dominación ´privadas´ se cuelan en lo gubernamental” (Saltalamacchia, 2015, pp. 41-42). En consecuencia, los artículos tienen en común un abordaje de la sociedad civil que parte de la noción de lo político y contempla dos dimensiones interrelacionadas: la singularidad de cada asociación o institución y su vinculación con lo estatal. La conjugación de ambas da cuenta de las funciones sociales que cumplieron, de su grado de permanencia, y del impacto de las prácticas y representaciones de quienes las integraban.
En cuanto al primer plano de análisis, se efectúan aproximaciones de tipo morfológico-funcional a partir de las cuales se identifica a quienes crearon y motorizaron las distintas agrupaciones, sus destinatarios, las normativas que las regían, los recursos de que disponían, los mecanismos de participación y los fines que perseguían. El recorte de los objetos particulares de estudio se sitúa en una línea que sostiene que la categoría de sociedad civil no remite a cualquier género de fenómenos sociales colectivos sino a aquellos que involucran vínculos de asociación voluntaria, autoorganización y comunicación organizada (Cohen y Arato, 1992). Además, se trata de un concepto relacional, por lo que su análisis incluye no solo la detección de estructuras y jerarquías internas sino que también habilita la reconstrucción de trayectorias personales y de redes asociativas, institucionales e interpersonales.
Las entidades estudiadas en este dossier condensaron las inquietudes de participación pública de ciertos sectores de las elites, munidos del poder que les conferían sus ocupaciones, prestigio, riqueza y formación cultural, para quienes los mecanismos de agregación constituían estrategias de cohesión, jerarquización y distinción social. No eran entes aislados dado que, si bien demarcaban fronteras de admisión y mecanismos de adhesión, las pluripertenencias, instancias de sociabilidad compartidas y redes de relaciones de sus integrantes generaban innumerables canales de interacción con otras agrupaciones así como con concejales, intendentes, diplomáticos, autoridades militares y religiosas, integrantes de partidos políticos, entre otros. De este modo, las manifestaciones de la vida asociativa evidencian la gravitación y formación de una ciudadanía activa que, no obstante las restricciones formales que pesaban sobre el ejercicio de los derechos civiles y políticos para las mujeres, recepcionó, vehiculizó y generó demandas y peticiones sociales y, además, gestionó y administró recursos, en orden a intervenir en áreas convergentes con el modelo modernizador y civilizador. Así, promovieron orientaciones productivas vinculadas con el sector agroganadero en una provincia activamente integrada al sistema agroexportador, se afanaron por proteger a personas pobres pero también reprimir manifestaciones que -como la mendicidad y la delincuencia- atentaban contra la imagen de urbes que se pretendían modernas, movilizaron políticamente a ciertos sectores de la infancia a la vez que propendieron a su educación física, religiosa y cívica, fomentaron el “cultivo del espíritu” en consonancia con los cánones de elevación cultural de la época y motorizaron mejoras en infraestructura y provisión de servicios públicos, sanitarios y bibliotecarios barriales.
En relación con el segundo plano de análisis, considerando que los nexos de la sociedad civil con la esfera y los problemas de lo público configuran al Estado como un interlocutor insoslayable, se aborda la cuestión de la autonomía de las organizaciones privadas como principio rector de su funcionamiento que entra en colisión con los avances gubernamentales. En este sentido, se asume una perspectiva que se aleja de plantear este vínculo en términos de completa exterioridad para observar los ámbitos de imbricación mutua. Las necesidades de financiamiento y legitimidad pública las condujeron a solicitar el apoyo oficial para garantizar su supervivencia y en esa dinámica se fueron modificando también la organización societaria misma y sus modos de actuación. La apelación constante de distintos sectores de la sociedad civil al Estado partía de cierta concepción de externalidad de este último que lo erigía en garante y custodio del interés general. Esta aparente objetividad justificaba su posición como ente regulador de las relaciones sociales y como agente de redistribución de los recursos orientado a asegurar la provisión de bienes y servicios considerados básicos. Ahora bien, lo cierto es que, tal como se evidencia en los trabajos que componen el dossier, los ámbitos y alcances de tales obligaciones fueron variables y resultaron de procesos de colaboración o de lucha entre ambas instancias.
Las condiciones de precariedad del Estado a fines del siglo XIX -sobre todo, en los territorios provinciales (Plotkin y Zimmerman, 2012)-[3] dejó de hecho en manos de asociaciones e individuos particulares la gestión de áreas relevantes del desenvolvimiento social, cultural y hasta económico del país. De esta manera, y como se ha señalado a propósito de la educación o la beneficencia, se conformaron sistemas de carácter “mixto” que, en concordancia con los principios liberales, delegaban en la sociedad la responsabilidad moral de atender sus propias demandas, mientras reservaban a los poderes públicos la función de acompañamiento o fomento (de Paz Trueba, 2010). Esta distribución de roles, sin embargo, fue cambiando con el transcurrir de los años a medida que se consolidaba el aparato estatal y que muchas de estas iniciativas iban dejando al descubierto sus limitaciones, tanto materiales como organizativas y simbólicas. El recorrido diacrónico permite observar la expansión no lineal de las competencias oficiales y la creciente complejización y especialización de la estructura administrativa, a la par que revelar el carácter conflictivo de dicho proceso que supuso la reducción de las prerrogativas privadas y la distribución de los poderes jurisdiccionales de los actores e instancias gubernamentales.
El análisis que proponemos en los textos se aproxima, entonces, a la problemática del Estado a partir de dos ejes: el que atañe a una mirada “desde adentro” y rastrea la delimitación de áreas de intervención específica, por un lado, y el que se encarga de recuperar los roles que desempeñó a lo largo del período, por el otro. El primer aspecto se alinea con una producción académica reciente que, retomando señalamientos clásicos, repara en la dimensión concreta del Estado como conjunto de organismos e instituciones dotado de historicidad y, por lo tanto, en continua reformulación. De esta manera, desestima las interpretaciones que lo conciben como aparato de dominación coherente y homogéneo para aludir a su carácter práctico y procesual (Lionetti, 2010, p. 20). Estas investigaciones se ocupan de las agencias estatales, las figuras individuales, las lógicas institucionales y las prácticas sociales, enfatizando la pluralidad de las configuraciones y la porosidad de la política respecto de otras esferas de la realidad (Bohoslavsky, 2014).[4]
La conformación del dispositivo burocrático aparece ligada a la definición de una agenda pública que “recorta y privilegia mediante la atención y los recursos de sus instituciones, la resolución de una parte significativa de la problemática social” (Oszlak, 2011, p. 5). En efecto, el diseño de políticas oficiales depende, en principio, del reconocimiento del valor atribuido a determinados asuntos que adquieren, así, proyección pública y demandan una toma de posición por parte del Estado. Las investigaciones aquí reunidas indagan, precisamente, sobre los momentos de identificación y definición de distintas “cuestiones socialmente problematizadas”[5] -la bibliotecaria, la económica, la social, la artística- y sobre los debates generados a partir de la pugna de diferentes grupos interesados en que algunos de estos temas pasaran a ser objeto de la atención gubernamental. La discusión sobre el rol del Estado[6] y sobre sus formas intervención se presenta, pues, como telón de fondo de los reclamos y como fundamento de los posicionamientos de los actores involucrados. Aun en aquellos casos donde la iniciativa civil sustituyó a la oficial, la instancia estatal se mantuvo como una interlocutora permanente para las asociaciones y los individuos, ya fuera como proveedora de recursos, ente de regulación y/o agente de legitimación.
La asistencia económica fue una de las primeras funciones que debió desempeñar en los distintos ámbitos. Sin embargo, en el período considerado dichas ayudas fueron, en general, irregulares y estuvieron sujetas a la coyuntura. La asignación de partidas presupuestarias fijas estuvo vinculada a la materialización de estructuras burocráticas específicas[7]; entretanto, el mecanismo de peticiones y subsidios imperó en la distribución de fondos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal (Lionetti, 2010; Bracamonte, 2019; Agesta y López Pascual, 2019). Estos instrumentos permitían mantener vínculos flexibles con las instituciones particulares que quedaban sometidos a los juicios emitidos por las comisiones de inspección oficiales y a las disponibilidades del presupuesto anual tanto como a los vaivenes de los ciclos económicos y políticos. Contradiciendo cualquier interpretación lineal, los trabajos demuestran que la creación de organismos y normativas propias no supuso la eliminación de las subvenciones que continuaron existiendo de manera paralela como medio discrecional de aporte pecuniario.
Las demás funciones, simbólicas, normativas y de control atribuidas al Estado se encuentran asociadas a su afirmación como representante legítimo del bien común y, por lo tanto, a la constitución y aceptación de su ordenamiento jurídico. En este sentido, el dossier contempla la implementación de agencias y mecanismos de registro y fiscalización así como las actitudes de conformidad o resistencia que estos suscitaron entre la población. La solicitud y el reconocimiento de la personería jurídica adquieren en este contexto especial importancia ya que puede entenderse como un rito de institución (Bourdieu, 2015) que operaba como instancia de consagración y de jerarquización frente a los pares y al público en general. Como lugar de gestión y de monopolio “de lo universal”, el Estado proyectaba su legitimidad al conjunto de agentes que participaban de lo legalmente aceptado y, por lo tanto, a los fines que perseguía la asociación, reconociéndolos en concordancia con el bienestar general. La personería designaba la situación de la asociación frente a la ley, la constatación oficial de su constitución regular y conforme a la normativa vigente que entrañaba, a su vez, deberes y derechos.
Nuestras investigaciones se asientan, entonces, sobre la premisa de que el Estado no constituye una instancia monolítica con un proceso de definición y diferenciación progresivo y constante ni las políticas públicas son una mera aplicación de conjuntos de medidas y acciones coherentes que siguieron un desarrollo direccional y vertical. En definitiva, supone un cuestionamiento al presupuesto de adecuación entre las normas y las prácticas que habilita la visibilización de resistencias y negociaciones, aun bajo la apariencia de acatamiento o de consenso. En efecto, la dimensión estatal presenta diversas facetas, individuales e institucionales, así como distintas instancias cuya historia se encuentra atravesada por conflictos derivados de las asignaciones monetarias, la superposición de funciones o las luchas políticas que adquieren, además, formas diferenciales de acuerdo a su inscripción territorial.
La articulación de lo municipal, lo provincial, lo nacional y hasta lo internacional para abordar las relaciones entre sociedad civil y Estado, requiere de una problematización de la dimensión espacial de los fenómenos a partir de la introducción del concepto de escala. Ligada tanto a la tradición de la microhistoria italiana como del microanálisis francés, esta noción ha tenido una afortunada trayectoria historiográfica en América Latina (Serrano Álvarez, 2009; Trejo Barajas, 2009; Ramírez Bacca, 2011) y, en particular, en la Argentina (Fernández y Dalla Corte, 2001; Barriera, 2002; Bragoni, 2004; Fernández, 2007; Bandieri, Blanco y Blanco, 2008, Richard-Jorba y Bonaudo, 2016; Bandieri y Fernández, 2017a y 2017b; Andújar y Lichtmajer, 2019). Las desigualdades regionales y la fuerte centralización en estos países habían constituido el fundamento de una historia nacional identificada con el devenir de las capitales y de los grandes nodos de concentración urbana. En este contexto, la incorporación de esta categoría desde los últimos quince años del siglo XX permitió revisar dichos relatos y apostar a la construcción de un pasado más complejo y atento a la diversidad. La perspectiva microanálitica operó como cimiento teórico sobre el que se apoyó la multiplicidad de estudios donde se abordaban localidades y regiones del interior de la Argentina. Sin embargo, este enfoque trajo aparejados nuevos interrogantes referidos al estatuto de esos recortes espaciales y a sus vínculos con procesos históricos globales o, al menos, más generales: ¿se trata de buscar la excepcionalidad, el caso o la puesta en acto geográficamente situada de cuestiones macro?
En este dossier ensayamos otra respuesta que se entronca con la denominada microhistoria translocal (De Vito, 2015) según la cual la singularidad de cada lugar es el resultado de dinámicas relacionales internas y externas que conectan distintas escalas espaciales. Así, las unidades administrativas, ya sea la ciudad de Bahía Blanca o la provincia de Buenos Aires, son concebidas como configuraciones particulares donde se entrecruzan los problemas originados por la definición de competencias, organismos y elencos estatales, la conformación de un orden económico y jurídico, la constitución de identidades sociales y nacionales y la delimitación de funciones y prerrogativas de la sociedad civil. Si bien la translocalidad ha resultado especialmente fructífera para pensar los intercambios comerciales o las migraciones, su potencialidad heurística se extiende hacia otras dimensiones de la historia política y socio-cultural. En efecto, los textos evidencian la necesidad de articular los procesos de configuración del Estado a nivel municipal, provincial y nacional, poniendo de relieve las tensiones, alianzas y enfrentamientos entre las diversas instancias, así como entre ellas y los intereses de distintos sectores sociales que trascendían las fronteras jurisdiccionales. Asimismo, ponen de manifiesto la relevancia de reconstruir las redes asociativas e institucionales y sus nexos con las esferas estatales, atendiendo a las transformaciones en las dinámicas entre lo público y lo privado que se produjeron durante las primeras décadas del siglo XX.
Esta suerte de mirada etnográfica que parte de la reconstrucción de las realidades micro tiene interesantes implicancias teóricas. En primer término que esta perspectiva, sin desconocer ni reificar los desequilibrios de poder existentes entre los lugares, deja al descubierto el hecho de que los fenómenos generales no dejan de ser locales en tanto el “tejido histórico en su complejidad está constituido por configuraciones singulares” (De Vito, 2015, p. 823). En segundo, que no existe una correspondencia directa entre la escala espacial y determinados aspectos de la acción de acuerdo con la cual el análisis estructural estaría reservado a instancias administrativas mayores mientras que la agencia resultaría observable solo mediante la observación de territorios reducidos. Tal como pretenden mostrar las investigaciones que siguen, ambas facetas conviven en cada nivel: así, por ejemplo, si las trayectorias personales pueden contribuir a la orientación de determinadas medidas oficiales, también los lineamientos ideológicos internacionales repercuten sobre la experiencia cotidiana.
Retomando estos ejes problemáticos, el trabajo de María de las Nieves Agesta se sitúa en el periodo que se extiende entre 1874 y 1880 para analizar las primeras medidas relativas a bibliotecas populares en el interior de la provincia de Buenos Aires. En esa etapa existió un reconocimiento y estímulo con respecto a las mismas pero no se delineó una política bibliotecaria propiamente dicha debido a varios factores interrelacionados. De acuerdo con el sistema instaurado en 1870 a nivel nacional con la sanción de la ley n.° 419 de protección y fomento de las bibliotecas populares, las asociaciones civiles serían las encargadas de su creación y sostenimiento, mientras que el Estado fiscalizaría y otorgaría subsidios. Paralelamente, se estaba configurando el organigrama estatal nacional y provincial, lo cual conllevaba debates conceptuales y conflictos jurisdiccionales que obstaculizaban la organización legislativa en la materia. A esto se sumó la falta de especificidad del área, que la subordinaba a la educativa o la filantrópica y dificultaba tanto la formación de elencos idóneos como la asignación de partidas fijas. En lo atinente a la cuestión del Estado, el artículo abre líneas de reflexión que serán retomadas más adelante, como la problemática del deslinde de las competencias nacionales, provinciales y municipales, la conformación de las dependencias administrativas, la configuración paulatina de áreas de intervención que serían atendidas de manera más sistemática en el futuro y la permanente interacción con la sociedad civil.
Florencia Costantini, por su parte, aborda la escala local para examinar los modos en que los empresarios vinculados principalmente a los sectores agrícolas y ganaderos de Bahía Blanca orientaron la acción económica de la municipalidad entre 1886 y 1914 por medio de mecanismos directos e indirectos. La reconstrucción de los elencos políticos de la comuna y sus transformaciones ligadas al desarrollo diferencial de las fuerzas productivas rurales y urbanas, se inserta en el análisis de un doble proceso interrelacionado de configuración estatal y de acumulación del capital. Así, la ocupación de puestos políticos en el gobierno de la ciudad era concebida, en gran parte, como plataforma de intervención para asegurar estrategias económicas personales y sectoriales; lo público y lo privado se entremezclaban en las decisiones gubernamentales generando debates en torno al rol que debía cumplir el municipio como administrador y regulador de los distintos intereses en pugna. Costantini recupera, en este contexto, las discusiones y prácticas de intervención concretas llevadas adelante por los representantes locales, a fin de poner en primer plano las tensiones generadas entre la pretensión de autonomía del poder municipal sostenida como condición para conformar un aparato estatal moderno y la presión de los grupos que veían en él un medio para favorecer determinadas orientaciones productivas.
El artículo de Lucía Bracamonte reconstruye la creación de dos instituciones de caridad de la ciudad de Bahía Blanca -el Patronato de Menores (1918) y la Sociedad Tutelar Rivadavia (1920)- en el contexto de la finalización de la Primera Guerra Mundial y del comienzo de la subsiguiente posguerra cuando la crisis económica suscitó un aumento de las demandas sociales. La autora da cuenta de la creciente intervención del Estado municipal en la materia que se produjo en este período y del rol que este asignó a las mujeres, tradicionalmente vinculadas a la actividad benéfica: lejos de excluirlas, fueron involucradas como mediadoras fundamentales aunque subordinadas en el proceso de centralización y de incremento del control gubernamental sobre el área. De esta manera y en línea con la producción historiográfica más reciente, cuestiona interpretaciones reductivas que oponen, por un lado, acción privada e intervención pública y, por el otro, que atribuyen a las mujeres un papel accesorio en el planteo e implementación de las políticas oficiales. Como sostiene Bracamonte, la mayor presencia estatal se produjo en el marco de un modelo que continuó siendo de gestión mixta y que implicó tanto la ampliación como la restricción de los espacios de participación femenina. Al igual que Costantini, el protagonismo que adquiere el poder comunal en el tratamiento de la cuestión social y en la definición de una beneficencia pública más allá de las disidencias ideológico-partidarias, pone sobre el tapete la dimensión tanto administrativa como política del municipio durante esta etapa.
El trabajo de Mabel N. Cernadas, por su parte, analiza las sociedades de fomento bahienses en una etapa que se extiende desde los comienzos de los años treinta hasta el advenimiento del peronismo. En el contexto del cercenamiento de libertades individuales, de restricción de la actividad política y de fraude electoral que sucedió al golpe de Estado, estas agrupaciones retomaron el ímpetu asociativo de las décadas anteriores para transformarse en ámbitos privilegiados de participación ciudadana y de mediación con los poderes públicos. Los barrios, conformados a partir del asentamiento de sectores obreros y de la afluencia de migrantes internos, volvieron más complejo el entramado urbano e introdujeron nuevos problemas de infraestructura y de provisión de servicios. Así, al igual que en otras ciudades del país, en Bahía Blanca se produjo una proliferación de entidades fomentistas que fueron las encargadas de vehiculizar las demandas de los vecinos ante las autoridades municipales y las empresas privadas. Convertidas en auténticos centros sociales, culturales y hasta sanitarios, estas entidades se posicionaron como nodos de la solidaridad barrial y constituyeron sus propios modos de organización y sus jerarquías internas. Cernadas, atenta a las contradicciones entre prácticas y discursos, revela la dimensión política de estas organizaciones detrás de la prédica de la prescindencia al observar su rol en la construcción de la ciudadanía y sus formas de interacción con los poderes gubernamentales y con los partidos a cargo de la administración comunal. Lo político emerge, entonces, como una variable fundamental para comprender estos circuitos de sociabilidad donde, como afirma la autora, el poder también se organizaba, se ejercía y se impugnaba.
Trazando un puente con la política internacional, Bruno Cimatti focaliza las colonias de verano para niños ítalo-argentinos organizadas por el Fascio “Giulio Giordani” de Bahía Blanca entre 1934 y 1936. Estudia estas formas de sociabilidad infantil, que también se efectivizaron en otros puntos del país y de América del Sur, a partir del concepto de diplomacia cultural, afirmando que constituyeron uno de los mecanismos de propaganda del gobierno italiano aunque contaron con importantes márgenes de autonomía. El autor se sitúa en una línea de análisis que plantea la existencia de un fascismo ítalo-argentino, que mantuvo ciertos aspectos de su variante originaria a la vez que abandonó o sumó otros a fin de adaptarse al medio. En este sentido, el fomento de lazos culturales/emocionales de los niños con la patria de sus padres, tendientes a generar una postura pro-italiana, no era considerado incompatible con su condición de ciudadanos argentinos. Para corroborarlo, compara las colonias con las que tenían lugar en Italia, con otros modelos similares desarrollados por el Estado argentino y con la matriz que unía al scoutismo y a los Exploradores Argentinos de Don Bosco. Además, destaca el concurso en su organización de la red diplomática fascista y de autoridades civiles, militares y religiosas. Del mismo modo que Bracamonte, Cimatti toma en cuenta la niñez, objeto de preocupaciones para los sectores dirigentes por incluir a los futuros ciudadanos, trabajadores, padres proveedores y madres de familia. No solo se gestionaban desde el gobierno soluciones institucionales con participación estatal para atender a la subsistencia, la salud y la educación de los menores pobres, huérfanos o abandonados, sino que se apoyaban iniciativas de entidades de la sociedad civil que, con diferentes intereses, procuraban la formación física, religiosa y cívica de los niños y, crecientemente, su movilización política.
Centrándose también en esa década, aunque con una mayor amplitud temporal, María Noelia Caubet, por último, hace referencia a la enseñanza de la música en Bahía Blanca, particularmente a los conservatorios privados cuyo número crecía desde fines de la centuria anterior producto de la valorización de la educación artística como factor de civilización, distinción social, modernización y nacionalización. Creados por impulso de una activa sociedad civil, esos establecimientos formaban compositores e intérpretes, generaban puestos laborales, proveían de docentes a las escuelas, enriquecían la vida cultural y constituían emprendimientos comerciales. La autora suma a los análisis de Bracamonte y Cimatti la observación de un aspecto de la formación de muchos niños, niñas y jóvenes, relevante para distintos sectores sociales de la época. Además, la reconstrucción de las redes personales e institucionales que incluyeron a los conservatorios le permite reflexionar sobre el dinamismo de sus posiciones centrales y periféricas con respecto a otros de la región y de la Capital Federal, relativizando el predominio atribuido tradicionalmente a las relaciones bilaterales de subordinación, reproducción y legitimación con respecto a esta última. Por otra parte, la descripción particularizada de estas entidades autónomas en materia institucional y financiera, la recuperación de los reclamos sociales de reconocimiento estatal de los diplomas y la identificación de los procesos de oficialización de la enseñanza musical contribuyen a trazar los vínculos cambiantes entre la sociedad civil y el Estado. Coincidiendo con Agesta, señala la asistematicidad y la inestabilidad del diseño de políticas culturales en sentido estricto, que condujeron a una presencia institucional estatal más tardía en el área musical que en otras.
Las reflexiones aquí realizadas invitan a seguir complejizando y refinando las aproximaciones empíricamente situadas a las fronteras siempre móviles entre lo público y lo privado, en términos de incumbencias, fortalezas y debilidades institucionales, en la historia argentina de los siglos XIX y XX. Como se desprende de los artículos incluidos en este dossier, cinco momentos de crisis iniciados en 1873, 1890, 1913/1914, 1930 y 1943 dieron lugar a revisiones del rol del Estado y su relación con la sociedad civil en estos puntos del interior bonaerense especialmente susceptibles a las modificaciones en las orientaciones de la economía mundial. Esos procesos tuvieron como desencadenantes factores económicos de orden estructural cuyos impactos se ramificaron hacia otras dimensiones de la vida social, generando nuevas necesidades, demandas y conflictos que alteraron el bienestar cotidiano de las personas, la actividad de los colectivos que las nucleaban y el funcionamiento del sistema político. Continuar evaluando la incidencia de esas coyunturas en los desplazamientos de las políticas, los sentidos y los agentes imbricados en el orden de lo estatal, con una mirada puesta en las organizaciones civiles y sus mecanismos de representación e inclusión pero también de exclusión, se revela como algo fundamental para comprender la conformación de la esfera pública a mediano y largo plazo.
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[1] Para un estado de la cuestión de los estudios sobre sociabilidad en la historiografía argentina reciente, véase Agesta, Clemente y López Pascual (2018).
[2] Un cuestionamiento a la distinción entre sociabilidad formal e informal puede verse en Escalera Reyes (2000).
[3] Para una síntesis de las investigaciones dedicadas al problema del Estado en el interior del país puede consultarse Ortiz Bergia (2015).
[4] La convergencia entre las preguntas sobre lo público ha sido abordada también a propósito de la dimensión político-estatal en la configuración del espacio urbano moderno en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, en estudios donde confluyen la mirada histórica con la formación arquitectónica (Fernández, N. 2013; Pérez Leloutre, S., 2018; Schmidt, C.; 2012, entre otros). Varios de ellos han focalizado su atención en los cambios que se produjeron en la concepción de la política y el rol del Estado en el territorio bonaerense durante el período de entreguerras y, en particular, durante los años treinta con la gobernación de Manuel Fresco.
[5] El concepto de políticas públicas formulado por Oscar Oszlak y Guillermo O'Donnell (1995, pp. 112-113), alude al “conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del estado en relación con una cuestión que concilia la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil”. Dado que resulta imposible atender a todas las demandas sociales, “sólo algunas son “problematizadas”, en el sentido de que ciertas clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos o incluso individuos estratégicamente situados creen que puede y debe hacerse “algo” a su respecto y están en condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas socialmente vigentes. Llamamos “cuestiones” a estos asuntos (necesidades, demandas) “socialmente problematizados”.
[6] Según Oscar Oszlak (2011, p. 1), el concepto de “rol del Estado” alude al “papel atribuido a una o más de sus instituciones en la producción de bienes, regulaciones o servicios destinados a resolver ciertas cuestiones problematizadas que plantea la organización o el funcionamiento de una sociedad, así como los impactos y consecuencias que se derivan de esas formas de intervención sobre la correlación de poder y la distribución del producto en esa sociedad.”
[7] La formalización e institucionalización de las distintas áreas se produjeron de manera asincrónica, dependiendo de la centralidad atribuida cada una de las cuestiones. Como demuestran los artículos, en el municipio de Bahía Blanca los asuntos económicos resultaban prioritarios, a ellos seguían la cuestión social y, por último, la cultural.