Un Nuevo Momento de Reformas: Santa Fe y la Consagración del Ciudadano de a Pie (1983-2005)

Tesis de Maestría. Universidad de San Andrés, 2019. Directora: Sabrina Ajmechet.

Por Sebastián Cortesi

Universidad de San Andrés

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,

Año 13, N° 26, pp. 499-503

Junio-Diciembre de 2020

ISSN 1853-7723

Entre 1983 y 2005, la Argentina experimentó un total de 33 reformas constitucionales y otras 57 reformas electorales a nivel de sus provincias. Sin embargo, la historiografía aún no ha reparado en las características ni las implicancias de un proceso que transformó el mapa institucional argentino. La presente tesis busca dar los primeros pasos en ese sentido a partir de un estudio de caso centrado en la provincia de Santa Fe y atento a las sinergias con la nación así como también con las demás provincias. El trabajo se estructura alrededor de dos hipótesis principales. En primer lugar, sugiere que el período analizado constituyó un nuevo momento reformista en la historia electoral del siglo XX, comparable al peronismo clásico y al período de reformas coronado por la ingeniería saenzpeñista. En segundo lugar, se ofrece una lectura unitaria de las reformas efectuadas en la provincia de Santa Fe. Las transformaciones institucionales analizadas no son un agregado de resultados coyunturales; por el contrario, la tesis argumenta que las mismas integran, en virtud de sus ideas políticas, un conjunto coherente al que denomina “reformismo santafesino”.

A modo de propedéutica, la tesis comienza con un capítulo que sitúa el régimen electoral de Santa Fe en una perspectiva de larga duración. De la reforma constitucional de 1856 en adelante, las instituciones provinciales constituyen un terreno privilegiado en la lucha de elencos políticos facciosos, siendo el origen territorial de los mismos uno de los principales clivajes ordenadores del conflicto. Lejos de revestir un punto de inflexión, la intervención presidencial de Sáenz Peña y sus posteriores reformas constituyen un intento más de acabar con las prácticas que atentan contra la libertad del sufragio. Obtenida en un grado razonable a partir de las transformaciones realizadas durante el gobierno demoprogresista de Luciano Molina (1932-1935), la gobernabilidad se convierte en la problemática que acapara el interés de los elencos santafesinos. Ya sean radicales, justistas o peronistas, durante buena parte del siglo XX los gobiernos provinciales deben lidiar con fracciones díscolas que, secundadas por la oposición, paralizan la legislatura o inducen otras formas de conflicto institucional. Redactado en las postrimerías de la presidencia de Frondizi, el texto constitucional de 1962 intentó acabar con esta dinámica al establecer un sistema electoral destinado a producir gobiernos dotados de un sólido respaldo legislativo.

Una vez historizado el objeto, la tesis aborda el proceso que condujo a la adopción de la ley electoral más difundida desde el retorno democrático; es decir, la ley de lemas. Generalmente retratada por la literatura politológica como una astucia institucional de los gobernadores justicialistas, las fuentes provinciales -diarios de sesiones y la prensa capitalina- invitan a trazar un recorrido más intrincado. El estatuto Bignone, reproducido por la mayoría de las provincias, otorgó a los partidos el monopolio de las candidaturas. Como contrapartida, los obligó a dictar una carta orgánica y a superar un umbral de afiliados. La intensa campaña de afiliación que tuvo lugar durante 1982 condujo al análisis político a augurar el advenimiento de una democracia de partidos en la Argentina.

Sin embargo, una mirada desde Santa Fe permite reconocer que el malestar de la ciudadanía con la representación política y, en especial, con los partidos fue prácticamente coetáneo al propio retorno democrático. A pesar de contar con un régimen electoral orientado a la gobernabilidad, los gobiernos justicialistas de José María Vernet y Victor Revilgio atravesaron crisis de gabinete al calor de la desindicalización del partido. En vez de capitalizar la situación, los partidos opositores se sumieron en conflictos internos motivados por la expectativa de suceder al justicialismo. No obstante, los episodios de corrupción que tuvieron lugar durante 1989, en especial el affaire de los juguetes -que culminó en el juicio político del vicegobernador Antonio Vanrell-, llevaron a Santa Fe por el camino inaugurado por San Luis apenas tres años antes. Tanto en la prensa como en el recinto, los elencos santafesinos presentaron la reforma electoral como el corolario de una autocrítica pública. Las desventuras económicas y los casos de corrupción eran el resultado de una “clase política” que no obtenía su mandato de la ciudadanía sino de las cúpulas partidarias que digitaban las internas. En otras palabras, el poder electoral del “ciudadano de a pie” era erosionado por una especie de colegio electoral sui generis. Al privar a los partidos de la selección de candidatos, la ley de lemas prometía otorgar al ciudadano un rol central en la conformación de su representación. La efectividad argumental del diagnóstico fue tal que incluso los detractores de la ley de lemas en el Congreso argumentaron estar defendiendo los verdaderos intereses del “ciudadano de a pie”.

La política santafesina afectó notablemente el entramado electoral nacional. Luego de examinar los efectos de la ley de lemas sobre la competencia a nivel provincial y municipal, el tercer capítulo pone el foco en las consecuencias de las polémicas elecciones de 1995. El régimen de competencia inaugurado en 1990 incentivó a la oposición a agruparse en un único “superlema” -La Alianza Santafesina, precursora de su homónimo nacional- con el objeto de derrotar a un justicialismo dividido entre las candidaturas de Jorge Obeid, delfín gobernador Carlos Reutemann, y el ex-socialista Héctor Cavallero, apoyado por el presidente Menem. El escándalo desatado por la caída del sistema informático durante el recuento provisorio de votos obligó al gobierno nacional a rever la administración electoral. Como consecuencia, el tópico de la reforma política, hasta entonces atendido únicamente por las provincias, ingresó en la agenda política nacional. Luego de la fallida experiencia del Programa de Apoyo a la Reforma Política durante el gobierno de La Alianza, el justicialismo santafesino -al igual que oficialismo de otras nueve provincias- aprovechó el contexto provisto por el Acuerdo Federal propiciado por Duhalde para reformar una vez más la legislación electoral. Las fuentes obtenidas del archivo privado del legislador provincial Eugenio Malaponte permiten entretener la hipótesis según la cual la reforma a la ley de lemas ya había sido concebida con anterioridad y que el contexto político nacional simplemente proporcionó una oportunidad para implementarla.

Esa ley permitió a Jorge Obeid acceder en dos ocasiones a la máxima magistratura de su provincia ¿Que lo motivó a impulsar su derogación? El capítulo cinco ofrece una respuesta a un interrogante caro a la historia provincial reciente. Si bien la presión ejercida por las organizaciones de la sociedad civil fue considerable, la derogación de la ley electoral más duradera del siglo XX santafesino debe comprenderse en el marco de una disputa por la conducción del justicialismo. Con el objetivo de enfrentar la hegemonía reutemanista, Obeid abandonó su férrea defensa a la ley de lemas y puso a disposición del recientemente electo presidente, Néstor Kirchner, un importante grupo de intendentes de cara a las legislativas nacionales. De esta manera, Obeid se congració con los reclamos de la sociedad civil y neutralizó a la oposición, que se vio forzada a respaldar la iniciativa oficialista. No obstante, el proceso legislativo por el cual la ley de lemas fue reemplazada por el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) fue en extremo dificultoso. Al igual que en el Congreso Nacional durante 2003, el justicialismo -en especial los senadores reutemanistas- agotó los recursos parlamentarios en defensa del sistema electoral vigente.

Si bien la ley de lemas fue finalmente derogada, el ideario sobre el cual se sustentaba permaneció intacto. En sus intervenciones públicas, el gobernador Obeid destacó que la adopción de esa ingeniería electoral había democratizado la selección de candidaturas. Sin embargo, los abusos perpetrados por los aparatos partidarios habían desvirtuado su espíritu. Las PASO evitarían esas argucias sin comprometer en absoluto la injerencia que “el ciudadano de a pie” había ganado en 1990; es decir, la nueva ley electoral desempeñaría la misma función de un modo más eficiente.

A modo de cierre, el epílogo ofrece una reflexión en la cual se compara el período analizado por la tesis con los otros dos momentos reformistas que caracterizaron el siglo XX. Ese ejercicio permite identificar problemas recurrentes en la cultura política argentina, como el hiato insalvable que separa a los partidos existentes del modelo deseado, así como también rasgos específicos del objeto, siendo una de las más salientes la presencia de teorías científicas -provistas por la institucionalizada ciencia política- acerca de los efectos de la legislación electoral sobre el comportamiento de los partidos políticos. Por último, la comparación invita a señalar una serie de problemas e interrogantes que integran una agenda de investigación futura.