Las prácticas económicas del poder local: vinculaciones entre empresarios y municipio (Bahía Blanca, 1886-1914).
Florencia Costantini
Centro de Estudios Regionales “Prof. Félix Weinberg” (CER)
Depto. De Humanidades, Universidad Nacional de Sur (UNS)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET)
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina
PolHis, Revista Bibliográfica Del Programa Interuniversitario De Historia Política,
Año 13, N° 26, pp. 60-92
Julio- Diciembre de 2020
ISSN 1853-7723
Fecha de recepción: 30/06/2020- Fecha de aceptación: 20/09/2020
Las prácticas económicas del poder local: vinculaciones entre empresarios y municipio (Bahía Blanca, 1886-1914)
Resumen
Las formas en que los actores económicos han conjugado sus intereses materiales con la administración de los asuntos locales constituyen una problemática de relevancia tanto para el campo de la historia de los empresarios como para la historiografía de lo político. Si bien ha sido abordado para diferentes partes del país, el siguiente artículo constituye una primera aproximación a la vinculación tejida entre los empresarios y el municipio bahiense a partir del análisis de elencos de gobiernos, sus políticas, las peticiones presentadas y la concesión de servicios desde la conformación del municipio en 1886 hasta la intervención provincial de 1914.
Nuestro objetivo es presentar las primeras aproximaciones sobre el accionar municipal y los empresarios locales, concluyendo que su principal modo de intervenir fue a través de la conformación de elencos de gobierno. Podemos diferenciar dos grupos opositores por su filiación partidaria y por las visiones con respecto al rol del municipio en la provisión de servicios. Empero, la complejización de la sociedad y la dinámica partidaria a otras escalas erosionaron su participación como concejales, inaugurando modalidades diferentes como la mediación corporativa.
Palabras Clave
Municipio – Empresarios – Bahía Blanca – Política - Poder
The economic practices of local power: links between businessmen and the municipality (Bahía Blanca, 1886-1914)
Abstract
The ways in which economic actors have combined their material interests with the administration of local affairs is a problem of relevance both for the field of business history and for the historiography of politics. Although it has been addressed for different parts of the country, the following article constitutes a first approximation to the link between businessmen and the Bahia Blanca municipality from the analysis of government teams, their policies, the requests presented and the concession of services from their conformation in 1886 until the provincial intervention of 1914.
Our objective is to present the first approaches related to the survey of municipal actions oriented to the role of local entrepreneurs, concluding that their main way of intervening was through the formation of government groups. We can differentiate two opposition groups by their party affiliation and by their views regarding the role of the municipality in the services. However, the complexity of society and party dynamics on other scales eroded their participation as councilors, inaugurating other modalities such as corporate mediation.
Keywords
Municipality - Businessmen - Bahía Blanca - Politics – Power
Las prácticas económicas del poder local: vinculaciones entre empresarios y municipio (Bahía Blanca, 1886-1914)[1]
El sur bonaerense argentino, donde se emplaza esta investigación, se insertó hacia fines del siglo XIX en la nueva estructuración económica orientada a la exportación de productos pampeanos. A pesar de su posición atlántica, Bahía Blanca y sus alrededores permanecieron buena parte de aquel siglo con una condición marginal en este esquema productivo. En efecto, los primeros años del poblado, generado en torno al fuerte militar creado en 1828,[2] gravitaron entre la conflictividad interétnica, el desarrollo del comercio y actividades rurales poco constantes. Dos hechos aceleraron la modificación de este estado de cosas: la eliminación de la existencia autónoma de los pueblos originarios que culminó con la campaña de Julio A. Roca (Villar, 2012) y la expansión del ramal del Ferrocarril del Sud (FCS) a Bahía Blanca en 1884. Estos cambios, que agilizaron la radicación de nuevos factores productivos, brindaron las condiciones para la conformación de un órgano autárquico para la administración jurisdiccional. Así, en 1886 se conformó la municipalidad electiva de Bahía Blanca, reemplazando a las comisiones o juntas municipales que, presididas por el juez de paz y compuestas por cinco vecinos designados por el gobernador, se encargaron hasta aquel momento de las cuestiones de la localidad.[3]
Como parte de una investigación más amplia que se propone abordar el empresariado del sur bonaerense,[4] el presente artículo constituye una primera aproximación a la vinculación tejida entre estos actores y el novel municipio bahiense a partir del análisis de elencos de gobiernos, sus políticas, las peticiones presentadas y la concesión de servicios desde su conformación en 1886 hasta la intervención provincial de 1914. Nuestro objetivo aquí es presentar las conclusiones iniciales ligadas al relevamiento del accionar municipal a propósito del rol que los empresarios han tenido allí.
Partimos de la premisa sobre el carácter clave, entre otros, del municipio en la delimitación de efectos locales de acumulación del capital y la configuración de beneficiarios. Nuestra hipótesis sostiene que los empresarios ligados a las actividades ganaderas y agrícolas fueron quienes mayormente interpelaron al municipio para lo cual privilegiaron la conformación de elencos de gobierno constituyendo un núcleo de concejales empresarios. Para lograrlo y permanecer en el poder hicieron un uso estratégico de los procesos políticos partidarios provinciales y de las nociones sobre el municipio como espacio apolítico que les permitió sostener la autonomía municipal. Esta modalidad fue acompañada por la solicitud de peticiones mientras que la concesión de servicios estuvo en manos principalmente de empresas y empresarios extra-locales. Advertimos dos elencos de gobierno compuestos por concejales empresarios: entre 1886 y 1893 el primero y entre 1893 y 1914 el segundo, cuyas principales diferencias se manifestaron en sus filiaciones políticas, en las actividades impulsadas y en las visiones con respecto al rol del municipio en la provisión de servicios.
Las vinculaciones entre el poder económico y el político constituyen un tema clásico de nuestra historiografía registrándose en el último tiempo importantes avances que, a partir del estudio de casos y la incorporación de la perspectiva regional, permitieron dotar de complejidad el análisis nacional. Cuestionando las tradicionales aportaciones que revelaban una simbiosis y cooptación por parte de las élites económicas sobre el Estado (Oddone, 1967), los estudios recientes reflejan situaciones plurales que van desde el entendimiento y pacto entre ambos sectores como el caso tucumano (Herrera, 2003), a pocas o conflictivas injerencias como se han demostrado para Mendoza (Bragoni, 1999), Jujuy (Paz, 2010), Santa Fe (Bonaudo y Sonzogni, 2000), Córdoba (Beato et al., 1993) y provincia de Buenos Aires (Hora, 2015). Los Territorios Nacionales, por su parte, constituyen una realidad singular derivada de la débil estructura política que influyó en la organización corporativa al mismo tiempo que la tensionó con los poderes centrales (Bandieri, 2000; Ruffini, 2007). Si bien estos abordajes han sido construidos desde diversas perspectivas (élites, burguesías, grupos dominantes, empresarios), han dado cuenta de la importancia de las estrategias familiares en el desarrollo de los mercados y los desiguales procesos de modernización económica desde mediados del siglo XIX (Bragoni, 2006).
Los estudios que ahondando en esta cuestión se centran en espacios locales y, específicamente, en municipios han tenido menos atención sistemática. Se han analizado fundamentalmente para Rosario y Córdoba.[5] Para el primero de ellos Alicia Megías (1996) y Marcela Ternavasio (1991) y para el segundo Hernán Ramírez (2009) entendieron al municipio como una plataforma de acción de los negocios de grupos mercantiles a partir de los impuestos y servicios. Estos abordajes han priorizado un enfoque que, sin omitir el conflicto, muestran el municipio como base de operaciones de la élite económica. Norma Lanciotti (2002) avanzó en otro sentido, indicando que la élite rosarina hacia 1890 portó nuevas percepciones en torno al rol del municipio con los servicios a la que tituló “lógica política” por sobre la “lógica económica” previa. Por su parte, para el municipio bahiensese ha predominado el estudio de las fuerzas político/partidarias (Cernadas, 1993; Cernadas, Henales, Altamiranda, 1972; Laurent, 1997; Molina, 2007; Silva, 1986) y su dimensión simbólica/cultural (Agesta, 2016, 2018; Ribas, 2008) careciendo de trabajos específicos que aborden el vínculo entre economía y política más allá de nuestros propios aportes (Costantini, 2017).
La conformación de la comuna en 1886 aceleró la génesis de un campo de poder local (Bourdieu, 1997) cuyas características principales, a los fines de nuestra investigación, fueron la interrelación y dependencia con las demás instancias gubernamentales, la disputa e interpelación en torno a los resortes de poder para la consecución de objetivos de acumulación (capital económico) y el desarrollo progresivo de una racionalidad estatal específica. Estas dimensiones, aunque variables en el tiempo, correspondieron a los clivajes producidos por la puesta en marcha de un nuevo “modelo de crecimiento” (Viguera, 1998), cuyos protagonistas fueron, entre otros, los empresarios que desplegaron diversas estrategias de acumulación.[6]
Ahora bien, el presente estudio se propone tensionar estos presupuestos desde la realidad de fines del siglo XIX y principios del XX, lo que obliga a contemplar las particularidades del régimen político del momento que, hegemonizado por un único partido y motorizado por el fraude, moldeó un tipo particular de dinámica política (Saltalamacchia, 2015). Al mismo tiempo, no podemos soslayar los abundantes debates suscitados a mediados del siglo XIX sobre la naturaleza del órgano comunal. El mismo se instituyó en un intermedio “entre lo público y lo privado” (Ternavasio, 1991, p. 38). Los diferentes estudios demuestran una hibridación de legitimidades encuadradas en un momento de transformación de las concepciones del Estado y su relación con la institución municipal (Aramburo, 2015; Canedo, 2016).
En cuanto a la metodología, se recurre a un abordaje microanalítico de la comuna de Bahía Blanca con el fin de detectar la presencia de empresarios, sus prácticas y representaciones en este espacio. Para ello se analizaron los elencos municipales,[7] los proyectos y peticiones presentadas tomando algunos casos de discusión de servicios como el Mercado de Abasto, Mercado de Frutos y los mataderos municipales, para analizar los clivajes y discusiones. Las fuentes utilizadas fueron prensa local escrita,[8] Diarios de Sesiones del Concejo Deliberante (ACDBB), memorias municipalesy guías comerciales.
Con el fin de cumplimentar los objetivos propuestos, en un primer momento introducimos las particularidades político-económicas de la región de estudio y su interacción con contextos mayores. En una segunda instancia presentamos los tipos de vinculaciones entre empresarios y municipio para, por último, detenernos en el desarrollo de estas prácticas a lo largo del periodo a partir de dos ejes: la conformación elencos de gobierno y sus discusiones sobre la articulación entre capitales y municipio.
1- Bahía Blanca, de fuerte fronterizo a plaza mercantil
Hacia 1880 la federalización de Buenos Aires y la hegemonía del Partido Autonomista Nacional marcaron un nuevo horizonte caracterizado por un política de acuerdos entre líderes provinciales y nacionales (Alonso, 2003). La escasa institucionalización política y el faccionalismo acompañaron la consolidación de la administración estatal sobre el territorio, en donde el intercambio de beneficios materiales jugó un rol importante (Chaia De Bellis, 2017).[9] Una década después una fuerte crisis económica y política posibilitó la cooperación entre la oposición y lanzó nuevas agrupaciones como la Unión Cívica Nacional (UCN) y la Unión Cívica Radical (UCR). Si en general compartieron las mismas bases sociales con sus oponentes, en el mediano plazo especialmente la UCR permitió el ingreso de nuevos actores y demandas vinculadas a una sociedad en profunda transformación,[10] en virtud de los vertiginosos cambios socioeconómicos que complejizaron la vida partidaria.[11] El nuevo siglo inauguró una mayor conflictividad social generando desafíos al interior del arco gobernante, al tiempo que la UCR se decantó por una posición intransigente. En el plano provincial esto se reflejó en la institucionalización del Partido Conservador de 1908 cuya antesala fue la organización que llevó al poder a Marcelino Ugarte en 1902 y que reunía a un amplio espectro de fuerzas ligadas al oficialismo (Barba, 2004).
A propósito de la construcción institucional del nuevo orden, el municipio fue presentado en la constitución de Buenos Aires de 1854 como espacio de aprendizaje cívico al mismo tiempo que expandía la injerencia estatal sobre el territorio. Influida por autores como Alexis Tocqueville, ¿la municipalidad? fue considerada bajo el prisma de la administración[12] por sobre el de la política, en tanto representaba una comunidad de intereses, espacio de reaseguro de los derechos individuales que se pretendía ajeno a las instancias políticas aunque en la práctica se encontraba inserto en la disputa por el poder (Ternavasio, 1991). Desde el mismo Estado, se establecía una distinción entre política (realizada por las áreas gubernamentales que tenían la potestad de legislar) y la administración, conceptualizada como un ámbito orientado a regular la esfera privada de los vecinos (Aramburo, 2015).
En sí misma, la naturaleza del municipio generó conflictos entre los contemporáneos. Si, por un lado, quienes defendían la visión clásica consideraban el carácter natural del mismo, por otro lado, estaban aquellos que suponían la creación de comunas como una potestad del propio Estado –así lo establecían la constitución nacional y la provincial- quien delegaba ciertas facultades administrativas anulando su completa autonomía y sujetándolas a una legitimidad y un engranaje institucional mayor (Aramburo, 2015). Entre estas dos percepciones se ubicaron posiciones intermedias, las cuales fueron vehiculizadas por los diferentes actores en función de las necesidades coyunturales que los movilizaron. Los sujetos abordados en la presente investigación no permanecieron ajenos a dichos debates e incluso los encarnaron.[13]
Empero, el partido de Bahía Blanca no sumaba los habitantes necesarios para esta organización, lo que motivó que en 1855 se instalaba la primera comisión municipal. Mientras tanto, el territorio experimentaba graduales y profundas transformaciones económicas y sociales. Su carácter fronterizo sumado al auge lanero de mediados del siglo XIX, favoreció la cría de ovejas para usufructuar sus derivados en el comercio extra-local. La agricultura, por su parte, estuvo apuntalada a partir de mediados de 1890 por la expansión de las vías férreas, la difusión de saberes específicos[14] y los proyectos de colonización. La llegada del riel en 1884 fue un catalizador de grandes cambios. A manos del FCS se conectó el poblado con la capital y la zona circundante, a la vez que se estableció un muelle con infraestructura moderna. Hacia 1891 otra firma inglesa, el Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste (FCBBNO) conectó la plaza con el territorio pampeano y diez años después inauguró su desembarcadero llamado “Galván” en la costa bahiense. Una y otra compañía obtuvieron oportunamente amplias prerrogativas jurisdiccionales e impositivas del Estado provincial y nacional (Lázzaro, 1992). A través de su desempeño habilitaron una conexión sistemática y monopólica con el mercado nacional e internacional.
En relación a la propiedad rural, entre 1895 y 1914 se produjo un fenómeno de división de la tierra aunque aumentando el número de inquilinos, lo que sugiere el fraccionamiento para el arrendamiento en vez de para la compra/venta.La ganadería, por su parte, presentaba una proporción más equilibrada; los dueños de los campos se dedicaban a esta actividad en mayor proporción que a las tareas agrarias que eran dejadas en manos de sus locatarios. Además de las empresas dedicadas a la cría y engorde, observamos una proliferación de cabañas destinadas a la reproducción y mestización ganadera.[15]
Aparte de Bahía Blanca, la jurisdicción contaba con otros núcleos poblacionales: Punta Alta, Cuatreros (en la actualidad localidad de Coronel Cerri), Ingeniero White y Las Sierras (hasta su secesión en 1905). En dichos espacios, la actividad principal era el comercio al menudeo y al por mayor. Este último estaba vinculado, por un lado, a la importación para el abastecimiento y la producción, por otro, a la exportación, que se concentraba en Bahía Blanca. Por su parte, el escenario industrial era heterogéneo: coexistían pequeños talleres de tipo artesanal con unas pocas fábricas modernas con elevados grados de tecnificación que se dedicaban al procesamiento de las materias primas de la región (Viego, 2007).
La articulación de la plaza con los mercados del norte de la provincia de Buenos Aires y los europeos delineó, en coincidencia con el modelo implementado a nivel nacional, una economía local dependiente de la exportación de productos agrarios y de la importación de variadas mercancías y tecnología. Estos procesos apuntalaron el perfil de servicios del partido que corrió a la par del desarrollo rural y, en menor medida, de las tareas agro-fabriles.[16] A raíz de la proliferación de estas actividades, la localidad se pobló de profesionales (sobre todo médicos, escribanos, periodistas y abogados) en virtud de la inauguración de los tribunales federales en 1902 y de los provinciales en 1905.[17]
En este panorama se fortalecieron los sectores vinculados a actividades agrarias, en primer término ganaderos y, luego con la llegada del ferrocarril, comercializadores,[18] como también, ya entrado el nuevo siglo, los profesionales urbanos. Rápidamente, varios de ellos buscaron explorar las ventajas que podrían obtener de la ocupación de posiciones en el municipio.
2- Las vinculaciones directas entre empresarios y municipio
Las relaciones establecidas por los empresarios con el poder local revistieron un carácter directo e indirecto. Las primeras refirieron a mecanismos implementados con el explícito objetivo de intervenir en la comuna, mientras que en las segundas este fin se articuló con otros. El presente artículo se enfoca en las primeras, entre las cuales podemos identificar tres modalidades: la conformación de elencos de gobierno con el fin de constituir gobierno municipal, las peticiones elevadas al organismo y la prestación de servicios comunales. A lo largo del tiempo, a su vez, algunas de ellas fueron permanentes entretanto otras emergieron de manera coyuntural.
En la contradictoria naturaleza entre lo público y lo privado, las asociaciones configuradas para ocupar el gobierno municipal respondieron tanto a variables políticas como económicas y dependieron de las circunstancias partidarias en las escalas nacional y provincial, y de las nociones compartidas entre sus miembros sobre la labor del municipio. En función de estos criterios logramos identificar dos elencos de empresarios que ocuparon las bancas del Concejo Deliberante (CD).
La participación en agrupaciones locales fue una vía de ingreso a la arena de las decisiones administrativas. La creación y la suscripción a clubes y comités algunos de menor duración que otros, permitían iniciar una trayectoria política sustentada por sus actividades económicas particulares dado que los cargos políticos no eran rentados.[19] Como puede observarse en el gráfico I, la mayoría de los integrantes de los elencos del periodo fueron empresarios del agro (con un solo caso de un empresario constructor) y en menor medida profesionales (médicos, escribanos, periodistas y abogados).
Gráfico 1: Proporción de los elencos municipales según profesión, 1886 a 1914
Fuentes: ACDBB. Libros A, B, C, D, y Libro nº 1-10; Guía Comercial de Bahía Blanca (1897). Bahía Blanca: Rouquaud & Co; Guía Comercial de Bahía Blanca, (1900). Bahía Blanca: A. Guimaraes. Guía de Bahía Blanca, (1911), Bahía Blanca: Editorial Valverde; Guía Ducós, (1912). Bahía Blanca. Álbum de la provincia de Buenos Aires, (1930). Pigüe: Edición Albornoz. Elaboración propia.
Además del carácter vocacional de los cargos, su ocupación se basaba en la capacidad de movilizar elementos materiales e inmateriales para los actos eleccionarios celebrados todos los años entre los meses de octubre y noviembre. En otras palabras, al capital social y económico detentado se le sumaba el político, a la vez que este habilitaba aquellos dos. Asimismo, entendida la labor comunal bajo el prisma de la administración, la prensa destacaba la trayectoria exitosa en el plano económico como facilitadora para atender las cuestiones públicas. Del mismo modo, el recorrido en el municipio aumentaba su prestigio social. Más cercano al plano de la lógica privada, un efectivo desempeño municipal daba cuenta de las capacidades de gestión empresarial y viceversa; a mayor prolijidad en los negocios particulares más posibilidades de éxito en los “negocios” comunales.[20] Por ello, los saberes empleados por los empresarios en sus quehaceres cotidianos eran bien ponderados en el espacio.
Esta perspectiva, no obstante, comenzó a matizarse en paralelo al aumento de las diversas atribuciones adquiridas por el municipio en tanto, a raíz de ello, los nuevos saberes específicos motivaron la incorporación de expertos.[21] En consonancia con los procesos nacionales, la ampliación demográfica y el crecimiento de las tareas terciarias y los servicios provocaron la presencia de nuevos sectores que pujaron por ingresar en la política. Ello se evidenció localmente en primer término por la declinación de la preeminencia terrateniente y por la emergencia de los comercializadores y luego por elencos más heterogéneos. En este panorama, un punto de quiebre fue Valentín Vergara quien se convirtió, en 1911, en el primer intendente de profesión abogado, interrumpiendo la continuidad en el puesto de empresarios emparentados a las actividades agrarias.[22]
En los casos de otras comunas en el territorio nacional también detectamos la presencia de comerciantes y terratenientes en el poder municipal.[23] Ello indicaría que si bien en los ámbitos provinciales y nacionales las esferas política y económica se encontraban en un proceso de diferenciación,[24] en los municipios este proceso fue más tardío. En parte porque a partir de allí se articulaban intereses materiales. Ahora bien, ¿cuáles eran los beneficios que podían obtener desde estas posiciones en sus objetivos de acumulación? La posibilidad de formar parte del gobierno auguraba una posición decisional con respecto a los asuntos discutidos en la comuna como la higiene(estrechamente ligada a la producción pecuaria, las transacciones mercantiles y la alimentación de la población), la gestión del agua, el destino de las tierras y propiedades municipales, los estándares e impuestos a las actividades económicas, los servicios urbanos (gas, agua, electricidad, servicios de transporte), la vialidad jurisdiccional (caminos rurales, habilitación de caminos de hierro), y el nombramiento de jueces de paz que regulaban las elecciones a legisladores.[25]
Para agilizar su accionar el CD se dividía en cuatro comisiones temáticas (Hacienda, Tierras y Obras Públicas, Higiene y Seguridad Pública, Beneficencia, Moralidad, Culto e Instrucción Pública) por las cuales pasaban en primera instancia los proyectos de ordenanza, contratos o peticiones que luego se debatían en sesiones plenarias. Las propuestas de ordenanzas eran presentadas por el intendente y/o los concejales, mientras las peticiones y el ofrecimiento de servicios por los vecinos interesados. Para la aprobación de medidas tales como la toma de deuda, el establecimiento de nuevos impuestos, la firma de contratos de servicio, se debía realizar una asamblea extraordinaria con la participación de contribuyentes del partido, previamente sorteados. Después de aprobada determinada resolución, se encargaba de su ejecución el intendente o pasaba directamente a los organismos municipales cuyo organigrama crecía en complejidad.
Además de la actuación directa como intendentes y concejales, y en complemento con ella, los agentes económicos contaron con otras formas de intervenir en la agenda de temas del municipio, como la presentación de propuestas de concesiones que era la modalidad de contratación para la explotación de los servicios urbanos. Era un modelo “descentralizado-privado” (Lanciotti, 2002, p. 101), esto es, la producción se encontraba a cargo de empresas privadas mientras que la responsabilidad dependía de la comuna. El poder local podía aceptar directamente, aceptar con modificaciones o rechazar la propuesta en donde se establecían derechos y obligaciones con la parte interesada.
De este modo, el municipio se consolidaba como un espacio para desarrollar y asegurar ciertos procesos de acumulación, dado su rol regulador y garante de los servicios urbanos. Entre los oferentes se registraron empresas extranjeras y capitalistas extra-locales.[26] En el primer caso, primó el FCBBNO que buscó aunar gran parte de los servicios urbanos y espacios de comercialización con el Mercado Victoria (1896) (Guerreiro, 2011). En el segundo caso, a pesar de la existencia de una gran variedad de peticiones, fueron pocas las que se concretaron: el Mercado de Abasto de Joaquín A. Carballo[27] y los Mataderos de Juan Elicabe.[28] La ausencia de agentes locales probablemente se producía porque había una incompatibilidad[29] entre gobierno y concesionarios, lo que explicaría por qué los empresarios bahienses privilegiaron la constitución en elencos por sobre la prestación de servicios. Como se verá más adelante, los beneficios exclusivos de ciertos capitalistas por sobre determinada área de la ciudad fue un tópico tempranamente cuestionado y un motor de cambios en el espacio comunal.
La presentación de peticiones con el fin de obtener autorización para sus actividades económicas o realizar reclamos, fue otra modalidad de interpelación al Estado. Estos temas eran presentados en el CD, quien decidía, discusión mediante. En contraposición a la labor del intendente y de los concejales, las mencionadas peticiones se remitían a modificaciones sobre los proyectos ya votados. Es decir, estas participaciones se encargaban de presentar objeciones, matices sobre los asuntos administrados por la comuna, llamando la atención o pidiendo autorización para intervenir en un aspecto puntual que atañía directamente al peticionario.
La trayectoria seguida por las solicitudes era la siguiente: primero eran derivadas a la comisión correspondiente del CD para, una vez discutidas, tratarlas en las reuniones ordinarias y, de este modo, decidir sobre ellas. Se podía producir la presencia del intendente pero no contaba con derecho a voto. Tanto los grupos –agricultores, invernadores, carniceros, peones, vecinos- como individuos -terratenientes, comerciantes, concesionarios de servicios- utilizaron esta vía de diálogo para hacer escuchar sus reclamos o solicitar autorización para desviar caminos, canalizar cursos de aguas, pedir excepciones, etc. La mayor heterogeneidad de actores aquí registrados da cuenta de que este recurso fue utilizado por los nuevos sectores urbanos de una ciudad que crecía en complejidad.[30]
A través de esta vía los empresarios pidieron rebajas impositivas[31] y permisos para abrir canales de agua para molinos o barracas.[32] Las rebajas se solicitaron en torno a gravámenes provinciales con el fin de que el municipio se encargara de elevarlas al ejecutivo provincial.[33] Asimismo, en 1909 por primera vez la Cámara Sindical de la Bolsa de Comercio elevó una nota solicitando que se anulase el impuesto a las básculas de mano para pesar el cereal.[34] Fue la primera vez que una organización empresarial peticionaba corporativamente. lo que muestra un indicio, por un lado, del retiro de los empresarios como mayoría en el CD [v. gráfico I] y, por otro, de nuevas formas de mediación con el poder político local.
3- Clivajes, discusiones y prácticas en el espacio municipal
3.1. Entre políticos y empresarios: elencos y programas
Si bien en su mayoría los empresarios concejales estuvieron vinculados a las actividades agrarias (estancieros y comercializadores) podemos distinguir diferencias entre ellos según sus posicionamientos en relación a los partidos políticos actuantes en la provincia, sus orientaciones económicas y sus nociones acerca del rol de la comuna.
Los estancieros, preeminentes en los primeros años, fueron perdiendo su importancia hacia fines del siglo XIX, permitiéndonos discernir en el periodo dos tipos de elencos gubernamentales. Las bases sociales de del primer grupo (1886/1892) tenían sus raíces en las antiguas comisiones municipales compuestas por propietarios de la región beneficiados por la ley 1855.[35] Estaban ligados al autonomismo aunque enfrentados entre sí según las coyunturas proselitistas nacionales y provinciales (Cernadas et al., 1972). A partir de la ocupación de los resortes comunales, este sector privilegió el desarrollo rural del partido. El estudio de obras de irrigación para los campos,[36] las medidas para combatir la plaga de la langosta,[37] la concesión del Mercado de Abasto[38] y de los mataderos,[39] demuestran el peso de las cuestiones agropecuarias tuvieron para este grupo. Algunos referentes fueron Mariano Zambonini, José Ramón Zabala, Tomás López Cabanillas, entre otros. Principalmente, se ocupaban de la cría de ganado, en especial ovino; además dedicaban parte de sus tierras a la agricultura a través del arrendamiento.
En contraposición a la disminución de los hacendados, creció la presencia de comercializadores de efectos agrarios: barraqueros, consignatarios, rematadores y comisionistas. Gracias a las actividades intermedias que desarrollaban, su rango de acción era amplio: iba desde las tareas rurales hasta las urbanas de abasto, pasando por los circuitos del comercio internacional. Dada esta condición, el grupo presentó un fuerte dinamismo económico que se ligó al desarrollo de una ciudad que crecía en tamaño. Este núcleo mercantil se mostró mayoritario desde 1895 a 1908. Asimismo, encontraba una diversificación en la propiedad y la cría de hacienda, como fue el caso de Jorge Moore, Agustín Lagleyze, Rufino Rojas, Bartolomé Tellarini, los hermanos Geddes, entre otros, pero sostenían como actividad primaria la comercialización fomentada a través del crédito agrícola, el acopio y el almacenaje de productos de consumo y exportación e importación.[40]
En el plano político se identificaron en un primer momento con el radicalismo (1891-1898), para luego nuclearse bajo una agrupación vecinal llamada “Comité Popular” que triunfó en las elecciones hasta 1913. De hecho, la aparición pública de los nuevos miembros se inició en 1890 con las repercusiones locales de la Revolución del Parque. A partir de la revolución por ellos impulsada en 1893 derrocaron a la administración vigente y a partir de allí se hicieron del poder comunal.[41]
Aunarse bajo las banderas del radicalismo, les permitió a estos vecinos canalizar las tensiones que acumularon con las administraciones previas a su vez que veían en el nuevo movimiento una vía de ingreso al municipio. Con la redefinición que se registró con la muerte de Leandro Alem en 1896 y el ascenso al ejecutivoprovincial de Bernardo de Irigoyen,[42] este grupo, mayormente ligado al ala yrigoyenista, apostó por un cambio de nombre a “Centro Popular” primero y, luego, a “Comité Popular”, convirtiéndose en una organización vecinal. Desde la retórica, esta agrupación se presentaba como una coalición de representantes de diversas fuerzas nucleados bajo las banderas del progreso y bienestar de Bahía Blanca (Laurent, 1997). Unidos por los ideales de unión y de administración de los asuntos públicos, apelaron al sentido apolítico y corporativo del municipio. Empero en él continuaban los principales participantes de la revolución de 1893: Rufino Rojas, Jorge Moore, Bartolomé Tellarini, entre otros.
Esta maniobra le permitió al elenco de empresarios, que había quedado muy ligado al movimiento radical, formar alianzas heterogéneas y coexistir con gobiernos provinciales de signo opuesto como los encabezados por Marcelino Ugarte (1902-1906), Ignacio D’ Irigoyen (1906-1910), José Inocencio Arias (1910-1912), entre otros.
Como respuesta a sus intereses sectoriales, una buena cantidad de las acciones municipales impulsadas por este elenco se correspondieron con el fomento y la organización del comercio regional. La construcción del mercado de frutos Victoria,[43] la creación de la tablada municipal[44] y la preocupación por los caminos rurales[45] constituyen ejemplos de ello.[46] Este tipo de acciones propició la consolidación de la plaza bahiense a la vez que articulaba su zona de influencia. Para ello se tejieron alianzas con empresas radicadas en la ciudad que avanzaron sobre diversos servicios urbanos como sucedió con el FCBBNO.
Asimismo, otro conjunto de actos se orientaron a regular las actividades productivas. La instauración de reglamentos y cuerpos específicos bajo los preceptos higienistas inició un proceso de ampliación del aparato administrativo municipal. La higiene orientada a la producción y a la población resultó un tema clave para la nueva facción cuyas actividades económicas implicaban el usufructo de los nexos entre campaña y ciudad, a la vez que posibilitaban aumentar la percepción de impuestos de la comuna.[47] Además, inauguraba la creación de nuevos puestos de empleo público,[48] lo que puede verse en los siguientes números. En 1895 la planta municipal era de 13 personas con la contratación temporaria de peones para ciertas labores,[49] para 1913, y a raíz de las nuevas dependencias y funciones, había escalado a 67 los empleados permanentes.[50]
A la par que la sociedad bahiense crecía en tamaño y complejidad, se visibilizó el surgimiento de una oposición definida al gobierno municipal. Un factor importante en ello fue la creciente organización partidaria a nivel provincial que se volcó a la vía electoral y organizó las fuerzas locales. Así, el Partido Socialista se presentó a elecciones por primera vez en 1907 y de forma intermitente durante el resto del periodo, pero no logró sumar posiciones en la Municipalidad. El Partido Conservador, por otro lado, reunió en 1909 a antiguos miembros del Comité Popular, antagonistas “del régimen de 1893”.[51]
Incluso, el mismo Comité experimentó transformaciones en virtud del ingreso de adeptos cuyas bases sociales descansaban en el desarrollo de las profesiones liberales y de la articulación territorial del radicalismo,[52] que derivó en la creciente vinculación de algunos de los integrantes del Comité con la renovación del movimiento.[53] A raíz de todo ello, en las elecciones de noviembre de 1913 los empresarios se fragmentaron políticamente entre el radicalismo, los conservadores y la Unión Cívica, por lo que el sentido de unión corporativa previo se vio abandonado por el componente político/partidario.[54] Esta situación da cuenta de los cambios que se estaban dando sobre la base de la organización partidaria y que operaron en la estructuración de formas más extensas territorialmente,[55] y cómo este proceso atravesó a la institución municipal y las solidaridades corporativas.
En efecto, a fines de 1913 el triunfo municipal estuvo en las manos de la ahora Unión Cívica Radical y como minoría el Partido Conservador. A partir de allí, la conflictividad entre agrupaciones fue en ascenso. Las denuncias mutuas por incompatibilidad de actividades se acentuaron hacia 1914. La profundización del conflicto resultó en el traslado del asunto a la justicia y, por último, al gobernador, que decretó la acefalía del órgano. En diciembre de 1914 el conservador Alfredo del Gaje, ganadero, propietario y diputado provincial por la sexta sección, asumió como comisionado nombrado por el gobernador Marcelino Ugarte interrumpiendo más de 15 años de independencia electoral.[56]
En suma, mientras que a escala provincial las esferas entre poder político y económico tomaban caminos diferenciados, en el ámbito municipal bahiense sus nexos fueron más duraderos a partir de la participación directa en el CD. Esto ocasionó que fueran los mismos empresarios los iniciadores de procesos de ampliación y complejización de la institución comunal con el triple fin de asegurar sus actividades privadas, organizar una ciudad en crecimiento y recaudar dinero para garantizar el funcionamiento del poder local, que fue adquiriendo una lógica particular que iba más allá de ser un espacio de negocios.
3.2. Las discusiones ligadas a la articulación del municipio con el capital
Estos cambios que implicaron el ingreso de nuevas funciones y atribuciones al municipio fueron principalmente operados por el segundo elenco. El siguiente apartado puntualiza, a partir de la recuperación de las discusiones en torno a los servicios, las diferencias entre el primer y segundo elenco. Ello permite, por un lado, analizar las estrategias que se anudaron con el fin de legitimar sus acciones y, por otro, el ingreso de nuevas lógicas sobre el rol de la comuna en su conexión con los capitales.
La Ley Orgánica de las Municipalidades y el Código Rural configuraron las áreas reguladas por la labor comunal. Bahía Blanca nucleó las entidades allí enumeradas y se consolidó en un núcleo dinamizador de la esfera agraria del partido. En suma, desde la normativa, el municipio debía asegurar la reproducción poblacional urbana/rural (tanto humana como animal) por medio de la vigilancia higiénica como también garantizar la propiedad semoviente. Todo ello tenía como fin expandir y administrar una economía de mercado a escala local con miras a articularlo con circuitos mayores.[57] La administración local, lejos de la retórica de la neutralidad, redundó en un espacio de relaciones de fuerza para imponer un tipo de orientación productiva.
En este marco normativo, un tópico frecuentemente discutido fue hasta qué punto deberían llegar los beneficios de los capitales en la comuna. Hacia la década de 1890 hubo un clivaje en las percepciones y el cuestionamiento fue motorizado por el nuevo elenco de comercializadores dada su condición opositora. No obstante, una vez arribados al poder, el debate continuó suscitándose. Los beneficios que usufructuaría el adjudicatario hicieron que estos contratos fueran sumamente conflictivos. En el siguiente apartado analizamos dos de ellos: el Mercado de Abasto y el Mercado de frutos inaugurados en 1890 y 1896 respectivamente que, al mismo tiempo, se dieron en el marco de los dos elencos de gobierno identificados anteriormente, permitiéndonos marcar diferencias en este asunto. Para terminar tomamos el caso de los mataderos para analizar las innovaciones producidas.
El primer elenco de gobierno firmó una serie de contratos según los cuales los oferentes gozaban de derechos monopólicos por sobre la ciudad dado que, aunque se guardaba la potestad de expropiación por parte del Municipio, se anulaba la posibilidad de crear establecimientos similares por un plazo de tiempo. La justificación era que, en virtud de la condición fronteriza de la ciudad, se debían brindar beneficios al capital particular para que le fuera favorable invertir a pesar de que, una vez implementados, se anulara la libre competencia, principio defendido por parte del empresariado.[58]
La firma de la concesión del Mercado de Abasto se encuadró en esta lógica ya que establecía una exclusividad por veinte años lo que prohibía la inauguración de comercios que pudieran constituir una competencia en un radio de cuadras a la redonda siendo para aquel año el ejido urbano relativamente pequeño aún.[59] Esta concesión fue rechazada por los comerciantes y algunos periódicos locales articulando una oposición a los autonomistas. Se denunciaba que la sesión donde se había producido la votación había sido poco difundida y, en efecto, los participantes apenas reunieron el quorum necesario.[60]
Para agravar el descrédito del gobierno, si en un primer momento –en 1890— había sido concedido a Joaquín A. Carballo, dos años después cambió su razón social al nombre de Tomás López Cabanillas y Cía., miembro del CD cuando se votó y elegido intendente en 1893. A raíz de ello, nuevamente salieron a la luz críticas en la prensa y el apelativo del gobierno “de amigos”. La “inmoralidad” radicaba en la naturaleza de estos contratos que perjudicaban el libre desenvolvimiento de las fuerzas progresistas locales.[61] Esta situación legitimó en parte la destitución de este elenco en la revolución de 1893.[62]
Sin embargo, esta práctica no tuvo su punto final con la llegada del nuevo grupo de comercializadores en el municipio. En verdad, durante el periodo se registró la presencia del FCBBNO como concesionario de servicios que adquirió la gestión de la luz, del gas, de la plaza de frutos y del servicio de transporte. Ubicándose como único oferente de dichos servicios, aumentó su influencia sobre la dinámica regional.[63] Aunque ello convivió con algunas variantes con respecto al período previo como veremos a continuación.
La concesión de la plaza de frutos en 1896 revivió antiguos debates ya que el contrato presentado por la empresa la posicionaba como el único espacio habilitado para realizar transacciones, lo que generó desconfianza. Desde diferentes impresos se presionó a la comisión de Obras Públicas para que revisara las condiciones ofrecidas. Especialmente se denunció la exclusividad que detentaría la firma por sobre las barracas, ya que perderían parte de sus prerrogativas al centralizar el comercio en el nuevo espacio.[64] A raíz de estos pedidos, y al hecho de que varios de los integrantes del concejo poseían barracas, la comisión optó por hacer una reunión con los barraqueros y consignatarios, en donde participaron además de los integrantes del gobierno los principales comerciantes mayoristas que se encontraban por fuera del mismo. Esto presentó una novedad respecto a las prácticas anteriores ya que se procedía a consultar a las partes interesadas, lo que fue valorado por la prensa opositora.[65] A partir de allí, se realizaron algunas modificaciones al plan original presentado por la empresa. Entre las más importantes, se quitaba la prerrogativa de ser el único punto oficial para hacer transacciones, los impuestos allí cobrados estarían controlados por la municipalidad y también esta debía aprobar su ubicación y los planos.[66]
Otra novedad del nuevo elenco de gobierno fue la propuesta de que ciertas atribuciones debían ser de gestión municipal, argumentando que así se perseguiría el bien común. Asimismo, podían redituar ganancias a las arcas municipales en mayor medida que si estuvieran en manos de un particular. Este discurso le sirvió para aumentar las atribuciones municipales por sobre tareas locales además que anuló contratos firmados por el elenco anterior. Un caso de este tipo fue la expropiación de los mataderos en 1903, que a partir de entonces se convirtieron en municipales. Las razones esgrimidas para esta acción fueron que los anteriores se encontraban descuidados y eran un servicio esencial para la localidad.[67] En 1909 un discurso similar se formuló con el fin de expropiar el Mercado de Abasto a Tomás López Cabanillas & Cía.,[68] pero sin éxito. Aun así, a raíz de las pujas se logró derogarla prerrogativa de la exclusividad, permitiendo la apertura de comercios en las cercanías.
Estas modificaciones en torno a las visiones entre municipio y servicios, también fueron registradas por Lanciotti para el caso rosarino. Ella evidenció hacia 1890 un desplazamiento entre un comportamiento de la élite que utilizaba el Estado para hacer negocios hacia una lógica mayormente “política” basada en la preocupación del manejo de fondos, lo que derivó en una actitud pragmática frente a los concesionarios (2002). En el caso bahiense, fue un nuevo grupo vinculado a los comercializadores locales y al radicalismo el que, en el afán de alejarse de las prácticas antiguas criticadas, inauguró nuevas formas de entender las vinculaciones entre el municipio y el capital. No obstante, ello convivió con la utilización de la acción municipal para consolidar sus negocios y la creciente centralización de servicios en manos de la empresa del FCBBNO.
A modo de conclusión
A partir del análisis de las acciones de gobierno, las peticiones y la concesión de servicios pudimos reconstruir una primera imagen del municipio de Bahía Blanca haciendo hincapié en el rol de los empresarios en el mismo. Los locales priorizaron la participación en el CD, entre quienes distinguimos dos elencos de concejales empresarios según su orientación sectorial y las nociones en torno al municipio como espacio para las actividades privadas. Mientras el primero (1886-1893) estaba compuesto por terratenientes y consideraba al municipio como espacio de negocios privados, el segundo estuvo integrado por comercializadores (1893-1913) quienes introdujeron modos diferenciales de entender los servicios urbanos.
Este segundo elenco presentó mayores innovaciones; para permanecer en el poder hicieron un uso estratégico de los procesos político partidarios provinciales y de las percepciones sobre el municipio como espacio apolítico, que se manifestó en las organizaciones que formaron con la finalidad de ocupar el municipio. En torno a las nociones sobre la ligazón entre capital y municipio sus iniciativas, por un lado, seguían presentado a la comuna como espacio de negocios particulares, pero, por el otro, fueron articulando nuevas lógicas que brindaron otras funciones a la institución municipal más bien asociadas a los cambios sociopolíticos que acontecían: la emergencia de nuevos sectores sociales y el aumento de las atribuciones estatales. La inserción en las redes partidarias provinciales fragmentó a los empresarios al mismo tiempo que manifestó el ingreso de nuevos grupos sociales e inauguró formas de mediación a partir del reclamo de las corporaciones como la Bolsa de Comercio.
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